Sumario

1. Antecedentes históricos
2. Situación actual
3. Falangistas
4. Monárquicos
5. Vaticanistas
6. Opusdeístas
7. Carlistas
8. El equilibrio de las fuerzas reaccionarias
9. ¿Son posibles los entendimientos o las alianzas con determinados grupos oligárquicos en la fase actual?
10. Conclusiones

[§1.- Antecedentes históricos]

{ Las fuerzas que se sublevaron contra la República Española el 18 de julio de 1.936 eran muy heterogéneas. Allí estaban todos los grupos monárquicos (requetés, Renovación Española, nacionalistas de Albiñana); el partido fascista por antonomasia, la Falange; la CEDA gilroblista (modelo de «democracia cristiana» por la salvaje manera en que llevó a cabo el aplastamiento de la insurrección asturiana) y otros grupos («agrarios», UME, etc.)

Esas fuerzas representaban a todos los grupos y sectores de la oligarquía financiera y terrateniente: la nobleza rural, los latifundistas -absentistas o no- los grandes banqueros e industriales, la Compañía de Jesús, los jerarcas vaticanistas, la alta burocracia y la casta militar.

Por ello, las contradicciones que enfrentan entre sí a las fuerzas integrantes del «Movimiento Nacional» no son de ahora. Ya durante nuestra guerra de resistencia contra el fascismo, José Díaz decía: «En el orden político, los antagonismos de Falange española con los tradicionalistas han llegado a tomar caracteres sangrientos. Las bandas de unos y otros han andado a tiros en Pamplona, en Zaragoza y en los propios frentes» (Informe al Pleno del C.C. de nov. de 1.937).

La Falange se fusionó, por una hábil treta de Franco, con las demás fuerzas reaccionarias en el Movimiento «Nacional». El decreto del 19 de abril de 1.937 implantó esa unificación por la fuerza, disolviendo todos los grupos que no se unificasen. El nuevo movimiento (que hasta la fecha sigue denominándose también oficialmente FET y de las JONS) tenía los signos externos, el «programa» y la palabrería del falangismo, pero su composición era una amalgama abigarrada de todas las fuerzas de la reacción.

En ese decreto de unificación Franco se nombró a sí mismo Jefe nacional y se proclamó «autor de la era histórica». Durante su reinado, el «caudillo» ha maniobrado siempre para no romper nunca del todo el equilibrio de las fuerzas reaccionarias, supeditándolas todas a su jefatura absoluta. Ha sabido enfrentarse y «cortarles las uñas» a unos u otros cuando han querido trastrocar ese equilibrio. En eso hay que reconocerle cierta pericia (sobre todo por haberse sabido rodear de los hombres más idóneos para esos malabarismos políticos según cada momento, cada coyuntura nacional y, sobre todo, internacional). }

[§2.- Situación actual]

La ocasión en que han salido a la luz y se han agudizado las contradicciones en el campo oligárquico ha sido la entrada en vigor de la nueva ley de prensa. Esa ley «liberalizante» significa que ni Revolución Española, ni Vanguardia Obrera ni otras publicaciones patrióticas y democráticas pueden publicarse legalmente en España. Pero para las fuerzas integrantes del «Movimiento Nacional» la nueva ley ha significado una posibilidad de expresar sus puntos de vista con un margen de libertad relativamente grande, excepción hecha de los secuestros esporádicos de algunos órganos de prensa.

La causa principal de la que se derivan las contradicciones que se vienen manifestando en el campo fascista y antinacional son las dificultades a las que se enfrentan los planes políticos y económicos de la oligarquía tendentes a asegurarse el futuro. Esas dificultades son de muy diversos tipos.

En el plano interno, la dificultad más importante es la delicada -por no decir más- coyuntura económica y financiera que puede provocar una crisis o una aguda recesión, como la del 58-59. Ello agravado por la coyuntura tan desfavorable que atraviesa la economía norteamericana (que se ha convertido en nuestra metrópoli) así como en general la de los países del mundo «occidental». La oligarquía proimperialista se enfrenta, también, al descontento y a las luchas reivindicativas de todas las clases laboriosas, viéndose forzada, para apagar esas luchas y evitar su radicalización, a canalizarlas por cauces que no amenacen la supervivencia de su dominación, por cauces que desconcierten al pueblo y amengüen su espíritu de rebeldía. Además, en los últimos tiempos se manifiesta también un descontento creciente entre algunos sectores, incluso de la burguesía no monopolista, por la infame venta de España a los yanquis.

En el terreno de la política exterior tampoco es todo fácil para la oligarquía. Cierto que cuentan con el apoyo total y sin reservas del imperialismo yanqui para su candidatura de ingreso en la OTAN y en el Mercado Común. Pero no faltan las oposiciones y las resistencias a esa candidatura. Una parte de ellas se deben a la emoción que suscitaría en la opinión pública europea la admisión del Estado franquista, en su configuración actual, como miembro de una Europa pretendidamente «libre» y «democrática». Mas las resistencias fundamentales se deben a competencias intercapitalistas: intereses agrícolas italianos, israelíes, etc.; temores de una parte de los monopolios europeos, por ejemplo en el ramo siderúrgico, a que la España de Franco, absolutamente supeditada a los norteamericanos, constituya en el Mercado Común un instrumento suplementario de infiltración indirecta de capital yanqui.NOTA 392

En esta situación, y ante la perspectiva de una aparente modificación de las formas de poder de la dictadura yanqui-franquista, que sirva para recubrir a ésta de un barniz «democrático», las diversas fuerzas que hasta aquí han venido integrando el Movimiento «nacional», aglutinadas por la «ideología» josé-antoniana (inspirada a su vez en la de Adolf Hitler y Benito Mussolini), libran entre sí una batalla por disputarse la sucesión, por asegurarse en el marco de la maniobra neo-franquista, un puesto privilegiado en el aparato burocrático del Estado.

La experiencia demuestra que cuando las clases dominantes se enfrentan a dificultades y problemas complicados, se acentúan en su seno las discordias y las divergencias. Las dificultades, tanto de orden interno como exterior, y los intrincados problemas que plantea la maniobra neo-franquista acrecientan, no sólo los apetitos de poder de las diferentes camarillas reaccionarias, sino también las discrepancias de puntos de vista en cuanto a la solución concreta que hay que dar a cada uno de esos problemas.

De todas formas no debe entenderse todo esto en el sentido de que la oligarquía atraviesa por una crisis ni, menos aún, por una descomposición, como pretende Carrillo. El poder de la oligarquía es todavía fuerte y sólido y las contradicciones que se manifiestan en su seno no son todavía muy agudas, aun cuando puedan llegar a serlo. Presentar las cosas de otro modo y pretender que el régimen se va a desmoronar por autodisolución es no sólo utópico, sino que constituye una especie de opio para embaucar y adormecer a las masas.

Sin pretensión de hacer una lista exhaustiva, echemos un vistazo a los grupos políticos del campo franquista que más se mueven en los últimos meses.

[§3.- Falangistas]

Una de las fuerzas más visibles de la oligarquía es la Falange. Ésta, habiendo desaparecido como partido político a mediados de la década del 50, ha quedado reducida a un armazón burocrático, acantonado en una parte de la máquina estatal franquista, (entrelazada y fundida, no hay que olvidarlo, con el aparato industrial y financiero del capital monopolista, a través del I.N.I., y de otros instrumentos del capitalismo monopolista de Estado).

El falangismo o nacional-sindicalismo fue una corriente reaccionaria surgida durante la II República. La creación de «Falange Española de las JONS» respondía, de un lado, al deseo de los nazis alemanes y de los fascistas italianos de tener en España una organización filial, que defendiera a ultranza los intereses expansionistas de esas dos potencias en nuestro país. Y, de otro lado, respondía a la clarividencia de una parte de la alta finanza (Juan March, algunos grandes industriales vascos) y de parte de la aristocracia terrateniente andaluza, las cuales pensaban ya en la instauración de un régimen de tipo fascista para salvar sus privilegios.

Falange fue el eje del «Movimiento» antinacional franquista, al que prestó sus emblemas, consignas pseudo-poéticas y verborrea demagógica. La disgregación del Movimiento y la pérdida de influencia del falangismo comenzaron en los años posteriores a la II Guerra Mundial. La causa principal de ello era el desprestigio del fascismo en la arena internacional y el deseo de la oligarquía española de disfrazar su régimen con la máscara de una «evolución» hacia la «democracia cristiana». De 1945 a 1949, estuvo sin cubrir la secretaría general de Falange (que hasta entonces se había llamado «secretaría general del Partido»). Los intentos posteriores por revitalizar el Movimiento e imprimir nuevos bríos a una doctrina muerta fueron coronados por el fracaso.

La mitología nacionalista de la Falange ha sido abandonada por el régimen. A partir de 1953 el imperialismo yanqui se convierte en el verdadero amo y señor de nuestro país. En años posteriores el Estado franquista entra en la ONU, en la OCDE, en el Fondo Monetario Internacional y aspira ahora a ingresar en la OTAN y en el Mercado Común. Un millón de obreros españoles se han visto obligados a emigrar a Europa a causa de la política económica del Gobierno. En esta era de supeditación al imperialismo yanqui y a sus redes internacionales de expansión política, económica y militar, el nacionalismo falangista resulta anticuado para la oligarquía. Las ilusiones de levantar un nuevo imperio español en Africa y en Iberoamérica fueron echadas por la borda. La ideología de la oligarquía española en los años 60 no es ya el nacionalismo, sino el cosmopolitismo apátrida «made in USA». Esa es otra causa, y no de las menores, de la pérdida de influencia del falangismo.

Por lo que respecta a la mitología social del falangismo, la escasa influencia de masas que en algún momento, y a la sombra del poder estatal franquista, pudo llegar a ejercer, ha desaparecido por completo desde hace tiempo.

A estas causas se han sumado otras como el fortalecimiento del Opus Dei en el terreno financiero y su consiguiente ambición de poder político, lo que le lleva a chocar con la burocracia del Movimiento.

La espina dorsal de la burocracia falangista está constituida por los «camisas viejas». Dentro de esa vieja guardia falangista, unos, como Roberto Reyes y Fernández Cuesta, son cabecillas de la burocracia falangista desplazada o lesionada en sus intereses por el Opus Dei. Otros, como Muñoz Alonso y Emilio Romero, representan a la burocracia de los sindicatos verticales y se han amoldado a las nuevas formas del régimen, aunque sin por ello dejar de librar la batalla contra el Opus. Otros, en fin, como Pilar Primo de Rivera o Rodríguez de Valcárcel (vicesecretario, éste último, del Movimiento), son los testaferros directos del dictador y, por ello, ven vinculada su suerte a la persona de Franco.

La burocracia sindical-franquista está representada por el diario Pueblo de Madrid, con Emilio Romero a su cabeza. Entre los portavoces de esa burocracia encontramos a Labadíe Otermín, gerente del I.N.I., el cual, en contestación a la encuesta del diario YA proclamaba que «el gobierno debe responder ante el Parlamento» (increíble, pero cierto: un jerarca falangista hablando de «parlamento»), que «en las cortes debe estar garantizado el ejercicio de la oposición», claro que «dentro de un juego formalmente institucionalizado» y pedía «una segunda cámara que refleje la variedad de las tendencias políticas». Esas declaraciones demuestran que, al igual que el camaleón,la burocracia falangista cambia de color según las circunstancias.

{ El vicesecretario general del Movimiento, Rodríguez Valcárcel en unas palabras pronunciadas ante las cámaras de TVE en el espacio «rueda de prensa» con motivo del 18 de julio decía que «es preciso determinar el sistema de concurrencia ordenada de las diferentes tendencias, de los matices distintos de nuestra vida política». Claro que él ponía el acento en que «dentro del marco institucional del Movimiento pueden desarrollar su actividad las diversas tendencias».

El monolitismo falangista está muerto desde hace años. Fue una necesidad para la oligarquía durante la guerra civil e inmediata posguerra. Pero nunca ha logrado evitar del todo los choques entre las diferentes fuerzas y los diferentes grupos de la oligarquía. Lo que ahora intentan las castas reaccionarias con la fórmula «pluralista» es sancionar formalmente la existencia de esas contradicciones internas para regular el juego de sus querellas en un marco que no ponga en peligro la solidez del sistema.

Tanto se ha hablado contra el monopolio falangista -y con razón, desde luego- que parece que la instauración de un pluralismo de coto cerrado, dentro del marco general de la maniobra neofranquista, significa un paso adelante, es algo menos mala que la actual ordenación política. Sin embargo no es así. El pluralismo de coto cerrado es tan malo como el monolitismo falangista o todavía peor, puesto que con una apariencia de «juego de tendencias contrapuestas» engaña más fácilmente a la gente, hace pensar en una libertad que no existe ni puede existir bajo el yugo del imperialismo yanqui y de su vasallo, la oligarquía interna. }

A través de Pueblo se ve la línea seguida por este grupo de la alta burocracia del Movimiento. En su conjunto se inclina a favor de la maniobra neo-franquista, que institucionalice el «pluralismo», abandone los restos de la herencia ideológica josé-antoniana y tome formas pseudo-liberales. Pero su interés particular, en cuanto grupo especifico, consiste en que ese blanqueo de fachada se traduzca en un cambio lo menor posible en la distribución de los puestos del aparato estatal franquista, que no implique -como temen, y quizá no sin cierto fundamento- un desplazamiento de una parte de los burócratas falangistas y la instalación en sus cargos de elementos neo-fascistas (el Opus Dei, los sectores vaticanistas, etc.).

Hay otro sector de la burocracia falangista que ha sido desplazado o lesionado por el Opus Dei. Sus representantes, como Rodríguez Royo, director de la revista SP, González Vicén, que publica Es Así, y otros de la misma calaña (grupos FES y FUNS, PNSR, etc.) adoptan una línea ultrancista, aunque con diversas coberturas, desde la de un fanático purismo josé-antoniano hasta la de un autodenominado «falangismo de izquierda». Ésta última se perfila sobre todo en la Asociación de antiguos miembros del Frente de Juventudes, en los Círculos José Antonio y en los círculos sindicales cripto-franquistas («Manuel Mateo», por ejemplo). Ese «falangismo de izquierda», a la vez que coincide en gran parte con el purismo ortodoxo josé-antoniano, (oposición a los usurpadores del Opus, al «liberal-capitalismo», a «la derecha» vieja y nueva) se diferencia de ellos en que, para mantener a toda costa su lugar en el aparato del Estado franquista, no vacila en recurrir a la demagogia, a los alborotos, no duda en apoyar aparentemente -claro que dentro de límites sumamente estrechos- algunas de las reivindicaciones menos «peligrosas» de la clase obrera en el terreno laboral; no duda, incluso, en formular programas «revolucionarios» y hasta rompiendo completamente con el pensamiento del «fundador» defiende -de boquilla- las libertades democráticas. Esta izquierda está más próxima de la demagogia laboral de Emilio Romero y puede convertirse, en un momento dado, en el ala izquierda de un partido neo-franquista de «trabajadores». La diferencia entre esos elementos y los que forman el equipo de Emilio Romero es que éstos últimos están mucho más vinculados a las otras fuerzas oligárquicas, con las que comparten el poder y están más «acomodados» dentro del aparato estatal, por lo que su enfrentamiento a las fuerzas «de la derecha», como ellos dicen, es mucho más atenuado.

Los círculos sindicales cripto-franquistas, de los que hemos hablado más arriba, con el apoyo más o menos velado de la dirección de los sindicatos verticales, se infiltran en las comisiones obreras para llevar a cabo, desde el seno de las mismas, una labor de zapa antiproletaria y pro-patronal. La jugarreta de Solís, que no es ajeno a esas maniobras, consiste en combinar, en su lucha contra las comisiones obreras, ese caballo de Troya que son los círculos nacional-sindicalistas con la represión policiaca.

Aparte de la posición de la burocracia falangista e incluso muchas veces en oposición a ella, tenemos la de los falangistas oficiales, la de la Secretaría General del Movimiento que encabeza Solís. El equipo de Solís es una amalgama de diversas fuerzas, incluso de elementos del Opus, como el vicesecretario general de la organización sindical fascista, Arturo Espinosa Poveda. Ese grupo es un equipo de vividores aprovechados, que no representan en particular a ningún sector determinado de la oligarquía, y que se acantonan en una posición ecléctica y vacilante, apoyándose a veces en la burocracia falangista y reprimiendo otras veces sus «excesos». Solís representa, pues, el compromiso de los sectores más encumbrados de la Falange con las fuerzas rivales de su propio campo.

El equipo revisionista de Carrillo se esfuerza por presentarnos a los «falangistas de izquierda» como una fuerza democrática. Como «pruebas» de ello utiliza las declaraciones antimonárquicas de sus portavoces. Pero el antimonarquismo de los falangistas se explica lógicamente por el temor de la burocracia sindical a verse desplazada por la monarquía. No obstante, hay que señalar las diferencias importantes entre el antimonarquismo furioso de los sectores de la burocracia falangista más lesionados por el Opus, cuyas opiniones se reflejan en el SP, y el antimonarquismo, mucho más tibio y prudente, de los sectores aún poderosos de la burocracia falangista, los cuales quieren tomarse el tiempo suficiente para asegurarse un porvenir en la monarquía restaurada de los borbones, jugando en la misma un papel, si no preponderante, al menos «decente».

Hay otro aspecto de la demagogia de los «falangistas de izquierda» que necesita ser aclarado. En algunas de sus declaraciones esos elementos hacen ciertas críticas a los Estados Unidos y hasta refunfuñan alguna «protesta» por el sojuzgamiento de nuestra patria. ¿Es que son los «falangistas de izquierda» una fuerza patriótica y anti-yanqui? Si así fuera, deberíamos tenerla en cuenta como posibles aliados, dado que la política de nuestro Partido es la de aliarnos con todas las fuerzas anti-norteamericanas, en esta etapa de la revolución española.

Pero, mirado de cerca, el supuesto antiyanquismo de los falangistas aparece con su verdadera faz. Los hechos resultan muy claros. Cuando en 1953 se estableció, en virtud del ignominioso pacto firmado por Martín Artajo con el secretario de Estado yanqui, la ocupación militar norteamericana en España, los imperialistas yanquis no podían aún controlar por entero, de una manera directa, todos los sectores de la economía ni, tampoco, del aparato estatal franquista. Hasta conseguirlo -y en esa empresa han contado con el apoyo y el estímulo del gobierno de Franco- les ha hecho falta un gran esfuerzo de penetración.

Pero aún quedan sectores del aparato estatal franquista no directamente controlados por los servicios imperialistas yanquis. Esos sectores de la burocracia del Estado y del «Movimiento» no se han opuesto en ningún momento a la dominación del imperialismo yanqui. Pero ahora sus intereses se ven lesionados a medida que los yanquis clavan más y más su garra en el aparato del Estado y quieren desplazar del mismo a los medios que no están directamente bajo su control y a su servicio. Eso es lo que explica la demagogia falsamente antiyanqui de algunos grupos falangistas.

En el régimen neo-franquista que la oligarquía está preparando lo más probable es que la burocracia del Movimiento se agrupase en un partido «sindicalista» bajo la jefatura de un demagogo como José Antonio Girón, el que fue durante largos años ministro del trabajo con Franco. Como base «de masas» para ese partido podrían utilizar a la Asociación de antiguos miembros del Frente de juventudes y a los círculos nacional-sindicalistas. De todas formas un partido así sólo podrá mantener una apariencia de «partido de masas» en la medida en que sigan estando fuera de la ley las organizaciones de la clase obrera, ante la presencia de las cuales se derretiría cómo una figura de nieve.

[§4.- Monárquicos]

Los monárquicos oficiales no constituyen una determinada fracción de la oligarquía, mantenida en cohesión por grandes intereses económicos comunes y delimitada por condiciones peculiares de producción, sino una pandilla de aristócratas (en parte latifundistas y en parte financieros), así como sus lacayos diplomados (médicos, abogados, etc.) que viven de los honorarios de esas familias aristocráticas. Como típico exponente de estos podríamos citar a López Ibor.

Los monárquicos oficiales defienden, como es sabido, la candidatura del pretendiente don Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII. Es completamente erróneo pretender que a la monarquía donjuanista no la apoyan más que los terratenientes. Es falso, en primer lugar, porque los terratenientes españoles, desde mediados del siglo pasado, se han ido adinerando hasta convertirse en grandes financieros. Y porque la alta burguesía industrial se ha entremezclado y fundido con la aristocracia terrateniente. Algunos de los miembros del Consejo privado del pretendiente, como el magnate de la banca Ignacio Villalonga Villalba (presidente del Banco Central), son potentados financieros, pero no pertenecen a la nobleza latifundista de vieja estirpe. Otros, como el conde de Gamazo y Abarca, consejero de administración del diario monárquico ABC, aunque de «elevada alcurnia», son hoy, por encima de todo, acaudalados hombres de negocios.

El partido oficioso del pretendiente don Juan es la banda monárquica que se llama a si misma «Unión Española», fundada por el millonario barón de Satrústegui. Entre sus representantes más «ilustres» se encuentran Miralles, Alvarez de Miranda y Prados Arrarte, complicados los tres en el asunto de Munich en 1962.

La promesa que los donjuanistas, por boca de Luis M. Ansón, nos hacen de restablecer las libertades «de Noruega» son pura superchería demagógica. Emilio Romero lo ha dicho con toda razón: «Del régimen que cumple ahora treinta años, titularizado por una personalidad política sin precedentes desde el final del absolutismo monárquico [!!!] e instaurado en una guerra civil, no resuelta por convenio o pacto, sino por victoria, no se sale tan fácilmente como piensa Luis M. Ansón...»

Nadie como el propio don Juan ha definido las posiciones oficiales de la realeza. «La monarquía -decía en un mensaje enviado a sus partidarios con ocasión de una comilona celebrada en Madrid el día de su onomástica- debe partir lealmente de lo actual [el régimen de Franco]». La monarquía de don Juan es, pues, la continuación sin rupturas del franquismo, cambiando de éste sólo la fachada. Nada tiene de extraño que el príncipe don Juan Carlos se luzca junto con el dictador, que se le tributen en España honores regios y que el propio don Juan recorra diferentes capitales de provincia siendo agasajado por las autoridades locales franquistas.

Entonces, se preguntarán algunos, ¿a qué son debidos los frecuentes coqueteos de don Juan con fuerzas pretendidamente «de izquierda»? La razón fue puesta de relieve en una carta de éste al «caudillo» en junio de 1951. En ella, después de decir: «He huido cuidadosamente de identificar la corona con ningún movimiento partidista... mis manos están libres de cualquier atadura o pacto para el futuro», explicaba: «esto no quiere decir que yo haya ignorado las actividades de elementos monárquicos que, bajo su exclusiva responsabilidad, han procurado, pensando en el día de mañana, neutralizar la posible tendencia revolucionaria de sectores obreros españoles anticomunistas, encauzándolos por rumbos de cooperación social y patriótica». También decía: «Se me ha acusado, creo que maliciosamente por la propaganda antimonárquica, de no estar identificado con el Movimiento Nacional, cosa falsa a todas luces» y terminaba con la siguiente petición: «pongámonos de acuerdo para preparar un régimen estable».

Situándose de palabra en «la izquierda» está el grupo social-fascista del profesor Tierno Galván. Se trata de un desgajamiento de la «Unión Española» de la que hasta hace poco era dirigente Tierno Galván. En los últimos tiempos el profesor Tierno se ha proclamado «socialista». Es un representante de la alta intelectualidad sobornada por los imperialistas yanquis. La misión preferente que cumple ese grupo al servicio de la oligarquía proimperialista es la de engañar a estudiantes e intelectuales, encauzando su descontento por los canales de «la oposición dentro del sistema» e integrándose en la «institucionalización del régimen».

Es interesante estudiar la ideología política del profesor Tierno Galván porque acaso sea el único lacayo directo de la oligarquía que ha elaborado una verdadera teoría política. Tierno se proclama, como hemos dicho, socialista, entendiendo por «socialismo» una situación más o menos generalizada de bienestar individual. El camino que, según él, conduce a ese bienestar es, por supuesto, el «desarrollo» económico sobre la base del modo actual de producción (el capitalismo monopolista), pero corrigiendo la «distribución de la renta» mediante ciertas medidas de política tributaria y otras semejantes. Para alcanzar esas reformas hay que conseguir un desplazamiento de las fuerzas políticas dentro del marco del Estado franquista y bajo la protección del imperialismo norteamericano, integrándose en la OTAN y en el Mercado Común.

Tierno Galván estima que en estos 27 años de sangrienta tiranía fascista se han hecho muchas cosas «aprovechables», que dentro del Gobierno franquista hay «ministros de buena voluntad», y que estar en la oposición, en la España de Franco, no equivale a estar en la clandestinidad, puesto que «ahora hay mucha más libertad que hace unos años». Estima que la creación de una oposición legal por parte del régimen no supondría ni debería suponer una exacerbación de los antagonismos de clase sino «el reforzamiento del consensus que existe» entre su grupo y los detentadores oficiales del poder. Y que esa oposición legal debería canalizar por una vía inocua, no peligrosa para la oligarquía, los descontentos populares.

Tierno Galván quiere conservar la estructura monolítica y totalitaria de los sindicatos verticales, pero «horizontalizándolos» (en esto no anda muy lejos de la posición de los ex-dirigentes anarquistas integrados en los sindicatos verticales). Como todos los apologistas de la falsa unidad sindical, trata de atemorizar a la clase obrera diciendo que la división sindical significaría un debilitamiento de su lucha.NOTA 393

En varios aspectos la ideología tiernofascista recuerda a la de un «gran» pensador y político reaccionario: Antonio Cánovas del Castillo. Al igual que lo era Cánovas, Tierno es un «posibilista». La política, dice, es la ciencia de lo posible, entendiendo por tal aquello que es posible sin hacer la revolución, sin derrocar el poder de las clases dominantes (o sea, aquello que es posible en el marco de la dominación de la oligarquía). Otro punto de coincidencia: su plan de forjar una «élite» de intelectuales, archicultos, una aristocracia político-doctrinal que meta en cintura a las masas populares, con el apoyo del ejército (son de dominio público sus coqueteos con algunos generales y jefes franquistas). Ideas, como se ve, no demasiado originales y, desde luego, nada «de izquierda».

¿Cuál es la fuente de financiación de las actividades de este grupo? La principal son las subvenciones de diversas entidades «culturales» norteamericanas, financiadas por la banca. El profesor Tierno, en diversos viajes a los Estados Unidos, recibe las oportunas instrucciones sobre su actuación política. Además de ello, en el plano de la filosofía y de las ciencias sociales es un abanderado de la podrida y decadente concepción del mundo del imperialismo yanqui y ha traducido al español obras exponentes de dicha concepción del mundo. Es el predicador número uno del irracionalismo y del pragmatismo.

Hace unos meses, en unas declaraciones hechas en Nueva York, Tierno reafirmaba sus posiciones monárquicas, abogando, a la vez por la instauración del «pluralismo» y por una parodia de «consentimiento popular». Como se ve, el encargo que le han dado sus amos es el de prepararse para desempeñar, en esa monarquía neo-franquista, el papel de «dirigente socialista». Y la prensa europea vendida al imperialismo yanqui trata de crear una aureola en torno a Tierno Galván, «represaliado» a causa de las manifestaciones estudiantiles (a las que en realidad siempre se ha opuesto). La televisión germano-revanchista en un reportaje sobre «España y la OTAN» entrevistó a Tierno y a varios secuaces suyos como «representantes de la oposición». Por todo ello, a pesar de ser muy reducido numéricamente, el grupo de Tierno está ya prestando grandes servicios al régimen y a la oligarquía.

No podemos dejar de mencionar la estrecha unidad de acción que existe entre los tiernistas y los revisionistas de Santiago Carrillo. Tierno Galván se ve prodigar toda suerte de encendidos elogios por parte de Carrillo y su panda; su fotografía aparece en primera plana en el Mundo Obrero revisionista de Carrillo, que dice que no es «serio» considerar a Tierno como un agente de la oligarquía proimperialista. En el movimiento estudiantil y, en menor medida, en el movimiento de las comisiones obreras, tiernistas y carrillistas siguen una línea coincidente. Por eso grupos reaccionarios como el de Tierno, que en sí ejerce escasa influencia entre las masas, pueden representar un grave peligro a causa del apoyo total y sin reservas que les brindan los revisionistas.

[§5.- Vaticanistas]

Los jerarcas vaticanistas (obispos, abades mitrados, etc.) han constituido y siguen constituyendo en España el sector más poderoso, por todos los conceptos, dentro de la oligarquía anti-nacional.

Las corrientes políticas vaticanistas se caracterizan por representar intereses económicos peculiares, los del episcopado español y las órdenes monásticas, entre las que ocupa el primer lugar, por su poder financiero, la Compañía de Jesús. Pero a la vez les compete a esas corrientes representar a toda la oligarquía proimperialista, defender los intereses comunes de la oligarquía. Ello se debe a la peculiar posición que ocupan los jerarcas vaticanistas. Éstos tienen, por un lado, que defender sus propios intereses económicos, sus propios medios de producción (que constituyen una buena parte del patrimonio nacional); y, por otro, arbitrar con aparente «imparcialidad» las querellas que se producen entre los diversos grupos monopolistas y defender a toda la clase de los financieros y terratenientes contra la revolución popular, anatematizando y condenando (desde el punto de vista «espiritual», no faltaba más) a cuantos luchen contra los privilegios semifeudales de la oligarquía española y contra el yugo norteamericano.

La función de «árbitros» que se asignan a sí mismos los jerarcas vaticanistas en los conflictos internos de la oligarquía está claramente expresada en un editorial del diario YA, portavoz oficial de los mismos, el 20 de julio de este año, en el que se llama al orden a los diferentes grupos rivales «que existen y se mueven dentro del esquema actual de las leyes fundamentales». Allí se dice en particular: «Las polémicas que se vienen sucediendo insisten, a veces demasiado, en las posiciones discrepantes ...» Y se afirmaba que hace falta «una persona o grupo que se hagan portadores de los valores comunes [comunes a los diversos grupos oligárquicos] aun partiendo de posiciones dialécticamente distintas», pronunciándose contra «la rencilla, el malhumor, para dejar solamente, o principalmente, el servicio a la causa que se defiende» con «mesura, sosiego y equilibrio».

A pesar de que la jerarquía vaticanista tiene su propia disciplina interna, su estructura jerárquica y teocrática heredada de la Edad Media, su subordinación absoluta al papado, a pesar de ello existen en su seno divergencias políticas en cuanto a la posición política a adoptar.

Por el momento la mayoría de los obispos se inclina por el acatamiento, sin más y en términos altamente respetuosos, de las decisiones y los actos del gobierno franquista. Tal posición es la que encarna Quiroga Palacios, arzobispo de Santiago y presidente de la Conferencia Episcopal.

No obstante, una minoría de los jerarcas vaticanistas se inclina a posiciones claramente neo-franquistas, en el sentido de las fuerzas «liberalizantes»: revisión de las «leyes fundamentales», restauración monárquica, etc. Algunos como Guerra Campos, secretario general del Episcopado español, se pronuncian incluso a favor del «diálogo» con los «marxistas» (sobreentiéndase: revisionistas). Otro representante de esa ala es el obispo de Gerona, Narciso Jubany. El «centro» lo ha ocupado hasta ahora Angel Herrera Oria, antiguo dirigente clericalfascista que ha sido, hasta fecha reciente, obispo de Málaga, cargo que ha abandonado por razón de edad.

En vísperas de la Conferencia Episcopal, celebrada el 10 de julio pasado, cierto número de jerarcas vaticanistas tuvieron una reunión «privada», en la que manifestaron su descontento por la declaración del Comité Ejecutivo Episcopal, una declaración descarada e incondicionalmente profranquista. No es que esos obispos sean antifranquistas, sino que entienden que, en los momentos actuales, en los que la oligarquía y sus amos yanquis se plantean un remoldeamiento de la estructura política de la dictadura, es más prudente y más conveniente, desde el punto de vista de los intereses de la Iglesia, mantenerse a la expectativa.

En cualquier caso las posiciones neo-franquistas van ganado terreno en el seno del alto clero. La Conferencia Episcopal de julio pasado fue considerada como un jalón en el «aggiornamento» de la Iglesia española, tan admirado y ponderado por el equipo revisionista de Carrillo. En el fondo el «aggiornamento» o «puesta al día» no es sino un cambio de táctica que sólo busca el afianzamiento de la dictadura y, en particular, de los privilegios de la Iglesia. Portavoces de marca de la maniobra neo-franquista son los agentes vaticanistas Ruiz Giménez (exministro de Franco y director de Cuadernos para el Diálogo) y Martín Artajo, jerifalte de la llamada «democracia cristiana» de derechas y detentadores, uno y otro, de numerosos y lucrativos cargos financieros en grandes sociedades anónimas de capital eclesiástico.

Sería, sin embargo, un profundo error pensar que el movimiento de protesta y reivindicación que existe entre el clero joven de diferentes partes de España, principalmente, en Euzkadi y Cataluña, es pura y simplemente una maniobra de los jerarcas vaticanistas. La verdad es que esos movimientos han nacido por otras causas, como el descontento de ciertos sectores de la pequeña y media burguesía, sobre todo en Cataluña y el País Vasco, contra la política yanqui-franquista de estrangulamiento de la industria y el comercio no monopolistas. Amplios sectores del clero pertenecen o están muy vinculados a la pequeña y media burguesía y hasta cierto punto se convierten en sus defensores o representantes políticos. También influye en algunos casos la brutal explotación y opresión que sufren las clases trabajadoras a manos de los grandes capitalistas yanquis y españoles; no todos los sacerdotes son insensibles a esa explotación y opresión.

Pero, como ese movimiento de descontento y rebeldía entre el bajo clero no ha logrado aún romper el estrecho marco de la ideología «humanitaria» y reformista, es fácilmente canalizable por la oligarquía. Lo que tratan de conseguir con una actitud aparentemente «flexible» los obispos más inteligentes es precisamente domar el espíritu de rebeldía del movimiento, aislar a los elementos más radicales del mismo y meter al grueso de sus efectivos en una encerrona.

A raíz de la manifestación de curas en mayo pasado, en Barcelona, los jerarcas condenaron brutalmente la acción, pero sin embargo ciertos organismos de la Acción Católica la «aprobaron» discretamente y con muchas reservas. Los jerifaltes de la Acción Católica, nombrados a dedo por los jerarcas y, naturalmente, lacayos suyos, no pretendían con esa «aprobación» fomentar semejantes «disturbios»: pretendían engañar a los numerosos sacerdotes y católicos descontentos, hacerles creer que también en el seno de la Iglesia hay fuerzas que los comprenden y que secretamente los apoyan.

[§6.- Opusdeístas]

El Opus Dei es un grupo financiero que se disfraza de «instituto religioso» (ahora se rumorea que va a cambiar ese disfraz por otro muy parecido, el de «asociación de fieles»). Su principal bastión en el mundo de las finanzas es el Banco Popular, eje de una extensa red bancaria de la que forman parte el Banco de Andalucía, el de Salamanca, el de La Coruña y el Europeo de Negocios, este último de capital predominantemente norteamericano. El Banco Popular es el séptimo del país por lo que concierne a los «recursos ajenos» (dinero en él depositado) y su poderío no ha dejado de incrementarse en los últimos años, precisamente por el aumento del volumen de los negocios del Opus Dei.

Por la ideología de sus representantes más calificados (Calvo Serer, Pérez Embid, Millán Puelles, etc.) el Opus se configura como un grupo de ideología integrista y ultrarreaccionaria, de extrema derecha, tanto en el orden filosófico y sociológico como en el político.

El libro del fundador de la Orden, José María Escrivá de Balaguer, titulado Camino, es bien significativo. Ese libro, bajo una apariencia religiosa, exalta las pasiones del orgullo y la soberbia, atiza el individualismo exacerbado, la ambición de mando, justifica la explotación y la opresión. Es un libro de ideología fascista, inspirado probablemente en Nietzsche y en Ignacio de Loyola.

Otros opusdeístas, como Gonzalo Fernández de la Mora, son de carácter neo-derechista, es decir, que no quieren que se les incluya en la derecha tradicional, de la que, a decir verdad, no se diferencian en nada.

Desde 1957 aproximadamente, el Opus ha venido copando numerosos puestos en el aparato burocrático del Estado franquista, arrebatándoselos a los falangistas. La rivalidad entre el Opus y la Falange por la detentación de lucrativos puestos en el aparato estatal tiene ya, por tanto, casi un decenio de existencia.

La burocracia falangista no puede perdonar al Opus semejante «despojo». Por eso el principal rival al que se tienen que enfrentar los capitostes opusdeístas es la burocracia del Movimiento, cuyos representantes (Emilio Romero, José Miguel Ortí Bordás, etc.), están desplegando, al calor de la nueva ley de prensa, una ofensiva propagandística contra el Opus.

Por su lado, el Opus controla una extensa red de publicaciones. Su principal revista teórica es Nuestro Tiempo, editada por la Escuela de Periodismo del Estudio General de Navarra.NOTA 394 Entre las revistas de gran tirada está La Actualidad Española. Entre los diarios, prácticamente todos los de la tarde, en Madrid, a excepción de Pueblo. A través de todas esas publicaciones se puede seguir la línea política de la congregación.

El Opus es monárquico. Antonio Fontán, uno de sus más prestigiosos líderes intelectuales, es miembro del Consejo Privado del pretendiente. Informaciones, controlado por el Opus, viene desarrollando en los últimos meses una desatada campaña monárquica. Lo mismo hacen La Actualidad Española y toda la hojarasca de la secta.

Por razones tácticas, no todos los miembros del Opus militan en la misma formación política. En la Universidad, donde el Opus cuenta con innegable fuerza, trató hace años de constituir y dirigir un movimiento pseudo-oposicionista, la ASD (Acción Social Democrática). Tras el fracaso de aquel intento, ahora parte de sus miembros militan en la UED (Unión de Estudiantes Demócratas), controlada por la democracia cristiana. Es más, en la propia UDC figuran elementos adictos al Opus. La gran aspiración del Opus sería convertirse en la piedra angular de un gran partido «demócrata-cristiano», imitación de la vieja CEDA gilroblista, que constituiría el bloque más poderoso en el marco del «pluralismo» neo-franquista.

Esa pertenencia de miembros del Opus a diversas formaciones políticas es demagógicamente utilizada por los dirigentes de la Obra para hacer creer que ésta, en cuanto tal, no se mete en política, dejando a sus miembros la libertad de seguir su conciencia.NOTA 395

La verdad es muy diferente: Recientemente, según anunciaban Madrid e Informaciones, se ha constituido un llamado «Grupo Institucional» que ha pedido autorización al Gobierno para funcionar legalmente, acreditando su fidelidad a «los principios fundamentales del Movimiento». Ese «Grupo Institucional» es una proyección del Opus en el campo de la política. Está, al parecer, dirigido por el marqués de Zaponi, pariente de Villalonga-Villalba. Su postura, por consiguiente, es monárquica-juanista. Nada tiene de extraño que, desde los primeros momentos, se haya granjeado la aversión de los carlistas y falangistas.

No podemos pasar por alto la protección que, en general, dispensan los jerarcas vaticanistas a esta secta, a la que encomiendan más obras de «enseñanza» y «beneficencia» que a ninguna otra. Piénsese por ejemplo, en Tajamar, en Madrid. Esas obras le sirven al Opus para reclutar prosélitos y envenenar la mente de la juventud. Asimismo, la fuerza del Opus dentro de la Iglesia española se ve en hechos significativos, como es el de que en el consejo de administración de la Editorial Católica, que publica el diario YA, el Opus esté representado por dos consejeros (Otero Navascués y el actual ministro de Obras Públicas, Federico Silva).

Sería sumamente largo de exponer, por lo que no cabe hacerlo aquí, la vinculación múltiple del Opus con el capital norteamericano. Seguramente que es el Opus el grupo financiero más ligado al capital yanqui.

[§7.- Carlistas]

De todos los grupos oligárquicos, el que aparece como más a la derecha es el carlismo. Este grupo cuenta aún con cierta fuerza, como lo demuestran las peregrinaciones a Montejurra en las que todavía hoy se juntan miles de requetés. Pero su carácter ultrasectario, su cerrazón, su descarada defensa de todas las antiguallas medievales, hacen del carlismo una doctrina sumamente impopular e inservible para la oligarquía en su conjunto.

Tradicionalmente, el carlismo era el representante de la nobleza rural y del alto clero, los cuales, lesionados por la política de desamortización, permanecían apegados a las relaciones de producción feudales. La descomposición de la clase que sustentaba al carlismo ha sido seguida, como es lógico, por una disgregación de sus filas. Una parte de los carlistas han abrazado la causa donjuanista (por ejemplo, Arauz de Robles). Otros, recalcitrantes, se reparten entre diversos pretendientes poco conocidos y, a menudo, de ciudadanía extranjera. Otros se han integrado en el falangismo.

El carlismo representa hoy a algunos grupos financieros; a ciertos sectores de las órdenes monásticas y sobre todo a los caciques y terratenientes locales de Navarra y de otras provincias del Norte de España, así como a un puñado de intelectuales de extrema derecha, digno exponente de los cuales es el famoso Blas Piñar.

Los carlistas publican cierto número de periódicos y revistas legales. Uno de ellos es El Correo Catalán de Barcelona, editado por la compañía «Fomento de la Prensa Tradicionalista». En dicha compañía están representados ciertos grupos de la oligarquía catalana y el Banco de Madrid.

El «programa» del carlismo es más o menos la vuelta a la monarquía absoluta del siglo XVI. Esto, en los tiempos que corren, es tan absurdo que sólo pueden apoyarlo ciertas minorías fanatizadas por la religión. Para tratar de salvarse de la ruina, a la que está condenado, el carlismo trata ahora de disfrazarse y hasta se viste con el manto de las libertades democráticas. La Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas dice apoyar las reivindicaciones estudiantiles. Pero se trata simplemente de algunos gestos torpes, ni siquiera de una maniobra conjuntada y planificada. En su conjunto los carlistas no pueden abandonar el espíritu doctrinal sin el cual dejarían de tener razón válida para existir como fuerza política. Y ese espíritu es el de la cruzada militar contra los «enemigos de la fe», desde los liberales hasta los comunistas. Por ello mismo es el carlismo el grupo oligárquico que cuenta con menos bazas de cara a la maniobra neofranquista.

{ [§8.- El equilibrio de las fuerzas reaccionarias]

Actualmente el equilibrio de las fuerzas reaccionarias y pronorteamericanas se mantiene. Pero empieza a llevarse a cabo por medios diferentes de los que ha venido empleando el «caudillo». Si hasta ahora Franco era el árbitro de las querellas y el que repartía «equitativamente» los cargos lucrativos, ahora las rivalidades internas del campo franquista empiezan a desenvolverse por su propia dialéctica, con menos arbitraje, empiezan a «institucionalizarse». Dicha institucionalización y la supresión de un arbitraje que hoy ya no juzgan necesario les parecen a los caballeros de la reacción provechosas para consolidar el poder de la oligarquía antinacional.

En el verano de 1.964, en un célebre artículo publicado en el periódico francés Le Monde, Tierno Galván pedía que la institucionalización del régimen franquista condujese a un pluralismo que consagrase formalmente las rivalidades en el seno de la oligarquía.

Que el «pluralismo» no es incompatible con la naturaleza fascista del Estado lo demuestran numerosos ejemplos. En Portugal (y hasta ahora nadie ha negado el carácter fascista del régimen de Salazar) existen, dentro de la legalidad, varios partidos políticos. En algunos de los regímenes quislings de Europa ocurría lo mismo. En iberoamérica ha habido muchas dictaduras sanguinarias, colocadas en el poder por el imperialismo yanqui, dentro de las cuales, con frecuencia, han actuado varios partidos reaccionarios. En países que tienen regímenes de tipo fascista, como Africa del Sur o, actualmente, Indonesia existe también una pluralidad de partidos y grupos dentro de la «legalidad».

El fascismo no se caracteriza por ser la dictadura de un solo partido. Nunca ha entrado ese concepto en la definición científica del fascismo. El fascismo es la dictadura terrorista del capital financiero y de los terratenientes y significa la supresión de todo resquicio de libertad para los partidos, grupos y organizaciones populares, y en primer lugar la ilegalización del Partido Comunista.

Entre tanto que se llega a ese «pluralismo», Franco, sus colaboradores más íntimos (que son en su mayoría militares) y la Secretaría General del Movimiento conservan aún un cierto papel de árbitros, que se manifiesta en ciertos frenazos dados a unas u otras fuerzas cuando quieren ir demasiado lejos o demasiado deprisa (secuestro de «ABC», o de algunas publicaciones eclesiásticas, medidas restrictivas contra los carlistas...)

No es que el equipo que encabeza Franco sea contrario a la sucesión monarco-opusdeísta. Todos sus actos tienden, más bien, a asegurar esa sucesión. Pero quieren que la transición hacia una restauración monárquica y hacia el «pluralismo» se lleve a cabo suave, lentamente, sin sobresaltos, de una manera lo más gradual e insensible, que casi nadie se entere de que las cosas están cambiando. Temen -y no sin cierto fundamento- que otra manera de proceder podría desencadenar ciertas crisis gubernamentales que serían aprovechadas por las fuerzas patrióticas y revolucionarias.

Lenin señalaba:

Para un marxista es indudable que la revolución es imposible sin una situación revolucionaria... ¿Cuáles son, en términos generales, los signos distintivos de una situación revolucionaria? Seguramente no cometeremos un error si señalamos los tres signos principales: 1) la imposibilidad, para las clases dominantes, de mantener inmutable su dominación; tal o cual crisis de las `alturas', una crisis en la política de las clases dominantes, que origina una grieta por la que irrumpen el descontento y la indignación de las clases oprimidas. Para que estalle la revolución no suele bastar con que los «de abajo no quieran» sino que hace falta, además, que «los de arriban no puedan» seguir viviendo como hasta entonces; 2) una agravación, superior a la habitual, de la miseria y sufrimiento de las clases oprimidas; 3) una intensificación considerable, por estas causas, de la actividad de las masas, que en tiempo de «paz» se dejan expoliar tranquilamente, pero que en épocas turbulentas son empujadas, tanto por la situación de crisis como por los mismos de `arriba' a una acción histórica independiente.NOTA 396

Una revolución suele ir precedida por una crisis gubernamental de las clases dominantes que arrastra a la lucha política hasta a las capas más atrasadas y más dormidas de la población trabajadora, aunque al principio lo hagan apoyando a uno u otro partido de la clase dominante. Pero al participar directa y activamente en la lucha política las masas aprenden, por su propia experiencia, a comprender el antagonismo que las enfrenta con la clase opresora que ocupa el poder y a distinguir cuál es el partido político que verdaderamente defiende sus intereses de clase. Una vez puestas en marcha, las masas revolucionarias avanzan arrolladoramente y quienes tratan de detenerlas son, fatalmente, aplastados. Pero las masas sólo lograrán encontrar el camino justo de la revolución si, al estallar una tempestad revolucionaria, hay un Partido marxista-leninista forjado, templado y fortalecido en el fragor de una implacable lucha de clases, ligado a las masas más oprimidas y que libre una guerra sin cuartel contra todas las variantes del oportunismo en sus propias filas.

[§9.- ¿Son posibles los entendimientos o las alianzas con determinados grupos oligárquicos en la fase actual?]

No todo es positivo en el agravamiento de las contradicciones internas de la oligarquía. Ese agravamiento tiene también un inconveniente, a corto plazo: las ilusiones que engendra en amplios sectores de las masas. Esas ilusiones son de dos tipos.

Primero, que, puesto que las fuerzas oligárquicas luchan entre sí, ello significa que una parte de ellas aspira a acabar con las injusticias de la sociedad actual.

Segundo, que no hace falta luchar, gastar energías en la lucha de clases, puesto que la lucha interna de las clases dominantes llevará a éstas a un agotamiento y a una descomposición tales que harán innecesaria la lucha armada revolucionaria. Ambos géneros de alucinación política conducen a ponerse a remolque de uno u otro lado de la clase dominante para «agudizar» su enfrentamiento al otro bando.

Esas ilusiones no se extenderían, sin embargo, excesivamente si no fuera por la propaganda que de ellas hace el equipo revisionista de Carrillo. Apoyándose en su vieja tesis de dividir a los grupos oligárquicos en «los peores» y «los menos malos» y afirmando expresamente la posibilidad de una alianza con estos últimos, Carrillo se ha valido del ahondamiento de las rivalidades internas del franquismo para ampliar e intensificar su colaboración con una amplia gama de fuerzas reaccionarias (los ruizgimenistas y tiernistas, principalmente, pero también, aunque en menor medida, los opusdeístas, monárquicos y falangistas de «izquierda»). Carrillo denomina a todas esas fuerzas «antifranquistas« y «democráticas». Poner al desnudo semejante superchería es, pues, un deber de primer orden para nosotros.

Cuando Carrillo afirma que dentro de la oligarquía hay unos grupos más realistas, más sensatos y más lúcidos que otros no se le puede negar que tiene razón. Pero lo que no dice es que el «realismo», la «sensatez» y «lucidez» de los grupos oligárquicos están puestos, por igual, al servicio de su causa reaccionaria y antinacional.

La «sensatez» y «lucidez» tienen un carácter de clase. Hay que distinguir entre la sensatez burguesa y la sensatez proletaria. Y, en la situación actual de España, hay que distinguir entre la lucidez desde el punto de vista de los intereses de la oligarquía y desde el punto de vista de los intereses populares. No hay ni puede haber sensatez ni lucidez por encima de las clases. Sólo pueden creer en ellas quienes no colocan la política en primer plano. Puesto que, desde el punto de vista del materialismo histórico es indudable que no puede existir una política por encima de las clases que convenga tanto a la oligarquía proimperialista como a las masas populares.

Todos los representantes de la oligarquía proimperialista, sin excepción, están en lo fundamental de acuerdo con la orientación fascista y totalitaria del régimen. Al reclamar el «pluralismo» ninguna reclama una auténtica e indiscriminada libertad de asociación. En lo que estriban las divergencias es en saber cuáles van a ser los grupos de «oposición», previamente domesticados, que gocen de legalidad en el neofranquismo.

Los políticos más «liberales» y más «democráticos» de entre los que están urdiendo la maniobra neofranquista tienen, sin excepción, una trayectoria fascista y dictatorial. Todos ellos han pertenecido a lo largo de los años de dictadura franquista, a organismos oficiales u oficiosos de la misma y han apoyado sin reservas el despiadado terrorismo que, todavía hoy, ejerce la dictadura contra las fuerzas populares y antiimperialistas.

Así lo han puesto de relieve los propios partidarios de la maniobra neofranquista. El diario falangista Pueblo saca a relucir ciertos hechos desagradables ocurridos bajo el mando de Hermenegildo Altozano en Sevilla. Cuando ese caballero, hoy capitoste del Opus y personaje sobresaliente de los corrillos monárquicos, era gobernador de Sevilla y jefe provincial del Movimiento encarceló a un periodista, corresponsal de Pueblo por hacer ciertas críticas a las obras de canalización del río Tamarguillo. Y saca Pueblo tajada de esta «revelación» para apostillar: «Seguramente ese hombre tendrá mucho porvenir en el Opus Dei, pero de monárquico liberal que va a contribuir a restablecer las libertades de Noruega en nuestro país tiene unas dosis bastante modestas». En eso Emilio Romero y su cuadrilla andan en lo cierto. La monarquía donjuanista jamás podrá en España, por la misma composición ideológica de las fuerzas que están dispuestas a soportarla y por la trayectoria de sus adalides, restablecer las libertades «de Noruega», país donde nunca han alcanzado las luchas de clases un nivel de virulencia remotamente comparable al que en España cobra, con rapidez, cualquier batalla de clases de cierta envergadura (no sólo la guerra civil, sino incluso una simple huelga obrera importante, como la de los mineros asturianos en el verano de 1.963). }

[§10.- Conclusiones]

{ La consecuencia de todo lo anterior es clara para nosotros: no hay, dentro de los diversos grupos políticos de la oligarquía pronorteamericana y antinacional, ninguno al que quepa considerar enemigo principal. Todos son «principales». Y los más peligrosos, por ser los que más pueden engañar, son aquellos que quieren llevar más lejos la maniobra neofranquista, son los que quieren dar a esa maniobra aires más «democráticos» y «constitucionales».

Por desgracia no todos lo comprenden así. Incluso dentro de las filas patrióticas y antiyanquis hay algunas personas que opinan que una alianza, o al menos una cierta colaboración, con elementos de la ralea de Ruiz Giménez o de Tierno Galván facilitaría el camino hacia la independencia nacional y la democracia popular. Se equivocan completamente. Dada la escasa fuerza con que cuentan esas personas, que desempeñan en la escena política el papel de portavoces de la pequeña y media burguesía, es evidente que, si se embarcan en componendas con los elementos neofranquistas, no llegarán muy lejos: se convertirán en apéndices de la gran maniobra demagógica pseudoliberalizante. Su actuación será muy poco honrosa y no sacarán nada en limpio.

Dejemos en claro, no obstante, que al rechazar, por nuestra parte, cualquier tipo de acuerdo con cualesquiera de las fuerzas integrantes del campo franquista y pronorteamericano nuestro Partido se mantiene bien abierto a cualquier grupo o persona que, aun no compartiendo nuestras mismas ideas, quiera luchar por la independencia nacional, contra los invasores yanquis y sus lacayos franquistas y neofranquistas. Aun cuando esos grupos o esas personas tengan durante cierto tiempo vacilaciones y titubeos (como corresponde a su naturaleza de clase intermedia) nosotros no les cerramos las puertas, no abandonamos nuestra línea política de forjar un amplio y poderoso Frente Democrático Nacional Revolucionario en el que estén presentes todas las fuerzas patrióticas.

Pero precisamente para ayudar a esas fuerzas intermedias a emprender la buena vía es preciso desvelar el verdadero carácter de las rivalidades internas del campo franquista, desechar toda ilusión a su respecto y prepararse para la lucha. }

Ante el cuadro que hemos expuesto de las diversas fuerzas integrantes del campo franquista y antinacional, ¿qué tareas se les presentan a las comisiones obreras? ¿Que puede y qué debe hacer el proletariado conducido por nuestro Partido, con relación a esos enfrentamientos internos de la oligarquía pro-imperialista?

• 1º Ante todo desenmascarar ante nuestro pueblo a cada una de las facciones políticas integrantes del campo reaccionario. Ese desenmascaramiento debe hacerse en forma de una campaña sistemática tanto de propaganda como de agitación. Hay que poner de relieve los verdaderos motivos por los que cada facción oligárquica se opone a las otras.

• 2ª Intensificar incesantemente las acciones de masas en demanda de las reivindicaciones populares, tanto económicas cómo políticas, incluida la libertad de huelga, por las transformaciones sociales antimonopolistas, por la independencia nacional mediante el desmantelamiento de las bases norteamericanas y la anulación de los tratados yanqui-franquistas, por los derechos nacionales de Cataluña y Euzkadi, por la solidaridad total con el pueblo vietnamita. Al tener la oligarquía que afrontar esas luchas, se incrementarán sus contradicciones y sus divergencias internas.

• 3º Imprimir a esas luchas por objetivos parciales un carácter cada vez más combativo, transformarlas en luchas revolucionarias por la conquista del poder para el pueblo. Elevar constantemente el nivel de esas acciones, convertirlas en una acerba lucha de clases, atizando el odio patriótico y de clase contra los invasores yanquis y contra los señores oligarcas, llevando a las masas a enfrentamientos violentos con las «fuerzas del orden», en forma de manifestaciones «no pacíficas», que se transforman en refriegas callejeras, asaltos a los antros del terror policiaco, ocupaciones por la fuerza de las grandes fábricas y de las tierras de los latifundistas, «limpieza» de los confidentes, provocadores y de los más sanguinarios esbirros de la Brigada Político Social. Todo ello sembrará la confusión, en parte el desaliento, entre las huestes de la oligarquía y, al confluir con la crisis interna de ésta, acelerará el surgimiento de una situación revolucionaria.

• 4º Ir aglutinando en torno al Partido a una multiplicidad de organizaciones populares de masas (OSO, FUDE, de jóvenes, de mujeres, de campesinos, etc.) y a otras agrupaciones políticas antiimperialistas, sentando así las bases del Frente Democrático Nacional Revolucionario que, al proporcionar aliados a la clase obrera en la lucha por la democracia y la independencia nacional, aísle, en la misma medida, a nuestro enemigo principal: la confabulación oligárquico-norteamericana y sus representantes fascistas de todo pelaje.

[
0. La dictadura fascista en España]
1. Falta total de derecho de asociación política para los ciudadanos españoles
2. Carencia total de libertad de palabra y de expresión del pensamiento por parte de los ciudadanos españoles
3. Ausencia total de libertad de prensa e imprenta en España
4. Total carencia del derecho de reunión y manifestación por parte de los ciudadanos españoles
5. Ausencia total de libertad religiosa en España
6. La ley de bandidaje y terrorismo, una medida particularmente bárbara y cruel de la represión yanqui-franqista

[§0.- La dictadura fascista en España]

La dictadura fascista, acaudillada por el ex-general Franco y que tiene como segundo de a bordo a otro «general» del ejército franquista (Juan Carlos Bourbon), tiene como fundamento de su «legitimidad» el cuartelazo o pronunciamiento militar del 18 de julio de 1936. Aquella sublevación militar fue llevada a cabo bajo la dirección de un puñado de generales traidores a la Patria que, previamente y desde hacía varios años, se habían puesto de acuerdo con Hitler y Mussolini para apuñalar por la espalda a la República Española (a la que habían jurado lealtad y acatamiento) y transformar España en una semicolonia de la Alemania y la Italia fascistas. El Gobierno legal, democrático y legítimo de la República Española contra el cual se sublevaron esos generales felones había sido elegido en elecciones legislativas por el pueblo español por una abrumadora y aplastante mayoría el 16 de febrero de 1.936 (esto es, cinco meses antes de la sublevación fascista).

Los cabecillas de la sublevación fascista sólo pudieron llevar a cabo su guerra contra nuestro pueblo gracias a la gigantesca ayuda que desde el primer momento les brindaron los Estados totalitarios de Hitler y Mussolini.

Para estructurar el espurio poder político surgido de la sublevación, los cabecillas militares de ésta crearon al principio en Burgos una junta que encabezase la rebelión. Más tarde el 1 de octubre de 1.936 esa Junta, cediendo a las presiones matoniles de Franco y sus secuaces, se autodisolvió y entregó todos los poderes a Franco, que quedó así convertido en dictador. El propio Franco, en virtud de sendas «leyes» dictadas y promulgadas por él mismo el 30 de enero de 1.938 y el 8 de agosto de 1.939 se arrogó poderes autocráticos y omnímodos que lo convierten en un monarca absoluto. Así, la «Ley» de 30 de enero de 1.938 dice:

En su virtud, DISPONGO:

...

Art. 17.- Al Jefe del Estado, que asumió todos los poderes... corresponde la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general.

Las disposiciones y resoluciones del Jefe del Estado, previa deliberación del Gobierno, y a propuesta del ministro del ramo, adoptarán la forma de Leyes cuando afecten a la estructura orgánica del Estado o constituyan las normas principales del ordenamiento jurídico del país, y Decretos en los demás casos.

Sin embargo, estos poderes que el dictador y verdugo Franco se autoconfirió por la susodicha «Ley» tenían aún una restricción, y es que debía consultar al Consejo de Ministros; y pese a que era (y es) él mismo quien, sin tener que contar con la aprobación de nadie, nombra y modifica el Consejo de Ministros, al autócrata Franco esa limitación se le hacía insoportable. Por ello, en la «Ley» de 8 de agosto de 1.939, decidió lo siguiente:

En su virtud,

DISPONGO.

Art. 7º.- Correspondiendo al Jefe del Estado la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general, conforme al artículo 17 de la Ley de 30 de enero de 1.938, radicando en él de modo permanente las funciones de Gobierno, sus disposiciones y resoluciones, adopten la forma de leyes o de decretos, podrán dictarse aunque no vayan precedidas de deliberación del Consejo de Ministros...

No se crea que estas disposiciones han dejado de estar en vigor. La llamada «Ley Orgánica del Estado», dictada por Franco el 10 de enero de 1.967, estipula en su disposición transitoria primera, nº II, lo siguiente.

Las atribuciones concedidas [sería mejor decir autoconcedidas] al Jefe del Estado por las Leyes de 30 de enero de 1.938 y de 8 de agosto de 1.939, así como las prerrogativas que le otorgan los artículos 6º y 13º de la Ley de Sucesión, subsistirán y mantendrán su vigencia...

mientras viva el dictador.

Es cierto que, según las grotescas y enmarañadas «Leyes Fundamentales del Reino» yanqui-franquista, a la muerte del dictador Franco, su heredero y continuador incondicional, el general Juan Carlos Bourbon, será coronado rey y ejercerá un poder mucho más limitado que el que se ha autoconferido Franco. De hecho, el poder absoluto será ejercido por un binomio representado por el rey y su «Consejo del Reino». Este consejo del reino es la encarnación genuina de la oligarquía financiero-burocrático-eclesiástico-militar. Estará compuesto (según el art. 4 de la Ley de Sucesión) por:

• El prelado eclesiástico de mayor jerarquía y antigüedad de los que sean «procuradores en cortes»;
• El general en activo de idénticas características;
• Diversos altos cargos designados por el jefe del Estado;
• Y uno o dos consejeros -según los casos- por cada uno de los distintos grupos de procuradores en cortes designados todos ellos, directa o indirectamente, por el gobierno, o representantes (en el «mejor» de los casos) de los altos cuerpos burocráticos del Estado y del «movimiento» fascistas, integrados sobre todo por los aventureros y arribistas de Falange y del Opus Dei que han hecho fortuna y han echado raíces en las altas esferas del régimen.

Ese sistema oligárquico, esa sustitución del absolutismo autocrático de Franco por un complicado engranaje que podríamos denominar «oligocrático» (poder conjunto de un reducido número de potentados) tiende a asegurar una continuidad total e incondicional del actual tinglado fascista y a bloquear y congelar toda posible iniciativa o veleidad del futuro reyezuelo fascista por introducir ciertos cambios. Sin embargo, lo que está excluido tanto ahora como después de la muerte del dictador, según dichas «leyes fundamentales del reino» es la más mínima democratización. En efecto, sólo una pequeña minoría de los «procuradores en cortes» son «elegidos» por una parte del pueblo (ni siquiera por sufragio universal) y, además, para ser candidato a esas «elecciones» hay que estar avalado por alguna alta autoridad fascista. Tal es la «democratización» y «liberalización» que el yanqui-franquismo ha llevado a cabo en estos últimos años. Como vemos, un régimen salido de un cuartelazo faccioso, de una criminal sublevación contra un gobierno legal y democrático, sublevación además preparada y efectuada bajo la dirección y con ayuda de potencias extranjeras (Alemania e Italia), un régimen con ese origen y naturaleza es totalmente incapaz de evolucionar hacia una forma de poder no fascista. Con unas u otras modalidades, con mayor o menor concentración del poder en las manos de un solo hombre, o bien en las de una camarilla integrada por unos pocos representantes de la Iglesia, el Ejército, la Falange, el Opus Dei, la burocracia sindical-fascista sigue siendo la misma, sigue siendo una feroz e implacable tiranía terrorista, totalitaria y antipopular, vendida al imperialismo extranjero, que trata de suprimir, de abolir mediante la represión y el terror toda manifestación de la lucha de clases y que no concede al pueblo ni el más mínimo resquicio de libertad democrática en ningún terreno.

El llamado «movimiento nacional» que todavía algunas de las leyes franquistas en vigor identifican con «Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista», etc. etc. fue constituido en 1937 por la fusión (decretada por Franco) en una sola organización, de las diversas corrientes de la extrema derecha española: Falange, carlistas, monarcofascistas, vaticanistas (CEDA), militaristas (UME); también participaron y participan en él los jerifaltes de otros grupos de extrema derecha, como la Lliga catalana, por ejemplo, la cual prácticamente se integró también en el «movimiento». Sus emblemas, su base doctrinal vienen íntegramente del falangismo. A su vez, el falangismo había bebido en las fuentes del carlismo o tradicionalismo, en las del militarismo, en las del vaticanismo. Pero, sobre todo, por encima de cualquier otra influencia, el falangismo era la traducción al español de las doctrinas de Hitler y Mussolini. Por eso, el falangismo es la más antiespañola de las ideologías fascistas, ya que es una copia mecánica y servil de la filosofía y la sociología irracionalista alemana e italiana y de la política de los dos monstruos Hitler y Mussolini.

Aunque parcialmente a partir de 1.945 y sobre todo a lo largo de los últimos años, el franquismo ha tratado de diferenciar entre Falange y Movimiento, de hacer de los «principios del movimiento» algo más amplio que el falangismo; aunque, por supuesto, vaticanistas, monárquicos, regionalistas de extrema derecha y otros grupos oligárquicos fascistas, se esfuerzan por distinguir los «principios del movimiento» del falangismo (considerado actualmente por ellos como una «corriente más», pese a que en el pasado todos se embadurnaron bien de ideología, terminología y pompa falangista, para dar así gusto a Hitler y Mussolini); pese a todo ello, la indeleble marca de la ideología o la no menos reaccionaria y fascista del militarismo y el tradicionalismo, todo ello ha marcado profundamente al franquismo. Un régimen fascista puede barnizarse y blanquear su fachada, puede ocultar y desfigurar sus orígenes; pero, pese a todos sus trucos y maniobras, esos orígenes siguen imprimiéndole un carácter indeleble. Pueden incluso cambiar las personas, modificarse parcialmente sus estructuras, cambiarse la terminología de sus leyes; aun así, los orígenes de un régimen político, la fuente de la que ha surgido su poder, determinarán su carácter hasta su derrocamiento, hasta su tumba.

Cada año los franquistas siguen conmemorando la fundación de Falange Española, creada en 1.933 por Primo de Rivera (hijo del dictador militar de idéntico apellido). En las recopilaciones de las «leyes fundamentales» aparecen invariablemente como anejo los «26 puntos» es decir, la «Norma Programática» de la Falange, formulada por el susodicho Primo de Rivera. Esa norma programática ha sido la base del adoctrinamiento en la ideología fascista de la juventud española (pues la enseñanza de la ideología falangista ha sido y sigue siendo obligatoria en todos los centros de enseñanza elemental, media y superior de España).

Uno de los puntos básicos del falangismo es el expansionismo imperialista. El punto 3 de la Norma dice:

Tenemos voluntad de Imperio. Afirmamos que la plenitud histórica de España es el Imperio. Reclamamos para España un puesto preeminente en Europa...

Esto dio lugar a una temática muy en boga en la España franquista durante la II Guerra Mundial, que se centraba en el lema «Por el imperio hacia Dios». Dos jerifaltes fascistas (que pese a ser monárquico el uno -Areilza, conde de Motrico- y vaticanista el otro -Castiella-, se habían apuntado como tantos otros a la Falange y habían adoptado de buena gana el nombre, emblemas e ideología del falangismo), elaboraron en 1.941 un absurdo libelo titulado «Reivindicaciones de España» donde se formulaban grotescas alucinaciones expansionistas y chovinistas de inspiración nazi; se reclamaba para España toda Iberoamérica, una parte de Argelia, todo Marruecos, ensanchamiento de Río de Oro y de la Guinea Ecuatorial (española); y hasta Tonkín (Vietnam septentrional), etc. etc. Como se sabe, Franco estuvo rabiando por entrar en la Guerra Mundial al lado de Hitler, pero pedía algunas de esas compensaciones territoriales; y Hitler, que no quería descontentar a la dictadura fascista de Pétain y Laval, no accedió.

Por lo demás, esos sueños imperialistas eran absurdos por completo, ya que dada la debilidad y el atraso económicos a que las castas oligárquicas y reaccionarias han llevado a España, ésta no podía en modo alguno convertirse en una potencia imperialista, sino todo lo contrario: caer más y más en las garras de los imperialistas extranjeros (primero alemanes y luego norteamericanos). La ideología del «Imperio» servía sólo para embaucar a las masas. Hoy día, los franquistas han enterrado esa ideología y la han sustituido por otra «made in USA», pero no menos absurda: el «cosmopolitismo» apátrida, la negación del Principio de Independencia y la completa Soberanía Nacional, la teoría de la «interdependencia», de la «integración en unidades supranacionales» bajo el mando de los EE.UU. de América.

Otra de las características de la ideología falangista es el militarismo desenfrenado. El punto 4 de la «Norma Programática» primorriverista afirma:

Devolveremos al Ejército de Tierra, Mar y Aire toda la dignidad pública que merece y haremos, a su imagen, que un sentido militar de la vida informe toda la existencia española.

Y el punto 26 dice;

La vida es milicia y ha de vivirse con espíritu acendrado de servicio y de sacrificio.

La mezcla de militarismo y expansionismo lleva a la curiosa afirmación de que:

5. España volverá a buscar su gloria y sus riquezas por las rutas del mar.

Otra característica esencial del falangismo es su abierto totalitarismo, su oposición a los partidos políticos, al sufragio universal y a todo principio democrático. Así, por ejemplo, el punto 6 de la Norma Programática dice:

Nuestro Estado será un instrumento totalitario al servicio de la integridad patria... Nadie participará a través de partidos políticos. Se abolirá implacablemente el sistema de los partidos políticos, con todas sus consecuencias: sufragio inorgánico, representación por bandos de lucha y Parlamento de tipo conocido.

Y en una entrevista concedida a un periodista de la United Press International en julio de 1.937, decía Franco:

España tendrá la estructura de los regímenes totalitarios como Italia y Alemania... Su régimen conocerá las formas corporativas, una gran parte de las cuales ya existen en nuestro país, y acabará con las instituciones liberales que han envenenado al pueblo. (Ver Historia de la España franquista de Max Gallo, p. 83).

En julio de 1.939, en una conversación con Ciano -ministro de asuntos exteriores de Mussolini, que se encontraba de visita en España- celebrada en San Sebastián, Franco confirmó «su firme intención de orientarse cada vez más claramente hacia el eje Roma-Berlín, esperando el día en que las condiciones generales y la preparación militar de España le permitan identificarse con el sistema político de los países totalitarios» (Archivos Secretos del Conde Ciano, p. 290).

Un manual escolar (Curso completo de Primera Enseñanza) da la siguiente definición del Estado franquista surgido de la sublevación contra la República Española:

El Estado español, creado bajo el signo de la unidad y la grandeza de nuestro país, es un instrumento totalitario al servicio de nuestra Nación: es fundamentalmente nacional-sindicalista y representa, en todos los aspectos, una reacción contra el capitalismo liberal y el materialismo marxista.

De conformidad con esa concepción totalitaria del poder político, la legislación franquista ha insistido siempre mucho en la obligatoria aceptación de los principios de jerarquía, mando, obediencia ciega. Así, por ejemplo, la Ley de 26 de enero de 1.940 sobre Unidad Sindical, empieza así:

Tres son los principios que inspiran la Organización Nacional-Sindicalista prevista por el fuero del Trabajo, reflejo fiel de la organización política del nuevo Estado, a saber: Unidad, Totalidad y Jerarquía.

Este principio de Jerarquía significa un nombramiento de todo cargo de arriba abajo, con sumisión y obediencia ciega de los escalones inferiores a los superiores. En la cúspide o vértice de esta pirámide de poder clásica de todo sistema totalitario se halla el Jefe nacional del movimiento, que según la Ley Orgánica del Estado es el Jefe del Estado (actualmente el «caudillo» y después de su muerte el rey). Los Estatutos de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, aprobados por Decreto de Franco de 31 de julio de 1.939 (posteriormente han sido retocados y parcialmente modificados) estipulan en su artículo 47:

El Jefe Nacional de F.E.T. y de las JONS, Supremo Caudillo del Movimiento, personifica todos los Valores y todos los Honores del mismo. Como Autor de la Era Histórica donde España adquiere las posibilidades de realizar su destino y con él los anhelos del Movimiento, el Jefe asume, en su entera plenitud, la más absoluta autoridad. El Jefe asume, en su entera plenitud, la más absoluta autoridad. El Jefe responde ante Dios y ante la Historia.

Y el punto 48 estipula:

Corresponde al Caudillo designar a su sucesor, quien recibirá de él las mismas dignidades y obligaciones.

Este sucesor, como es sabido, ya está designado: es el general Juan Carlos Bourbon, miembro del clan aristocrático de origen francés que ha reinado en España durante los últimos siglos. Ese sucesor y continuador total e incondicional del verdugo Franco, al jurar lealtad a ese general felón y fidelidad a los «principios del movimiento» fascista, se ha convertido en segundo jerifalte del fascismo español. Su monarquía no puede ser otra que una prolongación del monstruoso caudillaje franquista, una monarquía fascista, totalitaria y militarista.

§1.- Falta total de derecho de asociación política para los ciudadanos españoles

La legislación yanqui-franquista impide totalmente que los ciudadanos españoles gocen del más mínimo derecho de asociación política.

El denominado «Fuero de los Españoles» (único texto legal franquista que, pretendidamente, ampara algún género de «derechos» de los ciudadanos españoles) estipula a este respecto (en su art. 16):

Los españoles podrán reunirse y asociarse libremente para fines políticos lícitos y de acuerdo con lo establecido por las leyes.

La formulación es tan vaga, tan imprecisa, que deja lugar a cualquier interpretación arbitraria. Es el poder el que ha de juzgar si los fines son o no «lícitos». Y en cuanto a lo que establezcan las «leyes», dado que no se estipula ni la más mínima limitación al alcance que éstas pueden tener, cae de su propio peso que, en efecto, esa declaración es puro papel mojado.

Pues bien, ¿qué establecen las leyes? Empecemos por otra «ley fundamental del Reino» franquista: los «inmutables» principios fundamentales del Movimiento, aprobados por ley fundamental de 17 de mayo de 1.958. El punto VIII de los mismos estipula:

La participación del pueblo en las tareas legislativas y en las demás funciones de interés general se llevará a cabo a través de la familia, el municipio y el sindicato y demás entidades con representación orgánica que a este fin reconozcan las leyes. Toda organización política de cualquier índole al margen de este sistema representativo será considerada ilegal

Esta disposición coloca automáticamente fuera de la ley a todos los partidos políticos, cualesquiera que sean, salvo el institucionalizado «Movimiento», pues según la ley franquista esa ambigua y heterogénea entidad es de «representación orgánica».

Los artículos 172 y 173 del Código Penal franquista estipulan qué debe entenderse y castigarse penalmente como «delito de asociación ilícita». Veamos lo que dicen.

Art. 172.- Se reputan asociaciones ilícitas:
1º.- Las que por su objeto o circunstancia sean contrarias a la moral pública.
2º.- Las que tengan por objeto cometer algún delito.
3º.- Las prohibidas por la autoridad competente.
4º.- Las que se constituyen sin haber reunido los requisitos o trámites exigidos por la ley.

Art. 173.- Se comprenden en el artículo anterior:
1º.- Los grupos o asociaciones que tiendan a la destrucción o relajación del sentimiento nacional.
2º.- Los grupos o asociaciones constituidos dentro o fuera del territorio nacional para atacar en cualquier forma la unidad de la Nación española...
3º.- Las asociaciones, organizaciones, partidos políticos y demás entidades declaradas fuera de la ley y cualesquiera otras de tendencias análogas, aun cuando su reconstitución tuviere lugar bajo forma y nombre distinto.
4º.- Las que intentaran la implantación de un régimen basado en la división de los españoles en grupos políticos o clases, cualesquiera que fueran.

En cuanto a la pena impuesta por esos «delitos», el punto 174 de dicho Código especifica:

Si la asociación tuviere por objeto la subversión violenta o la destrucción de la organización política, económica, social o jurídica del Estado, serán castigados con la pena de RECLUSION menor (o sea, de 12 años y un día a 20 años de encarcelamiento) para los meros participantes.

Hay otros textos legales franquistas muchísimo más severos. Pero incluso este Código Penal aprobado en 1.944 bajo la inspiración del Código Penal mussoliniano, es más duro de lo que parece ya que un antifranquista puede ser condenado a la vez por las mismas actividades, en virtud de numerosos «delitos», además del de asociación ilícita, como son los de propaganda ilegal, delito contra el Jefe del Estado, etc. etc. etc.

En cuanto al concepto de «asociaciones ilícitas» definido en los mencionados artículos del Código Penal franquista, se ve claramente que todo aquel que quiera cambiar parcial o totalmente la actual estructura fascista del Estado «español» y se asocie para ello incurre en ese «delito». En él incurren los que quieran acabar con el dominio de la oligarquía financiera y terrateniente, los que quieran establecer un estado federativo, los que tengan por objeto «cometer algún delito» tales como el de denunciar la represión fascista, denunciar la traición a la Patria perpretada por el dictador Franco al vender España al imperialismo yanqui, pues todos esos son diversos «delitos» conceptuados como tales con las consabidas penas en otros tantos artículos del Código Penal. No cabe ninguna manifestación organizada de oposición al régimen o de lucha de clases populares oprimidas por la oligarquía proimperialista que no revista la caracterización de «asociación ilícita», que no caiga en el amplísimo campo de los artículos 172, 173 y 174 del Código Penal franquista.

Pero es más. Está en vigor la Ley de Responsabilidades Políticas dictada por Franco en Burgos el 9 de febrero de 1.939 (unas semanas antes de que la puñalada por la espalda del coronel Casado y de sus cómplices socialdemócratas acabase con la resistencia del pueblo español). El artículo 2 de dicha «Ley» declara fuera de la ley a:

todos los Partidos y agrupaciones políticas y sociales que desde la convocatoria de las elecciones celebradas el 16 de febrero de 1.936 han integrado el llamado Frente Popular, así como los Partidos o agrupaciones aliados o adheridos a éste por el solo hecho de serlo y las organizaciones separatistas y todas aquellas que se hayan opuesto al triunfo del Movimiento Nacional.

A continuación dicha «Ley» daba una larguísima serie de organizaciones y partidos políticos explícitamente prohibidos, figurando no sólo todos los del Frente Popular (todos los partidos republicanos de centro y de izquierda, socialdemócratas, comunistas, anarquistas y anarcosindicalistas de diversas tendencias), sino también fuerzas nacionalistas y otras. Entre ellas quedaban incluidas todas las asociaciones sindicales de trabajadores. Y naturalmente (al igual que se hace en el Código Penal de 1.944) especificaba que cualquier asociación de tendencias similares o parecidas, cualquiera que fuere su nombre y fecha de constitución, caía bajo el peso de esa prohibición. Los que están fuera de la Ley en la España franquista no son sólo, pues, ciertas asociaciones, sino toda ideología de centro o de izquierda, y toda manifestación organizada de la misma.

Contrariamente a una opinión existente en algunos sectores, esa Ley de febrero de 1.939 sigue estando en vigor y a ella se remite constantemente la jurisprudencia del Tribunal de Orden Público y del Tribunal Supremo cuando condenan a algún patriota, a algún antifranquista por «asociación ilícita». Hay que aclarar que el Decreto dictado por el verdugo Franco el 13 de abril de 1.945 (cuando los estertores del nazismo le daban vértigo y empezaba a intentar tapar y cubrir los aspectos más negros de su dictadura fascista) lo único que estipula es que «se declara caducada la vigencia de las Leyes de 9 de febrero de 1.939 [y otras] ... en cuanto se refiere a la incoación de nuevos procedimientos por responsabilidades políticas». Incluso esa cláusula no ha sido respetada, y en abril de 1.963 (18 años después de ese Decreto de «amnistía») Julián Grimau fue condenado y asesinado por el franquismo en virtud de supuestas actividades cometidas durante nuestra guerra nacional revolucionaria contra el fascismo. Pero en lo que toca a la prohibición explícita de los Partidos y organizaciones puestos fuera de la ley en 1939, esa prohibición sigue en pie. Por otro lado, incluso en el supuesto de que se llegase a derogar esa ley, quedarían en pie las otras que ya hemos mencionado (Principios Fundamentales del Movimiento y Código Penal) que declaran ilegal toda organización política de oposición.

Otro decreto franquista que sigue estando en vigor y que aparece publicado en las compilaciones oficiales de las leyes fundamentales (aunque no revista jurídicamente el carácter de tal) es el de «Unificación» dictado por Franco el 19 de abril de 1.937. En su artículo 1º se estipula:

Art. 1º.- Falange Española y Requetés con sus actuales servicios y elementos se integran, bajo mi jefatura, en una sola entidad política de carácter nacional que, de momento, se denominará Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista... Quedan disueltas las demás organizaciones y partidos políticos.

La única organización política que existe legalmente en España es el «movimiento nacional». ¿Qué es el movimiento? Una entidad política tan vaga, heterogénea, imprecisa y absurda que ni los propios franquistas se ponen de acuerdo en su definición y caracterización y cada corriente franquista lo interpreta a su manera.

Ya hemos visto el decreto de Unificación del 19 de abril de 1937, por el que se fusionaban obligatoriamente las dos organizaciones fascistas más virulentas que habían tomado parte en la sublevación contra la República. La fusión de ambas es lo que se denominó «movimiento nacional» y también ha venido denominándose oficialmente hasta hace muy poco «F.E.T. y de las JONS» (es curioso que, habiéndose suprimido esta denominación oficialmente a raíz de la Ley Orgánica del Estado, en diciembre de 1966, siga apareciendo aún en múltiples organismos y leyes vigentes).

Sin embargo en el «movimiento» se integraron también las demás fuerzas fascistas: los vaticanistas de la CEDA, los militaristas, los monarco-fascistas de Acción Española, los nacionalistas de Albiñana y el grupo catalán de extrema derecha «Lliga». De ese modo, el «movimiento» fue desde su origen un mosaico abigarrado de las diversas corrientes y tendencias fascistas españolas. Su unificación fue mucho más nominal y de fachada que real. Si oficialmente durante muchos años el «movimiento» y la Falange han sido una sola y misma cosa, en realidad nunca ha sido así. Falange dio al movimiento sus emblemas, su ideología hitlero-mussoliniana, su bandera rojinegra, su «estilo», su terminología. Ello inspiró plenamente el protocolo y formulario franquista hasta la derrota del Eje en 1.945.

Pero las otras fuerzas fascistas, que aceptaron unificarse tras la pantalla falangista (porque era la más adaptada al gusto de los amos de entonces, la Alemania e Italia fascistas) pugnaron a partir de 1945 e incluso antes por modificar el revestimiento externo del «movimiento» y por arrebatarles a los falangistas una frágil hegemonía que en seguida perdieron.

Más tarde, una coalición de vaticanistas, monárquicos y del recién llegado Opus Dei (secta inquisitorial fascista) se constituye en el seno del movimiento como una pluralidad de organizaciones de diverso signo, confederadas a través del «consejo nacional» e integrada por oligarcas que, por razones de edad, no hicieron la guerra.

Las más recientes disposiciones legales del franquismo autorizan ese «asociacionismo del movimiento», pero no sólo lo limitan estrictamente al marco político del movimiento «nacional» (esto es, de las fuerzas adictas a la tiranía franquista) -excluyendo, por supuesto, a todas las fuerzas de oposición-, sino que, además, someten la creación de esas «asociaciones del movimiento» a la aprobación previa de los organismos delegados del gobierno, como el llamado «consejo nacional», los «consejos provinciales» y otros «consejos del movimiento» y sujetan estrictamente su actuación (sometida a mil limitaciones y trabas) a la fiscalización y aprobación constante de dichos organismos paragubernamentales.

Varias de las autorizaciones solicitadas por notorios potentados franquistas para crear «asociaciones del movimiento» en el marco del tinglado fascista han sido denegadas.

Como vemos, tienen razón los que afirman que el régimen franquista no es un régimen de partido único. El movimiento no es un partido: es un conglomerado, una amalgama de diversas corrientes muy mal delimitadas entre sí, que a menudo se entrecruzan y se confunden unas con otras. Esos diversos círculos, pese a sus divergencias y rivalidades más o menos enconadas según los casos, son los que monopolizan toda la vida política legal del país.

§2.- Carencia total de libertad de palabra y de expresión del pensamiento por parte de los ciudadanos españoles

El art. 12 del llamado Fuero de los Españoles estipula que «todo español podrá expresar libremente sus ideas mientras no atenten a los principios fundamentales del estado». Uno de estos principios fundamentales está expresado en el vigente Decreto de unificación de 19 de abril de 1937, en cuyo preámbulo se especifica lo siguiente:

Como en otros países de régimen totalitario, la fuerza tradicional viene ahora en España a integrarse en la fuerza nueva, Falange Española... un estilo nuevo, una forma política y heroica del tiempo presente...; los Requetés junto a su ímpetu guerrero, el sagrado depósito de la Tradición Española.

Así pues, todo español puede expresar libremente sus ideas siempre y cuando éstas estén conformes con el régimen totalitario, con el estilo fascista y militarista de la Falange y con la doctrina ultrarreaccionaria de los requetés. Por otro lado, la ley fundamental de 17 de mayo de 1958 formula los principios del llamado «Movimiento Nacional» (fascista), entre los cuales se encuentra el siguiente:

Toda organización política de cualquier índole al margen de este sistema representativo [se refiere a las «entidades naturales de la vida social»: Familia, Municipio y Sindicato...] será considerada ilegal.

En el punto VII de dicha ley fundamental se estipula que la forma política del Estado Nacional:

es de, dentro de los principios inmutables del Movimiento Nacional... la monarquía tradicional católica, social y representativa

Como se ve, el margen dentro del cual los españoles «pueden expresar libremente sus ideas» es reducidísimo: queda delimitado por su conformidad con el sistema corporativo fascista (denominado de «representación orgánica»), con su aprobación de la ilegalización de los partidos u organizaciones no adscritos al susodicho sistema de «representación orgánica», y con su identificación con la monarquía (es más, con ese tipo de monarquía).

En virtud de esta disposición restrictiva estipulada en las leyes fundamentales franquistas, todo un cúmulo de leyes, decretos etc. que la dictadura fascista de Franco ha venido dictando desde su instauración hasta el momento presente tienen como objetivo amordazar al pueblo español, y caso de no conseguirlo, someterlo a implacables medidas de represión y terror.

Una orden de 18 de abril de 1940 estipula (la orden sigue estando en vigor) que todos los discursos, conferencias y demás formas de expresión oral del pensamiento, que no tengan efecto bajo los auspicios de la Iglesia romana, del «Partido»NOTA 401 (Falange) o de la Universidad, están sujetos a la aprobación previa de la dirección nacional de propaganda (reemplazada en tal cometido actualmente por otras dependencias gubernamentales franquistas).

La orden del 15 de julio de 1939 (actualmente en vigor) instituye la censura del Estado sobre todos los originales de obras teatrales, letras de óperas y operetas y las partituras de todas las composiciones musicales dedicadas a una personalidad oficial o basadas en un tema de carácter oficial.

El decreto de 21 de marzo de 1952 creó la junta de clasificación y censura de todas las películas cinematográficas españolas y extranjeras, con arreglo a su contenido moral «de buenas costumbres, político y social».

Como resultado de esas disposiciones, se prohiben incluso conferencias de carácter científico, filosófico etc., cuyo contenido ideológico no se ajuste a las normas y orientaciones oficiales del régimen; se prohibe a nuestro pueblo el presenciar algunas de las eminentes obras teatrales de la literatura española contemporánea, como por ejemplo «Marianita Pineda» de García Lorca y otras de Miguel Hernández y muchos otros autores; se mantiene la cinematografía nacional (salvo contadísimas excepciones de algunas películas que han logrado burlar la censura) en un terreno pueril, mediocre y anticuado; y por supuesto se prohíbe la proyección de todas las películas extranjeras que no sean difusoras del modo de vida norteamericano (hay también algunas raras excepciones).

En cuanto a la simple expresión del pensamiento a través de la palabra en conversaciones corrientes, el Código Penal franquista las somete a las mismas restricciones que el uso de la palabra en reuniones públicas. El art. 147 del susodicho código estipula que «las injurias o amenazas (contra el jefe del Estado) proferidas en cualquier otra forma (es decir, no en presencia del mismo ni tampoco con publicidad) serán castigadas con la pena de prisión mayor (hasta 12 años de encarcelamiento) si fueran graves y con la de prisión menor (hasta 6 años y un día de encarcelamiento) si fueran leves.

En ninguna conversación, ni siquiera dentro del ámbito familiar tienen los españoles derecho a formular juicios contrarios al conglomerado fascista llamado «Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas», so pena de tener que afrontar, si son descubiertos, una fuerte represión judicial. Así lo estipula el artículo 242 del mencionado código que dice:

Las penas señaladas en el artículo 240 [de hasta 6 años de encarcelamiento y 25.000 ptas de multa] son aplicables a las calumnias proferidas contra el Movimiento Nacional, encarnado en Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. y a los insultos o especies lanzados contra sus héroes, contra sus caídos, sus banderas y sus emblemas.

Naturalmente, este tipo de disposiciones son inaplicables en la práctica dada la casi unanimidad con la que el pueblo español condena vehementemente y ridiculiza semejante tramoya fascista, así como los personajes más caracterizados de la misma y sus grotescos emblemas externos de inspiración hitleriana.

El código penal franquista prohibe asimismo a los españoles en cualquier género de conversaciones privadas manifestarse en términos que puedan perjudicar el prestigio (si es que alguno tiene) de la yanquizada dictadura fascista de Franco. Así, por ejemplo, el artículo 252 estipula:

El que con propósito de perjudicar el crédito o la autoridad del Estado, de cualquier manera comunicare o hiciere circular noticias o rumores falsos, desfigurados o tendenciosos o ejecutare cualquier clase de actos dirigidos al mismo fin, será castigado con la pena de prisión mayor [equivalente a 6 años y un día a 12 años de encarcelamiento] e inhabilitación absolutas [equivalente a la incapacidad para obtener cualquier cargo público].

§3.- Ausencia total de libertad de prensa e imprenta en España

Bajo la dictadura yanqui-franquista, los ciudadanos españoles carecen de toda libertad de expresar sus ideas por medio de la prensa o la imprenta. Durante largos años ha estado en vigor a este respecto la Ley del 22 de abril de 1.938 dictada durante la guerra nacional revolucionaria por los cabecillas de la sublevación. El 18 de marzo de 1.966 (28 años después) dictaba el verdugo Franco la Ley de prensa e imprenta actualmente en vigor. Lo esencial de la misma está contenido en el artículo 2, que estipula:

Son limitaciones [de la libertad de expresión y del derecho a la difusión de informaciones]: el respeto a la verdad y a la moral; el acatamiento a la Ley de Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales; las exigencias de la defensa nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden público interior y de la paz exterior; el debido respeto a las Instituciones y a las personas en la crítica de la acción política y administrativa; la independencia de los Tribunales y la salvaguardia de la intimidad y del honor personal y familiar.

En otros términos, no existe ninguna libertad de prensa. Ya hemos visto en otro capítulo algunos de los puntos esenciales de los «principios del movimiento» y demás «leyes fundamentales del reino» yanqui-franquista, tales como: prohibición de partidos políticos; doctrina corporativista-fascista de «representación orgánica». Esas leyes fundamentales establecen también el poder omnímodo y autocrático de Franco -mientras viva- y después de su muerte el despotismo conjunto del siniestro general franquista Juan Carlos Bourbon -sucesor y continuador incondicional del tirano del Pardo- y del llamado «Consejo del Reino», formado por los representantes de la oligarquía financiero-eclesiástico-militar más prepotentes.

Esto significa que, según la vigente Ley de prensa, ningún periódico ni publicación, ningún libro o folleto legalmente impreso podrá defender en España una reducción de los poderes del dictador, ni una modificación (ni siquiera parcial) de los principios fascistas que inspiran las «leyes» fundamentales» ni tampoco defenderse ninguna de las libertades de asociación, de reunión, etc., ni doctrina filosófica o religiosa alguna que no implique «el acatamiento a la ley de Dios según la doctrina de la santa madre iglesia católica apostólica romana», ni un régimen republicano... Tampoco se puede denunciar, por consiguiente, la dominación yanqui sobre España, pues ello va en contra de lo que el franquismo entiende por «exigencias de la defensa nacional»; no se puede denunciar la implacable y feroz represión de la policía y de los órganos de la «justicia» franquista, ya que ello atenta contra el «debido respeto a las instituciones» y «la independencia de los Tribunales».

Para aplicar este artículo 2º la misma ley y otras que más abajo comentaremos se establecen toda una serie de dispositivos. El primero de ellos es impedir que los antifranquistas puedan fundar o lleguen a controlar empresas periodísticas o editoriales. A este respecto, el art. 16 de la Ley estipula que para constituir o participar en empresas periodísticas es preciso: «encontrarse en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos», con lo cual se excluye a miles de españoles que han pasado por las cárceles y las mazmorras franquistas y han sido inhabilitados temporal o perpetuamente. Para no permitir la creación de una empresa periodística que no les agrade, los franquistas pueden perfectamente prohibirlas, invocando el art. 5º que estipula:

La Administración garantizará el ejercicio de las libertades y derechos... persiguiendo a través de los órganos competentes e incluso por vía judicial, cualquier actividad contraria... las que a través de los monopolios o por otros medios intenten deformar la opinión pública....

¡Bonita forma de defender las libertades el perseguir a una empresa que -a juicio del gobierno fascista- «trate de deformar a la opinión pública» y ello por cualquier medio que sea!

Pero, además, una vez constituida una empresa periodística, tiene -antes de poder empezar su actividad- que inscribirse en un registro de carácter policíaco, según los estipula el art. 26 de la ley. El art. 27 estipula a este respecto:

27. Solicitud de inscripción.- 1. La inscripción se practicará, previa instrucción de un expediente, que se iniciará con la solicitud del interesado, en la que se hará constar, para que figure en el registro, los siguientes datos:
a) nombre... y domicilio de la persona... titular de la Empresa.
b) Estatutos de la Sociedad y Reglamento, si lo hubiere.
c) Nombre del fundador o fundadores y de las personas a las que se encomienda la gestión y administración.
d) Descripción de patrimonio de la Empresa...
e) Líneas generales del plan financiero y medios para su realización.
f) Descripción de la finalidad de las publicaciones y PRINCIPIOS QUE LAS INSPIREN.
...
el número aproximado de tirada...
...
la imprenta en que vaya a efectuarse la impresión...
...
el nombre y circunstancias personales del Director y del Subdirector o sustituto interino.
...
la plantilla de redactores fijos...

Y el artículo 29 estipula 4 causas que pueden provocar la denegación o cancelación de la inscripción, entre ellas haber incumplido algún punto de la ley, o bien

cuando pueda racionalmente deducirse que la publicación será utilizada para producir los resultados que trata de evitar el art. 5º

es decir, como ya hemos visto, «deformar la opinión pública» (o, dicho más claramente, informarla en un sentido antifranquista).

Para ser director de una publicación legal, el art, 35 de la Ley estipula que hay que «hallarse en el pleno ejercicio de los derechos legales y políticos»; el 36 es más explícito:

36. Prohibiciones.- 1. No podrán ser Directores:
1º. Los condenados por delito doloso no rehabilitados...
2º. Los condenados judicialmente por tres o más infracciones en materia de prensa.
...
4º. Los sancionados administrativamente tres o más veces por infracción grave, según la presente Ley, en el plazo de un año.

De todos modos y aun cuando es prácticamente imposible, de acuerdo con todas esas disposiciones, que un antifranquista o un grupo de antifranquistas puedan crear una empresa periodística y publicar un periódico o revista, la Ley de prensa e imprenta establece una modalidad camuflada de censura previa y, además, severísimas sanciones para los infractores.

En lo tocante a la censura, ésta puede revestir dos variantes: «consulta voluntaria» (regulada por el art. 4º de la Ley) y depósito obligatorio, regulado por el artículo 12.

Art. 12.- Depósito. 1. A los efectos de lo prevenido en el art. 64 de la presente Ley, antes de proceder a la difusión de cualquier impreso sujeto a pie de imprenta, deberán depositarse seis ejemplares del mismo con la antelación que reglamentariamente se determine, que nunca podrá exceder de un día por cada 50 páginas o fracción.
2. En el caso de diarios o semanarios, se depositarán diez ejemplares de la publicación, o bien el mismo número de reproducciones de su contenido, media hora antes, como mínimo, de su difusión, firmados por el Director o por la persona en quien éste delegue. En las demás publicaciones periódicas... el plazo será de seis horas.
3. El depósito se realizará en las dependencias del Ministerio de Información y Turismo que reglamentariamente se determinen.

Como vemos, esto equivale a una censura previa. Sobre todo si se tiene en cuenta lo que establece el artículo 64 de la Ley.

64.- De la responsabilidad penal y de las medidas previas y gubernativas.- ... 2. Cuando la Administración tuviere conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito cometido por medio de Prensa o Imprenta y sin perjuicio de la denuncia en el acto a las autoridades competentes... podrá, con carácter previo... ordenar el secuestro a disposición de la autoridad judicial, del impreso o publicación delictivos,... así como de sus moldes, para evitar su difusión.

A este respecto, el decreto yanqui-franquista de 31 de marzo de 1966 desarrolla y hace aún más brutal lo dispuesto por el mencionado art. 84 de la Ley de prensa, estipulando en sus arts. 9 y 10 lo siguiente:

Art. 9º.- Para llevar a cabo el secuestro, las autoridades mencionadas... podrán recabar el auxilio de la Policía gubernativa... En la ejecución del secuestro, se adoptarán las garantías y precauciones necesarias para impedir la difusión o utilización de los efectos secuestrados.

Por supuesto, todo lo que vaya contra el artículo 2º de la Ley es constitutivo de delito y da lugar al secuestro y a draconianas persecuciones judiciales, como más abajo veremos.

Pero, independientemente de las persecuciones por vía judicial, las autoridades administrativo-policiacas franquistas pueden arbitrariamente y según lo establecido por los artículos 67 y 69, en particular, de la Ley de Prensa, asfixiar con graves sanciones a un periódico y prácticamente impedirle que subsista. El art. 67 conceptúa como infracciones muy graves:

Las actividades que sean... contrarias... a las limitaciones establecidas en el artículo 2º.

Y para tales «infracciones muy graves», el art. 69 prescribe sanciones (que la administración aplicará discrecionalmente contra autores, directores, empresas, etc.):

En las [infracciones] muy graves, suspensión de las publicaciones periódicas hasta dos meses en los diarios; hasta cuanto meses en los semanarios... Suspensión de las empresas editoriales... hasta tres meses, o multa de 100.000 a 500.000 pts. La sanción de multa podrá ser impuesta juntamente con cualquier otra.

Aparte de esto, la prensa e imprenta se ven reglamentadas por lo dispuesto en el Código Penal yanqui-franquista, que después de promulgarse la Ley de Prensa ha sido endurecido en este punto para contrarrestar así los hipotéticos resquicios que en lo tocante a la impresión hubiera podido abrir dicha ley. En efecto: las modificaciones establecidas en el Código Penal en febrero de 1967 establecen que todo periodista que «falte al respeto» a las instituciones (fascistas) o a las personas (los jerifaltes del régimen) en sus artículos puede ser condenado a penas que van de 6 meses y un día a 6 años de prisión, así como multas de 10.000 a 100.000 pts. El texto íntegro del artículo 165bis B del Código Penal según dicha reforma de 1967 está redactado así:

Se impondrán penas de arresto mayor... a quienes infrinjan las limitaciones impuestas por las leyes a la libertad de expresión y al derecho de información... publicando noticias falsas, informaciones peligrosas para la moral, o las buenas costumbres, o contrarias a las exigencias de la defensa nacional... Las mismas penas serán impuestas a los que ataquen a los principios del Movimiento Nacional o las leyes fundamentales, a los que falten al respeto debido a las instituciones y a las personas...
Cuando los hechos revistan a juicio del Tribunal un carácter de real gravedad, las penas impuestas serán de prisión menor (esto es: de 6 meses y 1 día a 6 años de encarcelamiento) y multas de 10.000 a 100.000 pts.

Y, por si algún requisito quedaba, una Ley posterior, llamada de secretos oficiales establece que el gobierno puede decretar que determinada información o materia es un «secreto» y en tal caso está terminantemente prohibido a los órganos de prensa el publicar noticias o comentarios sobre ella, so pena de graves persecuciones administrativas y eventualmente judiciales contra autores y empresas periodísticas «culpables» de la infracción. Las condenas que pueden imponer los tribunales franquistas a los infractores de un «secreto oficial» pueden llegar -según lo estipulado por el art. 165bis B del Código Penal- a 6 años de presidio.

Como se ve, en España sólo puede haber prensa, prensa auténtica, independiente del gobierno, objetiva de opinión, crítica, en la clandestinidad y ello explica la profusión y amplísima difusión de los periódicos clandestinos.

§4.- Total carencia del derecho de reunión y manifestación por parte de los ciudadanos españoles

Desde su implantación la dictadura fascista de Franco prohibió totalmente a los ciudadanos españoles el ejercicio del derecho de reunión y manifestación. Una circular del 20 de julio de 1939 prohibe todas las reuniones o manifestaciones que no hayan sido organizadas con el consentimiento del Ministerio de la Gobernación, regentado a la sazón por el nazi Serrano Suñer. Al presentar las peticiones los organizadores deben especificar el propósito de la asamblea o reunión, los oradores que participarán en ella y los temas que serán objeto de debate. El Ministerio de la Gobernación tiene un poder omnímodo e ilimitado para conceder o negar la autorización pedida.

Esta circular sigue estando en vigor.

Por su lado, el código penal fascista de 1944 (que también continúa en vigor) define el concepto de reuniones y manifestaciones ilegales y especifica las condenas que deben aplicarse en este caso. Según el artículo 164 del dicho código:

Serán castigados con la pena de reclusión menor [de 12 años y un día de encarcelamiento a 20 años]:
1º) Los que en las manifestaciones o reuniones públicas [...] provocaren aclamaciones directamente encaminadas a la realización de cualquiera de los fines determinados en el artículo anterior. [Estos fines son: Sustituir por otro el Gobierno de la Nación, cambiar ilegalmente la organización del Estado, o despojar en todo o en parte al Jefe del Estado de sus prerrogativas y facultades...]
2º) Los que en dichas reuniones y sitios pronunciaren discursos, leyeren o repartieren impresos o llevaren lemas o banderas que provocaren directamente la realización de los fines mencionados en el artículo anterior.

El artículo 166 de dicho código especifica lo siguiente:

No son reuniones o manifestaciones pacíficas:
1º.- Las que se celebren con infracción de las disposiciones de policía establecidas con carácter general en el lugar en el que la reunión o manifestación tenga efecto [esto hace referencia a la susodicho Orden Circular del 20 de julio de 1.939]
...
3º.- Las reuniones o manifestaciones que se celebran con el fin de cometer alguno de los delitos penados por la ley o en las que, estando celebrándose, se cometiere alguno de los delitos penados en este título. [Entre esos delitos penados por la ley están, como hemos visto, el de intentar cambiar total o parcialmente el gobierno, o incluso reducir parcialmente las prerrogativas del «jefe del Estado»].
Art. 167.- Los promovedores o directores de cualquier reunión o manifestación comprendida en alguno de los casos del art. 166 incurrirán en las penas de prisión menor [que puede llegar hasta 6 años de encarcelamiento] y multa de 5.000 a 25.000 pts.
Art. 170.- Incurrirán, respectivamente, en las penas inmediatamente superiores [es decir, prisión mayor, que puede llegar a 12 años de encarcelamiento] los promovedores, directores y asistentes a cualquier reunión o manifestación, si no las disolvieren a requerimiento de la autoridad o de sus agentes.

De otro lado, los capítulos IV y IX del título II del libro II del Código Penal franquista, que tratan, respectivamente, de los delitos de sedición y de desórdenes públicos, están redactados en tales términos que puedan incluirse en tales «delitos» las reuniones o manifestaciones políticas de oposición al régimen, cualesquiera que sean su contenido político concreto y las modalidades y sitios de su celebración.

Artículo 218.- Son reos de sedición los que se alzan pública y tumultuariamente para conseguir por la fuerza, o fuera de las vías legales, cualquiera de los fines siguientes:
1º) Impedir la promulgación o la ejecución de las leyes...
2º) Impedir a cualquier autoridad, Corporación oficial o funcionario público el libre ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de providencias administrativas o judiciales.
...
Artículo 219. Los reos de sedición serán castigados con las penas siguientes:
1º) Los que hubieren promovido la sedición o la sostuvieren o la dirigieren, o aparecieren como sus principales autores, con la pena de reclusión mayor ([e 20 años y un día a 30 años de encarcelamiento] o a muerte...
2º) Los que ejercieren un mando subalterno, con la de reclusión mayor [20 años y un día a 30 años de encarcelamiento]...
3º) Los meros ejecutores de la sedición, con la pena de prisión mayor [de 6 años y un día a 12 años de encarcelamiento]

Por su lado y en lo relativo a los desórdenes públicos el art. 246 del susodicho código estipula lo siguiente:

Los que produjeren tumulto o perturbaren gravemente el orden... en algún establecimiento público, en espectáculos o solemnidad o reunión numerosa, serán castigados con las penas de arresto mayor y multa de 5.000 a 235.000 pts.

Y dentro del mismo capítulo noveno del título segundo del libro segundo, el art. 248 estipula:

Se impondrá la pena de arresto mayor a los que dieren gritos provocativos de rebelión o sedición, en cualquier reunión o manifestación o en lugar público, u ostentaren en los mismos sitios lemas o banderas que provocaren directamente a la alteración del orden público.

Por otro lado, la arbitrariedad de la legislación represiva franquista en esta materia es tal, que la policía y demás cuerpos terroristas de la administración pueden por su propia iniciativa imponer sanciones a los ciudadanos que osen reunirse o manifestarse para expresar de uno u otro modo su oposición a la dictadura franquista incluso sin llevar el caso ante los «tribunales». Según el apartado e) del art. segundo de la ley de orden público de treinta de julio de 1959, son actos contrarios al orden público:

Las manifestaciones y las reuniones públicas ilegales o que produzcan desórdenes o violencias y la celebración de espectáculos públicos en iguales circunstancias.

En virtud de dicha ley, las autoridades gubernamentales y administrativas y los diversos cuerpos terroristas del régimen pueden imponer a los ciudadanos que incurran en actos contrarios al orden público (incluyendo las reuniones y manifestaciones contrarias al régimen, cualquiera que sea, repetimos, su signo político determinado y su forma de celebración), multas que pueden llegar hasta 500.000 pts (medio millón de pesetas). El artículo 21 de la susodicha ley estipula que contra las sanciones gubernativas, sólo podrá el interesado interponer recurso «que tendrá el doble carácter de súplica ante la Autoridad que corrigió y de alzada ante el superior inmediato de aquella». Esto significa que no cabe la posibilidad de interponer varios recursos, en el caso de que el recurso de súplica sea desestimado. Por otro lado y de conformidad con el punto 4 del mencionado art. 21:

Para recurrir contra la imposición de una multa como sanción gubernativa se verificará previamente el depósito del tercio de su cuantía, salvo los casos de notoria incapacidad económica apreciada por la autoridad que sancionó.

En la práctica, la policía impone con frecuencia las multas más altas a los manifestantes pertenecientes a los medios de las clases trabajadoras más carentes de recursos, negándose, por supuesto, a «apreciar» su incapacidad económica. Tanto si no se interpone recurso como si éste es desestimado, el manifestante que no haya pagado la multa será encarcelado (sin necesidad de sentencia judicial alguna) por un período de hasta 30 días. De conformidad con esto, la administración puede decidir el encarcelamiento de un manifestante sin recurrir a la autoridad judicial. Todo lo contrario estipulaba la ley de 1933 (promulgada durante la segunda República) que remitía a la autoridad judicial civil la imposición de encarcelamientos sustitutorios de multas.

Estas facultades concedidas a las autoridades administrativas por la ley de Orden Público de 1959, les permite ampliar considerablemente el radio de la represión contra ciudadanos que participen en reuniones o manifestaciones de signo patriótico y antifascista sin necesidad de engrosar aún más el ya de por sí considerable número de sumarios políticos incoados por los tribunales de «Justicia». Es decir, les permite disimular y mantener en la sombra una parte considerable de la represión política.

En cuanto a la manera de disolver las manifestaciones (naturalmente no autorizadas) populares de carácter político o social el art. 14 de la ley de Orden Público estipula lo siguiente:

1. Cualquier reunión ilegal o manifestación no autorizada podrá ser disuelta por las fuerzas encargadas del mantenimiento del orden...
2. Cuando la manifestación revista carácter tumultuario, háyase o no autorizado aquélla legalmente, bastará un solo toque de atención para que proceda la fuerza pública a disolverla. No será necesaria tal intimación cuando hubiere sido atacada la fuerza por los manifestantes; pero no cabrá hacer fuego contra los perturbadores... sin haber dado antes un toque de atención...

Estos párrafos de la mencionada ley franquista permiten a las fuerzas terroristas del régimen perpetrar todo género de crueldades y brutalidad contra manifestaciones incluso pacíficas. El concepto de «tumultuarias» es totalmente discrecional e impreciso. En la práctica, como se sabe, la Guardia Civil y la Policía Armada utilizan estas atribuciones con tal saña y bestialidad que, no sólo provocan con frecuencia gran número de heridos entre los manifestantes sino también muertos. Así, por ejemplo, en la manifestación del 27 de octubre de 1967 en Madrid, el obrero metalúrgico Ignacio Pérez Soriano fue asesinado por la Guardia Civil a culatazos que le provocaron el desprendimiento de los pulmones. A finales de octubre de 1969, la Guardia Civil disparó contra los trabajadores que se manifestaban contra la contaminación atmosférica provocando la muerte de uno de ellos e hiriendo gravemente a varios, entre ellos Antonio Fernández Elorriaga.

Utilizando intensivamente todos estos recursos represivos a que la autorizan sus propias leyes y aun sobrepasándolos en muchos casos, la dictadura fascista y pro-norteamericana del verdugo Franco reprime sañudamente los actos de oposición al régimen por parte del pueblo español, consistentes en reuniones o manifestaciones de carácter político o social. Aun así, es rara la semana en que no tienen lugar en España manifestaciones populares de protesta o de lucha, fundamentalmente obreras y estudiantiles. Naturalmente el valor y la significación de tales manifestaciones bajo un régimen, como el franquista, con una legislación tan bestial y monstruosa en este campo como acabamos de ver, es infinitamente mayor que la significación de manifestaciones similares en otros países; revela un descontento y una decisión de lucha por parte de las amplias masas populares y patriotas mucho más extensos y firmes.

§5.- Ausencia total de libertad religiosa en España

El régimen fascista implantado en España a raíz de la «cruzada» es y ha sido siempre un régimen confesional-teocrático. En él ocupan altos cargos políticos los jerifaltes de la Iglesia romana, por el mero hecho de serlo. La religión católica es la oficial del Estado y las demás religiones están prohibidas unas y restringidas las demás. Además, el ateísmo está rigurosamente prohibido; es decir, que ni se tiene derecho a expresar públicamente ideas ateas y contrarias a las creencias o ritos religiosos, ni puede ningún ciudadano mantenerse en su vida jurídica al margen de cualquier confesión religiosa, sino que tan sólo puede escapar a la práctica obligada de los ritos propios de la Iglesia romana, en particular de aquellos más directamente vinculados con la vida civil (como el nacimiento y el matrimonio), cuando está adscrito a otra comunidad religiosa. Esta persecución contra los ateos, en lo que respecta tanto a la expresión de su modo de pensar como a su derecho a vivir y actuar con arreglo a sus ideas -respetando al mismo tiempo las de los demás- es particularmente grave en un país como España, donde una parte muy considerable de la población es atea y donde el ateísmo es la forma más frecuente de discrepar con la religión oficial del Estado.

Así pues, todos los ciudadanos españoles a menos que estén inscritos en los archivos de alguna asociación religiosa no católica (archivos que deben ser depositados obligatoriamente en el ministerio de «justicia») aceptada por el gobierno, se ven forzados a ajustarse a los ritos principales del catolicismo al nacer (bautismo), al contraer matrimonio, a asistir forzadamente a los actos religiosos católicos cuando están cumpliendo el servicio militar; y, asimismo, según lo estipulado con el concordato vaticano-franquista del 27 de agosto de 1.953, deben seguir los cursos obligatorios de enseñanza religiosa católica que se imparten en todos los centros docentes del país, sean públicos o privados. La no asistencia o la no aprobación de esa «asignatura» religiosa trae consigo el no poder continuar los estudios.

Para ocupar un cargo público o ingresar en un cuerpo de funcionarios del Estado es preciso ser católico. Y no sólo porque hay especiales disposiciones que así lo estipulan, sino porque para ser funcionario del Estado es preciso (de conformidad con la Ley del 19 de abril de 1.961, con el Decreto del 10 de agosto de 1.963 y con el Decreto del 6 de febrero de 1.964) jurar identificación con los «principios fundamentales del movimiento» y acatamiento a los mismos. Ahora bien, el punto II de dichos «principios» establece:

La nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la Ley de Dios según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional.

Ningún ciudadano que no sea católico puede, sin violentar gravemente su conciencia, jurar semejante principio. Por ello mismo todos los acatólicos están excluidos de la pertenencia a los cuerpos de funcionarios del Estado, y del ejercicio de cargos públicos.

Por otro lado y según la legislación yanqui-franquista en vigor está prohibida la expresión o difusión de ideas contrarias al dogma de la Iglesia romana. Por ejemplo, el artículo 6º del vigente concordato vaticano-franquista estipula:

En todos los centros docentes de cualquier orden y grado, sean estatales o no estatales, la enseñanza se ajustará a los principios del dogma y de la moral de la Iglesia Católica.
Los ordinarios [obispos que ejercen potestad en la diócesis respectiva] ejercerán libremente su misión de vigilancia sobre dichos centros docentes en lo que concierne a la pureza de la fe, las buenas costumbres y la educación religiosa. Los ordinarios podrán exigir que no sean permitidos o que sean retirados los libros, publicaciones y material de enseñanza contrarios al dogma y a la moral católica.

Y también los medios de difusión de masas deben ajustarse al dogma de la Iglesia romana, según lo estipula el art. 29 del susodicho Concordato:

El Estado cuidará de que en las instituciones y servicios de la opinión pública, en particular en los programas de radiodifusión y televisión, se dé el conveniente puesto a la exposición y defensa de la verdad religiosa, por medio de sacerdotes y religiosos....

Además, quien exprese en público ideas contrarias a la doctrina de la Iglesia romana puede ser llevado ante los tribunales y encarcelado, de conformidad con el artículo 209 del Código Penal que establece:

El que con ánimo deliberado hiciere escarnio de la Religión Católica, de palabra o por escrito, ultrajando públicamente sus dogmas, ritos o ceremonias, será castigado con la pena de prisión menor [hasta 6 años de encarcelamiento] si el hecho hubiere tenido lugar en las iglesias o con ocasión de los actos de culto, y con arresto mayor [hasta 6 meses de encarcelamiento] si el delito se hubiere cometido en otros sitios o sin ocasión de dichos actos.

Por otro lado, y pese a que recientemente la dictadura yanqui-franquista ha introducido en su legislación algunas declaraciones formalistas -que a nada o muy poco obligan- sobre una pretendida «libertad religiosa» (ya hemos visto que ésta es imposible con la actual legislación vigente), de hecho ni siquiera las comunidades cristianas no católicas gozan de tolerancia religiosa. Algunas de ellas están declaradas fuera de la ley, porque sus principios sociales no satisfacen a los gobernantes yanqui-franquistas. Otras, para funcionar, tienen que depositar -como ya hemos dicho- ante las oficinas gubernamentales un archivo de su miembros. Sus actividades docentes y sus ritos externos están sometidos a miles de restricciones y trabas y sujetos a la previa aprobación de los organismos administrativos facultados por el gobierno. Además -y sobre todo- les está prohibido ejercer proselitismo entre los católicos. Los católicos, por su lado, no tienen derecho a hacerse acatólicos o convertirse a otra religión: si han sido bautizados están obligados a ajustarse toda su vida a los ritos de la Iglesia romana. En diversas ocasiones -incluso después de la llamada ley de libertad religiosa- la policía ha detenido a los participantes en reuniones de carácter religioso de asociaciones no católicas, como por ejemplo el centro internacional evangélico gitano (sacerdotes de esa comunidad religiosa fueron detenidos en Madrid en octubre de 1.969 por dirigir una reunión de evangelización). En el servicio militar, en las escuelas públicas y en otras diversas ocasiones (como el servicio social de las mujeres) los creyentes y practicantes de religiones no católicas son víctimas de humillantes discriminaciones.

§6.- La ley de bandidaje y terrorismo, una medida particularmente bárbara y cruel de la represión yanqui-franqista

Pese a que la legislación «ordinaria» ya encierra disposiciones bestialmente represivas que suprimen totalmente la más mínima libertad o derecho en materia política, religiosa, filosófica etc. etc., el yanqui-franquismo ha llevado aún más lejos su salvaje política terrorista contra el pueblo español, dictando la monstruosa «ley» de bandidaje y terrorismo. Se trata, más exactamente, de un «decreto-ley», esto es, de una disposición con fuerza legislativa dictada unipersonalmente por el dictador Franco, tras «deliberación» del consejo de ministros por él designado, sin ni siquiera previa aprobación de las llamadas «Cortes de procuradores» (pese a que éstos son también en su totalidad directa o indirectamente nombrados por el gobierno, es decir, en última instancia por Franco). El decreto-ley sobre la represión del bandidaje y terrorismo fue dictado por el verdugo Franco el 21 de septiembre de 1.960. Ese decreto-ley asimila una serie de actividades políticas contrarias al régimen fascista (prácticamente todas las modalidades de oposición política) a «delitos de rebelión militar». Esto es particularmente monstruoso cuando emana de un régimen espurio y totalmente ilegítimo, como el franquista, cuyo origen es la sublevación militar contra un gobierno democrático y legal elegido por el pueblo por abrumadora mayoría. En realidad aquellos a quienes las «leyes» franquistas conceptúan como «rebeldes militares» son los que luchan por todos los medios por el restablecimiento de la legalidad republicana.

El artículo 2 del susodicho decreto-ley estipula:

Serán considerados reos del delito de rebelión militar, de acuerdo con el número 5 del artículo 286 del Código de Justicia Militar y penados conforme a lo dispuesto en ese Código:
1º.- Los que difundan noticias falsas o tendenciosas, con el fin de causar trastornos de orden público interior, conflictos internacionales o desprestigio del Estado, sus instituciones, gobierno, ejército o autoridades.
2º.- Los que por cualquier medio se unan, conspiren o tomen parte en reuniones, conferencias o manifestaciones, con los mismos fines expresados en el número anterior.
Podrán también tener tal carácter los plantes, huelgas, sabotajes y demás actos análogos cuando persigan un fin político o causen graves trastornos al orden público.

Como se ve, por si no existiera toda una serie de medidas represivas contra cualquier acto político contrario al régimen, ya sea de palabra, mediante manifestaciones o reuniones públicas, por la prensa, o en simples reuniones privadas, este monstruoso decreto-ley viene a englobar todas esas y cualesquiera otras actividades políticas de signo patriótico o democrático como «delitos de rebelión militar»; no escapan a tal denominación ni las conversaciones privadas («difundir noticias falsas o tendenciosas), ni siquiera las huelgas no políticas que «causen graves trastornos al orden público». Además todo este artículo está redactado con tal vaguedad e imprecisión que permite las más arbitrarias interpretaciones por parte de los tribunales militares de la dictadura yanqui-franquista, encargados de aplicar esta disposición. Así, por ejemplo, llaman la atención las expresiones «por cualquier medio», «demás actos análogos» etc. etc.

Por otro lado y en lo tocante a las penas prescritas para tales delitos (hablar contra el régimen en conversaciones privadas es uno de ellos), el mencionado art. 2 de la «Ley de bandidaje y terrorismo» nos remite, como hemos visto, al art. 286 del Código de Justicia Militar. Veamos, pues, lo que dice este último Código en los artículos siguientes al 286 sobre penas aplicables a los delitos conceptuados como de rebelión militar en el art. 286:

Artículo 287: Serán castigados con la pena de muerte el cabeza de la rebelión y el que tome el mando superior...
Artículo 288: Serán castigados con la pena de doce años y un día de reclusión a muerte, que el tribunal aplicará discrecionalmente, según la graduación y circunstancias de los culpables, quienes, no estando comprendidos en el artículo anterior, ejerzan mando no principal en las fuerzas rebeldes y los que formen parte de ellas como meros ejecutores
Artículo 289: Serán castigados con la pena de seis meses y un día de prisión a veinte años de reclusión los que, aun no estando unidos ni identificados con los rebeldes, realicen actos que impliquen ayuda a los mismos, cualesquiera que sean los móviles de su conducta».
Artículo 290: Serán castigados con la misma pena establecida en el artículo anterior los que provoquen o exciten a cometer el delito, aunque éste no se produzca y los que una vez cometidos hicieran la apología del mismo y de sus autores.

Todo esto es tan atroz y demencial que resulta difícil de comentar. Pero lo que más llama la atención es el artículo 289, en cuya virtud (y teniendo en cuenta qué es lo que el decreto-ley de 21 de septiembre de 1.960 entiende por «rebeldes») si los familiares o amigos de alguien que en una conversación privada haya «difundido una noticia falsa» o simplemente «tendenciosa» «con el fin de causar desprestigio» de alguna autoridad, lo «ayudan» de cualquier modo que sea, pueden ser condenados por ello a 20 años de reclusión.

Según el artículo 8º del mencionado decreto-ley, la jurisdicción militar será la competente para «juzgar» los actos reprimidos por esta disposición y ello, además, en consejo de guerra sumarísimo. Sólo en casos menos graves, la jurisdicción militar podrá inhibirse a favor de la ordinaria.

Como se dijo más arriba, este decreto-ley data de septiembre de 1.960, pero su contenido se remonta a mucho antes. El artículo 2º que es lo esencial del mismo estaba ya contenido en una Ley de 2 de marzo de 1.943, destinada a reprimir las actividades políticas de la resistencia antifascista, avivada por la reciente derrota alemana en Stalingrado.

El artículo 2º del decreto-ley yanqui-franquista del 21 de septiembre de 1960 fue derogado el 2 de diciembre de 1.963 (en un gesto demagógico tendente a hacer creer en una pretendida, inexistente e imposible «liberalización» del régimen). Sin embargo, por un Decreto-Ley del 16 de agosto de 1.968 se restableció plenamente en vigor dicho artículo 2 con lo cual sigue en vigor la totalidad de lo dispuesto en el decreto-ley de bandidaje y terrorismo de septiembre de 1.960.

El primar paso hacia la unidad nacional de España lo dan los Reyes Católicos, en la segunda mitad del siglo XV, que unen las Coronas de Castilla y Aragón, incorporándose más tarde Granada y Navarra. Sin embargo, aquella unión tenía un carácter superficial y no implicó en modo alguno un cambio en las estructuras políticas o jurídicas de los reinos peninsulares. Donde sí realizaron los Reyes Católicos una obra unificadora, pero de signo realmente opresor, fue en Galicia. Los Reyes Católicos se dedicaron sistemáticamente a destruir lo que había quedado de la unidad política de Galicia después de la unión de los reinos de Castilla y León; ocuparon militarmente Galicia con tropas castellanas; desplazaron sistemáticamente de todo cargo de responsabilidad en el territorio de Galicia a los propios gallegos y los sustituyeron por castellanos; llegaron incluso a privar a Galicia de su voto en las Cortes y a hacerla aparecer representada por Zamora.

La unidad de España como un Estado verdaderamente unificado es impedida todavía durante varios siglos por el régimen foral imperante en Aragón, Cataluña, Valencia, Baleares, Navarra y las provincias vascongadas, como asimismo por la ausencia de libertad de comercio entre las diversas regiones del país, por el privilegio concedido a Castilla (y más tarde centralizado en la Casa de Contratación de Sevilla) de comerciar con las Indias, en detrimento de los otros pueblos españoles, por la existencia de aduanas internas etc. Sin embargo empezaron a darse algunos pasos hacia una más efectiva unidad nacional. Voluntariamente -ya que no existía entonces ninguna ley que obligase a ello- se empezó a utilizar el castellano como lengua común en los diversos reinos de España, e incluso una parte de la literatura catalana, valenciana, etc. empieza a escribirse en castellano.NOTA 402

Los reyes de la casa de Austria (que reinó sobre nuestro país desde comienzos del siglo XVI hasta el final del siglo XVII), pese a su apego a las estructuras arcaicas y caducas y, por tanto, al sistema foral, no pudieron por menos de experimentar hasta cierto punto la necesidad de una unificación estatal efectiva del país. Los opresivos métodos burocrático-militares con los que la intentaron llevar a cabo en algunos aspectos (y, en general, sólo con fines de expoliación tributaria o de ocupación militar para intimidar y aplastar al pueblo o para llevar a cabo guerras contra otros monarcas europeos), provocaron el descontento y, en algunos momentos, la rebeldía de las masas populares. Por ello surgieron tumultos o insurrecciones populares en Aragón durante el reinado de Felipe II y en Cataluña y el País Vasco hacia 1.640, durante el reinado de Felipe IV.NOTA 403 Pero en lo esencial, los siglos XVI y XVII se caracterizaron en España por el mantenimiento casi íntegro del fraccionamiento feudal, que ha sido tan certeramente retratado por Marx: «Y como la monarquía absoluta encontró en España elementos que, por su misma naturaleza, repugnaban a la centralización, hizo todo lo que estaba en su poder para impedir el crecimiento de intereses comunes derivados de la división nacional del trabajo y de la multiplicidad de los intercambios internos, única base sobre la que se puede crear un sistema uniforme de administración y de aplicación de leyes generales... El despotismo cambiaba de carácter en las diversas provincias según la interpretación arbitraria que a las leyes generales daban virreyes y gobernadores; si bien el gobierno era despótico, no impidió que subsistiesen las provincias con sus diferentes leyes y costumbres, con diferentes monedas, con banderas militares de colores diferentes y con sus respectivos sistemas de contribución».NOTA 404

La oligarquía catalana fuerza a la monarquía borbónica a conceder a Cataluña la creación de la Mancomunidad de diputaciones provinciales, entidad coordinadora permanente que por lo demás carecía de atribuciones políticas, jurídicas o incluso simplemente administrativas que rebasaran el estrechísimo marco de las tareas propias de la administración local. A partir de su incorporación a las combinaciones gubernamentales de la monarquía, en 1.917, la Lliga abandona prácticamente la lucha por la autonomía catalana y se conforma con poder imponer la política económica del gobierno de Madrid, principalmente en materia aduanera (el arancel de Cambó) así como la política social ultrarreaccionaria que le interesa. Posteriormente, apoya incluso a Primo de Rivera cuando éste da su golpe de estado en septiembre de 1.923, pese a lo cual la dictadura primorriverista disolvió la mancomunidad. El apoyo de la Lliga al tambaleante trono de Alfonso XIII, tras la caída de Primo en 1930, se salda con un rotundo fracaso. La oligarquía catalana, en 1.931, forma ya parte de las fuerzas más negras de la reacción española.

En Euzkadi, como se ha dicho más arriba, el desarrollo capitalista industrial sólo adquiere auge en los últimos decenios del siglo pasado.

En los últimos tiempos de la monarquía se constituye en Barcelona el partido Acció Catalana, dirigido por Nicolau d'Olwer, representante de ciertos sectores de la burguesía media nacionalista. Posiciones más avanzadas tenían la organización pequeño-burguesa Estat Catalá, de Francisco Maciá y Jaime Ayguadé, así como el grupo que giraba en torno al periódico «L'Opinió», dirigido por Lluhí Vallescá. Lluis Companys por su lado había pasado a dirigir una importante organización sindical-campesina pequeño-burguesa, de carácter democrático-revolucionario: la Unió de Rabassaires, creada en 1.922. El grupo de «L'Opinió», junto con los restos del Partit Republicá Catalá y el «Estat Catalá» de Maciá se integró a comienzos de 1.931 en la Esquerra Republicana de Catalunya, cuyos máximos dirigentes eran Maciá, que falleció poco después, y Companys. Maciá había jugado un activo papel en la lucha contra la dictadura militar primorriverista, aunque con los típicos métodos burgueses del aventurerismo desligado de las masas. El 14 de abril de 1.931 Maciá proclamó la República en Cataluña, adelantándose al resto de España y preconizando la república federal, que sin embargo no llegó a verse realizada.

El ala más avanzada y revolucionaria del catalanismo pequeño-burgués de izquierda estuvo representada a partir de los últimos tiempos de la monarquía por la Unió Socialista de Cataluña, entre cuyos dirigentes se encontraban Rafael Campalans, Manuel Serra y Moret y Juan Comorera. La Unió Socialista se fusionó en julio de 1.936 con el Partit Comunista de Catalunya (la organización regional catalana del Partido Comunista de España), con la federación catalana del PSOE y con otro pequeño partido revolucionario, el Partit Catalá Proletari, para formar el Partit Socialista Unificat de Catalunya, que habría de jugar un importante papel durante nuestra guerra nacional revolucionaria contra el fascismo.

Por último, debemos mencionar al grupo formado por Dencás, denominado Estat Catalá (que no hay que confundir con la organización del mismo nombre que años atrás había sido formada por Maciá y que se había integrado en la Esquerra). El grupo de Dencás tenía innegables ribetes fascistizantes y propugnaba el separatismo total. Sobre Dencás se formularon en su tiempo una serie de acusaciones, basadas en los aspectos tenebrosos de su conducta política y en su furibundo antiobrerismo. Independientemente de si era o no un agente provocador, es posible que estuviera a sueldo de una potencia imperialista extranjera, deseosa de escindir a Cataluña del resto de España para anexionársela a su esfera de influencia. Este grupo dejó de existir en 1.934, a raíz de las jornadas revolucionarias de octubre.

El P.N.V. convocó en Guernica una reunión, pocos días después de la proclamación de la II República, y aprobó en ella un manifiesto en el que se hablaba del «restablecimiento de la Nación Vasca en la plenitud de su vida» «en nombre del Dios todopoderoso y del pueblo vizcaíno» «sobre la base del reconocimiento de la función trascendental de la familia y de la propiedad privada... con una intervención supletoria del poder público... Asimismo... garantizará a la Iglesia Católica como Corporación rectora de la religión de la mayoría de los vascos, la libertad e independencia en su esfera».

Todo esto no excluye en modo alguno que el P.N.V. ejerciese, como de hecho lo ejercía, una gran influencia en muy amplios sectores de la pequeña y media burguesía, tanto rural como urbana, e incluso en una parte de la clase obrera, a través de la organización sindical reformista Solidaridad de Trabajadores Vascos (STV). Precisamente la bandera del separatismo le servía a la oligarquía vasca -además de servir así los intereses de Inglaterra- para atizar el odio entre el pueblo vasco y los demás pueblos de España, entre el proletariado de Euzkadi que hablaba vascuence y el inmigrado y para mantener bajo su tutela política a una parte considerable de la pequeña y media burguesía. Naturalmente, la oligarquía vasca (que ha preferido siempre utilizar en la política a hombres de paja, en vez de encargarse ella directamente de las funciones políticas), además de manejar al P.N.V., apoyaba y subvencionaba también a la CEDA y a la Falange, con vistas a arrojar por la borda la verborrea nacionalista. si llegaba el caso de poder establecer un régimen fascista centralista, como así ocurrió años después.

Sin embargo, una parte de la burguesía media se decidió a marchar independientemente de la oligarquía vasca y formó el Partido de Acción Nacionalista Vasca, ala izquierda desgajada del P.N.V. Acción Nacionalista estaba encabezada por Tomás Bilbao Hospitalet y por Gonzalo Nardiz; el primero de ellos habría de formar parte en los últimos meses de nuestra guerra nacional revolucionaria del gobierno progresista encabezado por el Doctor Negrín. Acción Nacionalista se sumó desde los primeros momentos al Frente Popular, cosa que naturalmente no hizo el reaccionario P.N.V.

En cuanto al regionalismo gallego, éste estuvo representado durante la II República por los siguientes grupos:

1. La Federación Republicana Gallega, encabezada por Gerardo Abad Conde. Más tarde este grupo se integró en el Partido Radical de Lerroux, marchando así a la zaga de la oligarquía financiera.
2. La Organización Republicana Gallega Autonomista (ORGA) de don Santiago Casares Quiroga, que se integró más tarde en la Izquierda Republicana de Manuel Azaña, formando parte del ala derecha de este Partido. Casares Quiroga encabezó el gobierno del Frente Popular en Madrid, entre febrero y julio de 1.936, caracterizándose por su tendencia a la contemporización e incluso a la componenda con los reaccionarios y fascistas.
3. El Partido Nacionalista Gallego de Castelao, mucho más avanzado y popular, representaba a un sector más progresista de la pequeña burguesía y del campesinado gallegos.

También por esta época se manifiesta el regionalismo valenciano. De un lado se crea la Unión Republicana Autonomista de Valencia, que representaba los intereses de campesinos ricos y acomodados y de comerciantes e industriales no monopolistas.NOTA 405 En posiciones sociales más avanzadas estaba un grupo político de la pequeña burguesía regional: la Esquerra Valenciana, que formaría parte del Frente Popular al constituirse éste en 1.936.

En febrero de 1.934 el Parlamento catalán aprobó una Ley de Contratos de Cultivo en favor de los rabassaires (pequeños campesinos arrendatarios). Los terratenientes catalanes, protestaron y llevaron el asunto a Madrid. La reacción manipuló entonces al llamado Tribunal de «Garantías Constitucionales» (?) y éste en el mes de junio declaró «anticonstitucional» la ley en cuestión, lo que constituía ya por parte de las autoridades centrales una violación del Estatuto y demostraba cómo éste no ofrecía ninguna garantía efectiva a la autonomía catalana frente a los posibles abusos y arbitrariedades del poder central. El 12 de junio, los diputados catalanes en las Cortes, a excepción de los de la Lliga y de los radicales, abandonaron sus escaños en el Parlamento central. La cámara legislativa de Cataluña volvió a aprobar, por aclamación, la ley y toda la opinión popular la apoyó fervorosamente. Sin embargo, en el mes de septiembre, el titubeante gobierno pequeño-burgués de la Generalitat de Catalunya cedió en parte a las exigencias del gobierno de Lerroux y eliminó de la ley todos los preceptos que éste último consideraba «anticonstitucionales». No obstante, tampoco esto satisfizo a los intransigentes terratenientes catalanes, que se concentraron en Madrid el 9 de septiembre, a lo que replicaron los obreros madrileños con una unánime huelga general de 24 horas.

A raíz de octubre, el Estatuto catalán y todas las leyes aprobadas en virtud del mismo (como la de los Contratos de Cultivo) fueron suspendidos por el gobierno de Lerroux-Gil Robles. Companys y los consejeros de la Generalitat fueron condenados a treinta años de cárcel y encerrados en los penales de Puerto de Santa María y de Cartagena, de los que serían liberados por las masas populares a raíz del triunfo electoral del Frente Popular en febrero de 1.936.

En estas elecciones el Frente Popular obtuvo 4.838.449 votos, lo que significaba una ventaja de 322.198 votos con respecto al número de votos obtenido conjuntamente por todas las candidaturas de derechas y del centro, incluyendo entre éstas al P.N.V.NOTA 406 Al volverse a poner en vigor el Estatuto catalán, tras aquellas elecciones, salió elegido de nuevo el gobierno catalanista democrático de Companys. Y cuando se produce la sublevación fascista del 18 de julio, el gobierno de la Generalitat adopta una firme posición de activa lucha contra el fascismo, al lado del pueblo, en defensa de la República. El pueblo de Barcelona, armado esta vez por la Generalitat, aplastó rápidamente y con una indescriptible valentía la sublevación de las guarniciones militares al mando del general Batet.

La mayoría de las organizaciones nacionalistas burguesas o pequeño-burguesas se denominan actualmente «socialistas», «marxistas» e incluso, algunas de ellas, «marxistas-leninistas». Ello es enteramente explicable dado el auge ideológico del marxismo-leninismo en España y en el mundo, dada la bancarrota de las ideologías burguesas, dado el predominio numérico que en nuestro país ha alcanzado la clase obrera y el preponderante papel de ésta en la lucha popular, dado el deseo explicable de las fuerzas burguesas y pequeño-burguesas de llevar tras de sí al proletariado. Por otro lado, es defecto bastante extendido entre los grupos más radicales del nacionalismo burgués y pequeño-burgués la propensión al infantilismo de «izquierda» e incluso, en ciertos casos, su inclinación por ciertas influencias trotskistizantes. Ello es lógico, dado que el ultraizquierdismo se acomoda perfectamente a la concepción burguesa del mundo, que rechaza la dialéctica materialista y la solución dialéctica de los problemas. En vez de considerar la realidad social en toda su complejidad, con todas sus intrincadas contradicciones, el ultraizquierdismo burgués y pequeño-burgués pretende dar una solución «sencilla» e invariable, única para las diversas y complicadas situaciones sociales, y pretende, además, resolver todos los problemas «de golpe». Entre las manifestaciones de ese ultraizquierdismo podemos señalar el rechazo de la teoría marxista-leninista de las etapas de la revolución (y, por tanto, la confusión de la etapa actual con la etapa socialista de la revolución) y la propensión al aventurerismo, a través de acciones armadas esporádicas y desligadas de la acción de masas.

[Puntos programáticos del PCE (m-l)
aparentemente excluidos de la versión publicada]

2. Una vez que los pueblos catalán, vasco y gallego hayan manifestado libremente su voluntad de obtener la autonomía en el marco de la unidad federativa de los pueblos de España, habría que formular jurídicamente esa autonomía por medio de Estatutos que podrían inspirarse en algunos aspectos en los concedidos por la II República. El margen de autonomía no tendría por qué ser igual para todas las regiones autónomas, sino lógicamente mayor para aquellas que -como Cataluña y Euzkadi- tienen unas particularidades nacionales más acusadas. Podrían configurarse también como regiones autónomas incluso algunas que, aun careciendo de peculiaridades nacionales, tengan especiales características geográficas o económicas, como por ejemplo Canarias.

   [...]

5. Se establecerá una fórmula política de representación de las regiones autónomas, en cuanto tales, en la organización federativa del Estado, a fin de salvaguardar y garantizar las autonomías y derechos de esas regiones en contra de posibles abusos del poder central. Esa fórmula podría consistir por ejemplo en una Junta Interregional o Consejo de las nacionalidades de la República, en que la representación de las minorías nacionales sería superior a su proporción numérica en la población del país. Dicho organismo sería el encargado de zanjar todo conflicto de atribuciones entre el poder central y los gobiernos regionales autónomos.

6. Habría que garantizar también a las regiones autónomas el que en ningún caso pudieran ser reformados sus Estatutos ni restringida su autonomía sin el consentimiento de sus organismos gubernativos autónomos o de su población a través de referendum. Ello es una prolongación imprescindible del principio de autodeterminación.

7. Habrá que revisar los límites de las diversas provincias y regiones, con arreglo a la voluntad democrática y libremente expresada de los habitantes de las comarcas limítrofes. De esa manera podrá resolverse el problema de Navarra, algunas de cuyas comarcas pueden desear -a causa del predominio en ellas de la minoría nacional vasca- incorporarse a Euzkadi. Sobre este particular, Lenin decía:

   No cabe duda de que ni un solo demócrata resuelto... discutirá la necesidad de sustituir las viejas divisiones (provinciales) caducas por otras que respondan en lo posible a la composición nacional de la población.... Es necesaria una amplia autonomía regional y una amplia autonomía administrativa local plenamente democrática, al determinarse los límites de las regiones con mayor o menor autonomía, que no han de ser las fronteras de las actuales provincias, distritos, etc., sino a base de la apreciación por la propia población local de las condiciones económicas y de vida, de la composición nacional de la población etc.... La población local es la única que puede `apreciar' con la máxima exactitud todas estas condiciones y sobre esta base deberá basarse el Parlamento central del Estado al establecer las fronteras de las regiones autónomas y determinar los límites de la competencia de las dietas autónomas.NOTA 407

8. La República Popular Española deberá basarse en el principio de la autonomía y del autogobierno local y provincial; este principio deberá regir en todo el territorio nacional. Ello significa que los órganos populares de gobierno provincial deben tener poderes considerablemente más amplios que los de las actuales Diputaciones provinciales y deben ser los encargados de aplicar las disposiciones del gobierno central en sus respectivos territorios, lo que implica, por supuesto, la abolición de los gobernadores civiles y demás entidades y cargos similares. Los órganos populares de poder provincial y local deben ser elegidos democráticamente por los habitantes de la provincia y localidad respectivas, sin intervención alguna de un organismo de gobierno superior. De ese modo, el disfrute de la autonomía no será en modo alguno un privilegio de ciertas regiones, sino un principio general aplicable en todas las provincias españolas, basado en el centralismo democrático. El centralismo democrático no implica, en modo alguno, un Estado unitarista, sino que puede funcionar perfectamente en el marco de una República federativa como la que nuestro Partido preconiza. Lenin decía:

   El centralismo democrático no sólo no descarta la autonomía local, dentro de la autonomía de las regiones que se distinguen por sus especiales condiciones económicas y de vida, por una especial composición nacional de la población etc., sino que por el contrario reclama imperiosamente una y otras. ... Es evidente que no se puede concebir un Estado moderno verdaderamente democrático que no conceda semejante autonomía a toda región con peculiaridades económicas y de vida, en cierto grado sustanciales, con una determinada composición nacional de la población etc.NOTA 408

   Debemos demostrar a las masas que, como decía Lenin:

   Desde el punto de vista de la democracia... el reconocimiento del derecho a la separación disminuye el peligro de una `disociación del Estado'... Acusar a los partidarios de la autodeterminación, es decir, de la libertad de separación, de estimular el separatismo, es tan absurdo e hipócrita como acusar a los partidarios de la libertad de divorcio de estimular la destrucción de los lazos de familia....NOTA 409

Esto no excluye, por supuesto, el que se utilice, siempre que sea preciso, en la propaganda del Partido, en las octavillas de carácter regional o local, los idiomas regionales respectivos.

Estos dos errores son, sin duda, los dos últimos reductos de la influencia nacionalista pequeño-burguesa en Komunistak, pero no revisten, en absoluto, la gravedad de sus anteriores desviaciones. Por ello debemos saludar el paso adelante que han dado y ayudarlos a progresar, sin perder de vista que existen aún peligros de que se tuerzan, dado el origen pequeño-burgués de ese grupo.

1. Demuestra que nuestras posiciones sobre el problema de las nacionalidades, las de la Línea Política y el Programa y las más desarrolladas que se exponen en «Cuadernos marxistas-leninistas nº 1», son justas. La justeza de nuestras tesis es implícitamente reconocida por este grupo de revolucionarios, que, procedentes del nacionalismo, quieren acercarse al marxismo-leninismo. Naturalmente, para saber que nuestras posiciones son justas no necesitábamos esperar a que las hiciera suyas este grupo. Lo sabíamos ya, porque habíamos efectuado un análisis concreto y de acuerdo con el marxismo-leninismo, de la realidad de las diversas nacionalidades de nuestro país. Pero el hecho de que estos revolucionarios vengan a darnos la razón (y utilicen incluso en muchos aspectos las mismas palabras y los mismos argumentos) es una prueba suplementaria.
2. Demuestra, igualmente, lo incorrectas que eran las tesis nacionalistas pequeño-burguesas anteriormente sostenidas en Komunistak. Esto también lo sabíamos, pero ahora los propios revolucionarios de ese grupo lo reconocen así y se autocritican por su anterior política errónea y pequeño-burguesa. Por otra parte, el documento reconoce que Komunistak sigue siendo aún un grupo pequeño-burgués y que era una ilusión el haberse creído ya una organización proletaria. Así dicen en un pasaje del documento: «Ese salto cualitativo» «tras el cual el movimiento cambia de carácter de clase, dejando de ser un movimiento pequeño-burgués -por su ideología y su política- para pasar a convertirse en un movimiento alineado en las posiciones de clase del proletariado» «-en contra de lo que equivocadamente hemos venido creyendo- todavía no se ha producido». Así pues, aunque debemos reconocer sinceramente y sin sectarismo el gran paso adelante que han dado en su acercamiento a la Línea Política del Partido y al Partido mismo, sin embargo, y como ellos mismos lo reconocen, hay que tener en cuenta que aún están «penetrados por el pensamiento y la política de la burguesía nacionalista».
3. Demuestra también el papel de vanguardia desempeñado por el Partido en lo tocante al justo planteamiento del problema de las nacionalidades, al igual que en los demás aspectos. Ha sido nuestro Partido el primer movimiento político en España que ha planteado sin tapujos, claramente, con valentía, el problema de las nacionalidades. Hemos ido por delante, hemos cumplido con nuestro deber de vanguardia de abrir el camino y señalárselo a los demás. Nos alegra enormemente que tan rápidamente ese grupo de revolucionarios que se acercan al marxismo-leninismo hayan dado el gran paso adelante de hacer suyas las posiciones justas que nosotros hemos sido los primeros en formular.
4. Demuestra que la unidad, la verdadera unidad revolucionaria, no se construye haciendo concesiones de principio, traficando con los principios o dejando las cosas oscuras y ambiguas, para halagar o dar gusto a todos, sino planteando clara y valientemente los problemas, sobre una base de principios. Hay que saber decir la verdad, aun arriesgándose a que en un primer momento haya elementos pequeño-burgueses o influenciados por la mentalidad pequeño-burguesa que por incomprensión rechacen altivamente nuestras justas posiciones.

Ahora se abre una nueva etapa en nuestras relaciones con el grupo de Komunistak. En esta etapa nuestro objetivo es convencer a esos revolucionarios de que el Partido del proletariado español a escala nacional ya existe: es el Partido Comunista de España (m-l). Y que también existe ya la organización regional de Euzkadi del Partido y no se trata -como ellos lo plantean erróneamente en su documento- de que ellos «se transformen» en esa organización regional, sino de que vengan a engrosar sus filas. Por tanto, su deber, si de veras aspiran a ser marxistas-leninistas, es integrarse en el Partido.

En este trabajo debemos evitar el caer tanto en el sectarismo de «izquierda» como en el derechismo. En el primero caeríamos, de seguir considerándolos a estos revolucionarios igual que antes de la elaboración de este documento, o rechazarlos, o bien tratarlos con altanería. En el derechismo caeríamos si los quisiéramos equiparar al Partido, colocar a éste en un plano de igualdad con dicho grupo, sin ver la diferencia entre la vanguardia y los que, aun acercándose a ella, no forman parte todavía de la misma; caeríamos si en nuestro trabajo no nos propusiéramos firmemente el atraerlos a nuestras filas, sino que nos conformásemos con ayudarlos a «perfeccionar» su organización, sin tener en cuenta que sólo puede haber -salvo de modo muy pasajero- una verdadera organización marxista-leninista: el PC(m-l).

Es también muy importante, en nuestro trabajo con estos revolucionarios, el desenmascarar a todos los falsos y pretendidos marxistas-leninistas que intermitentemente surgen o deambulan por la escena política española, como por ejemplo el PCU trotskista (o los ya extinguidos grupos oportunistas-sin-principios, liquidacionista-provocador y otros).

Es preciso tomar contacto por todas partes donde sea posible con estos revolucionarios de Komunistak, tratarlos cordial y camaraderilmente, a la vez que y en los términos adecuados defendemos y les explicamos la justa tesis de que nuestro Partido es el Partido del proletariado de toda España y que tienen el honroso deber de venir a fortalecer y engrosar nuestras filas.

El Partido tiene ya experiencia en este tipo de trabajos, particularmente el efectuado con los camaradas que constituían el grupo «Unión de Comunistas Marxistas-Leninistas», que, tras un año de existencia en constante proceso de acercamiento al Partido, se ha integrado en él hace unas semanas, reforzando numéricamente la organización del Partido en algunos puntos del país.

Con vistas a la integración en el Partido de los revolucionarios de Komunistak, el trabajo que hay que efectuar en esa organización regional debe ser intenso, continuado, y debe inspirarse en las siguientes orientaciones:

1. No olvidar ni un segundo que el objetivo del trabajo no es ayudarlos a «mejorar» como grupo aparte. Ya que enarbolan la bandera del marxismo-leninismo-pensamiento de Mao Tsetung, dado que no puede haber diversas organizaciones marxistas leninistas que existan frente al Partido y en competencia con él, pues ello sembraría la división y la confusión y les haría el juego a los revisionistas, dado que además no tienen divergencias políticas de fondo con nuestra Línea Política, pues han aceptado prácticamente el contenido de la misma, es preciso esforzarse pacientemente por hacerles comprender la necesidad de su integración. Combatir -con paciencia y argumentos acertados- su error de entender la «unificación» como un proceso de fusión de diversas organizaciones en pie de igualdad.
2. Es preciso ser, a la vez que claros y firmes, afectuosos con esos revolucionarios, ayudarlos pacientemente a superar sus errores y a acercarse al Partido, y no desesperar por el hecho de que algunos de ellos puedan avanzar con lentitud o incluso porque haya algunos que den pasos atrás de momento.
3. Esforzarse en particular por ganar a aquellos de sus miembros que adopten posiciones más justas y que ejerzan mayor influencia y ascendiente sobre sus compañeros.
4. Hay que mantener con ellos, a nivel de base (aparte de los contactos, también necesarios, a nivel de dirección regional) un contacto en dos sentidos: teórico-político y práctico. Por un lado hay que celebrar reuniones y charlas de aclaración política, en los diversos terrenos de la L.P., el Programa y los Estatutos del Partido. Por otro lado hay que efectuar con ellos -siempre que sea posible- tareas prácticas, en las fábricas, en la Universidad etc.
5. Debemos procurar que participen lo antes posible en las organizaciones de masas revolucionarias, como la OSOE, la FEDE etc. Debemos coordinar con ellos el trabajo a efectuar en los comités de fábrica y en organismos más o menos parecidos en diversos campos.
6. Debemos mostrarles en la práctica nuestro estilo de trabajo, que debe estar desprendido de todo sectarismo, ser capaz de ligarse a las masas, a la vez que intrépido, dinámico, tenaz y perseverante. A este respecto, es muy necesario estudiar a fondo y repetidas veces la Resolución del III Pleno del C.C., pues contiene valiosas orientaciones para mejorar nuestro estilo de trabajo.
7. Es preciso también, en los distintos contactos y niveles, explicarles bien todo el proceso de reconstitución del Partido (iniciado con la formación de los grupos marxistas-leninistas en 1.963-64 y culminado -tras la unificación de esos cuatro grupos el 4 de octubre de 1.964- el 17 de diciembre de ese año, en el I Pleno (ampliado) del C.C., que revistió en realidad el carácter de un Congreso). Es muy importante que comprendan que el PCE(m-l) se ha reconstituido sobre la base de la unidad de todos los grupos marxistas-leninistas, de todos aquellos que enarbolaban la bandera del marxismo-leninismo-pensamiento de Mao Tsetung en aquel momento (aparte del minúsculo puñado de oportunistas-sin-principios que fueron expulsados de nuestras filas en aquel I Pleno y que, posteriormente, realizaron durante algún tiempo actividades de provocación y de zapa contra el Partido). Además, hay que explicarles el ulterior proceso de construcción orgánica del Partido (ver Revolución Española nº 4 y la Introducción de los Estatutos) y nuestra lucha interna contra las tendencias oportunistas de derecha e «izquierda». Hay que explicarles bien toda nuestra concepción de lo que es el Partido del proletariado, sobre el trabajo de organización.
8. Es conveniente tratar -con tacto y cuando se vea ocasión oportuna- de que repartan Vanguardia Obrera (al parecer algunos de ellos han pedido ya hacerlo) e irlos ligando así a la actividad del Partido propiamente dicha. Naturalmente no es en modo alguno posible el hacer nosotros otro tanto con sus materiales, pues ellos mismos reconocen que están plagados (los que hasta ahora han publicado) de tesis pequeño-burguesas y, además, sería equiparar y poner en el mismo plano a la vanguardia proletaria y a lo que no pasa de ser un grupo revolucionario de origen pequeño-burgués que se está aproximando al marxismo-leninismo y a la política de esa vanguardia proletaria.

0. Introducción
1. La dominacion del imperialismo yanqui sobre España
2. Si España no decide el problema de su independencia, no puede decidir ningún otro problema
3. Qué hay que entender por independencia
4. ¿Es la lucha por la independencia una tarea de todos los españoles?
5. ¿Primero un enemigo y luego el otro?
6. La democracia popular, forma política del nuevo poder de la España liberada
7. La tradición de lucha patriótica de nuestro pueblo
8. Condiciones para la elevación de la lucha antiyanqui de liberación nacional

§0.- Introducción

Un pueblo oprimido no puede liberarse si no posee, en primer lugar, una conciencia patriótica. Sin preparación política de las clases objetivamente revolucionarias de una sociedad, éstas no pueden llevar a cabo la destrucción del poder contrarrevolucionario y la instauración de su propio poder: la política lo decide todo.

La politización del pueblo es el requisito imprescindible para todo cambio a su favor.

Habiendo perdido el franquismo en los últimos años el pequeño crédito que aún mantenía entre reducidos sectores y creciendo constantemente en nuestro pueblo el odio al invasor norteamericano, la lucha entre el yanqui-franquismo y el pueblo español se juega actualmente en estos términos: o el pueblo español profundiza su lucha en la dirección actual y barre al franquismo y a su amo yanqui, o éstos extienden su dominio a un nuevo periodo más o menos prolongado, mediante una nueva política que, bajo ropaje muy poco diferente al franquista, ofrece al pueblo español: el neo-franquismo.

Dar conciencia al pueblo sobre el fundamento de esta política y desenmascarar a los falsos amigos que se caracterizan por su pretensión de encubrir ese intento de la oligarquía pro-yanqui, son las tareas de las fuerzas patrióticas y democráticas en la presente fase de la lucha del pueblo español.

§1.- La dominación del imperialismo yanqui sobre España

La España de hoy es, cualitativamente, la misma que salió de la guerra nacional de resistencia del pueblo español contra el nazi-fascismo en los años 1936-1939. A este respecto, el Programa aprobado en el V Congreso del Partido, en 1954, decía:

Llegado al poder con la ayuda de las bayonetas extranjeras, el franquismo no podía mantenerse en él sin apoyo del exterior. Al perfilarse la derrota de la Alemania hitleriana, Franco buscó la ayuda del imperialismo más rapaz y agresivo del mundo capitalista, el imperialismo yanqui, que ya había jugado un papel importante en la instalación del régimen franquista.

Y un año antes, en ocasión de la firma del Tratado yanqui-franquista de septiembre de 1953, nuestro Partido decía en su manifiesto de octubre:

En esta hora grave para España, la disyuntiva es clara: ser esclavos de los yanquis o vivir con dignidad de hombres libres en una Patria libre e independiente... Vivir bajo la ignominia del oscurantismo inquisitorial u obtener la libertad y el derecho a regir nuestros propios destinos.

¿Ha desaparecido desde entonces el factor que ponía al pueblo español ante tal disyuntiva? ¿Ha cesado la penetración del capital yanqui? ¿Se ha cancelado el pacto que consumaba el proceso de la traición? Las tropas invasoras ¿han evacuado nuestro territorio y han sido desmanteladas las bases agresoras?

En el plano militar la apertura y utilización de instalaciones militares por parte del imperialismo yanqui y el aumento de sus tropas de ocupación han crecido a ritmo más acelerado.

La 65 División de la U.S.A.F., con unos efectivos superiores a los 15.000, campa íntegramente en nuestro territorio. Cifras aún no evaluadas de tropas de mar y tierra se hallan estacionadas igualmente en nuestro país.

En cuanto a instalaciones militares bajo control yanqui, hay que elevar a treinta el número, entre las que sobresalen tres de importancia estratégica decisiva: Rota (Cádiz), Torrejón (Madrid) y Morón (Sevilla).

En el aspecto económico el control de los imperialistas yanquis sobre nuestras riquezas es ya decisivo y no cesa de aumentar. Vanguardia Obrera, órgano central de nuestro Partido, lleva a cabo una labor constante de denuncia de la penetración yanqui en nuestro país, facilitando toda una serie de datos de suma importancia. Baste recordar aquí una pequeña lista indicativa de las principales empresas bajo dominio yanqui: Finanzas Internacionales (Bancos Exterior, Urquijo y Fierro), BANDESCO, PROMISA, Intercontinental, Comercial para América, UNINSA, Río Tinto, Altos Hornos de Vizcaya, Iberduero, CAMPSA, REPESA, SNIACE, Fibra-Color, Unión Española de Explosivos, PROQUIBER, Dow-Unquinesa, Alcan-ALUMINIO, Ferroaleaciones y Electrometales S.A., Maquinista Terrestre y Marítima; Babckock, General Eléctrica, Standard, Manufacturas Metálicas Madrileñas, Motor Ibérica, Barreiros, Perkins, Firestone, Alas Publicidad, Ruescas, PRYCAS, SARMA...

La invasión cultural es otro aspecto a través del cual el imperialismo yanqui acentúa su dominio sobre nuestro pueblo. (Fijémonos en la importancia de este hecho, comparándolo con la Gran Revolución Cultural que el Partido Comunista y el Gobierno chinos se ven obligados a llevar a cabo para progresar en la construcción socialista, a la cual se oponen ideas, costumbres, hábitos de la vieja sociedad y que un puñado de privilegiados trata de defender sistemáticamente, esto es, haciendo de ello una política antisocialista).

No sólo la pantalla cinematográfica ha sido y es coto privilegiado de las películas yanquis después de la guerra, sino que también la televisión se ha visto desde sus comienzos acaparada por «telefilms» yanquis tales como «Los Incorruptibles», «Bonanza», «El Fugitivo», «Embrujada«, «Dick van Dick», «Los Picapiedra», etc. Además dibujos animados, biografías de pequeños y «grandes» personajes, reportajes sobre instituciones, poderío económico, militar; etc. Todo puesto al servicio del endiosamiento del American Way of Life (modo de vida americano), de su poderío económico y técnico y de sus «hazañas» por el mundo «en defensa de la libertad».

Utilizan los invasores yanquis todos los medios para fortalecer su dominio, desde la compra de intelectuales, los «intercambios» de bolsas estudiantiles, procedimientos administrativos y comerciales yanquis; en fin utilizan todos, absolutamente todos los resortes imaginables. Y entre ellos -y no el más despreciable- su doblaje del aparato de espionaje franquista, realizado -como los hechos de la CIA demuestran en todo el mundo- para el control, corrupción, represión y asesinato de dirigentes demócratas y patriotas.

§2.- Si España no decide el problema de su independencia, no puede decidir ningún otro problema

El hecho de ser España una nación política, económica y militarmente dependiente del imperialismo yanqui e invadida por su máquina de guerra y represión condiciona la política de todos y cada uno de los sectores sociales y organizaciones políticas que los representan. Los proyectos políticos que, por parte del pueblo no estén encaminados en primer lugar a reconquistar la independencia y soberanía nacionales, han de inscribirse dentro de los límites marcados por el imperialismo yanqui. Toda política que no pretenda superar esos límites es, de hecho, una política antipatriótica, sin más distinción -aunque evidentemente secundaria- que la existente entre agentes directos y colaboradores del ocupante.

Puede medirse, en consecuencia, la naturaleza de una política y la madurez de la organización que la defiende, por la valoración que, como punto previo a todo programa, hace de la lucha contra el imperialismo yanqui, por la independencia nacional, y los medios que postula para acabar con el obstáculo primordial que éste representa.

Como hecho objetivo que es, la dominación del imperialismo yanqui sobre España no deja de levantar resistencias, oposiciones y enfrentamientos entre los patriotas de todas las ideologías y de toda obediencia política. Choques continuos, más o menos intensos, no han dejado de producirse en nuestra Patria. El odio al invasor americano es mucho más fuerte de lo que señalan ciertos observadores superficiales cuando no interesados.

Sin deseo de herir legítimos orgullos -más bien para estimularlos- hay que señalar que, hasta el presente, ninguna organización patriótica -exceptuado nuestro Partido- tiene emprendida una labor sistemática de denuncia del ocupante y de azuzamiento del odio contra él. Menos aún se encuentra, fuera de nuestro Partido, una organización que haya inscrito en el lugar del enemigo principal de nuestro país al imperialismo yanqui.

Denuncias aisladas e inconsecuentes pueden encontrarse en diversas organizaciones políticas y de masas; inconvenientes éstos que no impiden -alegrémonos- que sean bastante intensas.

Parte sustancial de nuestra labor [está] encaminada a alentar a esas organizaciones y a criticar fraternalmente -como compatriotas- lo que a nuestro juicio constituyen posturas inconsecuentes u oportunistas.

Ese proceso por elevar a primer rango la lucha por la independencia de España contra el imperialismo yanqui es el crisol en el cual han de perfilarse y revelarse al fin la íntima naturaleza de todas las organizaciones que pretendan que el pueblo español rija sus propios destinos.

Ésa es la línea divisoria entre patriotas, de un lado, y agentes y lacayos del ocupante, por otro.

§3.- Qué hay que entender por independencia

Prácticamente desaparecido el colonialismo decimonónico, las nuevas formas coloniales -llamadas neocolonialismo- no por ser diferentes en la apariencia dejan de representar el hecho colonial: una situación en virtud de la cual la mayor parte de los pueblos y naciones del mundo están explotados por un puñado de grandes potencias y, en primer lugar, por el imperialismo yanqui.

La base sobre la que reposa el colonialismo -viejo y nuevo- es la supeditación económica (supeditación que es lo opuesto al intercambio o colaboración, progresivos, imprescindibles en el mundo de hoy que marcha aceleradamente hacia su integración -integración que, por otra parte, no es posible más que bajo un sistema socialista mundial).

Las dos condiciones para que pueda considerarse independiente una nación son:

1. Controlar sus propios recursos económicos.
2. Basarse en sus propias fuerzas en el curso de su desarrollo como nación independiente.

Porque, en rigor, no basta para tener existencia como nación independiente el que no ondee bandera extranjera en el territorio nacional, ni se sufra la presencia de tropa y administración extranjeras; ésas eran las formas del viejo colonialismo. No basta tampoco con que las riquezas del país estén en manos nacionales. Tres puntos esenciales matizan y completan las dos condiciones de independencia nacional antes expresadas:

1. Producir lo fundamental de la economía nacional basándose en los propios recursos. Esto es, evitar la especialización excesiva y no restringir el comercio exterior a un número limitado de países.
2. Disponer de un programa propio de investigación científica y desarrollo de una técnica independientes.
3. Derivada de la técnica propia, producción nacional de la parte esencial del material militar destinado a la defensa.

Si comparásemos la parte del presupuesto del Estado yanqui-franquista dedicado a la investigación con el volumen total del presupuesto y examinásemos cuántas patentes técnicas de las empleadas en la industria «española» son de origen nacional, obtendríamos dos índices suficientes para verificar lo precario de la independencia de nuestro país, si es que no hemos percibido antes manifestaciones más evidentes, como son la propiedad directa del imperialismo yanqui sobre los sectores sustanciales de nuestra economía y la presencia de sus tropas y bases agresivas en nuestro suelo. Preludio, todo ello, de un incremento acelerado de sus efectivos y una intervención directa contra el pueblo español a medida que éste eleve el nivel de lucha para arrojarle del territorio nacional y recuperar su independencia, como en Vietnam hoy.

Y no es que el imperialismo yanqui necesite acuerdos previos con su lacayo franquista, pero resulta además que ya en la prórroga de sus ignominiosos acuerdos (1963), hay una cláusula que especifica su «derecho» a reprimir al pueblo español en lucha por su independencia.

Vemos, pues, en qué consiste una independencia auténtica y en qué una independencia ficticia (esto es, dependencia real también). Vemos, también, qué condiciones se requieren para gozar de una independencia total y en qué medida puede atentarse contra ella.

En nuestro país no precisamos ningún calibrador para apreciar debidamente los límites de dependencia e independencia que nos corresponde: la independencia española es inexistente. Está muerta a manos del imperialismo yanqui y de manos de él hay que rescatarla para que resucite.

§4.- ¿Es la lucha por la independencia una tarea de todos los españoles?

Cuando una potencia extranjera invade un país «de su propia iniciativa» (para utilizar la expresión del falso patriota Santiago Carrillo) todas las clases pueden unirse para conjurar el peligro. En una condición tal, la población entera es patriótica (excluidos, cae por su peso, casos aislados de colaboración). Pero cuando una potencia extranjera es llamada a invadir un país por un sector «nacional» que le abre las puertas y se pone a su servicio a cambio de un reparto proporcional del botín, es evidente que tal sector traidor no puede ser llamado patriota. El autor de la venta de nuestra patria a los imperialistas norteamericanos tiene un nombre: franquismo. Éste es un traidor que ha de ser combatido por los patriotas junto al invasor, del que es socio y agente en la tarea de explotar al pueblo español.

Pero es imprescindible precisar el contenido del franquismo. El franquismo (y el neo-franquismo) no es «una» política de la oligarquía financiera y terrateniente, es «su» política, su ideología íntegra y exclusiva.

No es, como vemos, labor de todos los españoles el reconquistar la independencia patria. Hay un enemigo interior; mejor dicho un agente del enemigo principal en el interior de la población española que es preciso eliminar en el mismo acto y a través de la misma lucha.

Hay, después, enemigos secundarios del pueblo español. Enemigos con los que sólo será posible concertar una alianza en determinadas circunstancias de la lucha, en aplicación de la justa política de aislar al máximo al enemigo principal. Su carácter de clase les hace ser extraordinariamente vacilantes. Son sectores de la burguesía media -y alguna capa de la pequeña burguesía explotadora- que, sometidos hasta cierto punto a la influencia de la dictadura yanqui-franquista, acaparan a su vez parte de la plusvalía producida por la clase obrera y una parte del producto del trabajo de otras capas trabajadoras. Por ello, aun no poseyendo los mismos intereses de la oligarquía antinacional y no estando vendidos al imperialismo yanqui, sienten una desconfianza extrema e incurable hacia el pueblo. Por una parte ponen al pueblo español a su servicio mediante posiciones demagógicas para presionar al yanqui-franquismo y disputarle una tajada mayor del botín. Por otra, no se atreven a llevar muy lejos este juego planteando su contradicción con la oligarquía de una manera aguda, por su temor irreprimible hacia el pueblo.

Con esas capas intermedias, en la fase actual, no caben más que acuerdos tácticos pasajeros. Sólo más adelante, cuando se haya afirmado el poderío de la clase obrera, cuando se haya establecido una sólida alianza obrero-campesina y la clase obrera se haya atraído a las capas trabajadoras no proletarias de la ciudad, sólo entonces cabrá atraer a las capas superiores de la pequeña burguesía y a algunos sectores, incluso, de la burguesía media a participar, bajo la dirección del proletariado, en el Frente Democrático Nacional Revolucionario, a empuñar las armas para arrojar de nuestro país a las tropas invasoras del imperialismo yanqui.

§5.- ¿Primero un enemigo y luego el otro?

Falsos patriotas y demócratas, como los revisionistas modernos, encabezados por el equipo de Carrillo, llevan su oportunismo hasta el extremo de «ignorar» la existencia del dominio del imperialismo yanqui sobre nuestro país. Pero, aparte de estos sectores -que hacen el juego al enemigo de una manera sistemática, consustancial a su política- hay sectores del pueblo que, sintiendo la dominación del imperialismo yanqui sobre España, vacilan enormemente en su denuncia cabal y firme. Ven tan poderoso al enemigo y desconfían en mayor o menor grado de las posibilidades de derrotarlo completamente, que no se atreven a combatirlo resuelta y consecuentemente. Se adormecen alumbrando tácticas «sutiles» que tienen la virtud de dejar al enemigo intacto y a ellos desesperados. Supervaloran al enemigo y desconfían de las fuerzas del pueblo.

Ilusión frecuente es la de valorar el dominio de los imperialistas norteamericanos sobre nuestro país en grado mucho menor al real. De ahí deducen que es posible luchar contra la oligarquía sin que intervenga su amo. En el mejor caso piensan que es posible neutralizar temporalmente al invasor y «arreglarle las cuentas en su momento». Tales tácticas son falsas por serlo la premisa en que se basan.

Y aun si, en cierta medida, existiera una efectiva independencia del franquismo respecto a su protector, el interés de ambos contra el pueblo español no deja lugar a ensoñaciones sobre posibles disidencias tácticas entre ellos. Ni aun en tal caso existiría base para llevar a término una política de neutralización cualquiera. El interés común es disfrazar lo más posible la dominación y la intervención directa yanqui (como ha hecho en la primera fase de su guerra de agresión contra el pueblo vietnamita), con el fin de introducir en el seno del pueblo un elemento de confusión y división. Pero, si el pueblo ve más allá de las apariencias, a medida que vaya siendo debilitado el aparato de represión indígena, aparecerá, descarnada, la intervención masiva de los imperialistas yanquis.

Cierto órgano democrático y patriótico del exilio defendía una variante de la táctica de «neutralización» del imperialismo norteamericano, exponiendo la conveniencia de «no gritar a destiempo contra el imperialismo yanqui, pues habrá de llegar el momento de poner el deseo en ejecución». En su opinión hay que gritar solamente contra el franquismo.

Para nuestro criterio una actitud que considera necesario hacer llamamientos para luchar contra el franquismo, y que queriendo luchar también contra su amo yanqui, estima que para esta lucha no es preciso hacer llamamiento alguno, hay que calificarla como oportunista, fruto de una desconfianza en las fuerzas patrióticas.

Si alguna distinción cabe hacer a la hora de valorar la naturaleza de la alianza yanqui-franquista, no es en establecer un cierto grado de independencia entre ambos, sino la apreciación de cuál de los dos es más peligroso. Y no cabe duda que la «elección» recae sobre el imperialismo yanqui, pues [es] la metrópoli norteamericana la que sostiene la agresión y la continuará, mucho más tiempo de lo que las tropas fantoches den de sí.

Resumiendo: el yanqui-franquismo es un solo enemigo que tiene su base principal muy lejos de nuestras fronteras. Este enemigo es muy poderoso. Hay que instruir al pueblo muy claramente en estas características del adversario y el carácter prolongado que la lucha revestirá, si en el transcurso de la acción conjugada de los pueblos oprimidos por el enemigo común no dan con él por tierra.

En la medida que los sectores más conscientes del proletariado y del campesinado pobre encabecen las acciones parciales e infundan confianza a los otros sectores patrióticos, el nivel general de la lucha subirá e irá desapareciendo, en buena parte, el carácter vacilante de las otras fuerzas patrióticas.

§6.- La democracia popular, forma política del nuevo poder de la España liberada

El poder que se instaure en la España liberada será el mismo, claro está, que se haya ido constituyendo a través de la lucha.y gracias al cual se obtendrá la victoria sobre los invasores yanquis y sus agentes internos. Será una democracia para las clases patrióticas. (Estas fuerzas patrióticas son a las que llamamos pueblo). El imperialismo yanqui será arrojado del país y las propiedades robadas por él al pueblo español le serán devueltas. La oligarquía interna será igualmente expropiada y privada de derechos políticos. La dictadura, que antes ejercía el yanqui-franquismo sobre el pueblo, la ejercerá el pueblo sobre los restos de la oligarquía... hasta que ésta se extinga. La confiscación de los bienes de la oligarquía antipatriótica y los que están en manos de los monopolistas yanquis pasarán a ser, en su mayoría, propiedad de todo el pueblo. Esto es, al mismo tiempo que se realizan las transformaciones de la revolución democrática pendientes, se instaurará un fuerte sector socialista. Sector que, así como permitía a la oligarquía proimperialista la dominación política exclusiva, dará al proletariado la hegemonía en el poder común de las clases populares que hayan participado en la revolución y hayan devuelto a España su independencia.

Esta posición social del proletariado español, que le convierte en la única clase capaz de ofrecer la alternativa al poder de la oligarquía mediante su conversión en propiedad colectiva de todo el pueblo, le marca desde el principio como único capaz de llevar la iniciativa de la lucha y, de hecho, dirigirla.

No es por casualidad que nuestro Partido, destacamento avanzado de la clase obrera, sea quien únicamente hasta hoy defienda sistemática y consecuentemente la idea de todo el proceso revolucionario y su carácter neta y fundamentalmente anti-imperialista, por la liberación de la patria del yugo norteamericano.

§7.- La tradición de lucha patriótica de nuestro pueblo

Nuestro pueblo, es bien sabido, posee una riquísima tradición de lucha por mantener su independencia. De toda esa tradición -y más particularmente de sus dos últimas experiencias- hay que inspirarse para extraer orientaciones y alimentar a todo el pueblo en el ejemplo de sus antepasados y en su deber cara a las generaciones futuras y aun en el deber hacia su propia generación si desea vivir en su propio país, con arreglo a las leyes y propósitos que ella misma se dé.

Los seis años le la Guerra de Independencia contra las tropas invasoras de la Francia napoleónica (1808-1814) son ricos por el despliegue de la iniciativa popular que, ante la renuncia de la monarquía, supo levantarse en cada pueblo a través de Juntas por la independencia. Regiones enteras, cada una por su parte, negaban autoridad a las jerarquías monárquicas que colaboraban con el invasor, y llevaban esta negativa hasta la ejecución de los traidores. Un pueblo que tiene que empezar desde cero su resistencia al invasor más potente de la época, consigue derrotarlo y expulsarlo del territorio patrio. La victoria fue un fruto exclusivo del pueblo. Sus figuras más típicas, los jefes guerrilleros surgidos de las entrañas del pueblo.

Esta diferente participación de la población española en la lucha por la independencia no se saldó por un cambio en la estructuración del poder tras la guerra. Las clases reaccionarias siguieron ocupándolo y se perdió la oportunidad de llevar a cabo la revolución democrático-burguesa. La razón -como más tarde observó Marx- fue que «en las guerrillas había actos sin ideas; en las Cortes (liberales), ideas sin actos».

La revolución de 1936-1939 ha tenido también el carácter de una lucha de liberación nacional contra la intromisión del imperialismo exterior. La oligarquía financiera y terrateniente ha sacrificado siempre los intereses nacionales en aras de la salvaguardia de su poder reaccionario; nunca ha titubeado en transformar a España en un país vasallo de las grandes potencias imperialistas a cambio del apoyo de éstas a su opresión de clase contra nuestro pueblo. Uno de los casos más infames de esta política antinacional ha sido la confabulación de los fascistas españoles con la Alemania nazi y la Italia fascista para derrotar a la República Española en 1936-1939. Esa confabulación confirió a nuestra guerra el carácter de Guerra Nacional Revolucionaria, nombre con el que frecuentemente se la designa entre nosotros. El carácter nacional y patriótico de la guerra antifascista de nuestro pueblo se fue acentuando a medida que se incrementaba la intromisión de las potencias fascistas en nuestro país.

En ese periodo, el más trágico y el más grandioso de la historia de nuestro Partido y, tal vez, de la historia de España, el P.C.E. logró grandes éxitos en la aplicación del programa de revolución nacional y democrática. Forjó el Frente Popular e impuso en el mismo un Gobierno en el que el proletariado desempeñaba un papel determinante. Levantó un aparato estatal de nuevo tipo, salido del pueblo y servidor de sus intereses. Llevó a cabo una serie de transformaciones democráticas, como la reforma agraria (de acuerdo con la cual se entregó a las masas trabajadoras del campo más de cinco millones de hectáreas incautadas a los terratenientes), el control obrero sobre la producción y la reforma democrática de la enseñanza. Así surgió durante la guerra en la zona republicana un nuevo poder: una dictadura democrático-revolucionaria contra los financieros y los terratenientes, en la que participaban -junto a la clase obrera, que ejercía la influencia predominante- el campesinado pobre y pequeño y la pequeña burguesía de la ciudad y del campo y sectores de la burguesía media. Al subrayar con fuerza el carácter patriótico de la lucha, nuestro Partido pudo consolidar la alianza obrero-campesina y atraer a la pequeña burguesía de la ciudad y capas medias del campo, más decididamente, a la defensa de la República.

Como hemos dicho, el Partido subrayó el carácter nacional y patriótico de la guerra popular antifascista, sobre todo en el último período de la misma, en el que la España franquista se había transformado en una semicolonia de Alemania e Italia. A partir del Pleno del Comité Central de mayo de 1938, el Partido levantó la bandera de la «Unión Nacional para la salvación de España». Nuestro Secretario General, camarada José Díaz, decía que la independencia nacional es la base de todo progreso social.

El primer manifiesto del segundo Gobierno presidido por Negrín, Gobierno en el que nuestro Partido ejercía la influencia predominante (este manifiesto fue denominado «los Trece Puntos de la Guerra» y constituyó el programa de movilización de las masas durante el último año de la misma) estaba encabezado por el punto siguiente:

Mantenimiento de la independencia e integridad de España y liberación del territorio de la República de sus invasores.

§8.- Condiciones para la elevación de la lucha antiyanqui de liberación nacional

La tarea primera para el triunfo de un Partido «de futuro» es, como decía Lenin, la de lograr «convencer a la mayoría del pueblo de la justeza de su Programa, y de su táctica».

Sin unificar al pueblo español en torno a la necesidad de reconquistar la independencia patria, como premisa para su programa de reconstrucción nacional, y sin aunar voluntades en el camino a seguir para ello, no cabe movimiento ordenado del pueblo español y todo se resolverá en fuerzas dislocadas que no afectarán el status dominante del yanqui-franquismo.

La vía para llegar a ese convencimiento del pueblo pasa por el aliento continuo a las fuerzas patrióticas dentro de sus desmayos y desorientaciones y la denuncia continua de la naturaleza verdadera del enemigo a través de cuantas caretas utilice para enmascararse.

Anteriormente hemos expuesto que existen capas intermedias que en determinados momentos de la lucha exigen centrar en ellas el golpe fundamental de la lucha ideológica, a fin de arrebatar ante el pueblo la máscara que aún le cubre merced al apoyo de esas capas. Capas sociales que, si bien tienen interés en «incitar» al pueblo a luchar a fin de conseguir un cierto desplazamiento de poderes en su favor, tienen más interés aún en que la lucha no supere los estrechos límites de un reformismo estricto.

En esas capas logra penetrar fácilmente la influencia del imperialismo y de la oligarquía, sobre todo a través del revisionismo jruschovista, encabezado en nuestro país por Santiago Carrillo.

Aunque Carrillo es el introductor de la influencia política del imperialismo y de la oligarquía también entre la clase obrera, lo cierto es que las capas sociales más influenciables por su ideología revisionista son -aparte de la minoría de los obreros mejor pagados en algunas zonas del país- los estratos superiores de la pequeña y media burguesía. Ello se hace ver en la composición de clase del partido revisionista, cuyos afiliados se reclutan cada vez en mayor proporción entre esas capas sociales.

El carácter particularmente peligroso del revisionismo carrillista en esta fase proviene del hecho de que enarbola todo un pasado comunista, una parte de la organización que controla está compuesta por militantes sinceros; lo cual es una coartada enorme que coadyuva para engañar al pueblo español. (La política de este equipo revisionista y autodenominadamente patriótico coincide plenamente en esta fase con la necesidad que la oligarquía proimperialista experimenta de continuar engañando al pueblo mediante la adopción de nuevas formas políticas, neofranquismo.)

Ese equipo político, encabezado por Santiago Carrillo, que oculta la pérdida de la independencia nacional y propone al pueblo español la «lucha» por una simples reivindicaciones de carácter netamente reformista, es, en estas circunstancias, el enemigo principal en el plano ideológico sobre el cual descargar el golpe principal en la labor de orientar al pueblo en las tareas de la lucha anti-imperialista y democrática.

Mientras la oligarquía franquista y el imperialismo yanqui reciban los beneficios que actualmente reciben (negociar «en el futuro» «por vía diplomática» y «exclusivamente» el estatuto de las bases yanquis sobre nuestro territorio), [estando] esta cuña incrustada en el seno de las fuerzas populares -y más concretamente en el seno del movimiento obrero-, la tarea de convencer al pueblo de la naturaleza del enemigo que hay que vencer se verá seriamente dificultada, así como la ejecución de las acciones que esa naturaleza exige.

La lucha por desenmascarar tal política es una tarea de primer orden en la culminación de esta fase cuyo objetivo es dotar al pueblo español de su propia política, cuyo aspecto fundamental es su carácter anti-imperialista de liberación nacional.

La prensa franquista y revisionista hace una ruidosa campaña de propaganda monstruo para hinchar los resultados de las elecciones sindicales. Sin embargo, la realidad es que ha habido bastantes abstenciones en Cataluña, en el País Vasco, en Asturias y en otras zonas, es decir en sitios donde ciertos sectores de las masas obreras ya no se interesan por las elecciones legales de ningún género, sino que contemplan (más o menos claramente, esa es otra cuestión), una salida revolucionaria.

Sin embargo, teniendo en cuenta que la mayoría de la clase obrera cree todavía en la eficacia de las elecciones, nuestro Partido ha participado en ellas para hacer una agitación revolucionaria inteligente entre las masas. Para llevar a cabo esa agitación hemos aprovechado (con riesgo, desde luego, de ir a la cárcel) las asambleas preelectorales organizadas por los jerarcas verticales o por los cabecillas del amarillismo, según los casos.

El primer tema en torno al cual hemos desarrollado esa agitación ha sido el carácter fraudulento de las elecciones. Aparte de las múltiples limitaciones que el Reglamento electoral imponía a la presentación de candidaturas (lo que, sobre todo, excluía a la juventud, que constituye el sector más dinámico, combativo y rebelde de la clase obrera), nuestros camaradas han puesto de relieve que tampoco pueden presentar su candidatura ni votar:

1. los obreros que están encarcelados por defender los intereses del proletariado;
2. otros que, habiendo pasado por la cárcel a causa de los mismos motivos, sufren la amenaza de nuevas detenciones policíacas si se colocan a la cabeza de la lucha sindical;
3. los trabajadores que, víctimas de represalias de la patronal y del régimen, se han visto obligados a emigrar al extranjero.

Estos tres grupos suman, en toda España, la cifra de varias decenas de miles de entre los mejores y más valerosos hijos de la clase obrera.

Por otro lado, para que una elección sea libre tiene que ser auténtica: los electores tienen que escoger a sus representantes por sus opiniones, por sus ideas, por sus proyectos. Y, si no existe libertad para manifestar públicamente, por escrito y de palabra, esos proyectos y esas ideas, ¿cómo puede decirse que la elección es libre?

Por ejemplo, cuando en una asamblea preelectoral un candidato defiende la lucha de clases puede ser juzgado por el Tribunal de Orden Público bajo la acusación de haber violado el artículo 173 del Código Penal franquista. Y sin duda alguna, según los términos de ese Código, debe ser condenado a varios años de presidio.

Y no sólo no hay libertad de agitación electoral sino que los trabajadores carecen de prensa propia legal. Sin prensa propia, los obreros no pueden llevar a cabo una campaña electoral libre. Ahora bien, la vigente Ley de Prensa confeccionada por Fraga Iribarne prohíbe terminantemente toda publicación que no se ajuste a los «principios fundamentales del Movimiento» y a las leyes fundamentales del Reino.

Nuestra audaz agitación en torno a ese tema ha destrozado en algunos centros laborales el embuste de Solís, ese especialista del camelo, de que las elecciones serían verdaderamente libres. Debe señalarse que los revisionistas carrillistas, en vez de respaldarnos en la denuncia de la parodia electoral, han sostenido en todo momento que las elecciones eran verdaderamente representativas. Es una forma más de su colaboración con la dictadura.

En segundo término, hemos aprovechado las elecciones para desarrollar una agitación antioligárquica y antiimperialista entre las masas, para hacerles ver el antagonismo irreconciliable de intereses que existe entre los trabajadores, por un lado, y por otro el bloque de los multimillonarios yanquis y los magnates financieros españoles. Hemos puesto al desnudo la despiadada explotación a que la oligarquía y sus amos yanquis someten a la clase obrera y a todo el pueblo. Nuestra tarea es caldear el ambiente, encender el odio de clase y el fervor patriótico que los revisionistas tratan de apagar con su vergonzosa política de reconciliación y de apaciguamiento.

Desde luego, las elecciones sindicales han sido una gran batalla. Hasta cierto punto, una batalla de clase. Solís y su cuadrilla han quedado tambaleándose.

Pero la gran mayoría de los enlaces y jurados elegidos, no cabe ninguna duda sobre ello, van a ser o bien sobornados o bien desposeídos de sus cargos en los próximos meses. 27 años de dictadura franquista lo confirman plenamente. En este punto no debemos caer en ninguna ilusión. Pensar de otro modo sería puro electoralismo.

Aunque las elecciones sindicales han sido un golpe importante contra la pandilla de Solís, no podemos perder de vista que ese grupo no es toda la oligarquía y que el franquismo puede reemplazar ese peón por otro si lo juzga conveniente. Diarios franquistas y pronorteamericanos como Madrid o Informaciones, órganos del Opus Dei, vienen desde hace tiempo atacando al sindicato vertical y preconizando la instauración de sindicatos «libres» (se sobreentiende amarillos). Nuestro enemigo, pues, en el movimiento sindical de la clase obrera, no es sólo el sindicato vertical, sino toda la anchurosa corriente del sindicalismo amarillo que hoy por hoy cuenta con una fuerza innegable y que está enquistado inclusive en las comisiones obreras.

Ante la bancarrota del sindicato vertical son cada vez más los oligarcas que se percatan de la urgencia de poner en marcha los sindicatos amarillos. Para esos planes cuentan con el apoyo principalmente de tres fuerzas: los falangistas de izquierda, los revisionistas del equipo de Carrillo y los socialcristianos del ala derecha.

Ese sindicato amarillo podría engañar de momento a los obreros con mayor facilidad que el sindicato vertical. Podría llegar a un arreglo «de paz social» con la oligarquía, encerrando el movimiento obrero en los cauces legales y no admitiendo la huelga más que en aquellos casos en los que la presión de las masas la impusiera desde abajo. Si esos sindicatos amarillos se llegan a constituir, nosotros trabajaríamos en su seno y aprovecharíamos todo resquicio que en ellos hubiera, sin renunciar ni un momento a levantar una potente organización clandestina de Oposición Sindical Obrera.

Al atacar al sindicalismo amarillo no estamos atacando a las comisiones obreras. Nosotros somos los primeros en defender, apoyar y participar en los comisiones obreras como un medio de llevar a los trabajadores a la lucha sindical proletaria. Pero hacemos bien denunciando que en las Comisiones Obreras no todo es trigo limpio. En las Comisiones abundan elementos amarillistas y agentes de la patronal, a veces hasta de los jerarcas verticales. Algunas comisiones están incluso dirigidas por esos elementos. Por su carácter estrictamente económico y semilegal las comisiones obreras no pueden constituir el único ni el principal instrumento de la lucha sindical proletaria. Junto a las comisiones obreras y dirigiendo toda su actividad es necesaria lo OSO, organización sindical clandestina y unitaria de masas con un carácter muy amplio (ya que a ella pueden pertenecer todos los obreros que admitan el principio de la lucha de clases, independientemente de su ideología).

El sindicalismo de lucha de clases, que la OSO representa, se caracteriza por:

1. Que no se encierra en los cauces legales, ni en la negociación con los patronos, sino que coloca en primer plano la lucha, sobre todo la huelga, viendo en la negociación sólo un medio auxiliar de imponer las reivindicaciones obreras;
2. Que no se limita a las huelgas autorizadas por el nuevo artículo 222 del Código Penal sino que da primacía a aquellas huelgas que «ocasionan trastornos o alteran la regularidad de los servicios públicos, atentan contra la seguridad del Estado o perturban su normal actividad ... y que acarrean daños a la producción nacional», en la convicción de que esas huelgas son las únicas verdaderamente eficaces porque, al lesionar seriamente los intereses de la oligarquía, la obligan a ceder a las exigencias obreras;
3. Que en ningún caso refrena el ímpetu combativo de las masas sino que lo apoya incondicionalmente y sin reservas de que no se limite a formular reivindicaciones fácilmente asequibles que prometan a corto plazo resultados tangibles, sino que se esfuerce porque las masas hagan suyas reivindicaciones laborales que cercenen lo más posible la explotación de que es objeto la clase obrera;
4. Que incluye en su plataforma y trata de popularizar al máximo una serie de reivindicaciones democráticas y antiimperialistas (libertades de expresión, prensa, reunión y asociación para todo el pueblo, expulsión de las tropas yanquis y cancelación de los tratados oficiales con los EE.UU., nacionalización de las empresas de capital norteamericano).

¡Adelante la lucha sindical proletaria!
¡Contra la explotación de los multimillonarios yanquis y de los magnates financieros!
¡Todos los trabajadores unidos en torno a la Oposición Sindical Obrera!

Comentando la creación del FORPPA (hoy ya suficientemente desenmascarado ante los campesinos) decíamos en un artículo de Vanguardia Obrera Nº 24 que los embotellamientos que se producen en la comercialización de los productos del campo son motivados por la estructura monopolista de las redes de comercialización. Durante estos últimos meses, con ocasión de la recogida de las cosechas, se ha debatido mucho en todo el país acerca de la situación del campo y de la coyuntura agraria. Nuevamente, y con mayor intensidad que el año pasado, han aparecido los embotellamientos en la comercialización de una variada gama de productos agropecuarios. Se habla de superproducción de vino, de trigo, de arroz; y ya se dice que habrá superproducción de aceite de oliva. Concretamente el problema de los excedentes de arroz afecta a las amplias comarcas arroceras de Valencia y sur de Cataluña. La cosecha ha sido este año abundante pero ello no soluciona en modo alguno los problemas de los campesinos arroceros. Los excedentes del año pasado fueron de 130 millones de kilos de arroz cáscara y este año todavía no se sabe a cuánto ascenderán. El hecho es que los monopolios de comercialización, los grandes mayoristas de la oligarquía, compran a los campesinos el arroz de buena calidad a precios que oscilan en torno a las 12 pesetas y luego los venden en el mercado a precios de entre 18 y 20 pts.-kilo.

Grandes compañías arroceras de financieros y terratenientes se han enriquecido con la extensión del cultivo del arroz en Extremadura y Andalucía. A la cabeza de los mismos figura el Instituto Nacional de Colonización, que se ha convertido en el primer terrateniente de España y que explota cruelmente a los colonos asentados por el Plan Badajoz (escapa de los límites de este artículo una denuncia más detallada de dicho Plan). Otras grandes empresas enriquecidas con los cotos arroceros en la zona de las Marismas del Guadalquivir: R. Beca y cía, Industrias Agrícolas S.A. (del conde de Osborne, del marques de Sotohermoso y otros potentados), compañía de Transformación y Explotación de Marismas S.A., perteneciente en parte a los Mora de Figueroa, parientes de los Romanones y dueños, entre otras cosas, de la poderosa compañía de seguros La Unión y el Fénix Español; Inversiones Ehys S.A., del grupo financIero de los Güell; sin olvidar a toda una serie de cooperativas capitalistas, encabezadas por grandes terratenientes, entre ellas la Cooperativa Nacional del Arroz.

Debemos señalar que, si el arroz ha aumentado su volumen de producción durante los años de la dictadura franquista (a la inversa de lo que ha ocurrido con otras producciones agrícolas), se ha debido principalmente a la extensión de este cultivo a las provincias de Badajoz y Sevilla, sobre todo en esta última. La extensión del cultivo del arroz en esas dos provincias se ha debido a la modernización y capitalización de los grandes latifundios de la oligarquía en el poder, con ayuda, protección y subvenciones del Estado. Mientras que en la provincia de Valencia la superficie cultivada de arroz era en 1936 de 31.110 hectáreas, actualmente es de 22.115. La producción arrocera de esa provincia, que en 1932 era de 2.239.020 quintales, ha bajado a 1.481.705. En cambio, en Sevilla la superficie arrocera ha pasado de 1.600 hectáreas en 1932 a 18.000 actualmente y la producción ha ascendido de 51.200 quintales a 1.265.600.

Ya en 1956 se hablaba mucho de la «superproducción» de arroz. Entonces los campesinos estaban obligados a entregar el 45 por ciento de sus cosechas a la Federación Sindical de Agricultores Arroceros a la sazón presidida por el Conde de Trenor, a precios mucho más bajos que los precios de compra normales. En el primer trimestre de 1956 el conde de Trenor escribía en la Revista Sindical de Estadística: «Consecuencia de todo esto es la necesidad de limitar el cultivo de este cereal [el arroz]. Ello beneficiaría a los agricultores al obtener para la totalidad de su cosecha unos precios remuneradores...». Naturalmente esas palabras son pura hipocresía porque no se puede sostener responsablemente que haya en España una auténtica superproducción de arroz, sino un subconsumo del mismo. El hecho es que, a pesar del incremento en cifras absolutas de la producción arrocera nacional, ahora se produce menos arroz por habitante que durante el quinquenio republicano. En 1931-35 se producían en nuestro país 12,2 kilos de arroz por habitante y año. Actualmente se producen 11,7 kilos. Ello sin tener en cuenta la presencia en España de una masa de 17 millones de turistas extranjeros por año, que, naturalmente, también son consumidores de arroz.

El subconsumo (que no superproducción, como queda dicho) de arroz que hay en nuestro país está provocado por los altos precios de venta en el mercado de dicho cereal gracias a los cuales las redes monopolistas de distribución se embolsan casi la mitad -y a veces incluso más- del importe global del mismo. Por consiguiente lo que hay que hacer es reducir el precio de venta al consumidor y no disminuir el área de cultivo. Ahora bien eso no es posible hacerlo bajo el régimen yanqui-franquista, que es el instrumento de dominación de los monopolios financieros. Por otro lado, lo que se han dedicado a hacer desde 1956 los grandes terratenientes de Andalucía -compinchados con su testaferro, el conde de Trenor- no ha sido limitar el cultivo del arroz sino ampliarlo en más de 6.800 hectáreas.

Durante los últimos años, los productos alimenticios han experimentado vertiginosas subidas de precios. El año pasado, por ejemplo, subieron sus precios considerablemente la carne, el pescado, las frutas y verduras, la leche, el pan, etc., etc. Después de promulgarse el «Plan de Austeridad», de hecho han seguido subiendo los precios de muchos productos, sin que las cacareadas «oficinas de reclamaciones» hayan hecho nada serio para impedirlo. Pero, ¿quién se embolsa el dinero resultante de esas subidas de precios? ¿Benefician acaso a los agricultores, a los campesinos? No, de ninguna manera. Al revés, sucede que los precios que los campesinos cobran por sus productos han bajado y siguen bajando. Así tenemos que los precios de los productos agrícolas vendidos por los campesinos han sido en 1967 un 4,1 por ciento más bajos que en 1966. En algunos productos, como en la patata, el descenso ha sido de un 35,9 por ciento.

Así pues, si el campesino se ve forzado a vender sus productos a precios más bajos y las amas de casa deben comprarlos a precios más altos, es evidente que quien se queda con esos márgenes fabulosos y sin cesar crecientes son los grandes comerciantes e industriales yanqui-franquistas por cuyas manos atraviesan dichos productos. Al mismo tiempo, se da el hecho de que los precios pagados por los campesinos a cambio de los productos industriales que necesitan (maquinaria, abonos, semillas, carburantes etc.) han sido en 1967 un 2,3 por ciento más altos que el año anterior, según las estadísticas oficiales (que están por debajo de la realidad). De esa manera, las cada vez más exiguas sumas de dinero obtenidas por los campesinos mediante la venta de sus productos cubren cada vez en menor medida los costos de producción y las necesidades primarias de subsistencia de las masas campesinas, que en su aplastante mayoría se ven sumidas en una creciente miseria.

Veamos algunos ejemplos particularmente escandalosos de esa feroz expoliación a que someten a los campesinos los monopolios yanqui-franquistas de comercialización y elaboración de productos agropecuarios. Durante el otoño pasado, los cosecheros de uva de la región levantina estuvieron cobrando 5 pts. por kilo, en tanto que esa misma uva era vendida al público a 10 y 11 pts./kilo. Un periódico franquista reconocía el 8 de diciembre que a un campesino toledano le habían pagado en el mercado central madrileño 30 pesetas por 32 kilos de tomate y otros tantos de uva, los cuales se habían vendido después al público por 320 y 480 pts. respectivamente, lo que suponía un margen comercial del orden del 95 por ciento. En el mes de octubre se anunció la subida del precio de la leche en una peseta/litro. Y, a la vez, muchos ganaderos se ven forzados a sacrificar las vacas de leche a causa del bajísimo precio que les pagan las grandes centrales lecheras (como el COES, CLESA etc.). Ese precio oscila entre 6,50 y 7 pts. por litro. Así han sido cerrados muchos establos con el consiguiente perjuicio para la producción lechera nacional. Sólo en la provincia de Málaga -y ya antes de la entrada en vigor el primero de octubre del año pasado, de la orden que obliga a que la leche vendida al público sea pasteurizada por una central lechera- habían sido sacrificadas más de 500 vacas lecheras por dicho motivo. Por su parte, la carne de cerdo ha bajado. entre un 35 y un 40 por ciento de su valor en 1957 -sin que esa baja se refleje en absoluto en el mercado, por supuesto-. Ya a mediados de 1966 había bajado el precio de producción de la carne de cerdo en un 23,8 por ciento, pese a lo cual esa carne experimentó entonces en el mercado subidas de entre el 8 y el 12 por ciento.

Un problema que ha tenido una gran resonancia nacional y en torno al cual se ha producido una importante movilización campesina de masas ha sido el de la remolacha. En 9 provincias castellano-leonesas ha tenido lugar una huelga de campesinos remolacheros durante el mes de diciembre. Los campesinos exigían que se les pagase la tonelada de raíz al precio-base de 1.550 pts., ya que el precio actual no llegaba ni para cubrir los costos de producción. En otras provincias del país, como en la provincia de Granada, también se manifestó la ardiente protesta de los campesinos remolacheros por el bajísimo precio a que les pagaban la raíz y todavía más por los abusos de los industriales que valoran los grados de azúcar por debajo de la realidad y descargan todos los gastos de transporte sobre las espaldas de los campesinos. Esto, unido a la falta de medios para combatir las plagas (el pulgón ha causado grandes estragos en la última campaña) y a la ausencia de un justo y eficaz sistema de seguros, hace prever que el cultivo de la remolacha va a sufrir retrocesos importantes.

Los monopolios azucareros que expolian ferozmente a los campesinos tienen a su cargo, por concesión del gobierno yanqui-franquista, la compra en exclusiva de la remolacha o la caña en una zona determinada, con lo cual se alzan omnipotentes frente a los cultivadores, cuya oferta se encuentra dispersa y falta de coordinación. Esa situación de privilegio les permite negarse a admitir aquellas cantidades de remolacha que no les interese. Por ejemplo, la Azucarera de Aragón, perteneciente a la poderosa Sociedad General Azucarera de España se negó en la penúltima campaña a abrir su factoría, por considerar poco rentable hacerlo con el cupo de 44.000 toneladas que se le habían asignado. También pueden demorar la compra de raíz, causando así graves estragos a los campesinos. De otro lado, las cinco principales empresas azucareras de España tienen en sus manos el 71,65 por ciento de todas las fábricas. Entre los miembros de los Consejos de Administración de esas cinco compañías se encuentran algunos de los más acaudalados oligarcas yanqui-franquistas, como los marqueses de Cortina -emparentados con el vividor parásito Juan de Borbón, pretendiente al trono-, de Lianzol, de Paúl, de Castrillo, de Alhucemas, de Fresno, Julio de la Mora y Garay, Masaveu, etc.

El llamado proyecto de «ley de zonas deprimidas y fincas mejorables» que una parte de la prensa franquista ha querido presentar como una reforma agraria no es más que un nuevo engaño y una burla contra los braceros y campesinos pobres de España. El propio ministro Allende G. Baxter reconocía -en unas declaraciones a la revista opusdeísta Tria- que «es un proyecto de ley conservador» y que, si hay latifundios cuyo cultivo es deficiente o nulo, el gobierno no piensa en modo alguno atribuir la responsabilidad por ello a los terratenientes, sino, al revés, poner a su disposición miles de millones de los fondos públicos para que modernicen sus fincas. Añadió que dar la más adecuada finalidad a las explotaciones latifundistas «no es tampoco roturar, como todo el mundo piensa, porque puede ser que a la altura de los tiempos que vivimos sea mucho más interesante para la economía nacional dejar las fincas para caza, o para Parque de Turismo, para ocio o para todos esos espacios que en estos momentos están de moda en el mundo». Dijo también que la ley «no es de expropiación, porque sólo se prevé la expropiación después de que el propietario que esté en las condiciones que caigan dentro de esa zona haya incumplido un plan que se le impone durante años y después de que ni siquiera lo haya arrendado, se prevé primero arrendarlo con él». Sólo después de todo ello, como última instancia y al cabo de una serie de años, podría recurrirse a expropiar de modo más bien excepcional algún latifundio totalmente sin aprovechar, y aun ello indemnizando en cuantía considerable al terrateniente afectado. La justificación de tan monstruosa defensa a ultranza de los intereses parasitarios de los latifundistas la encontraba el opusfalangista Allende en que a su juicio «ya no existe el hambre de tierra ni hay obreros que colocar».

¿Es eso cierto? Por supuesto que no. El millón largo de braceros (que no poseen ningún pedazo de tierra y que, en su gran mayoría, son eventuales y carecen de trabajo durante gran parte del año, pasando hambre y penalidades de todo tipo) y el millón y medio de campesinos pobres semiproletarios (cuyas condiciones no difieren mucho de las de los jornaleros) aspiran vehementemente, como es lógico, a la realización de su más sentido anhelo: poseer la tierra que trabajan, que riegan con su sudor, en beneficio de los amos latifundistas.

Esto no significa, claro está, que esa posesión haya de ser forzosamente individual o familiar; la forma de cultivo, individual o colectiva, debe depender de la libre voluntad de los propios trabajadores de la tierra en cada lugar concreto.

De otro lado, es particularmente criminal la idea de dedicar al ocio, a caza y recreo de los oligarcas parasitarios, decenas de miles, o más bien centenares de miles de hectáreas de latifundios improductivos, cuando resulta que la producción española de toda una serie de artículos agropecuarios básicos (principalmente de algunos cereales) es igual, cuando no inferior, a la que había en 1931-38. Hay que tener en cuenta que la oligarquía Importadora española gasta cada año varios miles de millones de pts. en comprar al extranjero gran cantidad de mercancías que no sólo podrían ser en su mayor parte producidas en nuestros campos (si éstos fueran cultivados debidamente), sino que incluso en muchos casos les hacen una competencia ruinosa a las cosechas de los campesinos españoles, que tienen que dejarlas pudrir. Como se ve, el proyecto de ley que comentamos es una prueba más del servilismo de la oligarquía fascista en el poder hacia los imperialistas extranjeros, sobre todo yanquis, que son quienes más se benefician de esta situación, vendiendo a España grandes cantidades de maíz, aceite y semillas de soja, algodón, etc., etc. Por otro lado, no proponerse una considerable ampliación de los cultivos y de las cosechas es seguir condenando al hambre y al subconsumo a amplias masas de la población trabajadora.

El proyecto de ley que comentamos es aún más reaccionario que la ley franquista de 1953 sobre «fincas manifiestamente mejorables» (si bien ésta última sólo se ha aplicado en 73 casos, a lo largo de 18 años). Lo que hay de común entre ambos textos es la posibilidad de expropiar, en muy determinados casos y con una serie de condiciones, algunas fincas de más de 500 hectáreas cuyo aprovechamiento esté abandonado, a cambio de cuantiosas indemnizaciones. Es posible que a partir de ahora aumente algo el número de esas «expropiaciones» con indemnización. La razón estriba en que se están instalando en España cierto número de empresas norteamericanas dedicadas a explotar grandes negocios agropecuarios. Se trata en definitiva con el actual proyecto de ley de favorecer una venta forzosa de tierras de terratenientes no interesados en la explotación de las mismas a compañías o terratenientes inversionistas (o al menos su arriendo forzoso).

En 1947 los imperialistas británicos y norteamericanos crearon artificialmente en Palestina el llamado «Estado de Israel». A tal fin, arrojaron brutalmente de su propio territorio nacional a cerca de un millón y medio de palestinos.

El Estado de Israel ha sido desde sus comienzos la punta de lanza del imperialismo norteamericano para la agresión armada contra los pueblos árabes y un trampolín para la penetración política económica y cultural del imperialismo yanqui en diversos países, principalmente del Africa central y meridional.

El Estado de Israel ocupa el ochenta por ciento del territorio nacional de Palestina (sin incluir las conquistas militares conseguidas por el «Estado de Israel» durante su última agresión contra los países árabes).

Israel está poblado por árabes y judíos. Los primeros carecen por completo de derechos civiles y están sometidos a un yugo y una discriminación feroces. Pero la situación de la gran masa de los judíos de Palestina dista mucho de ser paradisíaca. La comunidad nacional judía de Palestina está compuesta en su mayor parte por trabajadores que sufren una explotación despiadada de la gran burguesía sionista, apéndice del capital financiero internacional, predominantemente norteamericano.

El florecimiento económico del Estado de Israel se debe a la afluencia en gran cantidad de capital extranjero, sobre todo yanqui, y a la emigración de una gran masa de trabajadores judíos, a quienes la burguesía sionista somete a un trabajo extenuante y agobiador a cambio de muy bajos salarios.

Por supuesto que es la comunidad nacional árabe de Palestina la más oprimida y sojuzgada por el Estado de Israel y es ella la que está luchando por la liberación del pueblo de Palestina. El pueblo palestino, con el apoyo de los demás pueblos árabes y de los Estados verdaderamente socialistas -como China y Albania-, está llevando a cabo una heroica y gloriosa lucha de liberación nacional contra el yugo yanqui-israelí.

El pueblo de Palestina lucha por una causa justa: el derrocamiento del yugo que ejerce el imperialismo yanqui (a través de su lacayo, el Estado de Israel) sobre Palestina y la consiguiente liberación nacional de ese país. Ello implica, naturalmente, la destrucción del Estado de Israel (con la expulsión del imperialismo yanqui y de la burguesía sionista) y la instauración de un nuevo Estado libre y reunificado de Palestina (que englobe también, como es lógico, a la parte de ese país que hasta el desencadenamiento de las hostilidades estaba ocupada por Jordania).

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Actualmente el pueblo trabajador de Palestina no tiene aún un Partido de vanguardia revolucionario-proletario basado en el marxismo-leninismo. Debemos saludar el hecho de que en la Organización de Liberación de Palestina esté arraigando el marxismo-leninismo y el pensamiento de Mao Tse-tung. Pero por el momento no podemos considerar que la OLP tenga una dirección proletaria, sino nacionalista-burguesa. También hay que tener en cuenta la línea de conducta de los Estados árabes de la burguesía nacional, como el Egipto nasseriano, dispuestos a llegar en última instancia -si así lo creyeran conveniente para los intereses exclusivos de su país y de su burguesía- a traicionar la causa del pueblo palestino.

La posición de los marxistas-leninistas es el internacionalismo proletario. Por eso no podemos identificarnos en ningún caso con los nacionalistas burgueses, aunque entablemos con ellos una alianza transitoria para luchar juntos contra nuestro enemigo principal (el imperialismo yanqui). Los marxistas-leninistas, los internacionalistas proletarios, debemos establecer una neta línea de demarcación entre el Estado de Israel y la burguesía sionista, agentes del imperialismo yanqui, por un lado, y la gran masa trabajadora que constituye la comunidad nacional judía de Palestina, por otro.