La España revolucionaria
NOTA 1
Los levantamientos insurreccionales son tan viejos en España como el poderío de favoritos cortesanos contra los cuales han sido, de costumbre, dirigidos. Así, a finales del siglo XIV, la aristocracia se rebeló contra el rey Juan II y contra su favorito don Álvaro de Luna. En el XV se produjeron conmociones más serias contra el rey Enrique IV y el jefe de su camarilla, don Juan de Pacheco, marqués de Villena.
En el siglo XVII, el pueblo de Lisboa despedazó a Vasconcelos, el Sartorius del virrey español en Portugal, lo mismo que hizo el de Barcelona con Santa Coloma, favorito de Felipe IV. A finales del mismo siglo, bajo el reinado de Carlos II, el pueblo de Madrid se levantó contra la camarilla de la reina, compuesta de la condesa de Barlipsch y los condes de Oropesa y de Melgar, que habían impuesto un arbitrio abusivo sobre todos los comestibles que entraban en la capital y cuyo producto se distribuían entre sí. El pueblo se dirigió al Palacio Real y obligó al rey a presentarse en el balcón y a denunciar él mismo a la camarilla de la reina. Se dirigió después a los palacios de los condes de Oropesa y Melgar, saqueándolos, incendiándolos, e intentó apoderarse de sus propietarios, los cuales tuvieron, sin embargo, la suerte de escapar a costa de un destierro perpetuo.
El acontecimiento que provocó el levantamiento insurreccional en el siglo XV fue el tratado alevoso que el favorito de Enrique IV, el marqués de Villena, había concluido con el rey de Francia, y en virtud del cual, Cataluña había de quedar a merced de Luis XI.
Tres siglos más tarde, el tratado de Fontainebleau --concluido el 27 de octubre de 1807 por el valido de Carlos IV y favorito de la reina, don Manuel Godoy, Príncipe de la Paz, con Bonaparte, sobre la partición de Portugal y la entrada de los ejércitos franceses en España-- produjo una insurrección popular en Madrid contra Godoy, la abdicación de Carlos IV, la subida al trono de su hijo Fernando VII, la entrada del ejército francés en España y la consiguiente guerra de independencia. Así, la guerra de independencia española comenzó con una insurrección popular contra la camarilla personificada entonces por don Manuel Godoy, lo mismo que la guerra civil del siglo XV se inició con el levantamiento contra la camarilla personificada por el marqués de Villena. Asimismo, la revolución de 1854 ha comenzado con el levantamiento contra la camarilla personificada por el conde de San Luis.
A pesar de estas repetidas insurrecciones, no ha habido en España hasta el presente siglo una revolución seria, a excepción de la guerra de la Junta SantaNOTA 3 en los tiempos de Carlos I, o Carlos V, como lo llaman los alemanes. El pretexto inmediato, como de costumbre, fue suministrado por la camarilla que, bajo los auspicios del virrey, cardenal Adriano, un flamenco, exasperó a los castellanos por su rapaz insolencia, por la venta de los cargos públicos al mejor postor y por el tráfico abierto de las sentencias judiciales. La oposición a la camarilla flamenca era la superficie del movimiento, pero en el fondo se trataba de la defensa de las libertades de la España medieval frente a las ingerencias del absolutismo moderno.
La base material de la monarquía española había sido establecida por la unión de Aragón, Castilla y Granada, bajo el reinado de Fernando el Católico e Isabel I. Carlos I intentó transformar esa monarquía aún feudal en una monarquía absoluta. Atacó simultáneamente los dos pilares de la libertad española: las Cortes y los Ayuntamientos.NOTA 4 Aquéllas eran una modificación de los antiguos concilia góticos, y éstos, que se habían conservado casi sin interrupción desde los tiempos romanos, presentaban una mezcla del carácter hereditario y electivo característico de las municipalidades romanas. Desde el punto de vista de la autonomía municipal, las ciudades de Italia, de Provenza, del norte de Galia, de Gran Bretaña y de parte de Alemania ofrecen una cierta similitud con el estado en que entonces se hallaban las ciudades españolas; pero ni los Estados Generales franceses, ni el Parlamento inglés de la Edad Media pueden ser comparados con las Cortes españolas. Se dieron, en la creación de la monarquía española, circunstancias particularmente favorables para la limitación del poder real. De un lado, durante los largos combates contra los árabes, la península era reconquistada por pequeños trozos, que se constituían en reinos separados. Se engendraban leyes y costumbres populares durante esos combates. Las conquistas sucesivas, efectuadas principalmente por los nobles, otorgaron a éstos un poder excesivo, mientras disminuyeron el poder real. De otro lado, las ciudades y poblaciones del interior alcanzaron una gran importancia debido a la necesidad en que las gentes se encontraban de residir en plazas fuertes, como medida de seguridad frente a las continuas incursiones de los moros; al mismo tiempo, la configuración peninsular del país y el constante intercambio con Provenza y con Italia dieron lugar a la creación, en las costas, de ciudades comerciales y marítimas de primera categoría.
En fecha tan remota como el siglo XIV, las ciudades constituían ya la parte más potente de las Cortes, las cuales estaban compuestas de los representantes de aquéllas juntamente con los del clero y de la nobleza. También merece ser subrayado el hecho de que la lenta reconquista, que fue rescatando el país de la dominación árabe mediante una lucha tenaz de cerca de ochocientos años, dio a la península, una vez totalmente emancipada, un carácter muy diferente del que predominaba en la Europa de aquel tiempo. España se encontró, en la época de la resurrección europea, con que prevalecían costumbres de los godos y de los vándalos en el norte, y de los árabes en el sur.
Cuando Carlos I volvió de Alemania, donde le había sido conferida la dignidad imperial, las Cortes se reunieron en Valladolid para recibir su juramento a las antiguas leyes y para coronarlo.NOTA 5 Carlos se negó a comparecer y envió representantes suyos que habían de recibir, según sus pretensiones, el juramento de lealtad de parte de las Cortes. Las Cortes se negaron a recibir a esos representantes y comunicaron al monarca que si no se presentaba ante ellas y juraba las leyes del país, no sería reconocido jamás como rey de España. Carlos se sometió; se presentó ante las Cortes y prestó juramento, como dicen los historiadores, de muy mala gana. Las Cortes con este motivo le dijeron: «Habéis de saber, señor, que el rey no es más que un servidor retribuido de la nación».
Tal fue el principio de las hostilidades entre Carlos I y las ciudades. Como reacción frente a las intrigas reales, estallaron en Castilla numerosas insurrecciones, se creó la Junta Santa de Ávila y las ciudades unidas convocaron la Asamblea de las Cortes en Tordesillas, las cuales, el 20 de octubre de 1520, dirigieron al rey una «protesta contra los abusos». Éste respondió privando a todos los diputados reunidos en Tordesillas de sus derechos personales. La guerra civil se había hecho inevitable. Los comuneros llamaron a las armas: sus soldados, mandados por Padilla, se apoderaron de la fortaleza de Torrelobatón, pero fueron derrotados finalmente por fuerzas superiores en la batalla de Villalar, el 23 de abril de 1521. Las cabezas de los principales «conspiradores» cayeron en el patíbulo, y las antiguas libertades de España desaparecieron.
Diversas circunstancias se conjugaron en favor del creciente poder del absolutismo. La falta de unión entre las diferentes provincias privó a sus esfuerzos del vigor necesario; pero Carlos utilizó sobre todo el enconado antagonismo entre la clase de los nobles y la de los ciudadanos para debilitar a ambas. Ya hemos mencionado que desde el siglo XIV la influencia de las ciudades predominaba en las Cortes, y desde el tiempo de Fernando el Católico, la Santa HermandadNOTA 6 había demostrado ser un poderoso instrumento en manos de las ciudades contra los nobles de Castilla, que acusaban a éstas de intrusiones en sus antiguos privilegios y jurisdicciones. Por lo tanto, la nobleza estaba deseosa de ayudar a Carlos I en su proyecto de supresión de la Junta Santa. Habiendo derrotado la resistencia armada de las ciudades, Carlos se dedicó a reducir sus privilegios municipales y aquéllas declinaron rápidamente en población, riqueza e importancia; y pronto se vieron privadas de su influencia en las Cortes. Carlos se volvió entonces contra los nobles, que lo habían ayudado a destruir las libertades de las ciudades, pero que conservaban, por su parte, una influencia política considerable. Un motín en su ejército por falta de paga lo obligó en 1539 a reunir las Cortes para obtener fondos de ellas. Pero las Cortes, indignadas por el hecho de que subsidios otorgados anteriormente por ellas habían sido malgastados en operaciones ajenas a los intereses de España, se negaron a aprobar otros nuevos. Carlos las disolvió colérico; a los nobles que insistían en su privilegio de ser eximidos de impuestos, les contestó que al reclamar tal privilegio, perdían el derecho a figurar en las Cortes, y en consecuencia los excluyó de dicha asamblea.
Eso constituyó un golpe mortal para las Cortes, y desde entonces sus reuniones se redujeron a la realización de una simple ceremonia palaciega. El tercer elemento de la antigua constitución de las Cortes, a saber, el clero, alistado desde los tiempos de Fernando el Católico bajo la bandera de la Inquisición, había dejado de identificar sus intereses con los de la España feudal. Por el contrario, mediante la Inquisición, la Iglesia se había transformado en el más potente instrumento del absolutismo.
Si después del reinado de Carlos I la decadencia de España, tanto en el aspecto político como social, ha exhibido esos síntomas tan repulsivos de ignominiosa y lenta putrefacción que presentó el Imperio Turco en sus peores tiempos, por lo menos en los de dicho emperador las antiguas libertades fueron enterradas en una tumba magnífica. En aquellos tiempos Vasco Núñez de Balboa izaba la bandera de Castilla en las costas de Darién, Cortés en México y Pizarro en el Perú; entonces la influencia española tenía la supremacía en Europa y la imaginación meridional de los iberos se hallaba entusiasmada con la visión de Eldorados, de aventuras caballerescas y de una monarquía universal.
Así la libertad española desapareció en medio del fragor de las armas, de cascadas de oro y de las terribles iluminaciones de los autos de fe.
Pero, ¿cómo podemos explicar el fenómeno singular de que, después de casi tres siglos de dinastía de los Habsburgo, seguida por una dinastía borbónica --cualquiera de ellas harto suficiente para aplastar a un pueblo--, las libertades municipales de España sobrevivan en mayor o menor grado? ¿Cómo podemos explicar que precisamente en el país donde la monarquía absoluta se desarrolló en su forma más acusada, en comparación con todos los otros Estados feudales, la centralización jamás haya conseguido arraigar? La respuesta no es difícil. Fue en el siglo XVI cuando se formaron las grandes monarquías. Éstas se edificaron en todos los sitios sobre la base de la decadencia de las clases feudales en conflicto: la aristocracia y las ciudades. Pero en los otros grandes Estados de Europa la monarquía absoluta se presenta como un centro civilizador, como la iniciadora de la unidad social. Allí era la monarquía absoluta el laboratorio en que se mezclaban y amasaban los varios elementos de la sociedad, hasta permitir a las ciudades trocar la independencia local y la soberanía medieval por el dominio general de las clases medias y la común preponderancia de la sociedad civil. En España, por el contrario, mientras la aristocracia se hundió en la decadencia sin perder sus privilegios más nocivos, las ciudades perdieron su poder medieval sin ganar en importancia moderna.
Desde el establecimiento de la monarquía absoluta, las ciudades han vegetado en un estado de continua decadencia. No podemos examinar aquí las circunstancias, políticas o económicas, que han destruido en España el comercio, la industria, la navegación y la agricultura.
Para nuestro actual propósito basta con recordar simplemente el hecho. A medida que la vida comercial e industrial de las ciudades declinó, los intercambios internos se hicieron más raros, la interrelación entre los habitantes de diferentes provincias menos frecuente, los medios de comunicación fueron descuidados y las grandes carreteras gradualmente abandonadas. Así, la vida local de España, la independencia de sus provincias y de sus municipios, la diversidad de su configuración social, basada originalmente en la configuración física del país y desarrollada históricamente en función de las formas diferentes en que las diversas provincias se emanciparon de la dominación mora y crearon pequeñas comunidades independientes, se afianzaron y acentuaron finalmente a causa de la revolución económica que secó las fuentes de la actividad nacional. Y como la monarquía absoluta encontró en España elementos que por su misma naturaleza repugnaban a la centralización, hizo todo lo que estaba en su poder para impedir el crecimiento de intereses comunes derivados de la división nacional del trabajo y de la multiplicidad de los intercambios internos, única base sobre la que se puede crear un sistema uniforme de administración y de aplicación de leyes generales. La monarquía absoluta en España, que solo se parece superficialmente a las monarquías absolutas europeas en general, debe ser clasificada más bien al lado de las formas asiáticas de gobierno. España, como Turquía, siguió siendo una aglomeración de repúblicas mal administradas con un soberano nominal a su cabeza.
El despotismo cambiaba de carácter en las diferentes provincias según la interpretación arbitraria que a las leyes generales daban virreyes y gobernadores; si bien el gobierno era despótico, no impidió que subsistiesen las provincias con sus diferentes leyes y costumbres, con diferentes monedas, con banderas militares de colores diferentes y con sus respectivos sistemas de contribución. El despotismo oriental sólo ataca la autonomía municipal cuando ésta se opone a sus intereses directos, pero permite con satisfacción la supervivencia de dichas instituciones en tanto que éstas lo descargan del deber de cumplir determinadas tareas y le evitan la molestia de una administración regular.
Así ocurrió que Napoleón, que, como todos sus contemporáneos, consideraba a España como un cadáver exánime, tuvo una sorpresa fatal al descubrir que, si el Estado español estaba muerto, la sociedad española estaba llena de vida y repleta, en todas sus partes, de fuerza de resistencia.
Mediante el tratado de Fontainebleau había llevado sus tropas a Madrid; atrayendo con engaños a la familia real a una entrevista en Bayona, había obligado a Carlos IV a anular su abdicación y después a transferirle sus poderes; al mismo tiempo había arrancado ya a Fernando VII una declaración semejante. Con Carlos IV, su reina y el Príncipe de la Paz conducidos a Compiègne, con Fernando VII y sus hermanos encerrados en el castillo de Valençay, Bonaparte otorgó el trono de España a su hermano José, reunió una Junta española en Bayona y le suministró una de sus ConstitucionesNOTA 7 previamente preparadas. Al no ver nada vivo en la monarquía española, salvo la miserable dinastía que había puesto bajo llaves, se sintió completamente seguro de que había confiscado España. Pero pocos días después de su golpe de mano recibió la noticia de una insurrección en Madrid, Cierto que Murat aplastó el levantamiento matando cerca de mil personas; pero cuando se conoció esta matanza, estalló una insurrección en Asturias que muy pronto englobó a todo el reino. Debe subrayarse que este primer levantamiento espontáneo surgió del pueblo, mientras las clases «bien» se habían sometido tranquilamente al yugo extranjero.
De esta forma se encontraba España preparada para su reciente actuación revolucionaria, y lanzada a las luchas que han marcado su desarrollo en el presente siglo. Los hechos e influencias que hemos indicado sucintamente actúan aún en la creación de sus destinos y en la orientación de los impulsos de su pueblo. Los hemos presentado porque son necesarios, no sólo para apreciar la crisis actual, sino todo lo que ha hecho y sufrido España desde la usurpación napoleónica: un período de cerca de cincuenta años, no carente de episodios trágicos y de esfuerzos heroicos, y sin duda uno de los capítulos más emocionantes e instructivos de toda la historia moderna.NOTA 8
9 de septiembre de 1854
La causa efectiva de todo ello fue puesta quizá por primera vez de manifiesto en el tratado de Tilsit, firmado el 7 de julio de 1807 y que se dice haber sido completado por un convenio secreto que suscribieron el príncipe Kurakin y Talleyrand. El tratado se insertó en la Gaceta de Madrid de 25 de agosto de 1812, y estipulaba, entre otras cosas, lo siguiente:
Art. 1. Rusia tomará posesión de la Turquía europea y extenderá sus posesiones en Asia tanto como lo considere conveniente.
Art. 2. La dinastía de Borbón en España y la Casa de Braganza en Portugal dejarán de reinar. Príncipes de la Casa Bonaparte recibirán ambas coronas.
Suponiendo que este tratado fuese auténtico --y su autenticidad es apenas discutida incluso en las memorias del rey José Bonapante, recientemente publicadas--, él habría sido la verdadera razón de la invasión francesa de España en 1808, y las conmociones españolas de aquel tiempo aparecerían ligadas por hilos invisibles a los destinos de Turquía.
Cuando, a consecuencia de la matanza de Madrid y de las transacciones de Bayona, estallaron insurrecciones simultáneas en Asturias, Galicia, Andalucía y Valencia, y un ejército francés ocupaba ya Madrid, Bonaparte, con falsos pretextos, tomó las cuatro plazas fuertes septentrionales de Pamplona, San Sebastián, Figueras y Barcelona; una parte del ejército español había sido trasladada a la isla de Funen con vistas a un ataque sobre Suecia; por último, todas las autoridades constituidas --militares, eclesiásticas, judiciales y administrativas--, así como la aristocracia, exhortaban al pueblo a someterse al intruso extranjero. Pero había una circunstancia que compensaba todas las dificultades de la situación. Gracias a Napoleón, el país se veía libre de su rey, de su familia real y de su gobierno. Así se habían roto las trabas que en otro caso podían haber impedido al pueblo español desplegar sus energías innatas. Las desgraciadas campañas de 1794 y 1795NOTA 9 habían probado lo poco capaz que era de resistir a los franceses bajo el mando de sus reyes y en circunstancias ordinarias.
Napoleón invitó a los hombres públicos más conspicuos de España a entrevistarse con él en Bayona, donde debían recibir de sus manos un rey y una Constitución. Se presentaron todos, con muy contadas excepciones. El 7 de Junio de 1808, el rey José recibió en Bayona a una diputación de los Grandes de España, en nombre de los cuales el duque del Infantado, que era el amigo más íntimo de Fernando VII, se dirigió a él en los siguientes términos:
Señor, los Grandes de España fueron siempre conocidos por su lealtad hacia sus soberanos, y V. M. hallará en ellos la misma fidelidad y afección,
El Consejo Real de Castilla aseguró al pobre José que éste era «el retoño eminente de una familia destinada por el cielo mismo a reinar». No menos abyecta fue la felicitación del duque del Parque al frente de una diputación que representaba al ejército. Al día siguiente, las mismas personas publicaban una proclama ordenando la sumisión general a la dinastía de los Bonaparte. El 7 de julio de 1808, la nueva Constitución era firmada por 91 españoles de la máxima significación: entre ellos figuraban duques, condes y marqueses, así como varios superiores de órdenes religiosas. Durante la discusión de esta Constitución, lo único que juzgaron digno de ser objetado fue la abolición de sus antiguos privilegios y exenciones. Integraban e] primer ministerio y la primera casa real de José las mismas personas que habían constituido el ministerio y la casa real de Fernando VII. En las clases privilegiadas, unos consideraban a Napoleón el regenerador providencial de España; para otros era el único baluarte posible contra la revolución; pero nadie creía en las posibilidades de una resistencia nacional.
De este modo, desde el mismo principio de la guerra de la Independencia, la alta nobleza y la antigua administración perdieron toda influencia sobre las clases medias y sobre el pueblo al haber desertado en los primeros días de la lucha. De un lado estaban los afrancesados, y del otro, la nación. En Valladolid, Cartagena, Granada, Jaén, Sanlúcar, La Carolina, Ciudad Rodrigo, Cádiz y Valencia, los miembros más eminentes de la antigua administración --gobernadores, generales y otros destacados personajes sospechosos de ser agentes de los franceses y un obstáculo para el movimiento nacional-- cayeron víctimas del pueblo enfurecido. En todas partes, las autoridades fueron destituidas. Algunos meses antes del alzamiento, el 19 de marzo de 1808, las revueltas populares de Madrid perseguían la destitución del Choricero (apodo de Godoy) y sus odiosos satélites. Este objetivo fue conseguido ahora en escala nacional y con él la revolución interior era llevada a cabo tal como lo anhelaban las masas, independientemente de la resistencia al intruso. El movimiento, en su conjunto, más parecía dirigido contra la revolución que a favor de ella. De carácter nacional, por proclamar la independencia de España con respecto a Francia, era al mismo tiempo dinástico, por oponer el «deseado» Fernando VII a José Bonaparte; reaccionario, por oponer las viejas instituciones, costumbres y leyes a las racionales innovaciones de Napoleón; supersticioso y fanático, por oponer la «santa religión» a lo que se denominaba ateísmo francés, o sea a la destrucción de los privilegios especiales de la Iglesia romana. Los curas, a quienes aterrorizaba la suerte que habían corrido sus colegas de Francia, fomentaron las pasiones populares por instinto de conservación. «La llama patriótica --dice Southey-- se vio avivada todavía más por el santo óleo de la superstición».
Todas las guerras por la independencia sostenidas contra Francia tienen de común el sello de la regeneración unido al sello reaccionario; pero en ninguna parte esto se manifestó de una manera tan clara como en España. El rey aparecía en la imaginación del pueblo como un príncipe de leyenda, oprimido y encarcelado por un ladrón gigante.
Las épocas más fascinadoras y populares del pasado estaban envueltas en las tradiciones sagradas y milagrosas de la guerra de la cruz contra la media luna; y una gran parte de las clases inferiores estaba acostumbrada a vestir el hábito de los mendicantes y a vivir del santo patrimonio de la Iglesia. Un escritor español, don José Clemente Carnicero, publicó en los años 1814 y 1816 la siguiente serie de libros: Napoleón, el verdadero Quijote de Europa; Sucesos principales de la gloriosa revolución de España; El justo restablecimiento de la Inquisición. Basta indicar los títulos de las obras para comprender este aspecto particular de la revolución española, que vemos en los diferentes manifiestos de las juntas provinciales, todos los cuales incluían en su bandera al rey, a la santa religión y a la patria y algunos incluso decían al pueblo que «la salvación de su alma está en juego y en peligro inminente».
No obstante, si bien es verdad que los campesinos, los habitantes de los pueblos del interior y el numeroso ejército de mendigos, con hábito o sin él, todos ellos profundamente imbuidos de prejuicios religiosos y políticos, formaban la gran mayoría del partido nacional, este partido contaba, por otra parte, con una minoría activa e influyente, para la que el alzamiento popular contra la invasión francesa era la señal de la regeneración política y social de España. Componían esta minoría los habitantes de los puertos, de las ciudades comerciales y parte de las capitales de provincia donde, bajo el reinado de Carlos V, se habían desarrollado hasta cierto punto las condiciones materiales de la sociedad moderna. Les apoyaba la parte más culta de las clases superiores y medias --escritores, médicos, abogados, e incluso clérigos--, para quienes los Pirineos no habían constituido una barrera suficiente frente a la invasión de la filosofía del siglo XVIII. Auténtica declaración de principios de esta fracción es el célebre informe de Jovellanos sobre el mejoramiento de la agricultura y la ley agraria, publicado en 1795 y elaborado por orden del Consejo Real de Castilla. Existían también, en fin, los jóvenes de las clases medias, tales como los estudiantes universitarios, que habían adoptado ardientemente las aspiraciones y los principios de la revolución francesa y que, por un momento, llegaron a esperar que su patria se regeneraría con la ayuda de Francia.
Mientras no se trataba más que de la defensa común de la patria, la unanimidad de las dos grandes fracciones del partido nacional era completa. Su antagonismo apareció a la superficie cuando se encontraron juntos en las Cortes, en el campo de batalla por la nueva Constitución que debían elaborar. La minoría revolucionaria, con objeto de excitar el espíritu patriótico del pueblo, no reparó en apelar a los prejuicios nacionales de la vieja fe popular. Por muy ventajosa que pareciera esta táctica desde el punto de vista de los fines inmediatos de la resistencia nacional, no podía dejar de ser funesta para dicha minoría cuando llegó el momento favorable para que los intereses conservadores de la vieja sociedad se parapetasen detrás de esos mismos prejuicios y pasiones populares, con vistas a defenderse de los ulteriores planes de los revolucionarios.
Cuando Fernando abandonó Madrid sometiéndose a las exigencias de Napoleón, dejó establecida una Junta Suprema de gobierno que presidía el infante don Antonio. Pero en mayo esta Junta había desaparecido ya. No existía ningún gobierno central y las ciudades sublevadas formaron juntas propias, subordinadas a las de las capitales de provincia. Estas juntas provinciales constituían, por así decirlo, otros tantos gobiernos independientes, cada uno de los cuales puso en pie de guerra un ejército propio. La Junta de representantes de Oviedo manifestó que toda la soberanía había ido a parar a sus manos, declaró la guerra a Bonaparte y envió delegados a Inglaterra para estipular un armisticio. Lo mismo hizo más tarde la Junta de Sevilla. Es curioso cómo la fuerza de las circunstancias empujó a estos exaltados católicos a una alianza con Inglaterra, potencia en la que los españoles estaban acostumbrados a ver la encarnación de la herejía más condenable, sólo un poco mejor que el mismísimo Gran Turco. Atacados por el ateísmo francés, se arrojaron a los brazos del protestantismo británico. No es de extrañar que Fernando VII, al retornar a España, en un decreto por el que restablecía la Santa Inquisición, declarara que una de las causas «que han perjudicado la pureza de la religión en España hay que buscarla en el hecho de la permanencia de tropas extranjeras pertenecientes a distintas sectas e inspiradas todas en un odio común a la Santa Iglesia romana».
Las juntas provinciales que habían surgido a la vida tan de repente y con absoluta independencia unas de otras, concedían cierto ascendente, aunque muy leve e indefinido, a la Junta Suprema de Sevilla, por considerarse esta ciudad capital de España mientras Madrid permaneciera en manos del extranjero. Así se estableció una forma muy anárquica de gobierno federal, que los choques de intereses opuestos, los celos particularistas y las influencias rivales convirtieron en un instrumento bastante ineficaz para conseguir la unidad en el mando militar y combinar las operaciones de una campaña.
Los llamamientos que estas diferentes juntas dirigieron al pueblo, si bien reflejaban todo el heroico vigor de un pueblo que ha despertado de pronto de un letargo prolongado y a quien una sacudida eléctrica ha puesto en estado de febril actividad, no están exentos de esa exageración pomposa, de ese estilo en que se mezclan lo bufo y lo fatuo y de esa grandilocuencia rimbombante que llevó a Sismondi a calificar de oriental la literatura española. Una muestra no menos elocuente de la vanidad infantil del carácter español es el que, por ejemplo, los miembros de las juntas se confirieran el título de «alteza» y se enfundaran en llamativos uniformes.
Hay dos circunstancias en relación con estas juntas, una de las cuales es una muestra del bajo nivel del pueblo en la época de su alzamiento, mientras que la otra iba en detrimento del progreso de la revolución. Las juntas fueron elegidas sobre la base del sufragio universal; pero «el celo de las clases bajas se manifestó en la obediencia». Generalmente elegían sólo a sus superiores naturales: nobles y personas de calidad de la provincia, respaldados por el clero, y rara vez a personalidades salientes de la burguesía. El pueblo tenía tal conciencia de su debilidad, que limitaba su iniciativa a obligar a las clases altas a la resistencia frente al invasor, sin pretender participar en la dirección de esta resistencia. En Sevilla, por ejemplo, «el pueblo se preocupó, ante todo, de que el clero parroquial y los superiores de los conventos se reunieran para la elección de la Junta». Así las juntas se vieron llenas de gentes que habían sido elegidas teniendo en cuenta la posición ocupada antes por ellas y que distaban mucho de ser unos jefes revolucionarios. Por otra parte, el pueblo, al designar estas autoridades, no pensó en limitar sus atribuciones ni en fijar término a su gestión. Naturalmente, las juntas sólo se preocuparon de ampliar las unas y de perpetuar la otra. Y así, estas primeras creaciones del impulso popular, surgidas en los comienzos mismos de la revolución, siguieron siendo durante todo su curso otros tantos diques de contención frente a la corriente revolucionaria cuando ésta amenazaba desbordarse.
El 20 de julio de 1808, cuando José Bonaparte entraba en Madrid, 14.000 franceses a las órdenes de los generales Dupont y Vidal se vieron obligados por Castaños a deponer las armas en Bailén; pocos días después, José tuvo que retirarse de Madrid a Burgos. Se produjeron otros dos acontecimientos que alentaron grandemente a los españoles: uno fue que el general Palafox hizo levantar a Lefebvre el sitio de Zaragoza, y el otro la llegada a La Coruña del ejército del marqués de la Romana, compuesto de 7.000 hombres, que, a despecho de los franceses, habían embarcado en la isla de Funen para acudir en auxilio de la patria en peligro.
Después de la batalla de Bailén, la revolución llegó a su apogeo, y el sector de la alta nobleza que había aceptado la dinastía a de los Bonaparte o se mantenía prudentemente a la expectativa, se decidió a adherirse a la causa del pueblo; lo cual representó para esta causa una ventaja muy dudosa.
25 de septiembre de 1854
Pudo así rehacerse y ocupar una posición sólida el ejército francés, que, a excepción de las fuerzas del mariscal Bessières, se había replegado a la línea del Ebro en el mayor desorden, de tal suerte que, de haberlo hostigado enérgicamente, se lo hubiera podido dispersar con facilidad u obligar al menos a repasar la frontera. Pero lo que levantó una protesta nacional contra las rivalidades de las juntas y el cómodo laissez faire de los jefes fue sobre todo la sangrienta represión que de la insurrección de BilbaoNOTA 10 hizo el general Merlin. La urgencia de combinar los movimientos militares; el convencimiento de que Napoleón no tardaría en aparecer al frente de un ejército victorioso sacado de las orillas del Niemen, del Oder y de las costas del Báltico; la ausencia de una autoridad general para concertar tratados de alianza con la Gran Bretaña u otras potencias extranjeras y para mantener el contacto con la América española y percibir sus tributos; la existencia en Burgos de un poder central francés y la necesidad de oponer un altar a otro altar, fueron circunstancias que se conjugaron para obligar a la Junta de Sevilla a renunciar, aunque de mala gana, a su imprecisa y un tanto nominal supremacía y a proponer a las diversas juntas provinciales que eligieran de su seno dos representantes, con la reunión de todos los cuales se constituiría una Junta Central, en tanto que las juntas provinciales quedarían encargadas del gobierno interior de sus respectivas provincias, «pero supeditadas a la Junta Central». En su consecuencia, la Junta Central, compuesta de treinta y cinco representantes de juntas provinciales (treinta y cuatro de juntas peninsulares y una de las islas Canarias), se reunió en Aranjuez el 25 de septiembre de 1808, precisamente un día antes de que los potentados de Rusia y Alemania se postraran en Erfurt a los pies de NapoleónNOTA 11
En circunstancias revolucionarias, más aún que en circunstancias normales, los destinos de los ejércitos reflejan la verdadera naturaleza del poder civil. La Junta Central, encargada de arrojar del suelo español a los invasores, se vio obligada, ante los triunfos de las tropas enemigas, a retirarse de Madrid a Sevilla y de Sevilla a Cádiz, para morir allí ignominiosamente. Caracterizó su reinado una deshonrosa sucesión de derrotas, el aniquilamiento de los ejércitos españoles y finalmente la disolución de la resistencia regular en hazañas de guerrillas, Como dijo Urquijo, un noble español, dirigiéndose al capitán general de Castilla, Cuesta, el 3 de abril de 1808:
Nuestra España representa en sí un edificio gótico, construido con los materiales más diversos; existen en nuestro país tantos gobiernos, privilegios, leyes y costumbres como provincias. En España no hay nada que se parezca a lo que en Europa se llama dirección social. Estas causas constituirán siempre un obstáculo a la creación de un poder central que sea lo suficientemente sólido para unir todas las fuerzas nacionales.
Así, pues, si la situación de España en la época de la invasión francesa implicaba las mayores dificultades para la creación de un centro revolucionario, la composición misma de la Junta Central la incapacitaba para estar a la altura de la terrible crisis que atravesaba el país. Excesivamente numerosos y elegidos al azar para ejercer las funciones de un gobierno ejecutivo, sus representantes eran al mismo tiempo muy pocos para que pudieran tener la pretensión de desempeñar el papel de Convención nacionalNOTA 12 El solo hecho de que fueran delegados por las juntas provinciales, les hacía incapaces de vencer las inclinaciones ambiciosas, la mala voluntad y el caprichoso egoísmo de estas corporaciones. Las juntas mencionadas, cuyos miembros, como ya hemos indicado en el artículo precedente, eran elegidos por regla general atendiendo a la posición que ocupaban en la antigua sociedad y no a su aptitud para crear una nueva, enviaron a su vez a la Junta Central a grandes de España, prelados, títulos de Castilla, ex ministros, altos empleados civiles y militares de elevada graduación, en lugar de los nuevos elementos surgidos de la revolución, Desde sus comienzos, la revolución española fracasó por esforzarse en conservar un carácter legítimo y respetable.
Los dos miembros más eminentes de la Junta Central, a cuyo alrededor se habían agrupado sus dos grandes partidos, fueron Floridablanca y Jovellanos, víctimas ambos de la persecución de Godoy, ambos ex ministros, valetudinarios y envejecidos en los hábitos rutinarios y formalistas del dilatorio régimen español, cuya lentitud solemne y circunstanciada se había hecho ya proverbial en tiempos de Bacon, quien exclamó una vez: «¡Ojalá la muerte me llegue de España, porque entonces llegará muy tarde!»
Floridablanca y Jovellanos representaban un antagonismo, pero un antagonismo perteneciente al período del siglo XVIII que precedió a la revolución francesa. El primero era un burócrata plebeyo; el segundo, un filántropo aristocrático. Floridablanca era partidario y ejecutor del despotismo ilustrado que representaban Pombal, Federico II y José II; Jovellanos era un «amigo del pueblo», al que esperaba elevar a la libertad mediante un sistema de leyes económicas, elaboradas con toda prudencia, y por la propaganda literaria de doctrinas generosas. Ambos eran opuestos a las tradiciones del feudalismo, esforzándose el uno por despejar el terreno al poder monárquico y tratando el otro de librar a la sociedad civil de sus trabas. El papel de cada uno de ellos en la historia de su país se ajusta a la diversidad de sus opiniones. Floridablanca gozó de un poder supremo como primer ministro de Carlos III y su gobierno se tornó despótico en la medida en que halló resistencia. Jovellanos, cuya carrera ministerial bajo Carlos IV fue de corta duración, conquistó su influencia sobre el pueblo español, no como ministro, sino como sabio, no con decretos, sino con sus escritos.
Floridablanca, cuando la borrasca de los tiempos lo llevó a la cabeza de un gobierno revolucionario, era un octogenario que sólo conservaba intacta su fe en el despotismo y su desconfianza en la acción espontánea popular. Al ser enviado a Madrid como delegado dejó en el Ayuntamiento de Murcia una protesta secreta en la que declaraba que sólo había cedido a la fuerza y ante el temor de que el pueblo siguiese el camino de los asesinatos y que firmaba aquel documento con el objeto expreso de prevenir al rey José para que no lo culpara nunca de haber aceptado el mandato popular. No contento con el retorno a las tradiciones de su madurez, rectificó aquellas medidas de su pasado ministerial que ahora le parecían demasiado audaces.
Así, él, que había expulsado de España a los jesuitasNOTA 13 apenas se vio instalado en la Junta Central, hizo que se les autorizara a regresar «en calidad de particulares». Si algún cambio se había producido para él desde el período de su mando anterior era únicamente el de que Godoy, que había desterrado y desposeído de su omnipotencia gubernamental al gran conde de Floridablanca, dejaba su puesto ahora a este mismo conde de Floridablanca, y se veía expulsado a su vez. Éste era el hombre al que la Junta Central designó para presidirla y al que la mayoría de la Junta consideró como caudillo infalible.
Jovellanos, que dirigía la minoría más influyente de la Junta Central, había envejecido también y perdido gran parte de sus energías en el largo y penoso encarcelamiento que le impusiera Godoy.
Pero aun en sus mejores tiempos no había sido un hombre de acción revolucionaria, sino un reformador bien intencionado, que por su exceso de delicadeza respecto a los medios a emplear jamás se hubiera atrevido a llevar las cosas hasta el fin. En Francia acaso hubiera llegado hasta donde Mounier o Lally-Tollendal, pero ni un paso más allá. En Inglaterra hubiera figurado como un miembro popular de la Cámara de los Lores.
En la España sublevada podía proporcionar ideas a la juventud llena de aspiraciones, pero prácticamente no podía competir ni aun con la tenacidad servil de un Floridablanca. No exento por completo de prejuicios aristocráticos y, por lo mismo, propenso en gran medida, como Montesquieu, a la anglomanía, esta notable personalidad constituía la prueba de que si España había engendrado por excepción una mente capaz de grandes síntesis, sólo pudo hacerlo a costa de la energía individual de que estaba dotada para la realización de tareas puramente locales.
Cierto es que de la Junta Central formaban parte unos cuantos hombres --a quienes dirigía don Lorenzo Calvo de Rosas, delegado de Zaragoza--, los cuales, a la vez que adoptaban las opiniones reformadoras de Jovellanos, incitaban a la acción revolucionaria. Pero su número era demasiado escaso y sus nombres demasiado poco conocidos para que les fuera posible sacar la lenta carreta estatal de la Junta fuera del camino trillado del ceremonial español.
Ese poder, compuesto tan torpemente, constituido tan sin energía, acaudillado por tales antiguallas, estaba llamado a realizar una revolución y a vencer a Napoleón. Si sus proclamas eran tan enérgicas como débiles sus hechos, debíase al poeta don Manuel Quintana, al que la Junta tuvo el buen gusto de nombrar secretario y de confiarle la redacción de sus manifiestos.
Como los héroes pretenciosos de Calderón que, confundiendo la distinción convencional con la grandeza genuina, solían anunciarse mediante una tediosa enumeración de todos sus títulos, la Junta se ocupó ante todo de decretar los honores y distinciones propios de su elevada posición. Su presidente recibió el título de «alteza»; los demás miembros, el de «excelencia», y a la Junta en pleno le fue reservado el de «majestad». Sus componentes adoptaron un pintoresco uniforme parecido al de general. Adornaron sus pechos con insignias que representaban a ambos mundos y se asignaron emolumentos anuales de 120.000 reales. La circunstancia de que los jefes de la España en revuelta se preocupasen, ante todo, de vestirse con trajes teatrales, a fin de entrar majestuosa y dignamente en la escena histórica, se hallaba de acuerdo con la antigua escuela española.
Rebasaríamos los límites de estos bosquejos si penetráramos en la historia interna de la Junta Central y en los detalles de su administración. Para nuestro objeto bastará con dar respuesta a dos preguntas. ¿Qué influencia ejerció la Junta en el desarrollo del movimiento revolucionario español? ¿Qué influencia ejerció en la defensa del país? Una vez contestadas estas dos preguntas, hallarán explicación muchos aspectos de las revoluciones españolas del siglo XIX que hasta ahora aparecían misteriosos e inexplicables.
Desde el comienzo, la mayoría de la Junta Central consideró como su primordial deber sofocar los primeros arrebatos revolucionarios. Por esto amordazó de nuevo a la prensa y designó a un nuevo Inquisidor General, al que por fortuna los franceses impidieron entrar en funciones. A pesar de que gran parte de las tierras españolas eran bienes de «manos muertas» --en forma de mayorazgos y dominios inalienables de la Iglesia--, la Junta ordenó suspender la venta de estas propiedades, que había dado ya comienzo, amenazando incluso con anular los contratos privados tocantes a los bienes eclesiásticos que ya habían sido vendidos. La Junta reconoció la deuda nacional, pero no adoptó ninguna medida financiera para aliviar al presupuesto del cúmulo de cargas con que lo había agobiado una secular sucesión de gobiernos corrompidos, ni hizo nada para reformar su sistema tributario proverbialmente injusto, absurdo y oneroso, ni para abrir a la nación nuevas fuentes de trabajo productivo, rompiendo los grilletes del feudalismo.
20 de octubre de 1854
De ese modo llegó a superar en poder al mismo Parlamento francés, al que se asemejaba en muchos aspectos, salvo en el hecho de que nunca se ponía del lado del pueblo. Habiendo sido la autoridad más poderosa de la vieja España, el Consejo Real tenía que ser naturalmente el enemigo más implacable de una España nueva y de todas las autoridades populares recién surgidas que amenazaban con mermar su influencia suprema. Como gran dignatario de la orden de los abogados y garantía viva de todos sus abusos y privilegios, el Consejo disponía naturalmente de todos los numerosos e influyentes intereses encomendados a la jurisprudencia española. Era, por tanto, un poder con el que la revolución no podía llegar a ningún compromiso: había que barrerlo, o permitir que fuese él quien barriese a la revolución. Como hemos visto en un articulo anterior, el Consejo se había vendido a Napoleón y con este acto de traición había perdido toda su influencia sobre el pueblo. Pero el día en que se hizo cargo del poder, la Junta Central fue lo bastante necia para comunicar al Consejo su constitución y pedirle que le prestara juramento de fidelidad, declarando que, después de recibírselo, enviaría la misma fórmula de juramento a todas las demás autoridades del reino.
Ese paso irreflexivo, censurado en voz alta por todo el partido revolucionario, persuadió al Consejo de que la Junta Central necesitaba su apoyo. El Consejo no tardó en abandonar su timidez, y tras fingidas vacilaciones que duraron varios días, declaró, de mala gana, su sumisión a la Junta, agregando a su juramento, como expresión de sus escrúpulos reaccionarios, la recomendación de que la Junta se disolviera, reduciendo el número de sus miembros a tres a cinco, con arreglo a la Ley 3, Partida 2, Título 15, y ordenara la disolución forzosa de las juntas provinciales. Después de que los franceses volvieron a Madrid y disolvieron el Consejo Real, la Junta Central, no satisfecha con su primer desatino, cometió la insensatez de resucitarlo, creando el Consejo Reunido, que no era más que la unión del Consejo de Castilla con todas las demás supervivencias de los antiguos Consejos reales. De este modo, la Junta creó por su propia iniciativa un poder central para la contrarrevolución, poder que, opuesto al suyo, nunca cesó de molestarla y contrarrestar sus actividades con sus intrigas y conspiraciones, tratando de inducirla a adoptar las medidas más impopulares, para denunciarla después con ademanes de virtuosa indignación y exponerla a la cólera y al desprecio del pueblo. Huelga casi decir que con haber reconocido primero y restaurado después el Consejo Real, la Junta Central no pudo reformar nada ni en la organización de los tribunales españoles ni en su legislación civil y criminal más defectuosa.
No obstante el predominio en la insurrección española de los elementos nacionales y religiosos, existió en los dos primeros años una muy resuelta tendencia hacia las reformas sociales y políticas, como lo prueban todas las manifestaciones de las juntas provinciales de aquella época, que, aun formadas como lo estaban en su mayoría por las clases privilegiadas, nunca se olvidaban de condenar el antiguo régimen y de prometer reformas radicales. El hecho lo prueban asimismo los manifiestos de la Junta Central. En la primera proclama de ésta a la nación, fechada el 26 de octubre de 1808, se dice:
Una tiranía de veinte años, ejercida por gente completamente incapaz, nos ha conducido al borde del precipicio. El pueblo, lleno de odio y de desprecio, ha vuelto la espalda a su Gobierno. Oprimidos y humillados, sin conocer nuestras propias fuerzas, buscando inútilmente el apoyo contra nuestro propio Gobierno en nuestras instituciones y leyes, incluso la dominación de los extranjeros hemos aceptado recientemente con menos odio que la funesta tiranía que pesa sobre nosotros. El dominio ejercido por la voluntad de un solo hombre, siempre caprichoso y casi siempre injusto, se ha prolongado demasiado tiempo; demasiado tiempo se ha abusado de nuestra paciencia, de nuestro legalismo, de nuestra lealtad generosa; por esto ha llegado el momento de llevar a la práctica leyes beneficiosas para todos. Son necesarias las reformas en todos los terrenos. La Junta crea distintas comisiones, cada una de las cuales se ocupará de un número de funciones determinadas y a las cuales se podrán después mandar todos los documentos referentes a los asuntos gubernamentales y administrativos.
En el manifiesto fechado en Sevilla el 28 de octubre de 1809, la Junta decía:
Un despotismo degenerado y caduco ha desbrozado el camino a la tiranía francesa. Dejar que el Estado sucumba a consecuencia de los antiguos abusos, constituiría un crimen tan monstruoso como entregaros a manos de Bonaparte.
Parece ser que en la Junta Central existía una división del trabajo sumamente original: el partido de Jovellanos se encargaba de proclamar y protocolizar las aspiraciones revolucionarias de la nación, y el partido de Floridablanca se reservaba el placer de darles un rotundo mentís y de oponer a la ficción revolucionaria la realidad contrarrevolucionaria. Para nosotros, sin embargo, lo importante es probar, basándonos en las mismas afirmaciones de las juntas provinciales consignadas ante la Central, el hecho frecuentemente negado de la existencia de aspiraciones revolucionarias en la época de la primera insurrección española.
De la influencia ejercida por los representantes de la Junta Central en las diversas provincias a que fueron enviados puede deducirse el uso que la Junta Central hizo de las oportunidades que para implantar reformas le proporcionaban la buena voluntad de la nación, la presión que ejercían los acontecimientos y la presencia de un peligro inmediato. Un escritor español nos dice ingenuamente que la Junta Central, en la que no sobraban las grandes capacidades, tuvo buen cuidado de retener en el centro a los miembros más eminentes y de enviar a la periferia a los que no valían para nada. Estos delegados fueron investidos de la facultad de presidir las juntas provinciales y de representar a la Junta Central con la plenitud de sus atribuciones. Para citar sólo algunos ejemplos de su actuación, hablaremos del general de la Romana, al que los soldados españoles solían llamar el «marqués de las Romerías», por sus perpetuas marchas y contramarchas. (No se entablaba nunca combate sino cuando daba la casualidad de que él estaba ausente). Ese general, al ser arrojado de Galicia por Soult, entró en Asturias en calidad de delegado de la Junta Central. Su primer acto consistió en enemistarse con la Junta provincial de Oviedo, cuyas medidas, enérgicas y revolucionarias, le habían granjeado el odio de las clases privilegiadas. Llevó las cosas hasta el extremo de disolver la Junta y sustituir a sus miembros por sus propias criaturas. Informado el general Ney de estas disensiones surgidas en una provincia que había ofrecido una resistencia general y unánime a los franceses, lanzó al momento sus tropas contra Asturias, arrojó de allí al «marqués de las Romerías», entró en Oviedo y lo saqueó durante tres días. Cuando los franceses evacuaron Galicia a fines de 1809, nuestro marqués y delegado de la Junta Central entró en La Coruña, concentró en sus manos toda la autoridad, suprimió las juntas de distrito que se habían multiplicado con la insurrección y las reemplazó por gobernadores militares; amenazó a los miembros de dichas juntas con perseguirlos, y persiguió efectivamente a los patriotas, manifestando extraordinaria benevolencia para con todos los que habían abrazado la causa del invasor y procediendo en todos los demás aspectos como un badulaque nocivo, incapaz y caprichoso. Y ¿cuáles habían sido los errores de las juntas provinciales y de distrito de Galicia? Esas juntas habían ordenado un reclutamiento general sin excepciones para clases ni personas, habían impuesto tributos a los capitalistas y propietarios, habían reducido los sueldos de los funcionarios públicos, habían ordenado a las congregaciones religiosas que pusieran a su disposición los ingresos guardados en sus arcas; en una palabra, habían adoptado medidas revolucionarias. Desde la llegada del glorioso «marqués de las Romerías», Asturias y Galicia, las dos provincias que más se distinguieron por su unánime resistencia a los franceses, se ponían al margen de la guerra de la Independencia cada vez que no se veían amenazadas por un peligro inmediato de invasión.
En Valencia, donde parecieron abrirse nuevos horizontes mientras el pueblo quedó entregado a sí mismo y a los jefes elegidos por él, el espíritu revolucionario se vio quebrantado por la influencia del Gobierno central. No satisfecha con colocar esta provincia bajo el generalato de un don José Caro, la Junta Central envió como delegado «propio» al barón de Labazora. Ese barón culpó a la Junta provincial de haber opuesto resistencia a ciertas órdenes superiores y anuló el decreto por el que aquélla había suspendido sensatamente la ocupación de las canonjías, prebendas y beneficios eclesiásticos vacantes, para destinar las cantidades correspondientes a los hospitales militares, Ello dio origen a agrias disputas entre la Junta Central y la de Valencia. A esto se debió más tarde el letargo de Valencia bajo la administración liberal del mariscal Suchet. De ahí el entusiasmo con que proclamó a Fernando VII a su regreso, oponiéndolo al Gobierno revolucionario de entonces.
En Cádiz, que era lo más revolucionario de España en aquella época, la presencia de un delegado de la Junta Central, el estúpido y engreído marqués de Villel, provocó una insurrección el 22 y 23 de febrero de 1809 que, de no haber sido desviada a tiempo hacia el cauce de la guerra por la independencia, hubiera tenido las más desastrosas consecuencias.
No existe mejor prueba de la arbitrariedad manifestada por la Junta Central en la designación de sus delegados que el ejemplo del señor Lozano de Torres, emisario enviado a Wellington. Dicho señor, al mismo tiempo que se deshacía en adulaciones serviles ante el general inglés, comunicaba secretamente a la Junta que las quejas del general respecto a la escasez de víveres eran del todo infundadas. Wellington descubrió la doblez de este truhán y lo arrojó ignominiosamente de su campamento.
La Junta Central estaba en las más favorables condiciones para llevar a cabo lo que había proclamado en uno de sus manifiestos a la nación española. «La Providencia ha decidido que en la terrible crisis que atravesamos, no pudierais dar un solo paso hacia la independencia sin que al mismo tiempo no os acercara hacia la libertad». Al comienzo de la actuación de la Junta, los franceses no dominaban ni tan sólo la tercera parte del país. Las antiguas autoridades, o estaban ausentes, o postradas a sus pies, por hallarse en connivencia con el invasor, o se dispersaron a la primera orden suya. No había reforma social conducente a transferir la propiedad y la influencia de la Iglesia y de la aristocracia a la clase media y a los campesinos que no hubiera podido llevarse a cabo alegando la defensa de la patria común. Había cabido a la Junta Central la misma suerte que al Comité de Salud Pública francésNOTA 14 es decir, la coincidencia de que la convulsión interior se veía apoyada por las necesidades de la defensa contra las agresiones del exterior. Además, tenía ante sí el ejemplo de la audaz iniciativa a que ya habían sido forzadas ciertas provincias por la presión de las circunstancias. Pero no satisfecha con actuar como un peso muerto sobre la revolución española, la Junta Central laboró realmente en sentido contrarrevolucionario, restableciendo las autoridades antiguas, volviendo a forjar las cadenas que habían sido rotas, sofocando el incendio revolucionario en los sitios en que estallaba, no haciendo nada por su parte e impidiendo que los demás hicieran algo. Durante su permanencia en Sevilla, hasta el Gobierno conservador inglés, el 20 de julio de 1809, juzgó necesario dirigir una nota a la Junta protestando enérgicamente contra su rumbo contrarrevolucionario «temiendo que eso pudiera ahogar el entusiasmo del pueblo». Se ha hecho notar en alguna parte que España sufrió todos los males de la revolución sin adquirir energía revolucionaria. De haber algo de cierto en esta observación, ello constituye una abrumadora condena de la Junta Central.
Nos ha parecido muy necesario extendernos sobre este punto porque su importancia decisiva no ha sido comprendida por ningún historiador europeo. Sólo bajo el poder de la Junta Central era posible unir las realidades y las exigencias de la defensa nacional con la transformación de la sociedad española y la emancipación del espíritu nacional, sin lo cual toda constitución política tiene que desvanecerse como un fantasma al menor contacto con la vida real. Las Cortes se vieron situadas en condiciones diametralmente opuestas. Acorraladas en un punto lejano de la península, separadas durante dos años del núcleo fundamental del reino por el asedio del ejército francés, representaban una España ideal, en tanto que la España real se hallaba ya conquistada o seguía combatiendo. En la época de las Cortes, España se encontró dividida en dos partes. En la isla de León, ideas sin acción; en el resto de España, acción sin ideas. En la época de la Junta Central, al contrario, era preciso que se dieran una debilidad, una incapacidad y una mala voluntad singulares por parte del Gobierno supremo para trazar una línea divisoria entre la guerra de independencia y la revolución española. Por consiguiente, las Cortes fracasaron, no como afirman los autores franceses e ingleses, porque fueran revolucionarias, sino porque sus predecesores habían sido reaccionarios y no habían aprovechado el momento oportuno para la acción revolucionaria. Los autores españoles modernos, ofendidos por las críticas anglofrancesas, se han mostrado sin embargo incapaces de refutarlas y hasta ahora se ofenden ante la broma del abate de Pradt: «El pueblo español se asemeja a la mujer de Sganarelle, la cual quiere que la apaleen».
27 de octubre de 1854
Por lo que he visto en los procedimientos de la Junta Central, mucho me temo que la distribución de sus fuerzas no atienda tanto a la defensa militar y a las operaciones de guerra como a las intrigas políticas y al logro de fines políticos mezquinos.
En las épocas revolucionarias, en que se relajan todos los lazos de subordinación, la disciplina militar sólo puede ser restablecida haciendo pesar severamente sobre los generales la disciplina civil. Como la Junta Central, a causa de su composición absurda, no logró nunca dominar a los generales, éstos no pudieron nunca dominar a los soldados, y hasta el fin de la guerra el ejército español no alcanzó jamás un nivel medio de disciplina y subordinación. Esa insubordinación fue sostenida por la falta de víveres, de ropa y de todos los demás requisitos materiales de un ejército, pues la moral de un ejército --empleando las palabras de Napoleón-- depende por completo de su situación material. La Junta Central no podía abastecer regularmente al ejército porque para esto no servían de nada los manifiestos del pobre poeta Quintana, y para añadir fuerza coercitiva a sus decretos hubiera tenido que recurrir a las mismas medidas revolucionarias que había condenado en provincias. El mismo reclutamiento general, sin consideración a privilegios y exenciones, y la facilidad otorgada a todos los españoles para obtener cualquier grado en el ejército, fue obra de las juntas provinciales y no de la Junta Central. Si las derrotas del ejército español eran, pues, provocadas por la incapacidad contrarrevolucionaria de la Junta Central, estos desastres venían a su vez a aumentar el estado de depresión en que se encontraba el Gobierno, y al hacerle objeto del desprecio y del recelo populares aumentaban la dependencia en que se encontraba con respecto a unos jefes militares presuntuosos, pero ineptos.
El ejército regular español, aunque derrotado en todas partes, se presentaba en cualquier sitio. Dispersado más de veinte veces, siempre estaba dispuesto a hacer de nuevo frente al enemigo, y a menudo reaparecía con renovadas fuerzas después de una derrota. De nada servía derrotarle, porque, presto a la huida, sus bajas solían ser pocas y, en cuanto a la pérdida de terreno, le tenía sin cuidado. Retirábase en desorden a las sierras y volvía a reunirse para reaparecer cuando menos se lo esperaba, reforzado por nuevos contingentes y en condiciones, si no de resistir a los ejércitos franceses, al menos de tenerlos en continuo movimiento y de obligarles a diseminar sus fuerzas. Más afortunados que los rusos, los españoles no tuvieron siquiera necesidad de morir para resucitar de entre los muertos.
La desastrosa batalla de Ocaña del 19 de noviembre de 1809 fue la última gran batalla campal dada por los españoles. A partir de entonces se limitaron a la guerra de guerrillas. El mero hecho del abandono de la guerra regular demuestra la anulación de los organismos centrales de gobierno por los organismos locales. Al generalizarse los desastres del ejército regular se generalizaron también las partidas, y las masas populares, sin prestar apenas atención a las derrotas nacionales, se entusiasmaron con los éxitos locales de sus héroes. En este punto al menos, la Junta Central compartía las ilusiones populares. En la Gaceta se publicaban relatos más detallados de una acción de guerrillas que de la batalla de Ocaña.
Del mismo modo que Don Quijote se oponía a la pólvora con su lanza, así se opusieron las guerrillas a Napoleón, sólo que con muy diferente resultado. «Esas guerrillas --dice la Gaceta Militar austríaca (tomo I, 1821)-- tenían, por decirlo así, su base en ellas mismas y toda operación dirigida contra ellas se terminaba con la desaparición de su objetivo».
Es necesario distinguir tres períodos en la historia de la guerra de guerrillas. En el primer período, la población de provincias enteras tomó las armas y se lanzó a acciones de guerrilleros, como en Galicia y Asturias. En el segundo período, partidas formadas con los restos del ejército español, con españoles que desertaban del ejército francés, con contrabandistas, etc., sostuvieron la guerra como cosa propia, libres de toda influencia extraña y atendiendo a sus intereses inmediatos. Circunstancias y acontecimientos afortunados colocaron muchas veces a comarcas enteras bajo sus enseñas. Mientras las guerrillas estuvieron constituidas de esta manera, no hicieron su aparición como un conjunto temible, pero sin embargo eran sumamente peligrosas para los franceses. Las guerrillas constituían la base de un armamento efectivo del pueblo. En cuanto se presentaba la oportunidad de realizar una captura o se meditaba la ejecución de una empresa combinada, surgían los elementos más activos y audaces del pueblo y se incorporaban a las guerrillas. Con la mayor celeridad se abalanzaban sobre su presa o se situaban en orden de batalla, según el objeto de la empresa acometida. No era raro ver a los guerrilleros permanecer todo un día a la vista de un enemigo vigilante para interceptar un correo o apoderarse de víveres. De este modo Mina el Mozo capturó al virrey de Navarra nombrado por José Bonaparte, y Julián hizo prisionero al comandante de Ciudad Rodrigo. En cuanto se consumaba la empresa cada cual se marchaba por su lado y los hombres armados se dispersaban en todas direcciones; los campesinos agregados a las partidas volvían tranquilamente a sus ocupaciones habituales «sin que nadie hiciera ningún caso de su ausencia». De este modo resultaban interceptadas las comunicaciones en todos los caminos. Había miles de enemigos al acecho aunque no pudiera descubrirse ninguno. No podía mandarse un correo que no fuese capturado, ni enviar víveres que no fueran interceptados. En suma, no era posible realizar un movimiento sin ser observado por un centenar de ojos. Al mismo tiempo no había manera de atacar la raíz de una coalición de esta especie. Los franceses se veían obligados a permanecer constantemente armados contra un enemigo que, aunque huía continuamente, reaparecía siempre y se hallaba en todas partes sin ser realmente visible en ninguna, sirviéndole las montañas de otras tantas cortinas.
«No eran los combates ni las escaramuzas --dice el abate de Pradt-- lo que agotaba a las tropas francesas, sino las incesantes molestias de un enemigo invisible que, al ser perseguido, desaparecía entre el pueblo para volver a surgir inmediatamente con renovada energía. El león de la fábula, terriblemente martirizado por un mosquito, constituye una fiel imagen de la situación del ejército francés».
En el tercer período las partidas imitaron al ejército regular: reforzaron sus destacamentos hasta formarlos de 3.000 a 6.000 hombres, dejaron de ser fuerzas de comarcas enteras y cayeron en manos de unos cuantos jefes, que las utilizaron como mejor convenía a sus fines particulares. Ese cambio de sistema de las guerrillas proporcionó a los franceses grandes ventajas. Imposibilitados por su número de esconderse y de desaparecer de súbito sin aceptar la batalla como habían hecho antes, los guerrilleros se veían frecuentemente sorprendidos, derrotados, dispersados e incapacitados por mucho tiempo de causar nuevas molestias.
Comparando los tres períodos de la guerra de guerrillas con la historia política de España, se ve que representan los respectivos grados de enfriamiento del ardor popular por culpa del espíritu contrarrevolucionario del Gobierno. Empezando por el alzamiento de poblaciones enteras, la guerra irregular fue hecha a continuación por partidas cuyas reservas estaban constituidas por comarcas enteras, y más tarde se llegó a los cuerpos de voluntarios, prestos siempre a caer en el bandidaje o a convertirse en regimientos regulares.
Su independencia con respecto al Gobierno supremo, el relajamiento de la disciplina, los continuos desastres, la formación, descomposición y reconstrucción constantes de los cuadros en el transcurso de seis años, forzosamente tenían que imprimir al ejército español un carácter pretoriano, haciéndolo propenso a convertirse por igual en el instrumento o en el azote de sus jefes. Los mismos generales, que necesariamente habían tenido que participar en el Gobierno central, reñir con él o conspirar contra él, echaban siempre su espada en la balanza política. Así, Cuesta, que después pareció conquistar la confianza de la Junta Central en la misma proporción en que perdía las batallas, había empezado por conspirar con el Consejo Real y por prender a los diputados de León en la Junta Central. El propio general Morla, miembro de la Junta Central, se pasó al campo bonapartista después de haber entregado Madrid a los franceses. El fatuo «marqués de las Romerías», miembro también de la Junta Central, conspiró contra ella con el presuntuoso Francisco Palafox, con el desdichado Montijo y con la turbulenta Junta de Sevilla. Los generales Castaños, Blake y La Bisbal (uno de los O'Donnell) figuraron e intrigaron sucesivamente como regentes en la época de las Cortes, y, finalmente, el capitán general de Valencia don Javier Elio puso España a merced de Fernando VII. Indudablemente, el elemento pretoriano se hallaba más desarrollado entre los generales que entre sus tropas.
Por otra parte, el ejército y los guerrilleros (éstos durante la guerra recibieron de entre distinguidos militares de línea parte de sus jefes, como Porlier, Lacy, Eroles y Viliacampa, mientras que el ejército de línea tuvo después entre sus jefes a Mina, el Empecinado y otros caudillos de las partidas) fueron la parte de la sociedad española en que más prendió el espíritu revolucionario, por proceder sus componentes de todos los sectores, incluida la juventud --juventud ambiciosa, entusiasta y patriótica, inaccesible a la influencia soporífera del Gobierno central--, y por estar emancipados de las cadenas del antiguo régimen; parte de ellos, como
Riego, volvía después de algunos años de cautiverio en Francia. No debemos, pues, extrañarnos de la influencia del ejército español en las conmociones posteriores, ni al tomar la iniciativa revolucionaria ni al malograr la revolución con su pretorianismo.
En cuanto a las guerrillas, es evidente que, habiendo figurado durante tantos años en el teatro de sangrientas luchas, y habiéndose acostumbrado a la vida errante, satisfaciendo libremente sus odios, sus venganzas y su afición al saqueo, tenían que constituir por fuerza en tiempos de paz una muchedumbre sumamente peligrosa, dispuesta siempre a entrar en acción a la primera señal en nombre de cualquier partido y de cualquier principio, a defender a quien fuera capaz de darle buena paga o un pretexto para los actos de pillaje.
30 de octubre de 1854
Las circunstancias en que se reunió este Congreso no tienen precedente en la historia. Además de que ninguna asamblea legislativa había hasta entonces reunido a miembros procedentes de partes tan diversas del orbe ni había pretendido resolver el destino de regiones tan vastas en Europa, América y Asia, con tal diversidad de razas y tal complejidad de intereses; casi toda España se hallaba ocupada a la sazón por los franceses y el propio Congreso, aislado realmente de España por tropas enemigas y acorralado en una estrecha franja de tierra, tenía que legislar a la vista de un ejército que lo sitiaba.
Desde la remota punta de la isla Gaditana, las Cortes emprendieron la tarea de echar los cimientos de una nueva España, como habían hecho sus antepasados desde las montañas de Covadonga y SobrarbeNOTA 15 ¿Cómo explicar el curioso fenómeno de que la Constitución de 1812, anatematizada después por las testas coronadas de Europa reunidas en Verona como la más incendiaria invención del jacobinismo, brotara de la cabeza de la España monástica y absolutista precisamente en la época en que ésta parecía consagrada por entero a sostener la guerra santa contra la revolución? ¿Cómo explicar, por otra parte, la súbita desaparición de esta misma Constitución, desvaneciéndose como una sombra («un sueño de sombra», dicen los historiadores españoles) al entrar en contacto con un Borbón de carne y hueso? Si el nacimiento de esta Constitución es un misterio, su muerte no lo es menos. Para resolver el enigma nos proponemos empezar por examinar brevemente la propia Constitución de 1812, que los españoles trataron de poner nuevamente en vigor en dos épocas posteriores, primero durante el período de 1820 a 1823 y después en 1836.
La Constitución de 1812 consta de 334 artículos y está dividida en los diez títulos siguientes: 1) la nación española y los españoles; 2) el territorio español, su religión, su Gobierno y los ciudadanos españoles; 3) las Cortes; 4) el rey; 5) las instituciones de justicia y el procedimiento civil y criminal; 6) la administración interior de las provincias y de los municipios; 7) los impuestos; 8) las fuerzas armadas nacionales; 9) la instrucción pública; 10) el respeto de la Constitución y los procedimientos para modificarla.
Partiendo del principio de que «la soberanía tiene su origen esencial en el pueblo, el cual tiene, por esto, el derecho exclusivo de decretar las leyes fundamentales», la Constitución proclama, no obstante, una división de poderes, con arreglo a la cual «el poder legislativo corresponde a las Cortes junto con el rey», «la ejecución de las leyes corresponde exclusivamente al rey» y «la aplicación de las leyes en los procesos civiles y criminales corresponde a las instituciones judiciales. Ni las Cortes ni el rey tienen el derecho de intervenir en las funciones judiciales, de inmiscuirse en los asuntos dudosos y de proceder a una revisión una vez pronunciada la decisión de los organismos judiciales».
La base de la representación nacional es el número de habitantes, eligiéndose un diputado por cada setenta mil. Las Cortes están formadas por una sola Cámara, la de diputados, elegidos por medio del sufragio universal. El derecho electoral es disfrutado por todos los españoles, a excepción del personal de servicio doméstico, de las personas que se hayan declarado en quiebra y de los criminales. A partir del año 1830 no disfrutará de este derecho el ciudadano que no sepa leer y escribir. Las elecciones son, sin embargo, indirectas, ya que tienen que pasar por tres grados: las elecciones de parroquia, de distrito y de provincia. No se establece como requisito para ser elegido diputado el de poseer determinados bienes. Cierto es que, según el artículo 92, «el diputado a Cortes, para ser elegido, debe disponer de una renta anual decente, que tenga realmente como origen la posición personal»; pero el artículo 93 deja sin efecto el anterior hasta que en sus futuras reuniones las Cortes declaren llegado el momento de ponerlo en práctica. El rey no tiene derecho a disolver las Cortes ni a prorrogar sus sesiones; las Cortes se reunirán anualmente en la capital el 1 de marzo sin necesidad de ser convocadas y funcionarán cuando menos tres meses sin interrupción.
Las Cortes serán renovadas cada dos años y ningún diputado puede ser elegido dos veces consecutivas, es decir, que sólo se puede ser reelegido transcurridos los dos años de una nueva legislatura. Ningún diputado puede pedir ni aceptar del rey recompensas, pensiones u honores. Los secretarios de Estado, los consejeros de Estado y los que desempeñen cargos palaciegos no pueden ser elegidos diputados a Cortes. Ningún funcionario público puede ser elegido diputado por la provincia en la que desempeña su misión. Para indemnizar a los diputados por los gastos que realicen, las provincias respectivas contribuirán con las dietas que las Cortes determinen en el segundo año de su funcionamiento para las que han de sustituirlas. Las Cortes no pueden deliberar en presencia del rey. En los casos en que los ministros tengan que hacer una comunicación a las Cortes en nombre del rey, podrían asistir a los debates cuando y como las Cortes lo juzguen conveniente y tendrán derecho a voz, pero no podrán presenciar ninguna votación. El rey, el príncipe de Asturias y los regentes tienen que jurar la Constitución ante las Cortes, las cuales decidirán sobre cualquier cuestión de hecho o de derecho relacionada con la sucesión del trono y, en caso necesario, elegirán una regencia. Las Cortes han de aprobar, antes de ser ratificados, todos los tratados de alianzas ofensivas o de carácter comercial o financiero, autorizarán o prohibirán la entrada de tropas extranjeras en el reino, decretarán la creación o supresión de cargos en los tribunales establecidos por la Constitución e igualmente la creación o abolición de empleos públicos; determinarán cada año, a propuesta del rey, las fuerzas de mar y tierra en tiempo de paz y en tiempo de guerra; dictarán disposiciones con respecto al ejército, a la armada y a la milicia nacional en todas sus ramas; fijarán los gastos de la administración pública; establecerán los impuestos anuales; concertarán empréstitos en caso de necesidad con la garantía de los fondos públicos; decidirán en todo lo relativo al sistema monetario y de pesas y medidas; establecerán un plan general de instrucción pública, protegerán la libertad política de la prensa, harán real y efectiva la responsabilidad de los ministros, etc. El rey tiene derecho de aplazar la aplicación de las leyes en el período comprendido entre dos legislaturas; si este mismo proyecto de ley es propuesto de nuevo a las Cortes y adoptado por las mismas en el año próximo, entonces se supone que el rey ha dado ya su consentimiento y éste se halla obligado a manifestarlo abiertamente.
Antes de terminar sus trabajos, las Cortes elegirán de su seno una Comisión permanente de siete miembros, que funcionará en la capital hasta la apertura de las nuevas Cortes, hallándose investida de poderes para vigilar la estricta observancia de la Constitución y de las leyes; esta Comisión informará a las Cortes siguientes de cualquier infracción observada y tendrá facultades para convocar Cortes extraordinarias en momentos críticos. El rey no puede salir del país sin el consentimiento de las Cortes. Necesita asimismo su consentimiento para contraer matrimonio. Las Cortes señalan los ingresos anuales de la casa real.
El único Consejo privado del rey es el Consejo de Estado, del que no forman parte los ministros y que está compuesto de cuarenta personas: cuatro eclesiásticos, cuatro grandes de España y el resto funcionarios distinguidos, todos ellos elegidos por el rey de la lista de ciento veinte nombres presentada por las Cortes; pero ningún diputado puede ser consejero y ningún consejero puede aceptar del rey cargos, títulos o nombramientos. Los consejeros de Estado no pueden ser destituidos sin razones suficientes, probadas ante el Tribunal Supremo de Justicia. Las Cortes determinan los emolumentos para los miembros del Consejo, cuya opinión ha de oír el rey en todas las cuestiones importantes, y designan a los candidatos para los cargos eclesiásticos y judiciales. En la parte dedicada a la judicatura son abolidos todos los antiguos consejos, se establece una nueva organización de tribunales y se crea un Tribunal Supremo para juzgar a los ministros en caso de acusación contra ellos, para fiscalizar todos los casos de destitución y suspensión de empleo de los consejeros de Estado y de los funcionarios judiciales, etc. Ningún proceso puede ser empezado sin hacer antes una tentativa de conciliación. Quedan abolidas las torturas, las exacciones y la confiscación de bienes. Se suprimen todos los tribunales extraordinarios a excepción de los militares y eclesiásticos, contra cuyas decisiones puede apelarse, sin embargo, al Tribunal Supremo.
Para el gobierno interior de las ciudades y municipios (donde no existan éstos, deberán ser constituidos, abarcando distritos con una población de mil almas) se crearán ayuntamientos de uno o más alcaldes, regidores y concejales presididos por el corregidor y elegidos por sufragio universal. Ningún funcionario público en activo nombrado por el rey puede ser elegido alcalde, regidor o concejal. La gestión municipal constituye un deber cívico al cual no puede sustraerse nadie sin motivos suficientemente fundados. Las corporaciones municipales desempeñarán todas sus funciones bajo la vigilancia de la Diputación provincial.
El gobierno político de las provincias será confiado al gobernador (jefe político), designado por el rey. El gobernador se halla asesorado por una diputación de la cual es presidente y que es elegida por los distritos cuando se reúnen para las elecciones generales de diputados a Cortes. Esas diputaciones provinciales constan de siete miembros, auxiliados por un secretario retribuido por las Cortes. Las diputaciones celebrarán sesión durante noventa días a lo sumo cada año. Por las atribuciones y deberes a ellas asignados pueden ser consideradas como comisiones permanentes de las Cortes. Todos los miembros de los ayuntamientos y diputaciones provinciales prestan juramento de fidelidad a la Constitución al tomar posesión de sus cargos. En lo que se refiere a los impuestos, todos los españoles sin excepción están obligados a contribuir, en proporción con sus medios, a sufragar los gastos del Estado. Quedan suprimidas todas las aduanas, a excepción de las de costas y fronteras. Todos los españoles están sujetos igualmente al servicio militar, y además del ejército regular se formará una unidad de milicianos nacionales en cada provincia, reclutada entre los habitantes de la misma en número proporcionado a su población y características. Finalmente, la Constitución de 1812 no puede ser alterada, ampliada o corregida en ninguno de sus detalles hasta ocho años después de su promulgación.
Cuando las Cortes trazaron este nuevo plan del Estado español, comprendían, por supuesto, que una Constitución política tan moderna sería completamente incompatible con el antiguo sistema social y por ello dictaron una serie de decretos conducentes a introducir cambios orgánicos en la sociedad civil. Así, por ejemplo, abolieron la Inquisición; suprimieron las jurisdicciones señoriales, con sus privilegios feudales exclusivos, prohibitivos y privativos, a saber, los de caza, pesca, bosques, molinos, etc., exceptuando los adquiridos a título oneroso, por los cuales había de pagarse indemnización. Abolieron los diezmos en toda la monarquía, suspendieron los nombramientos para todas las prebendas eclesiásticas no necesarias para el ejercicio del culto y adoptaron medidas para la supresión de los monasterios y la confiscación de sus bienes.
Las Cortes se proponían transformar las vastas extensiones de tierra yerma, las posesiones reales y los terrenos comunales de España en propiedad privada, vendiendo la mitad para la extinción de la deuda pública, distribuyendo por sorteo una parte, como recompensa patriótica entre los soldados desmovilizados de la guerra de la Independencia, y concediendo otra parte asimismo gratuitamente y por sorteo a los campesinos pobres que quisieran poseer tierra y no pudieran comprarla. Las Cortes autorizaron el cercado de los pastos y otros bienes comunales, lo cual estaba anteriormente prohibido. Derogaron las absurdas leyes que impedían que los terrenos para pastos fueran convertidos en tierra de labor o viceversa, y en general redimieron a la agricultura de las viejas normas arbitrarias y ridículas. Revocaron todas las leyes feudales relativas a los contratos agrícolas y asimismo la ley según la cual el heredero de un mayorazgo no estaba obligado a confirmar los arriendos concedidos por sus antecesores, pues la validez de los mismos expiraba con el que los había otorgado. Anularon el «voto de Santiago», antiguo tributo consistente en cierta cantidad del mejor pan y del mejor vino que los labradores de ciertas provincias tenían que entregar principalmente para el sostenimiento del arzobispo y del capítulo de Santiago. Establecieron un impuesto progresivo considerable, etc.
Siendo uno de sus principales objetivos conservar el dominio de las colonias americanas, que ya habían empezado a sublevarse, las Cortes reconocieron a los españoles de América los mismos derechos políticos que a los de la Península, proclamaron una amnistía general sin ninguna excepción, dictaron decretos contra la opresión que pesaba sobre los indígenas de América y Asia, cancelaron las mitas y los repartimientostNOTA 16 abolieron el monopolio del mercurio y, al prohibir el comercio de esclavos, se pusieron en este aspecto a la cabeza de Europa.
La Constitución de 1812 ha sido acusada, de una parte --por ejemplo, por el mismo Fernando VII en su edicto del 4 de mayo de 1814--, de ser una mera imitación de la Constitución francesa de 1791, trasplantada por unos visionarios al suelo español sin tener en cuenta las tradiciones históricas de España. De otra parte ha habido personas --por ejemplo, el abate de Pradt (De la révolution actuelle de l'Espagne)-- que han sostenido que las Cortes se habían aferrado de un modo irrazonable a fórmulas caducas, tomadas de los antiguos fueros y correspondientes a los tiempos feudales, en que la autoridad real se hallaba amenazada por los desmesurados privilegios de los grandes.
Lo cierto es que la Constitución de 1812 es una reproducción de los fueroNOTA 17 antiguos, pero leídos a la luz de la revolución francesa y adaptados a las exigencias de la sociedad moderna. El derecho a la insurrección, por ejemplo, suele considerarse como una de las innovaciones más audaces de la Constitución jacobina de 1793NOTA 18 pero este mismo derecho se encuentra en los antiguos fueros de Sobrarbe, donde es llamado «Privilegio de la Unión». Ese derecho figura también en la antigua Constitución de Castilla.
Según los fueros de Sobrarbe, el rey no puede hacer la paz ni declarar la guerra, ni concertar tratados sin el previo consentimiento de las Cortes. La Comisión permanente, compuesta de siete miembros de las Cortes, encargada de velar por la rigurosa observancia de la Constitución durante el período de disolución del cuerpo legislativo, se hallaba establecida de antiguo en Aragón y fue introducida en Castilla en la época en que las Cortes principales de la monarquía se fusionaron en una sola corporación. Hasta el período de la invasión francesa existió una institución similar en el reino de Navarra.
Por lo que se refiere a la creación de un Consejo de Estado compuesto de 120 miembros, propuestos al rey por las Cortes y por ellas retribuidos, esta singular creación de la Constitución de 1812 fue sugerida por el recuerdo de la fatal influencia ejercida por las camarillas en todas las épocas de la monarquía española. Con el Consejo de Estado se intentaba sustituir a la camarilla. Además, habían existido instituciones análogas en el pasado. En la época de Fernando IV, por ejemplo, el rey se hallaba rodeado siempre de doce comuneros, designados por las ciudades de Castilla, que ejercían las funciones de consejeros privados, y en 1419 los delegados de las ciudades se lamentaban de que sus representantes hubieran dejado de ser llamados al Consejo del rey. La exclusión de las Cortes de los altos funcionarios y de los palaciegos, así como la prohibición de que los diputados aceptaran del rey honores o empleos, parecen a primera vista tomadas de la Constitución de 1791 y derivadas naturalmente de la moderna división de poderes sancionada por la Constitución de 1812; pero, en realidad, no sólo encontramos precedentes de este género en la antigua Constitución de Castilla, sino que, además, sabemos que el pueblo, en diferentes épocas, se sublevó y dio muerte a los diputados que habían aceptado honores o empleos de la Corona. En cuanto al derecho de las Cortes a designar una regencia en caso de minoría de edad del heredero de la corona, siempre había sido ejercido por las antiguas Cortes de Castilla durante las largas minorías de edad del siglo XIV.
Cierto es que las Cortes de Cádiz privaron al rey del derecho que había ejercido siempre de convocar, disolver o prorrogar las Cortes; pero toda vez que éstas habían caído en desuso precisamente debido a los métodos por medio de los cuales los reyes ampliaban sus privilegios, saltaba a la vista la necesidad de abolir ese derecho. Los hechos enumerados bastan para demostrar que la afanosa limitación del poder real --el rasgo más saliente de la Constitución de 1812--, plenamente justificada de otra parte por el reciente e indignante recuerdo del abominable despotismo de Godoy, tenía su origen en los antiguos fueros de España. Las Cortes de Cádiz no hicieron más que transferir las atribuciones de las castas privilegiadas a la representación nacional. Hasta qué punto temían los reyes españoles los antiguos fueros se patentiza en el hecho de que, cuando en 1805 fue necesaria una nueva compilación de leyes, apareció un decreto real en virtud del cual debían ser suprimidas de la nueva compilación todas las reminiscencias del feudalismo contenidas en el código anterior y correspondientes a una época en que la debilidad de la monarquía obligó a los reyes a llegar con sus vasallos a compromisos que iban en detrimento del poder soberano.
Si la elección de los diputados por sufragio universal constituía una novedad, no debe olvidarse que las mismas Cortes de 1812 fueron elegidas por sufragio universal y que asimismo lo fueron todas las juntas; que toda limitación del sufragio universal hubiera sido, por lo tanto, la violación de un derecho conquistado ya por el pueblo y, finalmente, que, de haberse condicionado el derecho electoral a los medios de fortuna en una época en que casi toda la propiedad inmueble se hallaba en «manos muertas», hubiera sido excluir a la mayoría de la población.
El sistema parlamentario de Cámara única no fue copiado en modo alguno de la Constitución francesa de 1791, como pretenden los malhumorados conservadores ingleses. Nuestros lectores saben ya que desde los tiempos de Carlos I (el emperador Carlos V) la aristocracia y el clero habían perdido sus puestos en las Cortes de Castilla. Pero, aun en la época en que las Cortes se dividían en brazos que representaban a los diferentes estados, se reunían en un mismo salón separados unos de otros sólo por el hecho de ocupar escaños diferentes, y votaban en común. Entre las provincias en las que las Cortes poseían aún un poder efectivo en la época de la invasión francesa, Navarra conservaba la antigua costumbre de convocar las Cortes por estados; pero en las Vascongadas, las asambleas, completamente democráticas, no admitían ni siquiera al clero. Además, si bien el clero y la aristocracia habían conservado sus odiosos privilegios, hacía ya mucho tiempo que habían dejado de formar corporaciones políticas independientes, cuya existencia constituía la base de la composición de las antiguas Cortes.
La separación de los poderes judicial y ejecutivo, decretada por las Cortes de Cádiz, era reclamada ya en el siglo XVIII por los estadistas más esclarecidos de España, y el odio general que se había concitado el Consejo Real desde el principio de la revolución, hizo que se sintiera unánimemente la necesidad de reducir a los tribunales a su esfera peculiar de acción.
La parte de la Constitución que se refiere a la administración municipal de los pueblos es de origen genuinamente español, como ya hemos indicado en un artículo precedente. Las Cortes no hicieron más que restablecer el antiguo sistema municipal, aunque despojándolo de su carácter medieval. En cuanto a las diputaciones provinciales, investidas de los mismos poderes para la administración interna de las provincias que los ayuntamientos para la de los pueblos, las Cortes, al darles forma, tomaron como modelo instituciones similares que existían aún en la época de la invasión francesa en Navarra, Vizcaya y Asturias. Al abolir las exenciones del servicio militar, las Cortes no hicieron otra cosa que sancionar lo que había sido práctica general durante la guerra de la Independencia. La abolición de la Inquisición no era asimismo sino la consagración de un hecho, ya que el Santo Oficio, aunque restablecido por la Junta Central, no se había atrevido a reanudar sus funciones, contentándose sus sagrados miembros con embolsarse sus emolumentos y aguardar prudentemente tiempos mejores. En cuanto a la supresión de los abusos feudales, las Cortes no llegaron siquiera tan lejos como llegaban las reformas tan insistentemente reclamadas en el célebre informe de Jovellanos, presentado en 1795 al Consejo Real en nombre de la Sociedad Económica de Madrid.
Ya a fines del siglo XVIII, los ministros del despotismo ilustrado, Floridablanca y Campomanes, habían empezado a dar pasos en este sentido. Además, no debe olvidarse que en simultaneidad con las Cortes existía en Madrid un Gobierno francés, que en todas las provincias dominadas por los ejércitos de Napoleón había extirpado todas las instituciones monásticas y feudales e introducido el moderno sistema de administración. Los periódicos bonapartistas denunciaban la insurrección como cosa producida enteramente por las intrigas y los sobornos de Inglaterra, con ayuda de los frailes y la Inquisición. Hasta qué punto debió ejercer una saludable influencia en las decisiones de las Cortes la rivalidad con el gobierno invasor podrá verse por el hecho de que la misma Junta Central, en su decreto de septiembre de 1809, por el que se anunciaba la convocatoria de las Cortes, se dirigió a los españoles en los siguientes términos:
«Nuestros enemigos dicen que hemos combatido para defender los antiguos abusos y los defectos inveterados de nuestro gobierno venal. Demostrad que lucháis por el bienestar y por la independencia de vuestro país, que no estáis dispuestos a depender de los deseos indefinidos y del humor variable de un solo hombre», etc.
Por otra parte, podemos descubrir en la Constitución de 1812 indicios inequívocos de un compromiso entre las ideas liberales del siglo XVIII y las tradiciones tenebrosas del clero. Basta citar el artículo 12, según el cual «la religión del pueblo español es y será siempre la católica, apostólica y romana, que es la única religión verdadera. El pueblo la defiende con leyes prudentes y justas y prohíbe la práctica de otras religiones». O bien el artículo 173, que obliga al rey a prestar el siguiente juramento ante las Cortes al subir al trono: «Yo, rey de España por la gracia de Dios y de la Constitución de la monarquía española, juro ante el Todopoderoso y los Santos Evangelios conservar y defender la religión católica, apostólica y romana y no tolerar a ninguna otra religión en el reino».
Examinando, pues, más de cerca la Constitución de 1812 llegamos a la conclusión de que, lejos de ser una imitación servil de la Constitución francesa de 1791, era un producto original de la vida intelectual española, que resucitaba las antiguas instituciones nacionales, introducía las reformas reclamadas abiertamente por los escritores y estadistas más eminentes del siglo XVIII y hacía inevitables concesiones a los prejuicios populares.
24 de noviembre de 1854
Los diputados de León, Valencia, Murcia y las islas Baleares no llegaron hasta tres meses después. Las provincias más reaccionarias, las del interior, no pudieron sino en contadas localidades celebrar las elecciones para las Cortes. Para los diferentes reinos, ciudades y municipios de la vieja España, imposibilitados por los ejércitos franceses de elegir diputados, así como para las provincias ultramarinas de la nueva España, cuyos diputados no pudieron llegar a su debido tiempo, fueron designados sustitutos, escogidos entre la turbamulta, compuesta de gentes que habían ido a parar a Cádiz a consecuencia del desconcierto creado por la guerra, de sudamericanos, de comerciantes del país y de otras partes, a los cuales habían llevado a Cádiz el afán de lucro u otras circunstancias.
Así se dio el caso de que estas provincias estuvieran representadas por hombres más aficionados a la novedad y más impregnados de las ideas del siglo XVIII que lo hubieran sido de haberlos podido elegir ellas mismas. Finalmente, la circunstancia de que las Cortes se reunieron en Cádiz ejerció una influencia decisiva, ya que esta ciudad era conocida entonces como la más radical del reino y parecía más americana que española. Sus habitantes llenaban las galerías de la sala de las Cortes y dominaban a los reaccionarios, cuando la oposición de éstos se tornaba demasiado enojosa, mediante la intimidación y las presiones desde el exterior.
Sería, sin embargo, un gran error suponer que la mayoría de las Cortes estaba formada por partidarios de las reformas. Las Cortes estaban divididas en tres partidos: los serviles, los liberales (estos epítetos salieron de España para difundirse por toda Europa) y los americanos.NOTA 19 Éstos últimos votaban alternativamente por uno u otro partido, de acuerdo con sus intereses particulares.
Los serviles, muy superiores en número, eran arrastrados por la actividad, el celo y el entusiasmo de la minoría liberal. Los diputados eclesiásticos, que integraban la mayoría del partido servil, se mostraban siempre dispuestos a sacrificar las prerrogativas regias; en parte porque recordaban el antagonismo de la Iglesia respecto al Estado, y en parte buscando popularidad para salvar así los privilegios y los abusos de su casta.
Durante los debates sobre el sufragio universal, el sistema de la Cámara única, la supresión del requisito de propiedad para el derecho electoral y el veto suspensivo, el partido eclesiástico se puso siempre al lado del sector más democrático de los liberales contra los partidarios de la Constitución inglesa. Uno de sus miembros, el canónigo Cañedo, después arzobispo de Burgos e implacable perseguidor de los liberales, se dirigió al señor Muñoz Torrero, canónigo también, pero perteneciente al partido liberal, en los siguientes términos: «Estáis de acuerdo con reservar al rey un poder enorme; pero como clérigo estáis obligado ante todo a luchar por los intereses de la Iglesia y no por los del rey».
Los liberales se vieron obligados a entrar en estos compromisos con el partido de la Iglesia, como ya hemos hecho patente apoyándonos en algunos artículos de la Constitución de 1812. Al discutirse la libertad de imprenta, los sacerdotes la combatieron, como «contraria a la religión».
Después de debates sumamente borrascosos y tras haber declarado que todas las personas tenían libertad para expresar sus ideas sin necesidad de licencia especial, las Cortes aprobaron unánimemente una enmienda que, al introducir el vocablo «políticas», redujo dicha libertad a la mitad de su alcance y dejó todos los escritos sobre cuestiones religiosas sometidos a la censura de las autoridades eclesiásticas de acuerdo con las decisiones del Concilio de Trento.NOTA 20
El 18 de agosto de 1813, después de aprobado un decreto contra todos los que conspirasen contra la Constitución, se aprobó otro declarando que todo el que conspirara con objeto de que la nación española dejara de profesar la religión católica, sería perseguido como traidor y condenado a muerte. Al ser abolido el «voto de Santiago» se aprobó una resolución compensadora, proclamando patrona de España a Santa Teresa de Jesús.
Asimismo, los liberales tuvieron buen cuidado de no proponer la abolición de la Inquisición, de los diezmos, de los monasterios, etc, hasta después de promulgada la Constitución. Pero a partir de este mismo instante la oposición de los serviles dentro de las Cortes, y del clero fuera de ellas, se hizo implacable.
Habiendo expuesto ya las circunstancias que explican el origen y las características de la Constitución de 1812, queda por resolver el problema de su repentina y fácil desaparición al retorno de Fernando VII. Rara vez ha presenciado el mundo un espectáculo más humillante.
Cuando Fernando entró en Valencia el 16 de abril de 1814, «el pueblo, presa de un júbilo exaltado, se enganchó a su carroza y dio a entender al rey por todos los medios, verbal y prácticamente, que anhelaba verse de nuevo sometido al yugo de antaño»; resonaron gritos jubilosos de «¡Viva el rey absoluto!» «¡Abajo la Constitución!».
En todas las grandes ciudades, la Plaza Mayor había sido rotulada Plaza de la Constitución, colocándose en ella una lápida con dichas palabras. En Valencia fue arrancada la lápida y sustituida por una placa «provisional» de madera, en la que se leía: «Real Plaza de Fernando VII». El populacho de Sevilla destituyó a todas las autoridades existentes, eligió en su lugar otras para que ocuparan todos los cargos que habían existido bajo el antiguo régimen, y después pidió a las autoridades que restablecieran la Inquisición.
De Aranjuez a Madrid, la carroza de Fernando VII fue arrastrada por el pueblo. Cuando el rey se apeó del carruaje, la turba lo levantó en hombros, lo mostró triunfalmente a la inmensa muchedumbre congregada delante del palacio y asi lo condujo hasta sus aposentos. En el frontispicio del Congreso de Madrid figuraba la palabra «Libertad» en grandes letras de bronce. La plebe corrió allí a quitarla. Llevaron escaleras de mano, fueron arrancando una tras otra las letras y, al caer a la calle cada una de ellas, los espectadores repetían sus aclamaciones. Reunieron todos los diarios de las Cortes y todos los periódicos y folletos liberales que fue posible encontrar, formaron una procesión a la cabeza de la cual iban las cofradías religiosas y el clero regular y secular, amontonaron todos los papeles en una plaza pública y los sacrificaron en un auto de fe político, después de lo cual se celebró una misa solemne y se cantó un Te Deum en acción de gracias por el triunfo alcanzado.
Más importante acaso que todo eso (ya que en estas vergonzosas manifestaciones de la plebe, la canalla de las ciudades fue en parte pagada para hacerlas, y además prefería, como los lazzaroni napolitanos, el gobierno ostentoso de los reyes y de los frailes al régimen sobrio de las clases medias) es el hecho de que en las nuevas elecciones generales obtuvieran una victoria decisiva los serviles; las Cortes Constituyentes se vieron reemplazadas el 20 de septiembre de 1813 por las Cortes ordinarias, que se trasladaron de Cádiz a Madrid el 15 de enero de 1814.
Según hemos puesto ya de manifiesto en anteriores artículos, el mismo partido revolucionario había contribuido a despertar y fortalecer los viejos prejuicios populares, con el propósito de convertirlos en otras tantas armas contra Napoleón.
Hemos visto cómo la Junta Central, en el único período en que podían combinarse las reformas sociales con las medidas de defensa nacional, hizo cuanto estuvo de su mano por impedirlas y por reprimir las aspiraciones revolucionarias de las provincias, Las Cortes de Cádiz, por el contrario, sin relación alguna con España durante la mayor parte de su existencia, no habían podido siquiera dar a conocer su Constitución y sus leyes orgánicas sino al retirarse los ejércitos franceses.
Las Cortes llegaron, por así decir, post factum. Encontraron a la sociedad fatigada, exhausta, dolorida: consecuencia natural de una guerra tan prolongada, sostenida enteramente en el suelo español, de una guerra en la que, con los ejércitos en continuo movimiento, el Gobierno de hoy rara vez era el de mañana, en tanto que la efusión de sangre no cesaba un solo día durante cerca de seis años en toda la superficie de España, de Cádiz a Pamplona y de Granada a Salamanca.
No cabía esperar que una sociedad semejante fuera muy sensible a las bellezas abstractas de una Constitución política cualquiera. Sin embargo, cuando se proclamó por primera vez la Constitución en Madrid y en las otras provincias evacuadas por los franceses, fue acogida con «delirante entusiasmo», pues las masas esperaban de un mero cambio de gobierno la súbita desaparición de sus sufrimientos sociales. Cuando descubrieron que la Constitución no estaba dotada de tan milagrosas facultades, las mismas exageradas esperanzas que la festejaron a su llegada se convirtieron en desengaño, y entre estos apasionados pueblos meridionales, del desengaño al odio no hay más que un paso.
Había también otras circunstancias que contribuyeron principalmente a enajenar las simpatías populares al régimen constitucional. Las Cortes habían publicado severísimos decretos contra los afrancesados o josefinistas.NOTA 21 Las Cortes se habían visto obligadas a hacerlo en parte por el clamor vengativo del populacho y de los reaccionarios, los cuales se revolvieron contra las Cortes en cuanto fueron puestas en vigor las medidas que habían obligado a decretar.
A consecuencia de estas medidas fueron desterradas más de diez mil familias. Una multitud de pequeños tiranos invadió las provincias evacuadas por los franceses, estableciendo su autoridad proconsular y emprendiendo investigaciones, procesos, encarcelamientos, medidas inquisitoriales contra los acusados de adhesión a los franceses por haber aceptado cargos de ellos o haberles comprado bienes nacionales, etc. La regencia, en vez de procurar que la transición del régimen francés al nacional se produjese de una manera discreta y conciliadora, hizo todo lo posible por agravar los males y exacerbar las pasiones inevitables en tales traspasos de poderes. Pero ¿por qué obró de esta forma? Para poder pedir a las Cortes la suspensión de la Constitución de 1812, que, al decir de ella, había provocado tan grandes daños.
Hemos de hacer notar, de paso, que todas las regencias, todas estas autoridades ejecutivas supremas nombradas por las Cortes, solían hallarse integradas por los más resueltos enemigos de las Cortes y de su Constitución.
Ese curioso hecho se explica simplemente por la circunstancia de que los americanos se pusieron siempre de acuerdo con los serviles cuando se trataba de la formación del poder ejecutivo, cuya debilitación juzgaban necesaria para conseguir que las provincias americanas se independizasen de la madre patria, pues estaban seguros de que no bastaba con la simple discrepancia entre el poder ejecutivo y las Cortes soberanas.
La implantación por las Cortes de un impuesto directo único sobre la renta de la tierra, así como sobre los beneficios industriales y comerciales, suscitó también un gran descontento entre el pueblo, pero todavía fue mayor el que suscitaron los absurdos decretos prohibiendo la circulación de todas las monedas españolas acuñadas por José Bonaparte y ordenando a sus poseedores cambiarlas por moneda nacional, al mismo tiempo que prohibían la circulación de moneda francesa y fijaban el tipo a que había de cambiarse.
Ese tipo de cambio difería muchísimo del establecido por los franceses en 1808 para el valor relativo de las monedas francesa y española, debido a lo cual muchos particulares sufrieron grandes pérdidas. Esa absurda medida contribuyó también a elevar el precio de los artículos de primera necesidad, que ya rebasaba considerablemente el nivel medio.
Las clases más interesadas en el derrocamiento de la Constitución de 1812 y en la restauración del antiguo régimen --la grandeza, el clero, los frailes y los abogados-- no dejaron de fomentar hasta el más alto grado el descontento popular derivado de las desdichadas circunstancias que acompañaron a la implantación en el suelo español del régimen constitucional. De aquí la victoria de los serviles en las elecciones generales de 1813.
Sólo en el ejército podía temer el rey alguna resistencia seria; pero el general Elfo y sus oficiales, violando el juramento que habían prestado a la Constitución, proclamaron a Fernando VII en Valencia sin mencionar la Constitución. El ejemplo de Elio no tardaron en seguirlo los demás jefes militares.
En el decreto de 4 de mayo de 1814, por el que Fernando VII disolvía las Cortes de Madrid y derogaba la Constitución de 1812, expresaba al mismo tiempo su odio al despotismo, prometía convocar las Cortes con arreglo a las formas legales antiguas, establecer una libertad de prensa razonable, etc.
Fernando VII cumplió su palabra de la única manera que merecía el recibimiento que el pueblo español le había tributado, esto es, derogando todas las leyes dictadas por las Cortes, volviendo a poner todo como estaba antes, restableciendo la Santa Inquisición, llamando a los jesuitas desterrados por su abuelo, mandando a galeras, a los presidios africanos o al destierro a los miembros más destacados de las juntas y de las Cortes, así como a sus partidarios y, por último, ordenando el fusilamiento de los guerrilleros más ilustres: Porlier y Lacy.
1 de diciembre de 1854
Las expediciones precedentes contra la América española se habían tragado 14.000 hombres desde 1814 y habían sido dirigidas de la manera más indignante e irreflexiva, habían acabado por hacerse sumamente odiosas al ejército y solían ser consideradas como un medio subrepticio para desembarazarse de los regimientos descontentos. Varios oficiales, entre ellos Quiroga, López Baños, San Miguel (el actual Lafayette español), O'Daly y Arco Agüero, decidieron aprovechar el descontento de los soldados para abatir el yugo y proclamar la Constitución de 1812.
Al ser iniciado en el complot, La Bisbal prometió ponerse él mismo al frente del movimiento. Los jefes de la conspiración, de acuerdo con él, fijaron la fecha del 9 de julio de 1819, día en que había de celebrarse una revista general de las tropas expedicionarias, para descargar el gran golpe en plena ceremonia. La Bisbal, en efecto, se presentó puntualmente, pero en lugar de mantener su palabra, ordenó que fueran desarmados los regimientos comprometidos en la conjura, encarceló a Quiroga y a los otros jefes y mandó un correo a Madrid vanagloriándose de haber frustrado la más terrible de las catástrofes. La Bisbal se vio recompensado con ascensos y condecoraciones, pero al recibirse en Palacio informes más exactos, fue privado del mando y se le ordenó el regreso a la capital.
Ese La Bisbal es el mismo que en 1814, al regresar a España el rey, envió a Fernando a uno de sus oficiales con dos cartas. Como la gran distancia que mediaba le impedía observar lo que hacía el rey y ajustar su conducta a la del monarca, en una de las cartas La Bisbal hacía pomposos elogios de la Constitución de 1812, por si el rey la juraba, y en la otra, al contrario, pintaba al régimen constitucional como un sistema de anarquía y confusión, felicitaba a Fernando VII por haberlo exterminado y se ofrecía él y ofrecía a su ejército para combatir a los rebeldes, a los demagogos y a los enemigos del trono y del altar. El oficial entregó el segundo de los mensajes, que fue acogido cordialmente por el Borbón.
A pesar de los síntomas de rebeldía que se habían puesto de relieve entre el ejército expedicionario, el Gobierno de Madrid, al frente del cual se hallaba el duque de San Fernando, presidente del Consejo y ministro de Estado, se mantuvo en una actitud inexplicable de apatía y pasividad y no hizo nada por acelerar la marcha de la expedición o diseminar el ejército en diferentes ciudades del litoral
Mientras tanto se acordó un movimiento simultáneo entre don Rafael del Riego, que mandaba el segundo batallón de Asturias, a la sazón en Cabezas de San Juan, y Quiroga, San Miguel y otros jefes militares de la isla de León, que habían conseguido evadirse de la cárcel.
La situación de Riego era con mucho la más difícil. Cabezas de San Juan se encontraba en el centro de los tres puntos de concentración más importantes del ejército expedicionario: Utrera, donde se hallaba la caballería, Lebrija, donde estaba la segunda división de infantería, y Arcos, donde había un batallón de cazadores y se encontraban asimismo el general en jefe y el Estado Mayor.
Sin embargo, Riego consiguió el 1 de enero de 1820 capturar por sorpresa al general y al Estado Mayor, aunque el batallón acantonado en Arcos era dos veces más numeroso que el batallón de Asturias. El mismo día proclamó en esta localidad la Constitución de 1812, eligió a un alcalde accidental y, no satisfecho con haber cumplido la misión que le había sido confiada, atrajo a su causa a los cazadores, sorprendió al batallón de Aragón, situado en Bornos, se dirigió de Bornos a Jerez y de Jerez al Puerto de Santa María, proclamando en todas partes la Constitución, hasta que el 7 de enero llegó a la isla de León, en cuyo fuerte de San Pedro depositó a los militares que había hecho prisioneros. Contraviniendo lo acordado, Quiroga y sus partidarios no se apoderaron por un coup de main del puente de Suazo y luego de la isla de León, sino que permanecieron inactivos hasta que el 2 de enero un mensajero de Riego, Oltra, les comunicó oficialmente la toma de Arcos y la captura del Estado Mayor.
Las fuerzas del ejército revolucionario, cuyo mando supremo había sido confiado a Quiroga, no pasaban en total de cinco mil hombres, que, al ser rechazados sus ataques contra las puertas de Cádiz, se encontraron encerrados en la isla de León.
«Nuestra situación --dice San Miguel-- era excepcional. Esa revolución, que permaneció en suspenso durante veinticinco días, sin perder ni conquistar ni una sola pulgada de terreno, representa uno de los fenómenos políticos más notables». Las provincias parecían sumidas en una modorra letárgica. Así transcurrió el mes de enero, a fines del cual, Riego, temeroso de que se extinguiera la llama revolucionaria en la isla de León, formó, contra el parecer de Quiroga y los demás jefes, una columna volante de mil quinientos hombres y emprendió la marcha sobre una parte de Andalucía, a la vista de fuerzas diez veces superiores a las suyas que lo perseguían, y proclamando la Constitución en Algeciras, Ronda, Málaga, Córdoba, etc.; en todas partes fue recibido amistosamente por los habitantes, pero sin provocar en ningún sitio un pronunciamiento serio.
Mientras tanto, sus perseguidores, que consumieron todo un mes en infructíferas marchas y contramarchas, no parecían desear otra cosa que rehuir en lo posible el estrecho contacto con su minúsculo ejército. La conducta de las tropas del Gobierno era completamente inexplicable. La expedición de Riego, iniciada el 27 de enero de 1820, terminó el 11 de marzo, día en que se vio obligado a licenciar a los pocos hombres que aún lo seguían. Su pequeño destacamento no fue deshecho en una batalla decisiva, sino disgregado por la fatiga, las incesantes escaramuzas con el enemigo, las enfermedades y las deserciones.
Mientras tanto, la situación de los revolucionarios de la isla de León no era nada esperanzadora. Continuaban bloqueados por mar y tierra y, dentro de la ciudad de Cádiz todas las manifestaciones en favor de su causa eran sofocadas por la guarnición. ¿Cómo ocurrió, pues, que habiendo licenciado Riego en Sierra Morena a las tropas constitucionales el 11 de marzo, se viera Fernando VII obligado a jurar la Constitución en Madrid el 9 del mismo mes, de suerte que Riego consiguió en realidad su objetivo dos días justos antes de dar por perdida su causa?
La marcha de la columna de Riego había despertado de nuevo la atención general. Las provincias eran todo expectación y seguían ávidamente cada uno de los movimientos. Las gentes, sorprendidas por la audacia de Riego, por la rapidez de su avance, por la energía con que rechazaba al enemigo, se imaginaban victorias inexistentes y adhesiones y refuerzos jamás logrados, Cuando las noticias de las hazañas de Riego llegaban a las provincias más distantes, iban agrandadas en no escasa medida, y por esto las provincias más lejanas fueron las primeras en pronunciarse por la Constitución de 1812. Hasta tal punto se encontraba en sazón España para una revolución, que incluso noticias falsas bastaban para producirla. También fueron noticias falsas las que originaron el huracán de 1848.
En Galicia, Valencia, Zaragoza, Barcelona y Pamplona estallaron insurrecciones sucesivas. José Enrique O'Donnell, alias conde de La Bisbal, llamado por el rey para combatir la expedición de Riego, no sólo se comprometió a tomar las armas contra éste, sino a destruir su pequeño ejército y apoderarse de su persona. Lo único que pidió fue el mando de las tropas acantonadas en la Mancha y dinero para sus necesidades personales.
El rey en persona le entregó una bolsa de oro y las órdenes requeridas para las tropas de la Mancha. Pero a su llegada a Ocaña, La Bisbal se puso personalmente a la cabeza de las tropas y proclamó la Constitución de 1812. La noticia de esta defección levantó el espíritu público de Madrid, donde estalló la revolución en cuanto se supo este acontecimiento.
El Gobierno comenzó entonces a parlamentar con la revolución. En un edicto fechado el 6 de marzo, el rey proponía convocar las antiguas Cortes, reunidas en estamentos, decreto que no satisfacía a ningún partido, ni al de la vieja monarquía ni al de la revolución. A su regreso de Francia, Fernando VII había hecho la misma promesa y después no la había cumplido.
Habiendo tenido lugar en Madrid el 7 de marzo por la noche manifestaciones revolucionarias, la Gaceta del día 8 publicó un edicto en el que Fernando VII prometía jurar la Constitución de 1812. «Marchemos francamente --decía en este decreto--, y yo el primero, por la senda constitucional». Invadido el palacio por el pueblo el día 9, el rey pudo salvarse solamente restableciendo el Ayuntamiento de Madrid de 1814, ante el cual juró la Constitución.
A Fernando VII, por su parte, le tenía sin cuidado jurar en falso, ya que disponía siempre de un confesor presto a concederle la absolución plena de todos los pecados posibles. Simultáneamente se instituyó una Junta consultiva, cuyo primer decreto puso en libertad a los presos políticos y autorizó el regreso de los emigrados. Las cárceles recién abiertas mandaron a Palacio el primer Gobierno constitucional.
Castro, Herreros y A. Argüelles, que formaron el primer gabinete, eran mártires de 1814 y diputados de 1822.NOTA 22 La verdadera causa del entusiasmo provocado por el advenimiento al trono de Fernando VII había sido la alegría producida por el alejamiento de Carlos IV, su padre. Del mismo modo, el entusiasmo general que acompañara a la proclamación de la Constitución de 1812 fue debido a la alegría que produjo el alejamiento de Fernando VII. En cuanto a la Constitución misma, ya sabemos que, al quedar terminada, no había territorio donde proclamarla. Para la mayoría del pueblo español, era como el dios desconocido que adoraban los antiguos atenienses.
En nuestros días, algunos escritores ingleses, aludiendo expresamente a la actual revolución española, han afirmado, por una parte, que el movimiento de 1820 no fue más que una conspiración militar y, por otra, que se redujo a una intriga rusa. Ambas afirmaciones son igualmente ridículas.
Hemos visto que la revolución triunfó a pesar del fracaso de la insurrección militar. Y la solución del enigma no se halla en un complot en que participaron 5.000 hombres, sino en que dicho complot fue sancionado por otro complot con 35.000 hombres y una nación leal de doce millones de habitantes. La circunstancia de que la revolución prendiera al comienzo en las filas del ejército la explica fácilmente el hecho de que entre todos los órganos de la monarquía española el ejército era el único que había sido radicalmente transformado y ganado por el espíritu revolucionario durante la guerra de la Independencia.
En cuanto a la intriga rusa, no puede negarse que Rusia tuvo su participación en la revolución española; que ella fue la primera potencia europea que reconoció la Constitución de 1812 por el tratado firmado en Velikie LukNOTA 23 el 20 de julio de 1812; que fue la primera que fomentó la revolución de 1820, la primera que la denunció a Fernando VII, la primera que encendió la antorcha de la contrarrevolución en diversos puntos de la península, la primera que protestó solemnemente ante Europa contra la revolución y obligó, por último, a Francia a una intervención armada para reprimirla. Monsieur de Tatischev, el embajador ruso, era sin duda el personaje más destacado de la Corte de Madrid, la cabeza invisible de la camarilla. Había logrado introducir en la Corte a Antonio Ugarte, un pobre diablo de baja extracción, y ponerlo a la cabeza de los frailes y lacayos que, en su consejillo de escalera de servicio, manejaban entre bastidores el cetro en nombre de Fernando VII.
Por mediación de Tatischev, Ugarte fue nombrado director general de las expediciones contra América del Sur y por mediación de Ugarte se designó al duque de San Fernando ministro de Estado y presidente del Consejo. Ugarte sirvió de intermediario para la adquisición de buques inservibles en Rusia con destino a la expedición a América del Sur, en pago de lo cual se le concedió la Orden de Santa Ana. Ugarte impidió que Fernando VII y su hermano don Carlos se presentaran al ejército en el primer momento de la crisis. Él era el misterioso causante de la inexplicable pasividad del duque de San Fernando y de las medidas que hicieron decir en París a un liberal español en 1836: «Sólo con esfuerzo se puede renunciar a la convicción de que el Gobierno mismo proporcionó los medios para derribar el orden de cosas existente».
Si añadimos el curioso hecho de que el presidente de los Estados Unidos elogiara a Rusia en un mensajeNOTA 24 por haber prometido que no toleraría que España se inmiscuyera en las colonias de América del Sur, pocas dudas pueden quedar respecto al papel de Rusia en la revolución española. Pero ¿qué prueba todo esto? ¿Que Rusia produjo la revolución de 1820? De ningún modo, lo único que prueba es que Rusia impidió al Gobierno español oponerle resistencia.
Que la revolución habría derribado tarde o temprano la monarquía absoluta y clerical de Fernando VII es cosa probada, primero, por la serie de conspiraciones que se venían sucediendo desde 1814; segundo, por el testimonio de M. de Martignac, el comisario francés que acompañó al duque de Angulema durante la invasión legitimista en España; y tercero, por un testimonio que no cabe rechazar: por el del propio Fernando VII.
En 1814, Mina intentó una sublevación en Navarra, dio la primera señal para la resistencia con un llamamiento a las armas y penetró en la fortaleza de Pamplona; pero, desconfiando de sus propios partidarios, huyó a Francia. En 1815, el general Porlier, uno de los más famosos guerrilleros de la guerra de la Independencia, proclamó en Coruña la Constitución. Fue ejecutado. En 1816, Richard intentó apoderarse del rey en Madrid. Fue ahorcado. En 1817, el abogado Navarro y cuatro de sus cómplices perecieron en el cadalso en Valencia por haber proclamado la Constitución de 1812. En el mismo año, el intrépido general Lacy fue fusilado en Mallorca, acusado del mismo crimen. En 1818, el coronel Vidal, el capitán Sola y otros que habían proclamado la Constitución en Valencia fueron vencidos y ejecutados. La conspiración de la isla de León no era, pues, sino el último eslabón de una cadena formada con las cabezas sangrantes de tantos hombres valerosos desde 1808 a 1814.
M. de Martignac, que en 1832, poco antes de su muerte, publicó su obra L'Espagne et ses révolutions, hace las siguientes manifestaciones:
Dos años habían transcurrido desde que Fernando VII recuperara su poder absoluto y aún continuaban las proscripciones dictadas por una camarilla reclutada entre las heces de la sociedad. Toda la maquinaria del Estado había sido vuelta de arriba abajo. No reinaba sino el desorden, la pereza y la confusión. Los impuestos eran distribuidos de la manera más desigual. La situación financiera era deplorable: para los empréstitos no existía crédito alguno, era imposible atender a las más apremiantes necesidades del Estado, el ejército no percibía sus pagas, los magistrados se retribuían a sí mismos por medio de la venalidad, la corrompida e inactiva administración era incapaz de implantar mejora alguna ni aun de conservar nada. De aquí el descontento general del pueblo. El nuevo sistema constitucional fue acogido con entusiasmo por las grandes ciudades, por las clases comerciales e industriales, los hombres de profesiones liberales, el ejército y el proletariado. Tropezó con la resistencia de los frailes y causó estupor entre la población rural.
He aquí las confesiones de un moribundo que había servido de instrumento principal en la subversión de ese nuevo sistema. Fernando VII, en sus decretos de 1 de marzo, 11 de abril y 1 de junio de 1817, 24 de noviembre de 1819, etc., confirma literalmente lo dicho por M. de Martignac y resume sus lamentaciones con estas palabras: «El clamor de las quejas populares que llega hasta nuestros oídos reales nos saca de quicio». Eso demuestra que no se precisaba de ningún Tatischev para provocar una revolución española.
Traducido del inglés.
2 de diciembre de 1854
FRAGMENTO INÉDITO DE LA SERIE DE ARTíCULOS
«LA ESPAÑA REVOLUCIONARIA»
Durante esta expedición,NOTA 25 la segunda que hacía a Cádiz, fue hecho prisionero por un soldado del destacamento del general Molitor, entregado a la banda apostólica y enviado a Madrid, donde lo ejecutaron el 7 de noviembre, cuatro días antes del regreso de Fernando a la capital.
(«No cayó Riego por negligencia, sino que fue traicionado por el infame Borbón».)
Cuando llegó Fernando a Madrid fueron a visitarlo y cumplimentarlo oficiales de la banda del «ejército de la fe;NOTA 26 después de que marcharon, Fernando exclamó dirigiéndose a sus cortesanos: «Son los mismos perros con distintos collares».
El número de frailes, que en 1822 llegaba a 16.310, se elevó en 1830 hasta 61.727, lo que supone un aumento de 45.417 en 8 años.
Según la Gaceta de Madrid, en un solo mes --del 24 de agosto al 24 de septiembre de 1824-- fueron fusiladas, ahorcadas o descuartizadas 1.200 personas, con la particularidad que para entonces aún no había sido dictado el bárbaro decreto contra los comunerosNOTA 27 francmasones, etc. Fue clausurada para muchos años la Universidad de Sevilla, y en su lugar abrieron una escuela estatal de toreo.
Conversando con su ministro de Guerra, Federico el Grande le preguntó cuál era a su juicio el país europeo más difícil de arruinar. Al ver que el ministro se encontraba algo turbado, respondió por él:
«Ese país es España, puesto que el Gobierno español hace ya muchos años que procura arruinarlo, pero en vano».
Diríase que Federico el Grande preveía el reinado de Fernando VII.
Se explica fácilmente la derrota de la revolución de 1820-1823. Se trataba de una revolución burguesa, mejor dicho, de una revolución urbana, en la que la población rural --ignorante, rutinaria y fiel al fastuoso ceremonial de los oficios divinos-- se mantuvo como observador pasivo de la lucha entre los partidos, sin comprender apenas su significado.
En unas pocas provincias, en las que a título de excepción la población rural tomó parte activa en la pugna, en la mayoría de los casos se puso de lado de la contrarrevolución, hecho completamente comprensible en este «almacén de antiquísimas costumbres, en este depósito de todo lo que en otros sitios hace ya mucho que ha sido exonerado y olvidado» en este país en el que en tiempos de la guerra de la independencia había campesinos que calzaban espuelas tomadas en la Alhambra y estaban armados con alabardas y lanzas de vieja y fina factura, empleadas en las guerras del siglo XV.
Además, era peculiaridad característica de España el que cada campesino que tenía un escudo cincelado en piedra sobre la puerta de su mísera cabaña se considerara hidalgo y que, en consecuencia, la población rural, aunque expoliada y empobrecida, no solía experimentar el sentimiento de honda humillación que exasperaba a los campesinos de otros países de la Europa feudal. El hecho de que el partido revolucionario no supiera vincular los intereses del campesinado con el movimiento de las ciudades fue reconocido por dos personalidades que desempeñaron un papel muy destacado en la revolución: los generales Morillo y San Miguel. Morillo, del que en modo alguno se puede sospechar que simpatizara con la revolución, escribió desde Galicia al Duque de Angulema:
Si las Cortes hubieran promulgado la ley de los derechos señoriales, desposeyendo de este modo a los grandes sus posesiones rústicas en favor de los plebeyos, Su Alteza se habría enfrentado con un amenazador ejército, integrado por numerosas personas de sentimientos patrióticos, que se habrían organizado espontáneamente, como sucedió en Francia en circunstancias análogas.
Por otro lado, San Miguel (véase su Guerra civil en España, Madrid, 1836) decía:
El mayor error de los liberales consistió en que no tuvieron en cuenta la indiferencia, e incluso hostilidad, de la aplastante mayoría del pueblo respecto a las nuevas leyes. Los numerosos decretos dictados por las Cortes para mejorar la situación material del pueblo no podían proporcionar frutos tan pronto como lo exigían las circunstancias. Ni la reducción a la mitad de los diezmos ni la venta de las fincas de los monasterios permitieron mejorar la situación material de las capas inferiores de la población rural. Por el contrario, la última medida, al transferir la tierra de manos de los indulgentes frailes a manos de los previsores capitalistas, empeoró la situación de los antiguos arrendatarios, debido a la elevación de la renta, con lo que los prejuicios religiosos de esta numerosa clase ultrajados ya por la enajenación del patrimonio de la Iglesia, adquirieron más vuelo al influjo de los intereses materiales lesionados.
Alejados de este modo los habitantes de las ciudades revolucionarios de la masa fundamental del pueblo, involuntariamente pasaron a depender del ejército y de sus jefes en la lucha contra los grandes, el clero rural, el monacato y el rey, representante de los elementos caducos de la sociedad. Ya de por sí, la situación usurpada de este modo por el ejército en el campo revolucionario, conjuntamente con el apartamiento de este ejército respecto al pueblo, lo convirtió en un instrumento peligroso para aquellos que lo empleaban, pero inofensivo para el enemigo al que debía haber atacado.
Y, por último, las capas superiores de la burguesía, los llamados moderados, en seguida perdieron su fervor a la revolución, y después la traicionaron, abrigando la esperanza de que podrían llegar al Poder merced a la intervención francesa, y, de este modo, sin hacer esfuerzos para instaurar la nueva sociedad, recoger sus frutos sin permitir a los plebeyos el acceso a ellos.
Los resultados positivos de la revolución de 1820-1823 no se circunscriben sólo al gran proceso de efervescencia que permitió se ampliara el horizonte de miras de capas considerables del pueblo y les proporcionó nuevos rasgos característicos. Fue también producto de la revolución la propia segunda restauraciónNOTA 28 en la que los elementos caducos de la sociedad adoptaron formas que eran ya intolerables e incompatibles con la existencia de España como nación. Su causa fundamental era hacer llegar los antagonismos a un grado tal de exasperación en el que ya no eran posibles los compromisos y se hacía inevitable una guerra sin cuartel. Según el propio lord Liverpool, jamás ha habido cambio político alguno de importancia con menos encarnizamiento y efusión de sangre que la revolución española de 1820-1823. Por eso, cuando vemos que la guerra civil de 1833-1843 exterminó a sangre y fuego a los elementos caducos de la sociedad española y se empañó con actos de canibalismo, de la ferocidad de esta época, no debemos imputarlo a tales o cuales peculiaridades de la nación española, sino a la fuerza de las circunstancias que provocó el dominio del terror en Francia. Mientras que los franceses centralizaban, y con ello reducían el plazo del dominio del terror, los españoles, fieles a sus tradiciones, descentralizaban, y por ello prolongaban. Debido a las tradiciones españolas, es poco probable que el partido revolucionario hubiera triunfado caso de derrocar a la monarquía. La propia revolución en España debía aparecer, para vencer, en calidad de pretendiente al trono. La lucha entre los dos regímenes sociales debía tomar la forma de pugna de intereses dinásticos antagónicos. La España del siglo XIX hizo su revolución frívolamente, cuando podía haberle dado la forma de las guerras civiles del siglo XIV. Fue precisamente Fernando VII quien proporcionó a la revolución una bandera monárquica, el nombre de Isabel, mientras que legaba a la contrarrevolución a su hermano Don Carlos, el Don Quijote de la Santa Inquisición. Fernando VII se mantuvo fiel a sí mismo hasta el final. Si durante toda su vida pudo engañar a los liberales con falsas promesas, ¿podía renunciar a la satisfacción de engañar a los serviles a la hora de la muertNOTA 29? ¡Por la parte religiosa siempre fue escéptico! De ningún modo podía creer que alguien --ni siquiera el Espíritu Santo-- pudiera ser tan estúpido que dijera la verdad.
Traducido del inglés
DE LOS ARTÍCULOS Y CRÓNICAS DEL NEW YORK DAILY TRIBUNE
(Julio-- septiembre 1854)
Londres, 4 de julio de 1854.
Si el movimiento tuviera más éxito que la última rebelión ocurrida en aquella ciudadNOTA 31 sus consecuencias serían: apartar a Francia de las acciones militares, proporcionar un motivo de divergencia entre Francia e Inglaterra y, probablemente también, influir en el conflicto pendiente entre España y el Gobierno de los Estados Unidos.
19 de julio de 1854
NOTICIAS DE LA INSURRECCIÓN DE MADRID
Londres, 7 de julio de 1854
Hay que recordar que O'Donnell fue uno de los generales desterrados por la reina en febrero; que se negó a obedecer, se ocultó en Madrid y desde su escondite mantuvo correspondencia secreta con la guarnición de la capital y especialmente con el general Dulce, inspector general de Caballería. El Gobierno sabía su presencia en Madrid y, en la noche del 27 de junio, el general BIaser, ministro de la Guerra, y el general Lara, capitán general de Castilla la Nueva, recibieron avisos previniéndoles contra un alzamiento que se intentaba bajo la dirección del general Dulce. Nada se hizo, sin embargo, para prevenir la insurrección o ahogarla en germen. Así, el día 28, el general Dulce no encontró dificultades para reunir 2.000 hombres de caballería, pretextando una revista, y salir con ellos de la ciudad, en compañía de O'Donnell, con la intención de apoderarse de la reina, que estaba en El Escorial.
Pero el intento fracasó; la reina llegó a Madrid el 29, acompañada por el conde de San Luis, presidente del Consejo, y pasó revista, mientras los insurrectos acampaban en los alrededores de la capital. Se les unió el coronel Echagüe con 400 hombres del regimiento del Príncipe y con los fondos de la caja regimental: 1.000.000 de francos. Una columna compuesta por siete batallones de infantería, un regimiento de caballería, un destacamento de policía montada y dos baterías de artillería salió de Madrid el 29 por la tarde, bajo el mando del general Lara, para encontrar a los rebeldes, acantonados en las Ventas del Espíritu Santo y en el pueblo de Vicálvaro.
El 30 se produjo entre los dos ejércitos una batalla, de la que hemos tenido tres referencias: la oficial, dirigida por el general Lara al ministro de la Guerra y publicada en la Gaceta; la segunda, publicada por el Messager de Bayonne, y la tercera, una información del corresponsal madrileño de la Indépendance Belge, testigo presencial de los hechos. El primer relato citado, que puede leerse en los periódicos de Londres, no presenta dificultades: el general Lara, por un lado, refiere que atacó a los insurrectos, y, por otro, que éstos cargaron sobre sus tropas; que hizo prisioneros en un sitio y los perdió en otro; que consiguió la victoria y volvió a Madrid...; en resumen, que dejó a los insurrectos en posesión del campo de batalla, pero que lo cubrió de muertos del «enemigo», mientras afirma que él tuvo sólo treinta heridos.
La versión del Messager de Bayonne es la siguiente:
El 30 de junio, a las 4 de la mañana, el general Quesada salió de Madrid, al mando de dos brigadas, para atacar a las tropas rebeldes. La acción duró poco tiempo, siendo el general Quesada enérgicamente rechazado. El general Blaser, ministro de la Guerra, concentró toda la guarnición de Madrid (que, dicho sea de paso, consta de unos 7 a 8.000 hombres) e hizo a su vez una salida a las 7 de la tarde. Inmediatamente dio comienzo un combate que duró, casi sin interrupción, hasta entrada la noche. La infantería, amenazada por la numerosa caballería de los insurrectos, formó en cuadros. El coronel Garrigó, al frente de varios escuadrones, cargó sobre uno de estos cuadros tan vigorosamente, que lo rompió, pero fue recibido por el fuego de una batería enmascarada de cinco piezas, cuya metralla dispersó sus escuadrones. El coronel Garrigó cayó en poder de las tropas de la reina, pero el general O'Donnell no perdió un momento en rehacer sus escuadrones y se lanzó en persona tan violentamente sobre la infantería, que rompió sus filas, rescató al coronel Garrigó y tomó las cinco piezas de artillería. Después de este revés, las tropas de la reina se retiraron a Madrid, adonde llegaron a las 8 de la noche. Uno de los generales, Mesina, fue herido levemente. En los sangrientos encuentros hubo, por ambas partes, gran número de muertos y heridos.
Vamos ahora con el reportaje de la Indépendance, fechado en Madrid el 10 de julio, que parece el más digno de crédito:
Las Ventas del Espíritu Santo y Vicálvaro han sido teatro de un sangriento combate, en el que las tropas de la reina se han visto rechazadas al lado de acá de la fonda de la Alegría. Tres cuadros formados sucesivamente en diferentes puntos, se disolvieron espontáneamente por orden del ministro de la Guerra. Un cuarto cuadro fue formado más allá de Retiro. Diez escuadrones de insurrectos, mandados personalmente por los generales O'Donnell y Dulce, lo atacaron por el centro (?), mientras algunas guerrillas lo hacían por el flanco (?). (Es difícil darse cuenta de lo que este corresponsal entiende por ataques al centro (!) y al flanco (!) de un cuadro.) Por dos veces, los insurrectos llegaron a combatir a corta distancia contra la artillería, pero fueron rechazados por la metralla que les llovía encima. Es evidente que los insurrectos intentaron apoderarse de algunos cañones emplazados en cada uno de los ángulos del cuadro. Habiéndose acercado entre tanto la noche, las fuerzas gubernamentales se iban retirando escalonadamente sobre la Puerta de Alcalá, cuando un escuadrón de caballería que había permanecido fiel fue sorprendido por un destacamento de lanceros insurrectos oculto tras la Plaza de Toros. En medio de la confusión producida por este ataque inesperado, los insurrectos se apoderaron de cuatro piezas de artillería que habían sido dejadas atrás. Las pérdidas fueron casi iguales por ambas partes. La caballería insurrecta sufrió mucho a causa de la metralla, pero sus lanzas han exterminado casi al regimiento de la Reina Gobernadora y a la policía montada. Las últimas referencias nos informan que los insurrectos recibieron refuerzos de Toledo y Valladolid. Circula incluso el rumor de que el general Narváez es esperado hoy en Vallecas, donde será recibido por los generales Dulce y O'Donnell, Ros de Olano y Armero. Se han abierto trincheras en la Puerta de Atocha. Una multitud de curiosos se aglomera en la estación del ferrocarril, desde la cual se distinguen las avanzadas del general O'Donnell. Sin embargo, todas las puertas de Madrid están sometidas a rigurosa vigilancia.
Tres de la tarde del mismo día.-- Los insurrectos, con fuerzas considerables, ocupan la plaza de Vallecas, a tres millas inglesas de Madrid. El Gobierno esperaba hoy tropas de provincias, especialmente el batallón del Rey. Si hemos de creer la información más reciente, esta fuerza se ha unido a los insurrectos.
Cuatro de la tarde.-- En este momento, casi toda la guarnición sale de Madrid en dirección de Vallecas, al encuentro de los insurrectos, que parecen estar muy confiados. Las tiendas permanecen cerradas. Los guardas del Retiro y, en general, de todos los edificios del Gobierno han sido armados precipitadamente. En este momento oigo que varias compañías de la guarnición se han pasado ayer a los insurrectos. Mandan la guarnición de Madrid el general Campuzano, de quien se dijo falsamente que se había pasado a los insurrectos, el general Vista Hermosa y Blaser, ministro de la Guerra. El Gobierno no ha recibido hasta ahora refuerzos. Pero se dice que el 4º regimiento de línea y el 1º de caballería han salido de Valladolid y se dirigen hacia Madrid a marchas forzadas. Lo mismo se dice respecto a la guarnición de Burgos, mandada por el general Turón. Por último, el general Rivero ha dejado Zaragoza con fuerzas importantes. De aquí que haya que esperar encuentros más sangrientos.
Hasta el 6 del corriente no han llegado periódicos ni cartas de Madrid. Sólo el Moniteur inserta este telegrama lacónico, fechado en Madrid el día 4 de julio.
Sigue reinando la tranquilidad en Madrid y en provincias.
Un telegrama privado da cuenta de que los insurrectos están en Aranjuez. Si la batalla prevista para el 1º del corriente por el corresponsal de la Indépendance se hubiera traducido en una victoria del Gobierno, no faltarían cartas, periódicos y boletines. No obstante el estado de sitio proclamado en Madrid. El Clamor Público, La Nación, El Diario, España y La Época han reaparecido sin previa comunicación al Gobierno, cuyo fiscal le ha informado de este hecho horrendo. Entre los detenidos en Madrid se cita a los señores Antonio Guillermo Moreno, José Manuel Collado, banqueros. Se ha dado orden de detención contra el señor Sevillano, marqués de Fuentes de Duero, amigo particular del general Narváez. Los señores Pidal y Mon han sido sometidos a vigilancia.
Sería prematuro formar una opinión sobre el carácter general de esta insurrección. Puede decirse, sin embargo, que no parece proceder del partido progresistaNOTA 32 pues el general San Miguel, su soldado, sigue sin pronunciarse en Madrid. Por el contrario, de todos los informes parece desprenderse que Narváez está en el fondo del asunto y que la reina Cristina --cuya influencia ha disminuido mucho últimamente a causa del favorito de la reina, el conde de San Luis-- no se halla del todo al margen de la cosa.
No existe quizá, con excepción de Turquía, ningún país que Europa conozca tan poco y juzgue tan falsamente como España. Los innumerables pronunciamientos locales y rebeliones militares han acostumbrado a Europa a equipararla a la Roma imperial de la era pretoriana. Ése es un error tan superficial como el que cometían en el caso de Turquía quienes daban por extinguida la vida de esta nación porque su historia oficial en el pasado siglo habíase reducido a revoluciones palaciegas y motines de los genízarosNOTA 33 El secreto de este engaño reside sencillamente en el hecho de que los historiadores, en vez de medir los recursos y la fuerza de estos pueblos por su organización provincial y local, han bebido en las fuentes de sus anuarios cortesanos. Los movimientos de lo que acostumbramos a llamar el Estado afectaron tan poco al pueblo español, que éste dejaba satisfecho ese restringido dominio a las pasiones alternativas de favoritos de la Corte, soldados, aventureros y unos pocos hombres llamados estadistas, y el pueblo ha tenido muy pocos motivos para arrepentirse de su indiferencia. El carácter de la moderna historia de España merece ser apreciado de modo muy distinto a como lo ha sido hasta ahora, por lo que aprovecharé la oportunidad para tratar este asunto en una de mis próximas cartas. Por lo pronto puedo hacer constar aquí que no habrá que sorprenderse mucho si ahora, arrancando de una simple rebelión militar, estalla en la península un movimiento general, puesto que los últimos decretos financieroNOTA 34 del Gobierno han convertido al recaudador de contribuciones en un propagandista revolucionario de la máxima eficacia.
21 de julio de 1854
PROCLAMAS DE DULCE Y O'DONNELL
ÉXITOS DE LOS INSURRECTOS
Londres, 18 de julio de 1854
Ya no hay progresistas y moderados: todos somos españoles e imitadores de los hombres del 7 de julio de 1822. El restablecimiento de la Constitución de 1837, el mantenimiento de Isabel II, el destierro perpetuo de la reina madre, la destitución del gobierno actual, el restablecimiento de la paz en nuestro país: tales son los fines que nosotros perseguimos a toda costa, como lo demostraremos en el campo de honor a los traidores, a quienes hemos de castigar por su culpable insensatez.
Según el Journal des Débats se han interceptado en Madrid documentos y cartas que parecen probar indiscutiblemente que la finalidad secreta de los sublevados es declarar vacante el trono, unificar la Península Ibérica en un solo Estado y ofrecer la corona a Don Pedro V, príncipe de Sajonia-Coburgo-Gotha. El tierno interés que el Times manifiesta por la insurrección española y la presencia simultánea del mencionado Don Pedro en Inglaterra parecen revelar, en efecto, que se ha iniciado alguna nueva trapacería de la casa de Coburgo. La Corte está evidentemente muy inquieta, ya que han sido intentadas todas las combinaciones ministeriales posibles, habiéndose recurrido en vano a Istúriz y Martínez de la Rosa. El Messager de Bayonne afirma que el conde de Montemolin salió de Nápoles en cuanto tuvo noticia de la insurrección.
O'Donnell ha entrado en Andalucía después de atravesar Sierra Morena en tres columnas, una de ellas por La Carolina, otra por Pozoblanco y la tercera por Despeñaperros. La Gaceta confiesa que el coronel Buceta ha logrado apoderarse por sorpresa de Cuenca, cuya posesión asegura a los sublevados sus comunicaciones con Valencia. En esta última provincia el alzamiento comprende ahora cuatro o cinco ciudades, sin contar Ahora, donde las tropas del Gobierno han sufrido un serio descalabro.
Se dice también que ha estallado un movimiento en Reus, población de Cataluña, y el Messager de Bayonne añade que en Aragón se han producido disturbios.
3 de agosto de 1854
LUCHA DE PARTIDOS
PRONUNCIAMIENTOS EN SAN SEBASTIÁN, BARCELONA, ZARAGOZA Y MADRID
Londres, 21 de julio de 1854
Los pronunciamientoNOTA 35 de 1843 duraron tres meses. Los de 1854 apenas han durado otras tantas semanas. El ministerio se ha disuelto, el conde de San Luis ha huido, la reina Cristina trata de ganar la frontera francesa y, en Madrid tanto las tropas como los paisanos se han declarado contra el Gobierno.
Desde principios de siglo, los movimientos revolucionarios de España presentan un aspecto notablemente uniforme, a excepción de los movimientos en favor de privilegios provinciales y locales que agitan periódicamente a las provincias del Norte. Todas las conjuras palaciegas son seguidas de sublevaciones militares y éstas acarrean invariablemente pronunciamientos municipales.
Ese fenómeno se debe a dos causas. En primer término, observamos que lo que se llama Estado en el moderno sentido de la palabra, debido a la vida exclusivamente provincial del pueblo, no tiene personificación nacional alguna frente a la Corte, como no sea en el ejército. En segundo lugar, la posición peculiar de España y la guerra peninsulaNOTA 36 crearon condiciones merced a las cuales sólo en el ejército podía concentrarse cuanto hay de vital en la nacionalidad española.
Así sucede que las únicas demostraciones nacionales (las de 1812 y 1822) brotaron del ejército, y así la parte dinámica de la nación se ha acostumbrado a ver en el ejército el instrumento natural de todo alzamiento nacional. Sin embargo, durante la turbulenta época de 1830 a 1854 las ciudades de España se dieron cuenta de que el ejército, en lugar de seguir defendiendo la causa de la nación, se había transformado en instrumento de las rivalidades de los ambiciosos pretendientes a la tutela militar de la Corte.
En consecuencia observamos que el movimiento de 1854 es muy diferente incluso del de 1843. L'emeute del general O'Donnell no fue para el pueblo sino una conspiración contra la influencia predominante en la Corte, tanto más cuanto que contaba con el apoyo del ex favorito Serrano. Por consiguiente, las ciudades y el campo no se apresuraron a contestar al llamamiento de la caballería de Madrid. Debido a esto el general O'Donnell hubo de modificar totalmente el carácter de sus operaciones, a fin de no verse aislado y expuesto a un fracaso. Tuvo que incluir en su proclama tres puntos igualmente opuestos a la supremacía del ejército: convocatoria de Cortes, gobierno barato y formación de una milicia nacional, reivindicación esta última nacida del deseo de las ciudades de volver a independizarse del ejército. Es, pues, un hecho que, si la sublevación militar ha logrado el apoyo de una insurrección popular, ha sido únicamente sometiéndose a las condiciones de esta última. Queda por comprobar si se verá constreñida a serle fiel y a cumplir estas promesas.
A excepción de los carlistas,NOTA 37 todos los partidos han dejado oír su voz: los progresistas, los partidarios de la Constitución de 1837, los partidarios de la Constitución de 1812, los unionistas (que piden la anexión de Portugal) y los republicanos. Las noticias relativas a este último partido deben acogerse con reserva, ya que tienen que pasar por la censura de la policía de París. Además de estas luchas de partido, se encuentran en todo su apogeo las pretensiones rivales de los caudillos militares. No bien supo Espartero los éxitos de O'Donnell, abandonó su retiro de Leganés y se declaró jefe del movimiento. Pero en cuanto el César Narváez tuvo noticia de la aparición de su antiguo Pompeyo en el campo de batalla, se apresuró a ofrecer a la reina sus servicios, que fueron aceptados, y ahora se dispone a formar un nuevo ministerio. Por los detalles que voy a comunicar se verá que los militares están muy lejos de haber tomado la iniciativa en todas partes; por el contrario, en algunos sitios han tenido que ceder al irresistible empuje de la población.
Además de los pronunciamientos de Valencia comunicados en mi última información, ha habido otro en Alicante. Otros se han producido en Granada, Sevilla y Jaén, de Andalucía; en Burgos, de Castilla la Vieja; en Valladolid, de León; en San Sebastián, Tolosa y Vitoria, de las Vascongadas; en Pamplona, de Navarra; en Zaragoza, de Aragón; en Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona, de Cataluña; también se dice que ha habido un pronunciamiento en las islas Baleares. En Murcia se esperaban pronunciamientos según una carta de Cartagena, fechada el 12 de julio, que dice:
En un bando publicado por el gobernador militar de la plaza, se ordena a todos los habitantes de Cartagena que posean mosquetes u otras armas, que los entreguen a las autoridades civiles en un plazo de veinticuatro horas. A petición del cónsul de Francia, el Gobierno ha permitido que los residentes franceses depositen sus armas, como en 1848, en el consulado.
De todos estos pronunciamientos sólo cuatro merecen especial mención: los de San Sebastián, en las Vascongadas; Barcelona, la capital de Cataluña; Zaragoza, la capital de Aragón, y Madrid.
En las Vascongadas, los pronunciamientos los originaron los municipios y en Aragón los militares. El Ayuntamiento de San Sebastián se estaba declarando en favor de la insurrección cuando se planteó la petición de armar al pueblo. Inmediatamente la ciudad quedó inundada de armas. Hasta el día 17 no se consiguió la adhesión de los dos batallones que guarnecían la ciudad. Una vez lograda la unión de paisanos y militares, mil paisanos armados y acompañados de algunas tropas salieron hacia Pamplona y levantaron la insurrección en Navarra. La sola presencia de los paisanos armados de San Sebastián facilitó el alzamiento de la capital de Navarra. Después, el general Zabala se unió al movimiento y se trasladó a Bayona, invitando a los soldados y oficiales del regimiento de Córdoba que se habían refugiado allí, después de su última derrota en Zaragoza, a regresar inmediatamente al país y a reunirse con él en San Sebastián. Según unos informes, el general Zabala se había dirigido después a Madrid para ponerse a las órdenes de Espartero, en tanto que por otros conductos se afirma que se habían puesto en marcha hacia Zaragoza, para unirse a los sublevados aragoneses. El general Mazarredo, comandante en jefe de las Provincias Vascongadas, que no quiso tomar arte en el pronunciamiento de Vitoria, se vio obligado a retirarse a Francia. Las tropas que tiene a sus órdenes el general Zabala son dos batallones del regimiento de Borbón, un batallón de carabineros y un destacamento de caballería. Antes de terminar con las Provincias Vascongadas añadiré como detalle característico que el brigadier Barcáiztegui, que ha sido nombrado gobernador de Guipúzcoa, es uno de los antiguos ayudantes de campo de Espartero.
En Barcelona la iniciativa partió al parecer de los elementos militares; pero informaciones complementarias hacen dudar mucho de la espontaneidad de su acción. El 13 de julio, a las 7 de la tarde, los soldados que ocuparon los cuarteles de San Pablo y del Buen Suceso cedieron a las demostraciones de la muchedumbre y se sublevaron al grito de: ¡Viva la reina! ¡Viva la Constitución! ¡Mueran los ministros! y ¡Abajo Cristina! Después de fraternizar con las masas y de desfilar con ellas por las Ramblas, se detuvieron en la Plaza de la Constitución. La caballería, acuartelada en la Barceloneta desde hacía seis días por la desconfianza que inspiraba al capitán general, se sublevó a su vez. A partir de este momento, toda la guarnición se pasó al lado del pueblo y la resistencia de las autoridades se hizo imposible. A las diez, el general Marchesi, gobernador militar, cedió a la presión general, y a media noche el capitán general de Cataluña anunciaba su decisión de incorporarse al movimiento. Entonces se trasladó a la Plaza del Ayuntamiento y arengó al pueblo, que la llenaba totalmente.
El día 18 se formó una Junta compuesta del capitán general y de otros eminentes personajes con el lema de «Constitución, reina y moralidad». Según noticias llegadas posteriormente de Barcelona, las nuevas autoridades han ordenado el fusilamiento de algunos obreros que habían destruido máquinas y atentado contra la propiedad. Igualmente se anunciaba la detención de un comité republicano reunido en una población vecina. Pero debe tenerse en cuenta que estas noticias pasan por las manos del Gobierno del 2 de diciembreNOTA 38 cuya vocación especial es calumniar a los republicanos y a los obreros.
En Zaragoza, según se dice, la iniciativa partió de los militares, afirmación que es desmentida, sin embargo, por la noticia --comunicada a renglón seguido-- de haberse decidido inmediatamente la formación de una milicia. Lo que sí hay de cierto, y lo confirma incluso la Gaceta de Madrid, es que, antes del pronunciamiento de Zaragoza, 150 soldados del regimiento de caballería de Montesa que venían hacia Madrid, y estaban acuartelados en Torrejón (a cinco leguas de la capital), se sublevaron y abandonaron a sus jefes, que llegaron a Madrid en la tarde del día 13 con la caja regimental. Los soldados, al mando del capitán Baraiban, montaron a caballo y tomaron el camino de Huete, suponiéndose que se proponían unirse a las fuerzas del coronel Buceta, en Cuenca.
En cuanto a Madrid, contra cuya población se dice que marchan Espartero con el «Ejército del Centro» y el general Zabala con el Ejército del Norte, era lógico que una ciudad que vive de la Corte fuera la última en unirse al movimiento insurreccional.
La Gaceta del 15 de julio publicaba todavía un boletín del ministro de la Guerra, afirmando que los facciosos estaban en fuga y que la entusiasta lealtad de las tropas iba en aumento. El conde de San Luis, que parece haber juzgado con bastante acierto la situación en Madrid, anunció a los obreros que el general O'Donnell y los anarquistas les dejarían sin trabajo, mientras que si el Gobierno triunfaba, daría empleo a todos los trabajadores en las obras públicas con un jornal diario de seis reales. Por medio de esta estratagema el conde de San Luis esperaba alistar bajo su bandera a la parte más impresionable de los madrileños.
Su éxito, empero, fue parecido al del partido del National en París, en 1848.NOTA 39 Los aliados conseguidos de este modo no tardaron en convertirse en sus más peligrosos enemigos, ya que los fondos destinados a su sostenimiento se agotaron al sexto día. Hasta qué punto temía el Gobierno un pronunciamiento en la capital, lo demuestra el bando del general Lara (el gobernador) prohibiendo la circulación de toda clase de noticias referentes a la marcha de la sublevación. Parece ser, además, que la táctica del general Blaser se limitaba a eludir todo contacto con los sublevados por temor a que sus tropas se contagiaran. Dícese que el plan primitivo del general O'Donnell era hacer frente a las tropas ministeriales en las llanuras de la Mancha, tan favorables a las operaciones de la caballería. Sin embargo, este plan hubo de ser abandonado a causa de la llegada del ex favorito Serrano, que estaba en relación con varias de las principales ciudades de Andalucía. Entonces el ejército constitucional decidió, en vez de seguir en la Mancha, marchar sobre Jaén y Sevilla.
Puede hacerse notar en passant que los boletines del general Blaser presentan una prodigiosa semejanza con las órdenes del día de los generales españoles del siglo XVI que tanto regocijaban a Francisco I, y del siglo XVIII, que Federico el Grande ponía en ridículo.
Es evidente que esta sublevación española tiene que convertirse en una fuente de disensiones entre los gobiernos de Francia y de Inglaterra, y la información de un periódico francés, según la cual el general O'Donnell había permanecido oculto antes del movimiento en el palacio del embajador inglés, no ha de contribuir ciertamente a desvanecer los recelos de Bonaparte a este respecto. Ya se observan ciertos indicios de irritación entre Bonaparte y Victoria; Bonaparte esperaba ver a la reina en el embarque de sus tropas en Calais, pero Su Majestad respondió a este deseo yéndose a visitar el mismo día a la ex reina Amelia.
Además, al ser interpelados los ministros ingleses sobre el hecho de no haberse procedido al bloqueo del Mar Blanco, el Mar Negro y el Mar de Azov, alegaron como excusa la alianza con Francia. Bonaparte ha replicado anunciando en el Moniteur este mismo bloqueo sin aguardar el consentimiento formal de Inglaterra. Últimamente, habiendo producido en Francia mal efecto el embarque de tropas francesas en buques ingleses exclusivamente, Bonaparte ha publicado una lista de barcos franceses destinados y aplicados al mismo fin.
4 de agosto de 1854
(Editorial)
Cierto es que Espartero, hijo de un artesano, se ha encumbrado hasta el puesto de regente de España; y cierto que, habiendo entrado en e] ejército como soldado raso, lo abandonó con la graduación de mariscal de campo. Pero, si puede ser considerado como el símbolo de la unidad del gran partido liberal, es también evidente aue nos hallamos en presencia de una unidad en que todos los extremos quedan atenuados. Y en cuanto a la popularidad de los progresistas, no exageraremos al decir que la han perdido desde el instante mismo en que ha pasado, de la totalidad del partido, a este individuo aislado.
Como prueba de lo antiguo y original de la grandeza de Espartero, basta aducir el simple hecho de que hasta ahora nadie ha sido capaz de explicarla. Mientras sus amigos se refugian en lugares comunes alegóricos, sus enemigos, aludiendo a una extraña característica de su vida privada, afirman que no es más que un jugador afortunado. Así, pues, tanto unos como otros se ven en idéntico apuro para descubrir alguna relación lógica entre el hombre en sí y su fama y reputación.
Los méritos militares de Espartero son tan dudosos como indiscutibles sus defectos políticos. En una voluminosa biografía publicada por el señor Flórez se habla mucho del valor y de la pericia militar de Espartero, puestos de relieve en las provincias de Charcas, La Paz, Arequipa, Potosí y Cochabamba, donde luchó a las órdenes del general Morillo, encargado a la sazón del sometimiento de los Estados sudamericanos a la autoridad de la corona española. Pero la impresión general que sus hechos de armas sudamericanos produjeron en el ánimo excitable de sus compatriotas, se caracteriza suficientemente por el hecho de que se lo llamara `el jefe del ayacuchismo' y a sus partidarios se les diera el nombre de ayacuchos, con alusión a la desgraciada batalla de AyacuchoNOTA 40 en la que España perdió definitivamente Perú y toda Sudamérica. Trátase en todo caso de un héroe sumamente peregrino, cuyo bautismo histórico data de una derrota y no de una victoria. En los siete años de guerra contra los carlistas jamás se distinguió por uno de esos golpes de audacia que dieron a conocer pronto a Narváez, su rival, como un soldado de nervios de acero.
Espartero poseía indudablemente la facultad de sacar el mayor provecho posible de los pequeños éxitos, pero fue simplemente la suerte lo que hizo que Maroto le entregara las últimas fuerzas del pretendiente; las últimas, ya que el levantamiento de Cabrera en 1840 sólo fue una tentativa póstuma de galvanizar los descarnados huesos del carlismo.NOTA 41 Incluso el señor Marliani, historiador de la España moderna y admirador de Espartero, reconoce que esta guerra de siete años no puede compararse más que con las contiendas sostenidas en el siglo X entre los pequeños señores feudales de las Galias, contiendas en las que el triunfo no era resultado de la victoria. Ya por otra desdichada coincidencia resulta que, entre todas las hazañas realizadas por Espartero en la península, la que más viva huella dejó fue, si no precisamente una derrota, cuando menos una acción singularmente extraña tratándose de un «héroe de la libertad». Espartero adquirió renombre por haber bombardeado las ciudades de Barcelona y Sevilla. Si los españoles --dice un escritor-- quisieran representar a Espartero como Marte, sería necesario presentar a ese dios bajo la forma de un ariete.
Cuando Cristina se vio obligada en 1840 a renunciar a la regencia y a huir de España, Espartero, contrariando la voluntad de un amplio sector de los progresistas, asumió la autoridad suprema dentro de los límites del Gobierno parlamentario. Entonces se rodeó de una especie de camarilla y adoptó los aires de un dictador militar, sin ponerse realmente por encima de la mediocridad de un rey constitucional. Otorgó su favor más bien a los moderadoNOTA 42 que a los progresistas, los cuales, salvo raras excepciones, quedaron apartados de los cargos públicos.
Sin reconciliarse con sus enemigos, fue enajenándose poco a poco a sus amigos. Falto de valor para romper las trabas del régimen parlamentario, no supo ni aceptarlo, ni compenetrarse con él, ni transformarlo en un instrumento de acción. Durante sus tres años de dictadura, el espíritu revolucionario fue quebrantado paso a paso gracias a los innumerables compromisos, y las disensiones internas del partido progresista, sin nadie que las contuviera, llegaron hasta tal extremo que permitieron a los moderados recuperar el poder absoluto mediante un coup de main. De este modo, Espartero quedó tan despojado de autoridad que hasta su mismo embajador en París conspiró contra él de acuerdo con Cristina y Narváez, y su poder disminuyó de tal modo que no encontró medios para parar los golpes de esas miserables intrigas, ni de las mezquinas maniobras de Luis Felipe. Tan poca cuenta se daba de su propia situación, que intentó enfrentarse con la opinión pública cuando ésta sólo buscaba un pretexto para destrozarle.
En mayo de 1843, cuando su popularidad había desaparecido hacía ya largo tiempo, se obstinó en mantener en sus puestos a Linaje, Zurbano y demás miembros de su camarilla militar, cuya destitución era reclamada a grandes voces; disolvió el gabinete López, que tenía una gran mayoría en la Cámara de Diputados, y se negó testarudamente a conceder una amnistía a los moderados que se encontraban en el destierro, amnistía reclamada por doquier, en el Parlamento, en el pueblo y hasta en el ejército.
Esa exigencia expresaba simplemente el descontento general suscitado por el régimen de Espartero. Entonces estalló de súbito un huracán de pronunciamientos contra el «tirano Espartero», huracán que sacudió la península de punta a punta; fue un movimiento que por la rapidez de su propagación sólo puede compararse con el actual. Moderados y progresistas se unieron con el único objeto de desembarazarse del regente. La crisis cogió a éste totalmente de improviso; la hora decisiva le encontró desprevenido.
Narváez, acompañado de O'Donnell, Concha y Pezuela, desembarcó con un puñado de hombres en Valencia. En ellos todo era rapidez y acción, audacia reflexiva, energía y decisión. En Espartero todo era vacilación impotente, lentitud mortal, apática indecisión, debilidad indolente. Mientras Narváez libraba del asedio a Teruel y penetraba en Aragón, Espartero se retiraba de Madrid y consumía semanas enteras en Albacete en una inactividad inexplicable. Cuando Narváez había consequido ya la adhesión de los cuerpos de ejército de Seoane y Zurbano en Torrejón y marchaba sobre Madrid, Espartero se unió por fin con Van-Halen para llevar a cabo el inútil y odioso bombardeo de Sevilla. Después empezó a correr de un sitio para otro, abandonado en cada etapa de su retirada por sus soldados, hasta que al fin llegó a la costa. Cuando embarcó en Cádiz, esta ciudad, la única en que le quedaban partidarios, dio la despedida a su héroe sublevándose también contra él.
Un inglés que vivió en España durante esta catástrofe, da una gráfica descripción de la caída de Espartero: «Lo que ocurrió no fue un terrible e instantáneo hundimiento, tras una reñida batalla, sino una retirada progresiva, sin combate, de Madrid a Ciudad Real, de Ciudad Real a Albacete, de Albacete a Córdoba, de Córdoba a Sevilla, de Sevilla al Puerto de Santa María, y de este último punto al ancho Océano. Descendió de la idolatría al entusiasmo, del entusiasmo al afecto, del afecto a la consideración, de la consideración a la indiferencia, de la indiferencia al desprecio, del desprecio al odio y del odio cayó al mar».
¿Cómo ha podido Espartero convertirse nuevamente en el salvador de la patria y en la «espada de la revolución», como ahora lo llaman? Ese fenómeno sería completamente incomprensible a no ser por los diez años de reacción que España ha sufrido bajo la brutal dictadura de Narváez y bajo el yugo de los favoritos de la reina que vinieron a sustituirle.
Las épocas prolongadas y violentas de reacción son prodigiosamente propicias para rehabilitar de sus fracasos revolucionarios a los hombres caídos. Cuanto más fuerza tiene la imaginación de un pueblo --y ¿dónde tiene más que en el sur de Europa?--, más irresistible es su tendencia a oponer a la encarnación personal del despotismo la encarnación personal de la revolución. Como el pueblo no puede improvisar de pronto a sus personajes, desentierra los cadáveres de los movimientos anteriores.
¿No estuvo el propio Narváez a punto de tornarse popular a expensas de Sartorius? El Espartero que hizo su entrada triunfal en Madrid el 29 de julio no era un hombre real; era un fantasma, un nombre, un recuerdo.
Es justo consignar que Espartero nunca se ha hecho pasar por otra cosa que por monárquico constitucional. Y si alguna duda hubiera podido existir sobre este punto, habría tenido que desaparecer ante el entusiástico recibimiento que se le hizo durante su destierro en el palacio de Windsor y por las clases gobernantes de Inglaterra.
Cuando llegó a Londres, toda la aristocracia acudió en tropel a su domicilio, con el duque de Wellington y lord Palmerston a la cabeza. Aberdeen, en su calidad de ministro de Negocios Extranjeros, le mandó una invitación para ser presentado a la reina. El alcalde y los concejales londinenses (aldermen) le obsequiaron con banquetes en el Ayuntamiento (Mansion-House).NOTA 43 Y cuando se supo que el Cincinato español se dedicaba en sus horas de ocio a la jardinería, no quedó sociedad botánica, hortícola o agrícola que no se apresurara a incluirlo en sus filas.
Pronto se convirtió en el héroe de la ciudad. A fines de 1847, una amnistía permitió el regreso de los desterrados españoles, y por decreto de la reina Isabel, Espartero fue nombrado senador. No se le dejó, sin embargo, abandonar Inglaterra antes de que la reina Victoria invitara a él y a la duquesa a su mesa, rindiéndoles de añadidura el extraordinario honor de ofrecerles alojamiento por una noche en el palacio de Windsor. Cierto es, a nuestro entender, que esta aureola de gloria tejida alrededor de su personalidad guardaba cierta relación con la idea de que Espartero había sido y era aún el representante de los intereses británicos en España. No menos cierto es que las manifestaciones en honor de Espartero fueron en cierto modo manifestaciones contra Luis Felipe.
A su regreso a España, Espartero recibió delegación tras delegación, enhorabuena tras enhorabuena, y Barcelona le mandó un emisario especial para disculparse por el mal comportamiento de la ciudad en 1843. Pero ¿es que alguien oyó mencionar su nombre durante el fatal periodo comprendido entre enero de 1846 y los últimos acontecimientos? ¿Levantó su voz en aquel período en que España envilecida se veía condenada a un silencio glacial? ¿Se sabe de algún acto de resistencia patriótica que él haya realizado? Espartero se retiró tranquilamente a su hacienda de Logroño para dedicarse a sus hortalizas y a sus flores, en espera de que llegase su hora. No buscó a la revolución, sino que esperó a que la revolución lo llamase. Hizo más que Mahoma. Esperó que la montaña fuera hacia él, y la montaña, en efecto, se dirigió a él. Sin embargo, cabe mencionar una excepción. Cuando estalló la revolución de febrero, seguida del terremoto general europeo, Espartero hizo publicar por el señor Príncipe y algunos otros amigos un pequeño folleto titulado Espartero. Su pasado, su presente, su porvenir, para recordar a España que todavía tenía en su seno al hombre del pasado, del presente y del porvenir. Mas al decaer poco después el movimiento revolucionario en Francia, el hombre del pasado, del presente y del porvenir se hundió una vez más en el olvido.
Espartero nació en Granátula de la Mancha, y al igual que su célebre coterráneo, tiene una idea fija: la Constitución, y su Dulcinea del Toboso: la reina Isabel. El 8 de enero de 1848, cuando llegó a Madrid de regreso de su destierro en Inglaterra, fue recibido por la reina, de la cual se despidió en los términos siguientes: «Ruego a Vuestra Majestad que me llame cuando le sea necesario un brazo que la defienda y un corazón que la ame». Ahora Su Majestad lo ha llamado y su caballero andante aparece aplacando las olas revolucionarias, enervando a las masas con una calma engañosa, permitiendo que Cristina, San Luis y los demás se escondan en Palacio y proclamando en voz alta su fe inquebrantable en la palabra de la inocente Isabel.
Sabido es que esta reina tan digna de confianza, cuyos rasgos se dice que adquieren año tras año una semejanza cada vez más notable con los de Fernando VII, de vergonzosa memoria, fue declarada mayor de edad el 15 de noviembre de 1843. El día 21 del mismo mes y año cumplía solamente trece años de edad. Olózaga, que durante tres meses había sido su tutor por encargo de López, constituyó un gabinete molesto para la camarilla y para las Cortes recién elegidas bajo la impresión de los primeros éxitos de Narváez. Quería Olózaga disolver las Cortes y consiguió un decreto firmado por la reina, en el que se le concedía poderes para hacerlo, pero se dejaba en blanco la fecha de su promulgación. El 28 de noviembre por la tarde, Olózaga recibió el decreto de manos de la reina.
En la tarde del siguiente día celebró otra entrevista con ésta; pero apenas se había marchado cuando llegó a su casa un subsecretario de Estado, el cual le informó de que estaba destituido y le pidió el decreto que había obligado a firmar a la reina. Olózaga, abogado de profesión, era demasiado astuto para caer de este modo en el lazo. No devolvió el documento hasta el día siguiente, después de habérselo enseñado lo menos a cien diputados para demostrar que la forma de la reina era de su escritura corriente y normal. El 13 de diciembre, González Bravo, nombrado presidente del Consejo, convocó en Palacio a los presidentes de las Cámaras, a las principales personalidades de Madrid, a Narváez, al marqués de Santa Cruz y a otros para que la reina les explicara lo que había pasado entre ella y Olózaga la tarde del 28 de noviembre.
La inocente reinecita les condujo al salón en donde había recibido a Olózaga y, para su información, representó con mucha viveza, aunque con ademanes un tanto exagerados, un pequeño drama. Olózaga había cerrado así la puerta con cerrojo, le había cogido así el vestido, la había obligado así a sentarse, había guiado así su mano obligándola a firmar el decreto; en una palabra: había atentado asi a su regia dignidad. Durante esta escena, González Bravo tomó nota de estas declaraciones, en tanto que las demás personas presentes examinaban el documento, firmado, según se desprendía, por una mano temblorosa y engañada. Así, pues, sobre la base de la solemne declaración de la reina, Olózaga debía ser juzgado como reo del delito de lesa majestad y descuartizado, o, en el mejor de los casos, desterrado a perpetuidad a las islas Filipinas. Pero, como ya hemos visto, Olózaga había tomado sus medidas de precaución. Luego vino un debate en las Cortes que duró diecisiete días, causando una sensación mayor que la producida por el famoso proceso de la reina Carolina en Inglaterra.NOTA 44
En su discurso de defensa ante las Cortes, Olózaga dijo entre otras cosas: «Cuando nos dicen que debemos dar crédito incondicionalmente y sin la menor sombra de duda a las palabras de la reina, yo digo: ¡no! O la acusación es fundada o no lo es. Si es fundada, las palabras de la reina constituyen las declaraciones de un testigo como cualquier otro, y a esa declaración yo opongo la mía». En la balanza de las Cortes, resultó que las palabras de Olózaga pesaban más que las de la reina. Más tarde, Olózaga se refugió en Portugal para librarse de los asesinos mandados contra él.
Ésa fue la primera pirueta de Isabel en el escenario político de España y la primera prueba de su honradez. Y ésta es la misma reinecita en cuyas palabras quiere ahora Espartero que el pueblo tenga confianza y a la que, después de su escandalosa conducta de once años, son ofrecidos el «brazo defensor» y el «corazón amante» de la «espada de la revolución»NOTA 45
19 de agosto de 1854
LA CONTRARREVOLUCIÓN EN ACCIÓN
Londres, 8 de agosto de 1854
Otro de ellos, Salazar, ha sido designado por el único y exclusivo mérito de ser amigo de la infancia de Espartero. Como recompensa por los sangrientos sacrificios realizados por el pueblo en las barricadas, han llovido condecoraciones sobre los generales de Espartero por un lado y los moderados amigos de O'Donnell por otro. A fin de preparar el camino para el amordazamiento definitivo de la prensa, se ha restablecido la ley de imprenta de 1837. En lugar de convocar Cortes Constituyentes, se afirma que Espartero se propone sólo convocar las Cámaras con arreglo a la Constitución de 1837 y, al decir de algunos, hasta con las modificaciones introducidas por Narváez. Para asegurar todo lo posible el éxito de estas medidas y de otras que han de seguir, se están concentrando grandes contingentes de tropas en los alrededores de Madrid. Si algo hay que nos llame particularmente la atención en este asunto es la brusquedad con que se ha impuesto la reacción.
En los primeros momentos, los jefes de las barricadas visitaron a Espartero para hacerle algunas observaciones sobre la elección de su gabinete. Espartero se entregó a largas consideraciones respecto a las dificultades con que tropezaba y se esforzó por defender sus nombramientos. Pero los representantes del pueblo parece que quedaron poco satisfechos con sus explicaciones. Al mismo tiempo llegan noticias «muy alarmantes» acerca de los movimientos de los republicanos en Valencia, Cataluña y Andalucía. Los apuros de Espartero se ponen de manifiesto en su decreto sancionando la continuación de la actividad de las juntas provinciales. Tampoco se ha atrevido aún a disolver la Junta de Madrid, aunque su Gobierno tiene ya cubiertas todas las carteras y ha tomado posesión.
21 de agosto de 1854
REIVINDICACIONES DEL PUEBLO ESPAÑOL
Londres, 11 de agosto de 1854
De poco le ha servido al Gobierno haber nombrado inspector de mataderos al torero Pucheta, haber creado una comisión para recompensar a los combatientes de las barricadas y haber nombrado por último a dos franceses, Pujol y Delmas, historiadores de la revolución. O'Donnell quiere que las Cortes sean elegidas con arreglo a la ley de 1845.NOTA 48 Espartero, con arreglo a la Constitución de 1837; y el pueblo, por sufragio universal.
El pueblo se niega a deponer las armas antes de que sea publicado el programa del Gobierno, porque el programa de Manzanares ya no satisface sus aspiraciones. El pueblo exige la anulación del concordato de 1852NOTA 49 la confiscación de los bienes de los contrarrevolucionarios, la revelación del estado de la Hacienda, la cancelación de todas las contratas de ferrocarriles y de otras obras públicas que constituyen verdaderas estafas y, por último, el procesamiento de Cristina por un tribunal especial. Dos tentativas que esta última ha realizado para fugarse han sido frustradas por la resistencia armada del pueblo.
El Tribuno publica la siguiente lista de las cantidades que Cristina tiene que restituir a la Hacienda nacional: veinticuatro millones recibidos ilegalmente como Regente de 1834 a 1840, doce millones recibidos a su regreso de Francia después de una ausencia de tres años, y treinta y cinco millones recibidos del Tesoro de Cuba. Esa cuenta peca todavía de generosa. Cuando se marchó de España en 1840, Cristina se llevó grandes sumas de dinero y casi todas las joyas de la corona española.
25 de agosto de 1854
LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA Y RUSIA. EL PROBLEMA DE LAS COLONIAS. CORRUPCIÓN DE LOS POLÍTICOS. ANARQUÍA EN PROVINCIAS. LA PRENSA DE MADRID
Londres, 15 de agosto de 1854
A estas fechas se ha averiguado ya que fue el embajador inglés el que escondió a O'Donnell en su palacio e indujo al banquero Collado, actual ministro de Hacienda, a adelantar el dinero que necesitaban O'Donnell y Dulce para iniciar su pronunciamiento. Por si alguien dudara de que Rusia haya intervenido realmente en los asuntos peninsulares, voy a recordar el caso de la isla de León. En 1820 se hallaban concentrados en Cádiz grandes contingentes de tropas destinadas a las colonias de América del Sur. De súbito, el ejército concentrado en la isla se pronunció por la Constitución de 1812 y su ejemplo fue seguido por las tropas de otras localidades.
Ahora bien, sabemos por Chateaubriand, embajador francés en el Congreso de VeronaNOTA 51 que Rusia incitó a España a emprender la expedición de América del Sur y obligó a Francia a emprender la expedición a España. Sabemos por otra parte, por el mensaje del presidente de los Estados Unidos, que Rusia prometió a este país impedir la expedición contra América del SurNOTA 52 Poca penetración se precisa por tanto para deducir quién es el autor de la insurrección de la isla de León. Pero voy a presentar otro ejemplo de la tierna solicitud manifestada por Rusia en cuanto a las conmociones de la Península española. En su Historia política de la España moderna (Barcelona, 1849), el señor de Marliani, al objeto de probar que Rusia no tenía motivo ninguno para oponerse al movimiento constitucional de España, hace las siguientes manifestaciones:
Fueron vistos en el Neva soldados españoles jurando la Constitución (de 1812) y recibiendo sus banderas de manos imperiales. En su extraordinaria expedición contra Rusia, Napoleón había formado una legión especial con los prisioneros españoles en Francia, que después de la derrota de las tropas francesas se pasaron al bando ruso. Alejandro los recibió con marcada condescendencia y los alojó en Peterhof, adonde la emperatriz fue a visitarles con frecuencia. Un día, Alejandro les ordenó formar en el Neva helado y les hizo jurar la Constitución española, obsequiándoles al mismo tiempo con unas banderas bordadas por la misma emperatriz. Ese cuerpo, llamado a partir de entonces «Imperial de Alejandro», embarcó en Cronstadt y desembarcó en Cádiz. Se mostró fiel al juramento prestado en el Neva, sublevándose en 1821 en Ocaña por el restablecimiento de la Constitución.
Mientras Rusia anda ahora intrigando en la península por mediación de Inglaterra, hace al mismo tiempo a Francia denuncias contra Inglaterra. Así, leemos en la Gaceta de la Nueva Prusia que Inglaterra ha tramado la revolución española a espaldas de Francia.
¿Qué interés tiene Rusia en fomentar conmociones en España? Crear en Occidente algo que distraiga la atención, provocar disensiones entre Francia e Inglaterra y finalmente inducir a Francia a una intervención. Los periódicos anglo-rusos nos dicen ya que las barricadas de Madrid han sido levantadas por insurrectos franceses de junio. Lo mismo se le ha dicho a Carlos X en el Congreso de Verona.
El precedente sentado por el ejército español había sido seguido por Portugal, propagándose a Nápoles, extendiéndose al Piamonte y mostrando en todas partes el peligroso ejemplo de la intervención de los ejércitos en la implantación de reformas y en la imposición de leyes a sus países por la fuerza de las armas. Inmediatamente después de acaecida la sublevación de Piamonte, surgieron movimientos encaminados al mismo fin en Lyon y en otros puntos de Francia. Hubo la conspiración de Berton en la Rochelle, en la que tomaron parte veinticinco soldados del regimiento número 45. La España revolucionaria transmitió a Francia sus odiosos elementos de discordia y ambas coligaron sus facciones democráticas contra el sistema monárquico.
¿Decimos nosotros que la revolución española ha sido obra de los ingleses y los rusos? De ninguna manera. Rusia no hace más que apoyar los movimientos facciosos en los momentos en que sabe que hay una crisis revolucionaria próxima. Sin embargo, el verdadero movimiento popular que después empieza, resulta siempre tan contrario a las intrigas de Rusia como a la conducta opresora de su Gobierno. Tal sucedió en Valaquia en 1848. Tal ha sucedido en España en 1854.
La pérfida conducta de Inglaterra se manifiesta en toda su amplitud en la conducta de su embajador en Madrid, lord Howden. Antes de partir de Inglaterra para regresar a su puesto, reunió a los poseedores de valores españoles invitándoles a reclamar del Gobierno los pagos a que se consideraban acreedores y, en caso de negativa, a declarar que no concederían créditos a los comerciantes españoles. De este modo preparó dificultades al nuevo Gobierno. En cuanto llegó a Madrid, contribuyó a la suscripción abierta para las víctimas caídas en las barricadas. De este modo se granjeó los aplausos del pueblo español.
El Times acusa a Mr. Soulé de haber promovido la sublevación madrileña en interés del actual Gobierno norteamericano. En todo caso, Mr. Soulé no ha escrito los artículos del Times contra Isabel II, ni el partido que se inclina por la anexión de Cuba ha sacado ningún provecho de la revolución. Por lo que a esto respecta resulta característico el nombramiento del general Concha como capitán general de la isla de Cuba, ya que éste ha sido uno de los padrinos del duque de Alba en su duelo con el hijo de Mr. Soulé. Sería un error suponer que los liberales españoles comparten de algún modo las opiniones del liberal inglés Mr. Cobden tocantes a la renuncia de España a sus colonias. Uno de los grandes objetivos de la Constitución de 1812 era conservar el dominio de las colonias españolas a base de introducir en la nueva legislación un sistema de representación unificadaNOTA 53 En 1811, los españoles llegaron incluso a equipar un considerable ejército, consistente en varios regimientos de Galicia, única provincia de España no ocupada a la sazón por los franceses, para utilizar la fuerza contra sus colonias sudamericanas. Constituía casi el principio más importante de la Constitución mencionada el no abandonar ninguna de las colonias pertenecientes a España, y los revolucionarios de hoy comparten la misma opinión.
Jamás revolución alguna ha dado un espectáculo más escandaloso con la conducta de sus hombres públicos que esta revolución emprendida en pro de la «moralidad». La coalición de los viejos partidos que forman el actual Gobierno de España (los partidarios de Espartero y los partidarios de Narváez) no se ha ocupado de nada tanto como de repartirse los despojos consistentes en puestos de dirección, empleos públicos, sueldos, títulos y condecoraciones. Dulce y Echagüe ha llegado a Madrid y Serrano ha solicitado permiso para venir, a fin de asegurarse cada uno su parte en el botín. Se ha entablado una gran contienda entre moderados y progresistas, siendo acusados los primeros de haber nombrado a todos los generales y los últimos de haber nombrado a todos los gobernadores. Para calmar los recelos de la «chusma», el torero Pucheta ha sido ascendido de director de los mataderos a director de la policía.
Hasta El Clamor Público, periódico muy moderado, da muestras de desilusión, «La conducta de los generales y de los jefes hubiera sido más digna si hubiesen renunciado a los ascensos, dando un noble ejemplo de desinterés y ateniéndose a los principios de moralidad proclamados por la revolución». La desvergüenza de la distribución de los despojos se refleja de particular manera en la distribución de los nombramientos de embajadores. No hablo de la designación del señor Olózaga para París, aunque siendo el embajador de Espartero en la misma capital en 1843, conspiró con Luis Felipe, Cristina y Narváez; ni tampoco del nombramiento para Viena de Alejandro Mon, ministro de Hacienda de Narváez en 1844; ni del de Ríos Rosas para Lisboa y Pastor Díaz para Turín, ambos moderados de muy mediocre capacidad. Me refiero al nombramiento de González Bravo para la embajada de Constantinopla.
Ese hombre es la personificación de la corrupción española. En 1840 publicó El Guirigay --especie de PunchNOTA 54 madrileño--, en el que dirigía los más furiosos ataques contra Cristina. Tres años después su afán de ocupar un cargo lo transformó en un moderado vocinglero. Narváez, que necesitaba un instrumento dócil, lo utilizó como primer ministro de España y le dio un puntapié en cuanto pudo usarse sin él. En el intervalo, González Bravo nombró ministro de Hacienda a un tal Carrasco, que saqueó el Tesoro español sin andarse con rodeos. Nombró subsecretario del Tesoro a su padre, el cual había sido destituido de un cargo subalterno en el Ministerio de Hacienda por malversación de fondos, y transformó a su cuñado, moscón del teatro del Príncipe, en paje de la reina. Cuando se le reprochaba su apostasía y su corrupción, González Bravo contestaba: «¿No es ridículo ser siempre el mismo?» Ese hombre ha sido elegido como embajador de la «revolución de la moralidad».
Conforta un poco saber, en contraste con las infamias oficiales que manchan el movimiento español, que el pueblo ha obligado al menos a estos sujetos a poner a Cristina a disposición de las Cortes y a acceder a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente sin Senado y, por lo tanto, sin sujetarse ni a la ley electoral de 1837 ni a la de 1845. El Gobierno no se ha atrevido todavía a dictar una ley electoral propia y el pueblo se manifiesta unánimemente en favor del sufragio universal. En las elecciones celebradas en Madrid para la Milicia Nacional sólo han resultado elegidos los exaltados.
En las provincias prevalece una completa anarquía, constituyéndose juntas que actúan por doquier y cada una de las cuales da órdenes de acuerdo con los intereses de su localidad, aboliendo una el monopolio del tabaco, suprimiendo otra el impuesto sobre la sal... Los contrabandistas actúan en gran escala y con mucha eficacia, ya que son la única fuerza que nunca está desorganizada en España. En Barcelona los soldados tienen choques, tan pronto entre sí como con los obreros. Esa situación anárquica de las provincias es sumamente ventajosa para la causa de la revolución, pues impide que los jefes la «confisquen» en la capital.
La Prensa de Madrid está formada actualmente por los siguientes periódicos: España, Novedades, La Nación, La Época, El Clamor Público, El Diario Español, El Tribuno, La Esperanza, Iberia, El Católico, El Miliciano, La Independencia, La Guardia Nacional, El Esparterista, La Unión, Europa, El Espectador, El Liberal y El Eco de la Revolución. Han dejado de existir El Heraldo, El Boletín del Pueblo y El Mensajero.
1 de septiembre de 1854
Convocatoria de las Cortes Constituyentes. La ley electoral. Desórdenes en Tortosa.
Las sociedades secretas. El gobierno compra armas. La hacienda española
Londres, viernes, 18 de agosto de 1854
El día 8 del corriente, una delegación del Club de la UnióNOTA 55 visitó a Espartero para entregarle un mensaje reclamando la adopción del sufragio universal. Numerosas peticiones de análogo carácter llegaban de todas partes. A consecuencia de eso, tuvo lugar en el Consejo de Ministros un largo y animado debate. Pero los partidarios del sufragio universal, así como los partidarios de la ley electoral de 1846, han sido derrotados.
La Gaceta de Madrid publica un decreto convocando a Cortes para el 8 de noviembre, decreto que va precedido de una exposición dirigida a la reina. Las elecciones se verificarán con arreglo a la ley de 1837, con ligeras modificaciones. Las Cortes tendrán carácter de Asamblea Constituyente, y se suprimen las funciones legislativas del Senado. Se han conservado dos párrafos de la ley de 1846, a saber, el que trata de la forma de constituir las mesas electorales y el que fija el número de diputados: un diputado por cada cinco mil almas. Por consiguiente, la Asamblea estará compuesta de 420 a 430 miembros. Según una circular de Santa Cruz, ministro de la Gobernación, el día 6 de septiembre deberá estar compuesto el censo electoral.
Después de comprobadas las listas por las diputaciones provinciales, se darán por cerradas el día 12 de septiembre. El 3 de octubre tendrán lugar las elecciones en las cabezas de distrito electoral. El 16 de octubre se procederá al escrutinio en las capitales de provincia. En caso de anomalía en las elecciones, los nuevos trámites requeridos tendrán que haber terminado el día 30 de octubre. En la exposición se dice expresamente que «las Cortes de 1854, como las de 1837, salvarán a la monarquía; serán un nuevo lazo entre el trono y la nación; finalidades ambas que no cabe poner en duda ni discutir».
Con otras palabras, el Gobierno prohíbe la discusión de la cuestión dinástica, de lo que el Times deduce lo contrario, suponiendo que lo que ahora se planteará será el dilema entre la continuación de la actual dinastía o la desaparición de todas. Innecesario es decir que esta última eventualidad desagrada extraordinariamente al Times y frustra todos sus cálculos.
La ley electoral de 1837 limita el derecho de sufragio fijando como requisitos tener vivienda, pagar cuotas mayores y haber cumplido veinticinco años. Además tienen derecho a voto los miembros de las Academias de la Historia y de Bellas Artes, los doctores, los licenciados en Derecho canónico, en Derecho civil o en Medicina, los miembros de los capítulos eclesiásticos, los curas parroquiales y el clero auxiliar, los magistrados y abogados con dos años de ejercicio, los oficiales del ejército con determinada graduación, bien en el servicio activo o en la reserva, los médicos, cirujanos y farmacéuticos con dos años de ejercicio, los arquitectos, pintores y escultores miembros de alguna academia y los profesores y maestros de cualquier establecimiento docente sostenido por el erario público.
Según esa ley quedan incapacitados para el voto quienes hayan defraudado a la Hacienda o eludido fraudulentamente impuestos locales, los que se hayan declarado en quiebra, las personas tachadas de incapacidad moral o civil por los tribunales y, por último, todas las personas sometidas a sentencia judicial.
Cierto es que este decreto no proclama el sufragio universal y sustrae la cuestión dinástica al juicio de las Cortes. Pero así y todo es dudoso que esta Asamblea dé el resultado que con ello se persigue. Si en 1812 las Cortes españolas se abstuvieron de tocar a la Corona fue porque ésta sólo se hallaba representada nominalmente, ya que el rey estaba ausente del suelo español hacía años.
Si se abstuvieron en 1837 fue porque tenían que entendérselas con la monarquía absoluta antes de poder pensar en un ajuste de cuentas con la monarquía constitucional. Por lo que se refiere a la situación general, el Times tiene sin duda fundados motivos para lamentar que no exista en España la centralización francesa, debido a lo cual incluso una victoria obtenida sobre la revolución en la capital no decide nada respecto a las provincias, mientras subsista en éstas ese estado de «anarquía» sin el que ninguna revolución puede triunfar.
Claro está que las revoluciones españolas presentan ciertos rasgos característicos. Por ejemplo, la combinación del bandolerismo con las actividades revolucionarias, combinación que se puso de manifiesto por primera vez en las guerras de guerrillas contra la invasión francesa y que fue continuada por los «realistas» en 1823 y por los carlistas a partir de 1835.
No puede sorprender, por consiguiente, la noticia de que han tenido lugar grandes desórdenes en Tortosa, población de la Baja Cataluña. La Junta popular de esta ciudad dice en su proclama del 31 de julio: «Una banda de miserables asesinos, tomando como pretexto la abolición de los impuestos indirectos, se ha apoderado de la ciudad y ha pisoteado todas las leyes de la sociedad. Su paso se ha señalado por el pillaje, el asesinato y el incendio». Sin embargo, la Junta no tardó en restablecer el orden, pues los ciudadanos se armaron y acudieron en auxilio de la débil guarnición de la plaza. Se ha nombrado una comisión militar encargada de la persecución y castigo de los autores de la catástrofe del 30 de julio. Ni que decir tiene que esta circunstancia ha dado motivo a los periódicos reaccionarios para entregarse a virtuosas declaraciones.
Lo infundado de su actitud salta a la vista en la nota publicada por el Messager de Bayonne, informando que los carlistas han izado su bandera en las provincias de Cataluña, Aragón y Valencia, y precisamente en las montañas vecinas donde tuvieron su nido principal en las guerras carlistas. Los carlistas fueron quienes dieron origen a los ladrones facciosos, combinación del bandidaje con la supuesta fidelidad a un partido oprimido por el Estado. El guerrillero español ha tenido algo de bandolero desde los tiempos de Viriato, pero lo que ya constituye una novedad de invención carlista es que el bandido puro se adjudique el nombre de guerrillero. Los hombres del suceso de Tortosa pertenecen sin duda a esta última clase.
En Lérida, Zaragoza y Barcelona el asunto está serio. Las dos primeras ciudades se han negado a unirse con Barcelona porque en esta última llevaban la voz cantante los militares. Sin embargo, parece ser que incluso allí el general Concha es incapaz de dominar la tormenta y va a sustituirlo el general Dulce, cuya reciente popularidad parece ofrecer más garantías para remontar las dificultades.
Las sociedades secretas han reanudado su actividad en Madrid y gobiernan al partido democrático lo mismo que en 1823.NOTA 56 La primera petición que han recomendado hacer al pueblo es que todos los ministros que han actuado desde 1843 den cuenta de su gestión.
El Gobierno está comprando las armas de que se apoderó el pueblo el día de las barricadas. De este modo ha llegado a posesionarse de 2.500 mosquetones que estaban en las manos de los sublevados. Don Manuel Zagasti, el jefe político ayacucho de Madrid en 1843, ha sido reintegrado en sus funciones. Ha dirigido a los habitantes y a la Milicia Nacional dos proclamas en las que anuncia su propósito de reprimir enérgicamente todo desorden. Se efectúa con gran rapidez el apartamiento de los secuaces de Sartorius de los diferentes cargos públicos. Acaso sea esto lo único que se hace rápidamente en España. En esta cuestión todos los partidos manifiestan la misma premura.
Salamanca no está encarcelado, como se había dicho. Fue detenido en Aranjuez, pero en seguida se lo puso en libertad y ahora se encuentra en Málaga.
El control que la presión popular ejerce sobre el Gobierno se demuestra por el hecho de que los ministros de la Guerra, de Gobernación y de Fomento han llevado a cabo grandes desplazamientos y simplificaciones en sus distintos departamentos, acontecimiento nunca conocido hasta ahora en la historia de España.
El partido unionista o de Coburgo-BraganzNOTA 57 es de una debilidad lamentable. ¿Cómo explicar si no que haga tanto ruido por un solo manifiesto que ha sido enviado desde Portugal a la Milicia Nacional de Madrid? Examinándolo más de cerca llegamos incluso a descubrir que este documento (publicado originariamente en el Jornal do Progresso de Lisboa) no es en modo alguno de carácter dinástico, sino, simplemente, un saludo fraternal de los que tanto abundaron en los movimientos en 1848.
La principal causa de la revolución española ha sido el estado de la Hacienda, y en particular el decreto de Sartorius ordenando el pago anticipado de los impuestos de un semestre. Cuando la revolución estalló, todas las arcas públicas estaban vacías, a pesar de que no había sido pagada ninguna rama del servicio público ni se había utilizado durante varios meses las sumas destinadas a un servicio determinado. Así, por ejemplo, las sumas recaudadas por portazgos no fueron aplicadas a la conservación de los caminos. Los fondos apartados para obras públicas corrieron la misma suerte. Cuando se revisaron las cuentas de obras públicas, en lugar de recibos por obras ejecutadas se encontraron recibos de favoritos de la corte. Sabido es que las operaciones financieras han sido durante mucho tiempo el negocio más lucrativo de Madrid. El presupuesto español para 1853 era el siguiente:
Lista civil y gajes 47.350.000 reales
Legislación 1.331.685
Intereses de la Deuda Pública 213.271.423
Presidente del Consejo 1.687.860
Ministerio de Estado 3.919.083
Justicia 39.001.223
Guerra 273.646.284
Marina 85.165.000
Gobernación 43.957.940
Policía 72.000.000
Hacienda 142.279.000
Pensiones 143.400.586
Culto y clero 119.050.508
Extraordinarios 18.387.788
Total 1.204.448.390 reales
A pesar de este presupuesto, España es el país de Europa que paga menos impuestos, y la cuestión económica en ninguna parte es tan sencilla como aquí. La reducción y simplificación de la maquinaria burocrática en España presentan el mínimo de dificultades, ya que los municipios administran tradicionalmente sus propios asuntos; lo mismo puede decirse de la reforma de los aranceles y de la utilización escrupulosa de los bienes nacionales no enajenados todavía. La cuestión social, en e] moderno sentido de la palabra, carece de fundamento en un país cuyos recursos no han sido explotados todavía y que tiene una población tan reducida: sólo quince millones de habitantes.
4 de septiembre de 1854
LA REACCIÓN EN ESPAÑA. --ESTADO DE LA HACIENDA.
LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA FEDERAL IBÉRICA
Londres, 1 de septiembre de 1854
Los hombres que dirigen esta empresa defenderán con energía la revolución que ha acabado con los abusos y los excesos de un poder corrompido; pero plantarán su bandera en el marco de la Asamblea Constituyente. Allí es donde debe librarse la gran batalla». La gran batalla se libra a favor de Isabel II y Espartero. Debe recordarse que este mismo San Miguel declaró en el banquete de la Prensa que ésta no estaba sujeta a más poder censor que al de ella misma, el del sentido común y el de la educación pública; que era una institución que ni la espada, ni el presidio, ni el destierro, ni ningún poder del mundo podía aplastar. Y el mismo día en que ofrece su colaboración a la Prensa no pronuncia una palabra contra el decreto que suprime su bienamada libertad de imprenta.
A la supresión de la libertad de prensa ha seguido inmediatamente la supresión de la libertad de reunión, también por real decreto. En Madrid han sido disueltos los clubs y en provincias, las juntas y comités de seguridad pública, a excepción de los reconocidos por el ministerio como «diputaciones». El Club de la Unión ha sido clausurado a consecuencia de un decreto del Gobierno en pleno, pese al hecho de que Espartero aceptara unos días antes su Presidencia honoraria, cosa que The London Times se esfuerza vanamente en negar.
Ese club había enviado una delegación al ministro de la Gobernación insistiendo en la destitución del señor Zagasti, gobernador civil de Madrid, acusándolo de haber violado la libertad de prensa y el derecho de reunión. El señor de Santa Cruz contestó que no podía censurar a un funcionario público por adoptar medidas aprobadas por el Consejo de Ministros. El resultado fue que estalló una revuelta importante; pero la Plaza de la Constitución fue ocupada por la Milicia Nacional y la cosa no pasó a mayores. Apenas habían sido suprimidos los periódicos de poca importancia cuando los más importantes, que hasta ahora habían protegido a Zagasti, hallaron motivos para reñir con él. Con el objeto de imponer silencio a El Clamor Público, su editor, el señor Corradi, ha sido nombrado ministro. Pero esta medida no ha de ser suficiente ya que no es posible incorporar al Gobierno a todos los editores de periódicos.
El golpe más audaz de la contrarrevolución ha sido, sin embargo, la autorización concedida a la reina Cristina para marchar a Lisboa después de haberse comprometido el Consejo de Ministros a tenerla a disposición de las Cortes Constituyentes; quebrantamiento de promesa que el Gobierno ha tratado de encubrir confiscando por anticipado los bienes de Cristina en España, que, según sabe todo el mundo, constituyen la parte menos importante de su fortuna. De este modo, Cristina se ha fugado por poco dinero y ahora sabemos que también San Luis ha llegado a salvo a Bayona. Lo más curioso del caso es la forma en que fue obtenido el decreto en cuestión. El día 26 de agosto se reunieron algunos patriotas y miembros de la Milicia Nacional para examinar la seguridad pública, censurando al Gobierno por sus vacilaciones y sus medidas a medias y acordando enviar una comisión al Gobierno para invitarlo a expulsar a Cristina de palacio, donde tramaba proyectos liberticidas.
Dábase la sospechosa circunstancia de que a esta proposición se habían adherido dos ayudantes de campo de Espartero y el propio Zagasti. Puestas así las cosas, el Gobierno se reunió en consejo y el resultado de su reunión fue la evasión de Cristina.
El día 25, la reina se presentó por vez primera en público, acudiendo al Paseo del Prado acompañada de eso que dicen que es su marido y del príncipe de Asturias. Pero parece que se le hizo una acogida sumamente fría.
La comisión nombrada para informar sobre el estado de la Hacienda en la época de la caída del gabinete Sartorius, ha publicado su informe en la Gaceta precedido de una exposición del señor Collado, ministro de Hacienda. Según este informe, la deuda flotante de España se eleva ahora a treinta y tres millones de dólares y el déficit total a cincuenta millones, Parece ser que hasta los recursos extraordinarios del Gobierno fueron despilfarrados con muchos años de anticipación. Las rentas de La Habana y Filipinas fueron percibidas con dos años y medio de adelanto. El producto del empréstito forzoso había desaparecido sin dejar rastro.
Las minas de mercurio de Almadén se habían empeñado por varios años. El saldo debido a la Caja de Depósitos no existía, ni tampoco el fondo para el reemplazo militar. Debíanse 7.485.692 reales por el tabaco adquirido, pero no pagado. Adeudábanse 5.505.000 reales por facturas a cuenta de obras públicas. Según declara el señor Collado, las obligaciones de carácter más urgente ascienden a la cantidad de 252.980.253 reales. Las medidas que él propone para cubrir este déficit son propias de un verdadero banquero, a saber: restablecimiento de la tranquilidad y del orden, mantenimiento de todos los antiguos impuestos y contratación de nuevos empréstitos.
De acuerdo con esos consejos, Espartero ha logrado de los principales banqueros de Madrid 2.500.000 dólares bajo la promesa de seguir una política de tipo moderado puro. Hasta qué punto está dispuesto a cumplir su promesa lo prueban sus últimas medidas.
No vaya a suponerse que estas medidas reaccionarias han sido aceptadas sumisamente por el pueblo. Cuando se supo la marcha de Cristina, el 28 de agosto, volvieron a levantarse barricadas; pero, si hemos de creer un despacho telegráfico de Bayona publicado en el Moniteur francés, «las tropas, unidas a la Milicia Nacional, tomaron las barricadas y sofocaron. el movimiento».
Éste es el círculo vicioso en que están condenados a moverse los abortos de gobierno revolucionario. Reconocen las deudas contraídas por sus predecesores contrarrevolucionarios como obligaciones nacionales y para poder pagarlas tienen que seguir aplicando los viejos impuestos y contraer nuevas deudas. Mas para poder hacerlo, tienen que garantizar el «orden», es decir, adoptar a su vez medidas contrarrevolucionarias. De este modo, el nuevo Gobierno popular se convierte instantáneamente en lacayo de los grandes capitalistas y en opresor del pueblo. De idéntica manera se vio obligado el Gobierno provisional de Francia en 1848 a adoptar la famosa medida de los cuarenta y cinco céntimos y a incautarse de los fondos de las Cajas de Ahorros para poder pagar sus intereses a los capitalistas. «Los gobiernos revolucionarios de España --dice el autor inglés de Revelaciones sobre España-- por lo menos no se han hundido hasta el extremo de adoptar la vergonzosa doctrina de la repudiación tal como ha sido practicada en los Estados Unidos».NOTA 58
El hecho es que si alguna de las precedentes revoluciones españolas hubiera puesto en práctica la repudiación, el ignominioso Gobierno de San Luis no hubiese encontrado ningún banquero dispuesto a facilitarle anticipos. Pero acaso nuestro autor sustente el criterio de que es privilegio de la contrarrevolución el contraer deudas y de la revolución el pagarlas.
Parece ser que Zaragoza, Valencia y Algeciras no abundan en esta idea, ya que han derogado todos los impuestos que les perjudicaban.
No contento con nombrar a Bravo Murillo embajador en Constantinopla, el Gobierno ha otorgado el mismo cargo a González Bravo en Viena.
El domingo 27 de agosto han tenido lugar las reuniones electorales de los distritos de Madrid para designar por sufragio las personas encargadas de la inspección de las elecciones en la capital. En Madrid existen dos comités electorales: el de la Unión Liberal y el de la Unión del Comercio.
Los síntomas de reacción anteriormente enumerados parecen menos graves a quienes están familiarizados con la historia de las revoluciones españolas que al observador superficial, ya que, por regla general, las revoluciones españolas sólo empiezan el día de la reunión de las Cortes, que suele ser la señal de la disolución del Gobierno. Además, en Madrid sólo hay unas cuantas tropas y a lo sumo veinte mil hombres de la Milicia Nacional. Pero de estos últimos, sólo alrededor de la mitad está debidamente armada, en tanto que se sabe que el pueblo se ha negado a entregar las armas.
Pese a las lágrimas de la reina, O'Donnell ha disuelto su guardia de corps, pues el ejército regular sentía envidia de los privilegios de ésta, desde cuyas filas un Godoy, conocido como buen tocador de guitarra y cantador de seguidillas graciosas y picantes, había podido encumbrarse hasta ser el marido de la sobrina del rey, y un Muñoz, conocido tan sólo por sus atractivos personales, había llegado a casarse con una reina madre.
En Madrid, algunos elementos republicanos han repartido la siguiente Constitución de una República Federal Ibérica:
Art. 1.-- España y sus islas y Portugal se unirán para formar la República Federal Ibérica. Los colores de la bandera serán una combinación de las actuales banderas de España y Portugal. Su lema: Libertad, Igualdad y Fraternidad.
Art. 2.-- La soberanía reside en la totalidad de los ciudadanos. Es inalienable e imprescriptible. Ningún individuo ni ninguna fracción del pueblo puede usurpar su ejercicio.
Art. 3.-- La ley es la expresión de la voluntad nacional. Los jueces son nombrados por el pueblo por sufragio universal.
Art. 4.-- Tendrán derecho al voto todos los ciudadanos que hayan cumplido veintiún años de edad y disfruten de sus derechos civiles.
Art. 5.-- Queda abolida la pena de muerte tanto para los delitos políticos como para los comunes. El jurado juzgará todas las causas.
Art. 6.-- La propiedad es sagrada. Los bienes confiscados a los emigrados políticos les serán devueltos.
Art. 7.-- Las contribuciones serán pagadas en proporción con la renta. Existirá un solo impuesto, directo y general. Todas las contribuciones indirectas, fielatos y consumos quedan abolidos. Asimismo quedan abolidos los monopolios del gobierno de la sal y del tabaco, los timbres, los derechos de patentes y el servicio militar obligatorio.
Art. 8.-- La Constitución garantiza la libertad de prensa, de reunión, de asociación, de domicilio, de educación, de comercio y de conciencia. Cada religión tendrá que pagar por sí misma a los ministros de su culto.
Art. 13.-- La administración de la República se dividirá en federal, provincial y municipal.
TÍTULO II.-- Administración federal.
Art. 15.-- Las relaciones internacionales y comerciales, la uniformidad de pesas, medidas y monedas, el servicio postal y las fuerzas armadas son del dominio de la administración federal.
Art. 16.-- El Congreso Central Federal estará compuesto de nueve diputados por cada provincia, elegidos por sufragio universal y sujetos a las instrucciones recibidas.
Art. 17.-- El Congreso Central Federal funcionará con carácter permanente.
Art. 20.-- Siempre que haya de dictarse una ley, el órgano administrativo que la haya juzgado necesaria someterá el proyecto a conocimiento de la federación seis meses antes, si ha de dictarla el Congreso, y tres meses si pertenece a la legislación provincial.
Art. 21.-- Será sometido a los tribunales todo diputado del pueblo que deje de atenerse al mandato recibido.
El artículo 23 del Título III se refiere a la administración provincial y municipal y corrobora análogos principios. El último artículo de este título dice así: «Ya no existirán colonias. Éstas serán convertidas en provincias y administradas con arreglo a los principios provinciales. Queda abolida la esclavitud».
TÍTULO IV.-- El ejército.
Art. 34.-- Todo el pueblo será armado y organizado en una milicia nacional, una parte de la cual tendrá carácter móvil y la otra fijo.
Art. 35.-- La milicia móvil estará formada por hombres solteros de veintiuno a treinta y cinco años de edad. Sus oficiales serán designados mediante elecciones en las academias militares.
Art. 36.-- La milicia fija estará constituida por todos los ciudadanos de treinta y cinco a cincuenta y seis años de edad. Los oficiales serán designados por elección. Su misión es la defensa de las comunidades.
Art. 38.-- El cuerpo de artillería y el de ingenieros serán reclutados por alistamiento voluntario, tendrán carácter permanente y guarnecerán las fortalezas de la costa y de las fronteras. En el interior no se permitirá que haya fortalezas.
El artículo 39, que se refiere a la Marina, contiene disposiciones análogas.
Art. 40.-- Quedan suprimidos los estados mayores y las capitanías generales de las provincias.
Art. 42.-- La República Ibérica renuncia a todas las guerras de conquista y someterá sus diferencias al arbitraje de gobiernos que no estén interesados en la cuestión.
Art. 43.-- No habrá ejércitos permanentes.
16 de septiembre de 1854
ÚLTIMAS MEDIDAS DEL GOBIERNO.
LOS ASUNTOS ESPAÑOLES EN LA PRENSA REACCIONARIA. EXCESO DE GENERALES
«Espartero declaraba todavía el 7 de agosto «que, de acuerdo con los deseos del pueblo de Madrid, la duquesa de Riánsares no saldría de la capital ni de día ni de noche ni de ninguna manera furtiva». Y el 28 del mismo mes, la reina Cristina, después de estar detenida durante veintiún días, consigue permiso para marcharse en pleno día, con cierta ostentación. Pero el Gobierno ha tenido la debilidad de ordenar al mismo tiempo la confiscación de sus bienes.
El Journal des Débats confía en que esta orden será derogada; pero las esperanzas del Journal des Débats acaso estén ahora más condenadas todavía a la desilusión que cuando expresó una tenue esperanza de que Bonaparte no llevara a cabo la confiscación de los bienes de la familia OrleánsNOTA 59 El gobernador de Oviedo ha procedido ya al secuestro de las minas de carbón que poseía Cristina en la provincia de Asturias. Los directores de las minas de Siero, Langreo y Piero Corril han recibido la orden de hacer una declaración y colocar las minas bajo la administración del Gobierno.
Por lo que respecta al «pleno día» en que el Journal des Débats sitúa la marcha de Cristina, el periódico francés ha sido muy mal informado. Al abandonar sus aposentos, la reina Cristina cruzó los pasillos en medio de un silencio sepulcral, ya que se habían tomado precauciones para que nadie la viera. La Milicia Nacional que ocupaba las barracas del patio de Palacio no se dio cuenta de su partida. Tan en secreto fue dispuesto todo el plan que hasta Garrigó, el que había de encargarse de escoltarla, no recibió la orden sino en el momento de partir. La escolta no supo la misión que le había sido encomendada hasta que estuvo a doce millas de Madrid, y entonces le costó a Garrigó un trabajo ímprobo impedir que sus hombres insultaran a Cristina o se volvieran inmediatamente a la capital. Los jefes de la Milicia Nacional no supieron una palabra del asunto hasta dos horas después de la partida de la señora de Muñoz. Según el periódico España, la reina llegó a la frontera portuguesa el 3 de septiembre por la mañana. Dícese que durante el viaje se mostró muy animada, pero que su duque estaba un poco triste.
Las relaciones de Cristina con este Muñoz sólo pueden comprenderse recordando la respuesta dada por don Quijote cuando le preguntó Sancho Panza por qué estaba enamorado de una aldeana de tan baja condición como su Dulcinea, cuando podía tener princesas a sus pies: Preguntáronle a una dama --contestó el digno caballero--, asediada por una multitud de pretendientes de elevada alcurnia, ricos e ingeniosos, por qué tomaba por amante a un simple campesino; a lo que repuso: Debéis saber que para lo que yo lo quiero, tanta filosofía sabe y más que Aristóteles.
El criterio sustentado por la prensa reaccionaria en general respecto a los asuntos españoles puede apreciarse por algunos extractos de la Kölnische Zeitung y de la Indépendance Belge:
Según un corresponsal bien informado y digno de crédito, partidario de O'Donnell y miembro del partido moderado --dice el primero de estos dos periódicos--, la situación es grave, ya que sigue existiendo un profundo antagonismo entre los diversos partidos. Las clases laboriosas se hallan en un estado de continua excitación, que los agitadores fomentan».
El porvenir de la monarquía española --dice la Indépendance-- corre grandes peligros. Todos los verdaderos patriotas españoles coinciden en la necesidad de poner término a las orgías revolucionarias. La furia de los libelistas y de los constructores de barricadas se descarga ahora contra Espartero y su Gobierno con la misma vehemencia que contra San Luis y el banquero Salamanca. Pero, a decir verdad, no se debe hacer responsable de tales excesos a esta caballerosa nación. No hay que confundir al pueblo de Madrid con la chusma que vociferaba: «¡Muera Cristina»!, ni hacerle responsable de los infames libelos difundidos entre la población bajo el titulo de «Latrocinios de San Luis, Cristina y sus acólitos». Las mil ochocientas barricadas de Madrid y las manifestaciones ultracomunistas de Barcelona demuestran la intromisión de la democracia extranjera en la saturnal española. Tanto es así, que gran número de emigrados de Francia, Alemania e Italia han tomado parte en los deplorables acontecimientos que ahora estremecen a la península. Tanto es así, que España se encuentra al borde de una conflagración social. Sus consecuencias más inmediatas serán la pérdida de las Antillas, la rica isla de Cuba, al colocar a España en la imposibilidad de combatir la ambición americana o el patriotismo de un Soulé o un Sanders. Ya es hora de que España abra los ojos y de que todos los hombres honrados de la Europa civilizada se unan para dar la voz de alarma.
Es indudable que no hace falta la intromisión de la democracia extranjera para agitar a la población de Madrid, cuando ésta ve que su Gobierno quebranta el día 28 la palabra que ha dado el día 7, que suspende el derecho de libre reunión y restablece la ley de imprenta de 1837, exigiendo al editor de todo periódico una fianza de cuarenta mil reales y trescientos reales más de impuestos directos. Si las provincias siguen agitadas por movimientos que no acaban de concretarse y definirse, ¿qué otra razón puede hallarse para explicar este hecho si no es la ausencia de un centro para la acción revolucionaria? Ni un solo decreto beneficioso para las provincias ha aparecido desde que el titulado Gobierno revolucionario ha caído en manos de Espartero. Las provincias ven este Gobierno rodeado de la misma adulación, de las mismas intrigas y de la misma caza de cargos que subsistían bajo San Luis. El Gobierno continúa rodeado del mismo enjambre, de la misma plaga que infesta a España desde la época de los Felipes.NOTA 60
Lancemos sólo una ojeada al último número de la Gaceta de Madrid, correspondiente al 6 de septiembre. En él se publica un informe de O'Donnell denunciando tal exceso de cargos y honores militares, que de cada tres generales sólo uno puede ser empleado en el servicio activo. Esa superabundancia de generales es la maldición que pesa sobre España desde 1823. Podría suponerse que había de venir un decreto que acabase con este estorbo. Pero nada de eso. El decreto que sigue al informe tiene por objeto convocar a una junta consultiva de guerra compuesta de cierto número de generales elegidos por el Gobierno entre los que actualmente no prestan ningún servicio en el ejército. Además de su paga ordinaria, estos hombres van a recibir: cada teniente general, cinco mil reales, y cada mariscal de Campo, seis mil. El general Manuel de la Concha ha sido nombrado presidente de esta lucrativa junta militar.
El mismo número de la Gaceta presenta otra cosecha de condecoraciones, nombramientos, etc., como si la primera gran distribución no hubiera cumplido a satisfacción su cometido. San Miguel y Dulce han recibido la gran Cruz de Carlos III. Todas las recompensas y distinciones provisionales decretadas por la Junta de Zaragoza son confirmadas y ampliadas. Pero lo más interesante de este número de la Gaceta es el anuncio de que el día 11 del corriente se iba a reanudar el pago a los acreedores públicos. ¡Qué increíble insensatez la del pueblo español al no sentirse satisfecho de estas hazañas de su Gobierno revolucionario!
30 de septiembre de 1854
Federico Engels
EL EJÉRCITO ESPAÑOL
DEL ARTÍCULO «LOS EJÉRCITOS DE EUROPA»
Las fuerzas militares de España constan del ejército del interior y de los ejércitos coloniales.
El del interior comprende un regimiento de granaderos, cuarenta y cinco regimientos de línea, de tres batallones cada uno, dos regimientos de dos batallones cada uno con sede en Ceuta y dieciocho batallones de cazadores. El conjunto de estos 160 batallones constituía en 1852 una fuerza efectiva de 72.670 hombres, que costaba al Estado 82.692.651 reales al año, o sea 10.336.581 dólares. La caballería comprende dieciséis regimientos de carabineros, dragones y lanceros de cuatro escuadrones cada uno, con 11 escuadrones de cazadores o caballería ligera, en 1851; en total 12.000 hombres, que costaban 17.549.562 reales, o 2.193.695 dólares.
La artillería cuenta con cinco regimientos de a pie, de tres brigadas cada uno, uno para cada división del reino; y además cinco brigadas de artillería pesada, tres de artillería a caballo y tres de montaña; en total, veintiséis brigadas, o batallones, como ahora se llaman. El batallón tiene dos baterías en la artillería montada, y cuatro en la de a pie y en la de montaña. Total: noventa y dos baterías de a pie y seis montadas, o sea 588 piezas de campaña.
Los zapadores y minadores forman un regimiento de 1.240 hombres.
La reserva consiste en un batallón (el número 4) para cada regimiento de infantería y un escuadrón depósito por cada regimiento de caballería.
Las fuerzas totales (en el papel), en 1851, ascendían a 103.000 hombres; en 1843, cuando fue derribado Espartero, no pasaban de 50.000, pero hubo un tiempo en que Narváez las elevó a más de 100.000. Por término medio, 90.000 bajo las armas es el máximo.
Los ejércitos coloniales son como sigue:
1) El ejército de Cuba: dieciséis regimientos de infantería veterana, cuatro compañías de voluntarios, dos regimientos de caballería, dos regimientos de cuatro baterías de artillería de a pie y un batallón de artillería de montaña de cuatro baterías, un batallón de artillería montada de dos baterías y un batallón de zapadores-minadores. Aparte de estas tropas de línea, hay una milicia disciplinada que consta de cuatro batallones y cuatro escuadrones y una milicia urbana de ocho escuadrones, lo que forma un total de treinta y siete batallones, veinte escuadrones y ochenta y cuatro piezas. Durante los últimos años, el ejército cubano activo ha sido reforzado con numerosas tropas de España; y, calculando sus fuerzas originarias en 16 ó 18.000 hombres, ahora puede ser que haya unos 25 ó 28.000 hombres en Cuba. Pero esto no pasa de ser una cifra aproximada.
2) El ejército de Puerto Rico: tres batallones de veteranos de infantería, siete de milicia disciplinada, dos batallones de voluntarios indígenas, un escuadrón de igual composición y cuatro baterías de artillería de a pie. El estado de descuido en que se encuentra la mayor parte de las colonias españolas no permite calcular la fuerza numérica de este cuerpo de ejército.
3) El ejército de las islas Filipinas cuenta con cinco regimientos de infantería, de ocho compañías cada uno, un regimiento de cazadores de Luzón, nueve baterías de a pie, una montada y una de montaña. Nueve unidades de infantería indígena de a cinco batallones y otras unidades provinciales que existían anteriormente fueron disueltas en 1851.
El ejército se recluta por sorteo y se permiten los substitutos. Cada año se hace una leva de 25.000 hombres, pero en 1848 fueron llamados a filas tres contingentes, o sea 75.000 hombres.
El ejército español debe su organización actual principalmente a Narváez, aunque está basado aún en las ordenanzas de Carlos II, de 1768. Narváez tuvo, de hecho, que quitar a los regimientos sus antiguos colores provinciales, diferentes en cada uno, e introducir en el ejército la bandera española; igualmente tuvo que destruir la antigua organización provincial, centralizar el ejército y restaurar su unidad.
Como sabía muy bien, y por experiencia, que el dinero era la palanca principal en un ejército al que no se había pagado casi nunca y vestido y alimentado muy rara vez, intentó también introducir una mayor regularidad en los pagos y en la administración financiera del ejército. No se sabe si consiguió todo lo que deseaba; pero no hubo mejora introducida por él en este aspecto que no desapareciera durante la administración de Sartorius y sus sucesores. Fue restablecido en todo su esplendor el estado normal de «ni paga, ni rancho, ni ropa», y mientras los jefes y generales se pasean con atuendo sembrados de deslumbrantes alamares de oro y plata, o incluso con uniformes de fantasía, no sujetos a ninguna reglamentación, los soldados van desharrapados y descalzos. Un escritor inglés describe del modo siguiente el estado de este ejército hace diez o doce años:
El aspecto de las tropas españolas es lo menos marcial que darse puede. El centinela se pasea en su servicio de un lado para otro con el chacó tan echado hacia atrás que casi se le cae de la cabeza, con el fusil dejado caer sobre un hombro y cantando una seguidilla con la mayor naturalidad del mundo. No es raro que le falten partes de su uniforme o que su casaca regimental y sus prolongaciones inferiores estén desgarradas tan lamentablemente, que en el rigor del verano lleva encima el capotón gris de campaña para cubrir sus harapos; las botas, en la tercera parte de los casos, están hechas pedazos, dejando asomar los dedos desnudos de los soldados. Tales son, en España, las glorias de la vida militar.
Una ordenanza publicada por Serrano el 9 de septiembre de 1843 prescribe:
En adelante todos los oficiales y jefes del ejército, cuando no vayan de paisano, deberán presentarse con el uniforme de su regimiento y la espada reglamentaria; y todos los oficiales no deberán ostentar otros emblemas que los que corresponden exactamente a su graduación, tal como están prescritos, sin ostentar más esos ornamentos arbitrarios y esos bordados ridículos con que algunos de ellos han juzgado procedente distinguirse.
Eso para los oficiales. Y para los soldados:
El brigadier Córdoba ha abierto en Cádiz una suscripción encabezada con su nombre, para recaudar fondos con objeto de regalar un par de pantalones de paño a cada uno de los valientes soldados del regimiento de Asturias.
El desorden financiero explica que el ejército español haya podido permanecer desde 1808 en un estado de rebelión casi ininterrumpida. Pero la verdadera causa es más profunda. Lo primero que le dio un carácter pretoriano fue la larga guerra contra Napoleón, en la que las diferentes unidades y sus jefes conquistaron una influencia política efectiva. Muchos hombres enérgicos de los tiempos revolucionarios se quedaron en el ejército; y la incorporación de las guerrillas al ejército regular incrementó aún más este elemento. Así, mientras los jefes conservaban sus pretensiones pretorianas, los soldados y mandos subalternos siguieron inspirados por tradiciones revolucionarias.
De ese modo se preparó sin interrupción la revolución de 1819-23 y más tarde, en 1833-1843, la guerra civil volvió a llevar al primer plano al ejército y a sus jefes. Utilizado por todos los partidos como un instrumento, no es extraño que el ejército, más pronto o más tarde, tomara el Poder en sus manos.
«El pueblo español es guerrero, pero no marcial», decía el abate de Pradt. Ciertamente, de todos los pueblos europeos, el español es el que siente mayor antipatía por la disciplina militar. No obstante, es posible que la nación que, durante más de cien años, fue celebrada por su infantería pueda volver a enorgullecerse de su ejército. Pero, para alcanzar este fin, hay que reformar no sólo el sistema militar, sino todavía en medida mayor la vida civil.
diciembre de 1855
Carlos Marx
Según la versión de dicho periódico oficial, el combate en Barcelona duró tres días justos, desde las 5 de la tarde del 18 de julio hasta la misma hora del día 21, hora en que, se asegura, los «insurrectos» fueron desalojados de sus posiciones y huyeron al campo, perseguidos por la caballería. Se asegura, no obstante, que los insurrectos conservan aún en su poder varias ciudades de Cataluña, entre ellas Gerona. La Junquera y otras poblaciones de menor importancia. Parece que también Murcia, Valencia y Sevilla han llevado a cabo pronunciamientos contra el golpe de Estado; que un batallón de la guarnición de Pamplona, enviado contra Soria por el gobernador de aquella ciudad, se ha pronunciado en el camino contra el Gobierno y se ha dirigido a Zaragoza para sumarse a la insurrección; y, por último, que en Zaragoza, punto reconocido desde el primer momento como centro de la resistencia, el general Falcón ha pasado revista a 16.000 soldados de línea, reforzados por 15.000 milicianos y campesinos de los alrededores.
Por lo que pudiera ocurrir, el Gobierno francés considera la «insurrección» de España como no reprimida, y Bonaparte, no contento con enviar unos cuantos batallones a guarnecer la frontera, ha ordenado a una brigada avanzar hasta el Bidasoa y esta brigada está siendo transformada en división mediante refuerzos procedentes de Montpellier y Toulouse. Parece también que, cumpliendo órdenes enviadas directamente de Plombières el 23 de julio, se ha destacado una segunda división del ejército de Lyon, la cual se dirige ahora a los Pirineos, donde al presente está concentrado todo un corps d'observation de 25.000 hombres.
Si los que se resisten contra el Gobierno O'Donnell son capaces de mantener sus posiciones; si esa resistencia se revela bastante fuerte para alucinar a Bonaparte y llevarlo a una intervención armada en la Península, entonces puede ser que el golpe de Estado de Madrid haya dado la señal para el derrumbamiento del golpe de Estado de París.NOTA 61
Si examinamos el argumento y los personajes del drama, esta conspiración española de 1856 se nos presenta como una simple repetición de la intentona del mismo tipo llevada a cabo en 1843; claro que con algunas ligeras modificaciones. Entonces como ahora, Isabel en Madrid y Cristina en París; Luis Felipe, en vez de Luis Bonaparte, dirigiendo el movimiento desde las Tullerías; a un lado, Espartero y sus ayacuchos; al otro, O'Donnell, Serrano y Concha, con Narváez, que entonces estaba en el proscenio y hoy está en segundo término. En 1843, Luis Felipe mandó dos millones de oro por tierra y a Narváez y a sus amigos por mar, y Luis Felipe y la señora de Muñoz acordaron de consuno el conjunto de casamientos españoles. La complicidad de Bonaparte en el golpe de Estado español (es muy posible que Bonaparte haya arreglado el casamiento de su primo, el príncipe Napoleón, con una señorita de Muñoz o que tenga que seguir a toda costa imitando a su tío), esta complicidad no sólo se revela en las denuncias con que se desgañita el Moniteur durante los últimos dos meses sobre las conspiraciones comunistas en Castilla y Navarra; en el comportamiento observado antes, durante y después del golpe de Estado por el embajador francés en Madrid, Mr. de Turgot, ministro de Negocios Extranjeros de Bonaparte en los días de su golpe de Estado; en el hecho de que el duque de Alba, cuñado de Bonaparte, haya salido a relucir como alcalde del nuevo Ayuntamiento madrileño inmediatamente después de la victoria de O'Donnell; en el hecho de que Ros de Olano, antiguo miembro del partido francófilo, haya sido la primera persona a quien se ha ofrecido una cartera en el Gobierno de O'Donnell; y en el de que Narváez haya sido enviado por Bonaparte a Bayona en cuanto llegaron a París las primeras noticias del acontecimiento. Esa complicidad fue revelada de antemano por el envío de grandes cantidades de municiones de Burdeos a Bayona, dos semanas antes de estallar en Madrid la crisis actual. Y se revela sobre todo en el plan de operaciones seguido por O'Donnell en su razzia contra el pueblo madrileño. A las primeras de cambio anunció que no vacilaría en volar Madrid y durante la lucha cumplió su palabra. Ahora bien, aunque O'Donnell es un individuo audaz, nunca se ha lanzado a un golpe decisivo sin haberse asegurado la retirada. Lo mismo que su famoso tío, el héroe de la traición, cuando ha cruzado el RubicóNOTA 62 no ha quemado nunca el puente. En O'Donnell el ardor combativo está asombrosamente controlado por la prudencia y las facultades de conspirador. Es evidente que un general que lleva adelante su amenaza de reducir la capital a escombros y fracasa en su intento, se ha jugado la cabeza y la ha perdido. ¿Cómo se aventuró, pues, O'Donnell, por un terreno tan resbaladizo? El Journal des Débats, órgano especial de la reina Cristina, revela el secreto. «O'Donnell esperaba una gran batalla y, todo lo más, una victoria duramente obtenida. La posibilidad de una derrota entraba en sus previsiones. En caso de ocurrir este contratiempo, el mariscal hubiera abandonado Madrid con los restos de su ejército, dando escolta a la reina y dirigiéndose hacia las provincias del Norte, con vistas a aproximarse a la frontera francesa». ¿No suena todo esto como si este plan hubiera sido trazado en colaboración con Bonaparte? Exactamente el mismo plan fue acordado entre Luis Felipe y Narváez en 1843, y este plan, a su vez, era una copia del convenio secreto de Luis XVIII y Fernando VII en 1823.
Una vez admitido este verosímil paralelo entre las conspiraciones españolas de 1843 y 1856, quedan aún en los dos movimientos rasgos distintivos suficientes para poner de manifiesto los inmensos progresos que el pueblo español ha hecho en un plazo tan breve, Esos rasgos son: el carácter político de la última lucha en Madrid, su importancia militar y, finalmente, las posiciones respectivas de Espartero y O'Donnell en 1856, en comparación con las posiciones de Espartero y Narváez en 1843. En 1843, todos los partidos se habían hartado de Espartero. Para librarse de él, se formó una gran coalición entre los moderados y los progresistas. Las juntas revolucionarias, al surgir como hongos en todas las ciudades, allanaron el camino a Narváez y sus partidarios. En 1856, no encontramos sólo a la Corte y al ejército en un bando y al pueblo en otro, sino que en las filas del pueblo encontramos las mismas escisiones que en el resto de la Europa Occidental.
El 13 de julio, el Gobierno Espartero presentó la dimisión, a la que fue forzado; en la noche del 13 al 14 se constituyó el gabinete O'Donnell; en la mañana del 14 se extendió el rumor de que O'Donnell, encargado de formar Gobierno, había invitado a participar en él a Ríos Rosas, el tristemente célebre ministro de los sangrientos días de julio de 1854. A las 11 de la mañana, la Gaceta confirmó este rumor. Entonces se reunieron las Cortes, con asistencia de 93 diputados. Según el reglamento de esta corporación, 20 diputados son suficientes para hacer una convocatoria y 50 para que haya quórum. Por lo demás, las Cortes no habían sido prorrogadas oficialmente. El presidente, general Infante, no pudo dejar de satisfacer el deseo general de celebrar una sesión normal. Se presentó una proposición declarando que el nuevo Gobierno no gozaba de la confianza de las Cortes y que había que comunicar esta resolución a Su Majestad. Al mismo tiempo, las Cortes ordenaron a la Milicia Nacional que estuviera dispuesta a actuar. Una comisión, escoltada por un destacamento de milicianos nacionales, fue a visitar a la reina llevando la resolución de desconfianza. Cuando los comisionados trataban de entrar en Palacio, fueron rechazados por las tropas de línea, que hicieron fuego sobre ellos y sobre su escolta.
Ese incidente dio la señal para la insurrección. La orden para empezar a construir barricadas fue dada a las siete de la tarde por las Cortes, que inmediatamente después fueron disueltas por las tropas de O'Donnell. La batalla dio principio aquella misma noche y sólo un batallón de la Milicia Nacional se unió a las tropas de la reina. Hay que decir aquí que, ya en la mañana del día 13, el señor Escosura, ministro de la Gobernación del gabinete esparterista, había telegrafiado a Barcelona y a Zaragoza que era inminente un golpe de Estado y que allí debían prepararse para la resistencia. A la cabeza de los insurrectos de Madrid estaban el señor Madoz y el general Valdés, hermano de Escosura. En suma, no cabe duda de que la resistencia contra el golpe de Estado la iniciaron los esparteristas, la población de las ciudades y los liberales en general. Mientras ellos, con las milicias, cubrían el frente de Este a Oeste de Madrid, los obreros, bajo la dirección de Pucheta, ocuparon el Sur de la ciudad y parte de los barrios del Norte.
En la mañana del 15, O'Donnell tomó la iniciativa. Incluso, según el testimonio parcial del Journal des Débats, durante la primera mitad del día. O'Donnell no obtuvo ninguna ventaja de consideración. De repente, hacia la una, sin motivo perceptible, las filas de los milicianos nacionales se rompieron; a las dos se clarearon más y a las seis habían desaparecido de escena por completo, dejando todo el peso de la batalla a los obreros, que siguieron luchando hasta las cuatro de la tarde del día 16. Así, en estos dos días de matanza, hubo dos batallas bien diferenciadas: una, de la milicia liberal de las clases medias, apoyada por los obreros, contra el ejército y la otra del ejército contra los obreros abandonados por la deserción de la milicia. Como dice Heine: «Es una vieja historia, pero siempre es nueva». Espartero deserta, abandonando a las Cortes; las Cortes desertan, abandonando a los jefes de la Milicia Nacional; los jefes abandonan a sus hombres y sus hombres abandonan al pueblo. Sin embargo, el día 15 las Cortes se reunieron de nuevo, cuando Espartero apareció por un instante. El señor Asensio y otros diputados le recordaron sus reiteradas promesas de empuñar su gran espada de Luchana el primer día en que la libertad del país estuviera en peligro. Espartero tomó el cielo por testigo de su inquebrantable patriotismo y, cuando salió del recinto, se tenía la seguridad de verlo en seguida a la cabeza de la insurrección.
En lugar de eso, se fue a casa del general Gurrea, donde se sepultó en un refugio a prueba de bomba, a lo Palafox, y no se volvió saber de él. Los jefes de las milicias que, la noche anterior, habían empleado todos los medios para excitar a los milicianos a tomar las armas, mostraron ahora la misma vehemencia para retirarse a sus casas. El general Valdés, que durante unas horas había usurpado el mando de las milicias, reunió a las dos y media, en la Plaza Mayor, a las fuerzas de su mando inmediato y les dijo que el hombre que por ley natural debía estar a su cabeza, no se echaba adelante, y que, en consecuencia, cada uno quedaba en libertad para retirarse. Oído esto, los milicianos nacionales corrieron en tropel a sus casas y se apresuraron a quitarse de encima el uniforme y a esconder las armas. Tal es la esencia de un relato procedente de persona bien informada. Otra persona autorizada da como razón de este súbito acto de sometimiento a la conjura el hecho de considerar que el triunfo de la Milicia Nacional iba a acarrear probablemente el hundimiento del trono y la preponderancia absoluta de la democracia republicana. La Presse de París da también a entender que el mariscal Espartero, en vista del aire que dieron a la cosa los demócratas en el Congreso, no quiso sacrificar el trono o embarcarse en los azares de la anarquía y la guerra civil y, en consecuencia, hizo cuanto pudo para provocar el sometimiento ante O'Donnell.
Verdad es que los diferentes autores discrepan en cuanto a los detalles de tiempo y circunstancias y en cuanto a los pormenores del derrumbamiento de la resistencia al golpe de Estado; pero todos coinciden en un punto fundamental: que Espartero desertó, abandonando a las Cortes, las Cortes a los dirigentes, los dirigentes a la clase media y ésta al pueblo.
Eso da una nueva ilustración sobre el carácter de la mayor parte de las luchas europeas de 1848-1849 y de las que en lo sucesivo han tenido lugar en la parte occidental de dicho continente. Por una parte existen la industria y el comercio modernos, cuyos jefes naturales, las clases medias, son enemigos del despotismo militar; por otra parte, cuando las clases medias emprenden la batalla contra este mismo despotismo, entran en escena los obreros, producto de la moderna organización del trabajo, que vienen dispuestos a pedir la parte que les corresponde en los frutos de la victoria. Asustadas por las consecuencias de una alianza que les han cargado a las espaldas contra su voluntad, las clases medias retroceden para ponerse de nuevo bajo la protección de las baterías del odiado despotismo.
Ése es el secreto de la existencia de los ejércitos permanentes en Europa, incomprensible de otro modo para los futuros historiadores. Así, las clases medias de Europa se ven obligadas a comprender que no tienen más que dos caminos: o someterse a un poder político al que odian y renunciar a las ventajas de la industria y del comercio modernos y a las relaciones sociales basadas sobre ellos, o bien sacrificar los privilegios que la organización moderna de las fuerzas productivas de la sociedad, en su fase primaria, ha otorgado a una sola clase. Es tan impresionante como inesperado que esta lección se dé incluso desde España.
8 de agosto de 1856
Uno de los ex ministros esparteristas tomó parte en las negociaciones en marcha entre el general Dulce y las autoridades de Zaragoza, y el diputado a Cortes esparterista Juan Alonso Martínez aceptó el encargo de informar a los dirigentes de la insurrección de que la reina, sus ministro y sus generales estaban animados de un espíritu de máxima conciliación.
El movimiento revolucionario se extendió a casi toda España: Madrid y la Mancha, en Castilla; Granada, Sevilla, Málaga, Cádiz, Jaén, etc., en Andalucía; Murcia y Cartagena, en Murcia; Valencia, Alicante, Alcira, etc., en Levante; Barcelona, Reus, Figueras y Gerona, en Cataluña; Zaragoza, Teruel, Huesca, Jaca, etc., en Aragón; Oviedo, en Asturias, y La Coruña, en Galicia.
No hubo movimientos en Extremadura, León y Castilla la Vieja, donde el partido revolucionario había sido destruido dos meses antes bajo los auspicios mancomunados de Espartero y O'Donnell; y las provincias vascas y Navarra también se quedaron quietas. No obstante, las simpatías de estas últimas Provincias estaban con la causa revolucionaria, si bien no pudieron manifestarse a la vista del ejército francés de observación. Eso es aún más notable si se tiene en cuenta que hace 20 años estas provincias constituían el baluarte del carlismo, respaldado entonces por el campesinado de Aragón y Cataluña, que ahora estaba con todo su entusiasmo al lado de la revolución y que se hubiera revelado como un elemento de resistencia de lo más formidable si la inepcia de los dirigentes de Barcelona y Zaragoza no hubiera impedido sacar provecho de sus energías. Incluso el London Morning Herald, paladín ortodoxo del protestantismo --que hace 20 años rompía lanzas por el Quijote del auto de fe, Don Carlos--, no sabe qué pensar de este hecho, que tiene la honradez de reconocer.
Ése es uno de los muchos síntomas de progreso revelados por la última revolución en España; progreso cuya lentitud sólo puede asombrar a los que no conozcan los hábitos y costumbres de un país donde la palabra «mañana» es la consigna de la vida corriente y donde todo el mundo está dispuesto a decirle a uno que «nuestros antepasados necesitaron ochocientos años para echar a los moros».
No obstante la generalización de los pronunciamientos, la revolución en España se redujo a Madrid y a Barcelona solamente. En el Sur fue destrozada por el cólera morbo y en el Norte por la morriña de Espartero. Desde el punto de vista militar, las insurrecciones en Madrid y Barcelona presentan pocos rasgos interesantes y casi ninguna novedad. En un bando --el ejército-- todo estuvo preparado de antemano; en el otro, todo se improvisó; la ofensiva nunca pasó de unas manos a otras. En un bando, un ejército bien equipado, manejado con soltura por los hilos de sus generales; en el otro, dirigentes remolones, empujados adelante por el ímpetu de un pueblo deficientemente armado. En Madrid, los revolucionarios, a las primeras de cambio, cometieron el error de encerrarse en el interior de la ciudad, en la línea que unía los extremos Este y Oeste, extremos ocupados por O'Donnell y Concha, que se comunicaban entre sí y con la caballería de Dulce por los bulevares exteriores. Así, el pueblo se quedaba aislado y expuesto a los ataques concéntricos, planeados de antemano por O'Donnell y sus cómplices. Bastó con que O'Donnell y Concha establecieron contacto entre sí para que las fuerzas revolucionarias fueran dispersadas hacia los barrios del Norte y del Sur y privadas desde aquel momento de todo enlace entre sí. Fue rasgo característico de la insurrección de Madrid el empleo de pocas barricadas --sólo en las esquinas de las calles importantes--, siendo, en cambio, convertidas las casas en núcleos de resistencia; y --cosa inaudita en los combates de calle-- las columnas del ejército asaltante fueron recibidas con ataques a la bayoneta. Pero, si los insurrectos aprovecharon la experiencia de las insurrecciones de París y Dresde, los soldados no habían aprendido menos que ellos. Abrían brecha en las paredes de las casas, una tras otra, y llegaban hasta los insurrectos por el flanco y por la retaguardia, mientras las salidas a la calle eran barridas por fuego de artillería.
Otro rasgo distintivo de esta batalla de Madrid fue que, después de establecer enlace Concha y O'Donnell, Pucheta, empujado al Sur de la ciudad (barrio llamado de Toledo), trasplantó la guerra de guerrillas de las montañas de España a las calles madrileñas. Los insurgentes, dispersados, hacían frente aún bajo un arco de iglesia, en una callejuela o en la escalera de una casa, y allí se defendían hasta la muerte.
En Barcelona, donde la insurrección careció de dirección en absoluto, la lucha fue más intensa. Militarmente, esta insurrección, como todos los levantamientos anteriores en Barcelona, se hundió por estar la fortaleza de Montjuich en manos del ejército. La violencia de la lucha se refleja en el hecho de haber sido quemados 150 soldados en su cuartel de Gracia, suburbio por el que los insurrectos lucharon encarnizadamente, una vez desalojados de Barcelona. Merece señalarse que, mientras en Madrid, según hemos puesto de manifiesto en un artículo anterior, los proletarios fueron traicionados y abandonados por la burguesía, los tejedores de Barcelona declararon desde el primer instante que no tendrían arte ni parte en un movimiento iniciado por los esparteristas, e insistieron en pedir la proclamación de la República. Habiendo sido rechazada esta condición, los tejedores, exceptuando algunos que no podían resistir el olor de la pólvora, se quedaron de espectadores pasivos de la batalla, y con esto la batalla se perdió, pues todas las insurrecciones de Barcelona las deciden sus 20.000 tejedores.
La revolución española de 1856 se distingue de todas las que la han precedido por la pérdida de todo carácter dinástico. Sabido es que el movimiento de 1804 a 1815 fue nacional y dinástico. Aunque las Cortes en 1814 proclamaron una Constitución casi republicana, lo hicieron en nombre de Fernando VII. El movimiento de 1820-23, tímidamente republicano, era completamente prematuro y tenía contra él a las masas cuyo apoyo pedía, por estar dichas masas ligadas por entero a la Iglesia y a la Corona. La realeza en España estaba tan profundamente arraigada, que la lucha entre la vieja sociedad y la nueva, para tomar un carácter serio, necesitó un testamento de Fernando VII y la encarnación de los principios antagónicos en dos ramas dinásticas: la carlista y la cristina. Incluso para combatir por un principio nuevo, el español necesitaba una bandera consagrada por el tiempo. Bajo tales banderas se llevó la lucha desde 1831 hasta 1843. Luego hubo un final de revolución y a la nueva dinastía le fue dado probar sus fuerzas desde 1843 a 1854.
De ese modo, la revolución de julio de 1854 llevaba implícito necesariamente un ataque contra la nueva dinastía; pero la inocente Isabel estaba a cubierto, gracias al odio concentrado contra su madre; y el pueblo festejaba no sólo su propia emancipación, sino la emancipación de Isabel, liberada de su madre y de la camarilla.
En 1856, la careta había caído y la misma Isabel se enfrentaba con el pueblo mediante el golpe de Estado que fomentó la revolución. Con su fría crueldad y su cobarde hipocresía se mostró digna hija de Fernando VII, el cual era tan dado a la mentira que, a pesar de su mojigatería, no pudo, ni con la ayuda de la Santa Inquisición, convencerse nunca de que personajes tan eminentes como Jesucristo y sus apóstoles hubieran dicho la verdad. Hasta la matanza de los madrileños por Murat en 1808NOTA 63 queda a la altura de una revuelta insignificante al lado de la carnicería hecha desde el 14 al 16 de julio bajo la sonrisa de la inocente Isabel. Esos días sonaron las campanas fúnebres de la monarquía en España. Sólo los imbéciles legitimistas de Europa pueden pensar que, una vez caída Isabel, puede levantarse Don Carlos.
Esa gente piensa invariablemente que, al extinguirse la última manifestación de un principio, muere sólo para dar una nueva forma a su manifestación primitiva.
En 1856, la revolución española ha perdido no sólo su carácter dinástico, sino también su carácter militar. El porqué del papel principal jugado por el ejército en las revoluciones españolas, puede ser dicho en muy pocas palabras. La antigua institución de las capitanías generales, que convertían a cada capitán general en pachá de su región militar respectivaNOTA 64 la guerra de la Independencia llevada contra Francia, que no sólo hizo del ejército el principal instrumento de la defensa nacional, sino también la primera organización revolucionaria y el centro de la acción revolucionaria en España; las conspiraciones de 1815-18, todas las cuales emanaron del ejército; la guerra dinástica de 1831-41,NOTA 65 en la cual el ejército era factor decisivo en ambos bandos; el aislamiento de la burguesía liberal, que la obligaba a utilizar las bayonetas del ejército contra el clero rural y el campesinado; la necesidad en que se encontraban Cristina y la camarilla de utilizar las bayonetas contra los liberales, como los liberales las habían empleado contra los campesinos; y la tradición que nació de todos estos precedentes: tales fueron las causas que imprimieron a la revolución española un carácter militar y al ejército un carácter pretoriano. Hasta 1854, la revolución tenía siempre su origen en el ejército, y las diferentes manifestaciones de ella no se diferenciaban unas de otras exteriormente más que en la graduación militar de sus promotores.
Todavía en 1854, el primer impulso partió del ejército, pero el manifiestNOTA 66 que lanzó O'Donnell en Manzanares testimonia lo frágil que había llegado a ser la preponderancia militar en la revolución española. ¿Con qué condición se le permitió por fin a O'Donnell suspender aquel paseo de Vicálvaro a la frontera portuguesa --sobre cuyo carácter poco cabía dudar-- y volver a traer a Madrid el ejército?
Sólo mediante la promesa de reducirlo inmediatamente, de sustituirlo por la Milicia Nacional y de no permitir que los generales se repartiesen los frutos de la revolución. Si la revolución de 1854 se limitó a manifestar de este modo su desconfianza en el ejército, apenas transcurridos dos años se vio atacada abierta y directamente por aquel ejército, el cual ha entrado ahora dignamente en la lista donde se encuentran los croatas de Radetsky, los africanos de Bonaparte y los pomeranios de Wrángel. La rebelión de un regimiento en Madrid el 29 de julio prueba hasta qué punto valora el ejército español las glorias de su nueva posición.
Ese regimiento, no contento con los simples cigarros de Isabel, se declaró en huelga pidiendo los cinco francos y las salchichas de Bonaparte; y los consiguió.
Esta vez, por lo tanto, el ejército ha estado, en su totalidad, contra el pueblo, o, más exactamente, ha luchado sólo contra el pueblo y los milicianos nacionales. En dos palabras: ha terminado la misión revolucionaria del ejército español. El hombre en quien se plasmaban las características militar, dinástica y burguesa liberal de la revolución española --Espartero-- ha caído ahora aún más bajo de lo que las leyes ordinarias del destino hubieran permitido prever a los que más íntimamente lo conocían. Si, como se rumorea y es muy probable, los esparteristas están a punto de reagruparse bajo la dirección de O'Donnell, no harán más que confirmar su suicidio con un acto oficial propio. No salvarán a O'Donnell.
La próxima revolución europea encontrará a España madura para colaborar con ella. Los años de 1854 a 1856 han sido fases de transición que tenía que atravesar para llegar a esta madurez.
18 de agosto de 1856
DE LOS ARTÍCULOS EN LA «NUEVA ENCICLOPEDIA AMERICANA»
(1858)
EL BIDASOA
Con este fin concentró, a fines de agosto de 1813, dos columnas en el Bidasoa. La de la izquierda, al mando del general Clausel, con 20.000 hombres y 29 cañones, tomó posiciones en unos cerros que daban frente a Vera (pueblo más allá del cual el curso superior del río estaba en las manos de los aliados), y el general Reille, con 18.000 hombres y 7.000 de reserva al mando de Foy, se situó abajo, junto a la carretera de Bayona a Irún. El campo atrincherado francés, en retaguardia, estaba guarnecido por D'Erlon con dos divisiones, al objeto de contener cualquier movimiento envolvente por parte del flanco derecho de los aliados.
Wellington había sido informado del plan de Soult y había tomado todas las precauciones. La extrema izquierda de su posición, protegida de frente por la ría del Bidasoa, estaba bien atrincherada, aunque apenas guarnecida; el centro, formado por los abruptos e inexpugnables montes de San Marcial, y reforzado con fortificaciones de campaña, estaba guarnecido por los españoles de Freire y tenía como reserva la primera división británica, situada a retaguardia, a la izquierda, cerca de la carretera de Irún. El ala derecha, situada en las pendientes rocosas de la Peña de Haya, estaba ocupada por los españoles de Longa y la 4ª división anglo-portuguesa; la brigada de Inglis, perteneciente a la 7ª división, la enlazaba con la división ligera situada en Vera y con las tropas destacadas aún más a la derecha, por los montes.
El plan de Soult consistía en que Reille ocupara San Marcial (que intentaba convertir en cabeza de puente para operaciones ulteriores) y en empujar a los aliados hacia su derecha, a los barrancos de Peña de Haya, despejando de este modo la carretera para que Foy avanzara por ella directamente sobre Oyarzun; mientras tanto Clausel, después de dejar una división para observar Vera, debía atravesar el Bidasoa un poco aguas abajo de esta plaza y presionar a las tropas que se le opusieran a las alturas de la Peña de Haya, secundando y flanqueando de este modo el ataque de Reille.
En la mañana del 31 de agosto, las tropas de Reille vadearon el río en varias columnas, tomaron a la carrera las primeras alturas de San Marcial y avanzaron hacia las crestas más altas, puntos dominantes de este grupo de montañas. Pero en este terreno difícil, sus tropas, deficientemente dirigidas, cayeron en el desorden: las guerrillas y los sostenes se entremezclaron y en algunos sitios se confundieron en grupos desorganizados; entonces, las columnas españolas bajaron en alud por las laderas y los empujaron de nuevo hacia el río. Hubo un segundo ataque, que al principio tuvo más éxito y llevó a los franceses hasta la cumbre de la posición española; pero entonces se agotaron sus fuerzas y un nuevo avance de los españoles les hizo retroceder de nuevo al Bidasoa en gran desorden. Habiendo sabido mientras tanto Soult que Clausel había realizado satisfactoriamente su ataque y poco a poco ganaba terreno en la Peña de Haya, haciendo retroceder a portugueses, españoles e ingleses, estaba formando columnas con las reservas de Reille y las tropas de Foy para un tercer ataque decisivo, cuando le llegaron noticias de haber sido atacado D'Erlon en su campamento por fuerzas considerables.
Wellington, en cuanto la concentración de fuerzas francesas en el Bajo Bidasoa no dejó lugar a dudas sobre el verdadero objetivo del ataque, dio a todas las tropas situadas en los montes de su extrema derecha orden de atacar contra lo que tuvieran delante, fuera lo que fuera. Ese ataque, aunque rechazado, fue muy serio y podía repetirse.
Al mismo tiempo, una parte de la división ligera británica fue puesta en acción sobre la orilla izquierda del Bidasoa para flanquear el ataque de Clausel. Entonces Soult renunció al proyectado ataque y replegó las tropas de Reille al otro lado del Bidasoa. Las de Clausel no salieron del combate hasta muy avanzada la noche, después de luchar duramente para forzar los puentes de Vera, por haberse hecho impracticables los vados a consecuencia de la copiosa lluvia que cayó durante aquel mismo día. Los aliados tomaron San Sebastián por asalto, excepto la ciudadela. Ésta última se rindió el 9 de septiembre.
La segunda batalla del Bidasoa tuvo lugar el 7 de octubre, al forzar Wellington el paso del río. La posición de Soult era aproximadamente la misma que antes. Foy sostenía el campo atrincherado de San Juan de Luz, D'Erlon ocupaba Urdax y el campo de Ainhoa; Clausel estaba apostado en unas lomas que unen Urdax con el Bajo Bidasoa, y Reille se extendía a lo largo del río, desde la derecha de Clausel hasta el mar. Todo el frente estaba atrincherado y los franceses trabajaban aún en el refuerzo de sus obras. La derecha de los ingleses daba frente a Foy y D'Erlon; el centro, compuesto de los españoles de Girón y la división ligera, con los españoles de Longa y la 4ª división como reserva, en total 20.000 hombres, se encaraba con Clausel, mientras que en el Bajo Bidasoa los españoles de Freire, la 1ª y la 5 divisiones anglo-portuguesas y la brigada independiente de Aylmer y Wilson, con un total de 24.000 hombres, estaban prestos para atacar a Reille.
Wellington preparó todo para la sorpresa. Sus tropas fueron puestas en orden de combate, bien a cubierto de la vista del enemigo, en la noche anterior al 7 de octubre, y no se tocó a las tiendas de su campo. Además había sido informado por los contrabandistas de la localidad sobre tres vados de la ría del Bidasoa, todos practicables en marea baja y desconocidos para los franceses, que se consideraban perfectamente a salvo al otro lado. En la mañana del 7, mientras las reservas francesas acampaban en la lejana retaguardia y cuando de una de las divisiones colocadas en primera línea se había mandado mucho personal a trabajar en los reductos, la 5ª división inglesa y la brigada de Aylmer vadearon la ría y marcharon hacia el campo atrincherado, llamado de los Sansculottes.
Tan pronto pasaron al otro lado, las baterías de San Marcial abrieron fuego y otras cinco columnas más avanzaron para vadear el río. Antes de que los franceses pudieran ofrecer ninguna resistencia, estas fuerzas estuvieron formadas en la orilla derecha; la sorpresa tuvo un éxito completo: los batallones franceses, a medida que iban llegando, de un modo aislado e irregular, iban siendo derrotados y, antes de que pudieran llegar reservas, toda la línea estuvo ocupada, incluso la Croix des Bouquets, llave de la posición. El campo de Biriatu y Bildox, que enlazaba a Reille con Clausel, fue envuelto al ocupar Freire el cerro de Mandale, y abandonado. Las tropas de Reille se retiraron en desorden hasta ser detenidas en Urogne por Soult, que llegaba a toda prisa desde Espelette con las reservas. Cuando aún se encontraba allí, fue informado de haber sido atacado Urdax; pero no dudó un momento sobre la verdadera dirección del golpe principal y se dirigió al Bajo Bidasoa, adonde llegó demasiado tarde para reanudar la batalla. El centro británico, mientras tanto, había atacado a Clausel y forzaba gradualmente sus posiciones mediante ataques combinados de frente y de flanco. Al caer la noche, Clausel sólo retenía la cota más alta de la cadena, la Grande Ruhne, y al día siguiente abandonó esta montaña. Los franceses perdieron unos 1.400 hombres y los aliados unos 1.600, entre muertos y heridos. La sorpresa fue tan bien organizada que la defensa efectiva de las posiciones francesas tuvo que ser hecha por 10.000 hombres solamente, los cuales, al ser atacados con energía por 33.000 aliados, fueron desplazados de ellas antes de que pudieran llegar las reservas en su ayuda.
Vol. 3, 1858
LA GUERRA DE ÁFRICA
El 13 de noviembre, la primera división del ejército español activo, mandada por el general Echagüe, embarcó en Algeciras y pocos días después desembarcó en Ceuta. El 17 salió de la ciudad y ocupó el Serrallo o Casa Blanca, edificio de grandes dimensiones situado a milla y media aproximadamente de las líneas de Ceuta. El terreno, en los alrededores, es áspero y quebrado en extremo y muy favorable para escaramuzas y acciones irregulares. Los moros, tras de intentar en vano, aquella misma noche, la reconquista del Serrallo, se retiraron, y los españoles empezaron a construir un campo atrincherado como base para futuras operaciones.
El 22, el Serrallo fue atacado por los anjeritas, tribu mora que habita los campos próximos a Ceuta. Esa acción abrió una serie de combates infructuosos, que llenan toda la campaña hasta el momento presente, y cada uno de los cuales es exactamente igual que los restantes. Los moros, en mayor o menor número, atacan las líneas españolas y tratan de apoderarse de una parte de ellas, mediante la sorpresa o el engaño. Según los informes moros, generalmente consiguen su objetivo, pero luego tienen que abandonar los reductos por falta de artillería. Según los españoles, no ha habido un moro que alcance a ver el interior de un reducto español y todos sus ataques han resultado totalmente estériles. En el primer ataque, los anjeritas no sumaban más de 1.600 hombres. Al día siguiente, recibieron 4.000 de refuerzo e inmediatamente volvieron al ataque. Los días 22 y 23 transcurrieron entre numerosas escaramuzas, pero el 25 los moros avanzaron con todas las fuerzas de que disponían y hubo un serio combate, en el que el general Echagüe fue herido en una mano.
Ese ataque de los moros fue tan serio que espoleó un poco la modorra con que el Cid Campeador O'Donnell había llevado hasta entonces la guerra. Dio en seguida orden de embarcar a la segunda división, mandada por el general Zabala, y a la división de reserva, mandada por el general Prim, y salió él, en persona, para Ceuta. En la noche del 27, todo el ejército de operaciones español se encontraba concentrado ante la plaza. El 29, hubo otro ataque de los moros, que se repitió el 30. Tras esto, los españoles empezaron a pensar en lo reducido de la posición que ocupaban. El objetivo de su primera operación había de ser Tetuán, situado a unas 20 millas al Sur de Ceuta y a cuatro del mar. Empezaron a construir una carretera hacia esta ciudad; los moros no ofrecieron resistencia hasta el 9 de diciembre. En la mañana de dicho día sorprendieron a las guarniciones de los dos reductos principales, pero, como de costumbre, los abandonaron aquel mismo día. El día 12 tuvo lugar otro encuentro frente al campamento español, a unas cuatro millas de Ceuta, y el 20 telegrafió O'Donnell que los moros habían atacado de nuevo los dos reductos, pero que habían sido, como siempre, gloriosamente derrotados. Así, en comparación con el 20 de noviembre, el 20 de diciembre los asuntos no habían adelantado ni un paso. Los españoles seguían a la defensiva y, a pesar de lo que se había anunciado dos o tres semanas antes, no había el menor síntoma de avance.
Los españoles, con los refuerzos recibidos hasta el 8 de diciembre, sumaban unos 35 ó 40.000 hombres; y podían disponer de 30.000 para operaciones ofensivas. Con tales fuerzas, la conquista de Tetuán debía haber sido cosa fácil. Es cierto que no hay buenos caminos y que el ejército tiene que ser abastecido por completo desde Ceuta. Pero, ¿cómo se las arreglaron los franceses en Argel y los ingleses en la India? Por lo demás, los mulos y los caballos de tiro españoles no están tan acostumbrados a las buenas carreteras en su propio país, como para negarse a caminar por el suelo moruno. Diga lo que quiera O'Donnell para explicarla, no puede haber excusa para esta prolongada inactividad. Los españoles tienen ahora el máximo de fuerzas que pueden esperar razonablemente tener en esta campaña, a no ser que reveses inesperados obliguen a hacer esfuerzos extraordinarios. Los moros, por el contrario, se hacen cada día más fuertes. El campamento de Tetuán, mandado por Hadji Abd-el-Saleem, que suministró las fuerzas para el ataque del 3 de diciembre a las líneas españolas, había alcanzado ya entonces la cifra de 10.000 hombres, aparte de la guarnición de la ciudad. En Tánger había otro campamento, mandado por Muley-el-Abbas, que constantemente recibía refuerzos del interior.
Esa sola consideración debía haber inducido a O'Donnell a avanzar, en cuanto el tiempo lo permitiera. Ha hecho allí un buen tiempo, pero él no ha avanzado. No puede caber duda de que esto es muestra de pura irresolución y de que se ha encontrado con que los moros son enemigos menos insignificantes de lo que él creía. No cabe duda de que los últimos han luchado excepcionalmente bien; y prueba de esto es lo mucho que se quejan en el campo español de las ventajas que proporciona a los moros el terreno inmediato a Ceuta.
Los españoles dicen que los moros, donde hay maleza y barrancos, son realmente temibles y que además conocen el terreno palmo a palmo; pero que en cuanto lleguen a terreno llano, la solidez de la infantería española les obligará a dar media vuelta y a salir corriendo. Es éste un argumento bastante dudoso en una época en que la lucha de guerrillas en terreno accidentado ocupa las tres cuartas partes del tiempo que dura cada batalla. Si los españoles, después de detenerse seis semanas delante de Ceuta, no conocen el terreno tan bien como los moros, peor para ellos.
Está bien claro que el terreno quebrado es más favorable que el terreno llano para las fuerzas irregulares; pero, incluso en terreno quebrado, la infantería regular debía ser muy superior a ellas. El sistema moderno de guerra de guerrillas, con sostenes y reservas situados detrás de las guerrillas desplazadas, la regularidad de los movimientos, la posibilidad de mantener bien controladas las tropas y de hacerlas apoyarse unas a otras y tender todas a un objetivo común; todo esto proporciona tal superioridad a las fuerzas regulares sobre los destacamentos irregulares que, en el terreno más apropiado para las guerrillas, no debería haber fuerzas irregulares capaces de hacerles frente, ni aun doblándoles el número. Pero aquí, en Ceuta, la situación se presenta a la inversa. Los españoles tienen superioridad numérica y, sin embargo, no se atreven a avanzar. La única conclusión que puede sacarse de esto es que las tropas españolas no comprenden en absoluto la lucha de las guerrillas y así, su inferioridad individual en esta modalidad de guerra compensa las ventajas que su disciplina y su instrucción regular debieran darles. El hecho es que, al parecer, la cantidad de luchas cuerpo a cuerpo con gumías y bayonetas es excepcionalmente grande. Los moros, cuando los españoles están bastante cerca, dejan de disparar y se lanzan contra ellos, gumía en mano, como solían hacer los turcos; lo cual no es ciertamente muy agradable para tropas bisoñas como las españolas. Pero los numerosos encuentros que han tenido lugar debieran haberles familiarizado con las peculiaridades de los métodos de guerra de los moros y con la manera adecuada de hacerles frente; y cuando vemos al mando vacilar aún y seguir en posición defensiva, no podemos formar un concepto muy alto de este ejército.
A juzgar por lo que los hechos permiten entrever, el plan de operaciones español parece arrancar de Ceuta como base, con Tetuán como primer objetivo del ataque.
Esa parte de Marruecos, situada frente por frente a la costa española, forma una especie de península de unas 30 a 40 millas de anchura por 30 de longitud. Tánger, Ceuta, Tetuán y Larache (El-Araich) son las principales ciudades de esta península. Ocupando estas cuatro ciudades, de las cuales Ceuta se encuentra ya en manos de los españoles, sería cosa fácil someter este territorio y convertirlo en base para futuras operaciones contra Fez y Mequinez. Por lo tanto, la conquista de esta península parece constituir el objetivo de los españoles, y la conquista de Tetuán su primer paso en este sentido.
Ese plan parece bastante sensato; reduce las operaciones a una región estrecha, región que limita por tres lados con el mar y por el cuarto con dos ríos (Tetuán y Tucos) y por esto es mucho más fácil su conquista que la de los territorios situados más al Sur. Con ellos se evita también la necesidad de entrar en el desierto, lo que sería inevitable si se tomaran Mogador o Rabat como base de operaciones; y se sitúa el campo de acción junto a las costas de España, de las que lo separa sólo el estrecho de Gibraltar. Pero, por muchas que sean las ventajas de este plan, no sirven de nada si el plan no se lleva a cabo; y, si O'Donnell sigue haciendo lo que ha hecho hasta ahora, se deshonrará a sí mismo y cubrirá de oprobio la reputación del ejército español, a pesar del lenguaje altisonante de sus partes de guerra.
19 de enero de 1860
Hacia el 20 de diciembre, los españoles empezaron a construir una carretera, apta para vehículos y para artillería, cruzando el terreno montañoso situado al Sur del campamento de Ceuta. Los moros no intentaron jamás destruir la carretera; algunas veces atacaron al general Prim, cuya división cubría a los equipos de trabajo, también alguna vez atacaron al campamento; pero siempre sin éxito. Ninguno de estos encuentros superó las dimensiones de una escaramuza con las avanzadillas; y en el más serio de ellos, ocurrido el 27 de diciembre, las bajas españolas no excedieron de 6 muertos y 30 heridos. Antes de finalizar el año, la carretera, cuya longitud no excedía de un par de millas, estuvo terminada, pero se presentó un temporal de lluvias que impidió al ejército avanzar. Mientras tanto, como si se tratara de advertir a los moros del inminente avance de los españoles, una escuadra española, compuesta por un velero de línea, tres fragatas de hélice y 3 barcos de paletas, con un total de 246 cañones, llegó a la desembocadura del río Tetuán y bombardeó el 29 de diciembre los fuertes allí emplazados. En tres horas, poco más o menos, obligaron a callar a las baterías de los fuertes y destruyeron las obras de tierra; no hay que olvidar que se trata de los mismos fuertes que los franceses habían bombardeado un mes antes con fuerzas considerablemente inferiores.
El tiempo mejoró el día 29 y, por fin, el lº de enero, se puso en movimiento el ejército español. El primer cuerpo de dos divisiones, mandado por el general Echagüe, que fue el primero que desembarcó en África, se quedó en las líneas inmediatas a Ceuta. Aunque en las primeras semanas había sufrido mucho con las enfermedades, ahora estaba bastante aclimatado y, con los refuerzos recibidos posteriormente, sumaba 10.000 hombres, bastante más que los cuerpos de ejército segundo y tercero.
Esos dos cuerpos, mandados el segundo por Zabala y el tercero por Ros de Olano, junto con la división de reserva de Prim --unos 21 ó 22.000 hombres en total--, se puso en marcha el día primero de año. Cada hombre llevaba seis raciones de día y en barcos de acompañamiento del ejército se embarcaron un millón de raciones, o sea lo suficiente para alimentar al ejército durante un mes. Los montes situados al Sur de Ceuta fueron atravesados con Prim en vanguardia, apoyado por Zabala, y Ros de Olano cubriendo la retaguardia. La nueva carretera iba a caer al Mediterráneo, a un par de millas del campamento. Allí, durante un cierto trecho, se extendía una llanura semicircular, cuya cuerda estaba formada por el mar y la periferia por terreno accidentado que, poco a poco, se transformaba en abruptas montañas. En cuanto una parte apreciable de la división de Prim hubo salido del campamento, empezaron las escaramuzas. La infantería ligera española rechazó fácilmente a los moros hacia el llano, y desde aquí hacia los cerros y matorrales que flanqueaban su eje de marcha. Aquí ocurrió que, indudablemente por equivocación, se dio orden de cargar a dos débiles escuadrones de húsares de la Princesa, los cuales lo hicieron con tanto espíritu que cruzaron el frente de los moros y se metieron en su mismo campamento; pero, como por todos lados encontraban barrancos y en ninguna parte caballería o infantería en terreno practicable para cargar, tuvieron que volverse, perdiendo, sin contar los soldados, siete de sus oficiales, es decir, casi toda la oficialidad. Hasta aquel entonces el peso de la lucha lo había llevado principalmente la infantería, desplegada en guerrillas, y una o dos baterías de artillería de montaña apoyadas en algunos sitios por el efecto --más moral que físico-- del fuego de unas cuantas lanchas cañoneras y barcos de vapor, Parece que O'Donnell intentó detenerse en el llano, sin ocupar por lo pronto, con carácter permanente, la cordillera que lo limita por la parte Sur. Sin embargo, para asegurar sus posiciones durante la noche, ordenó a Prim desalojar a los guerrilleros moros de la falda Norte de los montes y volverse al llano al oscurecer. Pero Prim, que es el mejor guerrero del ejército español, se enfrascó en un serio combate, que terminó con la ocupación de todas las cumbres de la cordillera, aunque no sin sufrir considerables pérdidas. Su vanguardia acampó en las crestas y estableció fortificaciones de campaña al otro lado. Las bajas españolas alcanzaron en aquella jornada 73 muertos y 481 heridos.
La posición ganada aquel día es la que se conoce con el nombre de Castillejos, a causa de las dos casas blancas situadas, una en la vertiente interior, cerca de la llanura, y la otra en la cresta conquistada durante la tarde por Prim. Sin embargo, la denominación oficial de esta posición parece ser Campamento de la Condesa. El mismo día, los moros hicieron una finta contra el campamento inmediato a Ceuta, atacando, tanto los reductos de la extrema derecha, como el intervalo entre los dos reductos extremos del ala izquierda. Pero fueron rechazados fácilmente por la infantería de Echagüe y el fuego de la artillería.
El ejército activo se detuvo tres días en el Campamento de la Condesa. A él llegó la artillería de campaña y una batería de morteros, asi como el resto de la caballería (la brigada completa de caballería consta de 8 escuadrones de húsares, cuatro de coraceros sin corazas y cuatro de lanceros: 1.200 hombres en total). Sólo quedaba atrás el tren de artillería de sitio (en el que había una batería de cañones rayados de 12 libras). El día 3, O'Donnell hizo un reconocimiento en dirección de Monte Negro, la siguiente cadena de montañas situada más al Sur. El tiempo seguía siendo espléndido, caliente a mediodía y con mucho rocío por las noches. El cólera seguía azotando a una o dos divisiones y algunas unidades habían sufrido considerablemente con las enfermedades. Por ejemplo, los dos batallones de ingenieros, en los que los estragos habían sido muy grandes, fueron reducidos de 135 a 90 hombres por compañía.
Hasta aquí, tenemos informes detallados; en lo que sigue, no disponemos más que de telegramas escuetos y poco coherentes. El día 5, el ejército avanzó. El 6 estaba acampado «al Norte del Valle Negro, habiendo franqueado todos los puertos sin encontrar resistencia». No está claro en absoluto si esto significa que la cordillera de Monte Negro había sido franqueada y el ejército acampaba en su falda Sur. Se nos dice que el día 9, el ejército estaba a una legua de Tetuán y que había sido rechazado un ataque de los moros. El 13 se ganaron todas las posiciones de Cabo Negro, se obtuvo una victoria completa y el ejército estaba dando frente a Tetuán; en cuanto pudiera llevarse allí la artillería, se atacaría la ciudad. El día 14, la división del general Ríos, compuesta de 10 batallones, que había sido concentrada en Málaga, desembarcó en la desembocadura del río Tetuán y ocupó los fuertes destruidos por la flota dos semanas antes. El 16, según se nos informa, el ejército estaba a punto de cruzar el río y atacar Tetuán.
Para aclarar todo esto, indiquemos aquí que para ir de Ceuta a Tetuán hay que atravesar cuatro divisorias montañosas. La primera, inmediatamente al Sur del campamento, va a dar al llano de los Castillejos; la segunda los cierra por la parte Sur. Éstas dos fueron ocupadas por los españoles el día 10. Aún más al Sur, en dirección perpendicular a la costa mediterránea, se extiende la cadena de Monte Negro y paralela a ella, más al Sur todavía, otra divisoria más alta que termina en la costa, en el llamado Cabo Negro, y al Sur de la cual corre el río Tetuán. Los moros, después de haberse dedicado durante el día 1º a hostigar constantemente los flancos del ejército invasor, cambiaron de táctica: se retiraron más al Sur e intentaron cerrar de frente el paso en el camino de Tetuán. Se esperaba que el combate decisivo por la ocupación de dicho camino tuviera lugar en los puertos de la última cordillera, la de Cabo Negro; y tal parece haber sido el caso el día 13.
Los dispositivos tácticos de estos combates no parecen como para acreditar a ninguno de los dos bandos. De los moros no podemos esperar más que luchas irregulares, llevadas a cabo con el valor y la astucia propios de unos semisalvajes. Pero aun en este aspecto resultan deficientes. No perecen demostrar ese fanatismo que han opuesto a los franceses las cabilas de los montes costeros de Argelia, y aun las del Rif; las prolongadas e infructuosas escaramuzas ante los reductos próximos a Ceuta parecen haber quebrantado, en la mayoría de las tribus, el entusiasmo y la energía de los primeros momentos. Tampoco en sus medidas estratégicas emulan el ejemplo de los argelinos. Transcurrido un solo día, abandonaron el plan suyo, que consistía en hostilizar el flanco y la retaguardia de la columna que avanzaba y en interrumpir o amenazar su comunicación con Ceuta; en vez de esto, se dan prisa y trabajo para llegar antes que los españoles y cortar de frente el camino que conduce a Tetuán, provocando de este modo lo que debían tratar de evitar: una batalla en toda regla. Es posible que todavía puedan aprender que, con los hombres de que disponen y en el país en que viven, la guerra de guerrillas es el medio más adecuado para desgastar a un enemigo que, aunque superior en disciplina y armamento, se ve entorpecido en todos sus movimientos por una colosal impedimenta, desconocida para los moros y que no es cosa fácil de transportar en un país inhospitalario y sin caminos.
Los españoles han seguido como empezaron. Después de estar dos meses inactivos en Ceuta, han avanzado veintiuna millas en dieciséis días, o sea a una velocidad media de ¡cinco millas cada cuatro días! Aun haciendo las necesarias concesiones a las dificultades del transporte, ésta es una lentitud inaudita en una guerra moderna. Los generales españoles parecen haber perdido por completo la costumbre de manejar grandes contingentes de fuerzas, de preparar operaciones extensas, de hacer avanzar a un ejército que, después de todo, es apenas equivalente a uno de los cuerpos de ejército francés que tomaron parte en la última campaña en Italia. De no ser ésta, ¿cuál puede ser la causa de semejante lentitud? El 2 de enero, O'Donnell tenía en los Castillejos toda su artillería, a excepción del tren de sitio, pero aún esperó dos días más y no avanzó hasta el 5. El avance de la columna en sí parece estar francamente bien llevado, pero no podría ser de otra manera, dado lo corto de las jornadas. Cuando están bajo el fuego, los españoles parecen luchar con ese desprecio del enemigo que no puede por menos de proporcionar la superioridad de su disciplina y una serie de combates victoriosos; pero aún está por ver si esta confianza en la victoria seguirá en pie cuando el clima y las fatigas de una campaña, que de seguro terminará en una agotadora guerra de guerrillas, hayan producido en el ejército un descenso tanto moral como físico. En cuanto al mando, podemos hasta ahora decir muy poco sobre él por ser muy deficientes nuestras noticias, con excepción de las del primer encuentro en campo abierto. Sin embargo, en esta primera batalla, aparecen dos ligerezas bien visibles: la carga de la caballería y el avance del general Prim más allá de donde se le había ordenado; si esas cosas se convierten en rasgos permanentes del ejército español, ¡peor para él!
La defensa de Tetuán será probablemente corta, pero obstinada. Las fortificaciones sin duda son malas, pero los moros, tras un parapeto, son soldados de primerísima categoría, como se ha demostrado en ConstantinNOTA 70 y en muchas otras ciudades de Argelia, Puede ser que el próximo correo nos traiga noticias de haber sido tomado por asalto Tetuán. Si es así, habrá que esperar a que se produzca una tregua en la campaña, pues los españoles necesitarán tiempo para mejorar el camino de Tetuán a Ceuta, para convertir a Tetuán en segunda base de operaciones y para esperar refuerzos. Después, la siguiente operación será sobre Larache o Tánger.
8 de febrero de 1860
El 10 de enero, el ejército español salió de las líneas de Ceuta, para marchar sobre Tetuán, que dista de allí sólo 21 millas. Aunque en ninguna ocasión fue atacado seriamente ni detenido por el enemigo, al mariscal O'Donnell le costó nada menos que un mes entero llevar sus tropas a la vista de aquella ciudad. La falta de carreteras y la precaución necesaria no son motivos suficientes para esta lentitud de marcha sin precedentes; y está claro que el dominio del mar, del cual disponían los españoles, no fue utilizado en toda su amplitud. No cabe tampoco la excusa de que hubiera que hacer una carretera para artillería pesada y abastecimientos.
Ambos podían haber sido transportados en su mayor parte por los barcos, y el ejército, con provisiones para una semana y sin más cañones que la artillería de montaña (transportada a lomo de mulo), podría haber alcanzado las alturas que dominan Tetuán en cinco días a lo sumo; allí se hubiera unido a la división de Ríos, cuyo desembarco en la desembocadura del Guad el Jelú no hubiera podido ser impedido entonces, como no lo fue tres semanas más tarde. La batalla del 4 de febrero podría haberse reñido el 6 ó el 7 de enero y probablemente en condiciones aún más favorables para los españoles: así se hubieran ahorrado las vidas de miles de hombres, víctimas de las enfermedades, y hacia el 8 de enero se hubiera podido tomar Tetuán.
Esa afirmación parece aventurada. Sin duda, O'Donnell tenía tanta gana de llegar a Tetuán como cualquiera de sus soldados; ha demostrado valor, prudencia, sangre fría y otras cualidades militares. Si tardó un mes en llegar, ¿cómo decimos que hubiera podido hacer lo mismo en una semana?
O'Donnell podía elegir entre dos modos diferentes de llevar sus tropas a Tetuán. Podía, primero, confiar principalmente en la comunicación por tierra y usar los barcos como meros auxiliares. Eso fue lo que hizo. Organizó un transporte normal por tierra para su intendencia y su municionamiento, y llevó con el ejército una numerosa artillería de campaña, compuesta por piezas de 12 libras. Su ejército había de poder, en caso necesario, no depender de los barcos; los barcos habrían de servir simplemente como una segunda vía de comunicación con Ceuta; vía útil, pero no indispensable, ni mucho menos.
Ese plan, por supuesto, implicaba la necesidad de organizar un inmenso tren de vehículos y este tren exigía la construcción de una carretera. Así se perdió una semana hasta estar terminada la carretera desde las líneas de Ceuta hasta la playa; y, como quien dice a cada paso, la columna entera --ejército, tren y todo lo demás-- se detenía a esperar que estuviera construido otro trozo de carretera para el avance del día siguiente. Así, la duración de la marcha se medía por las millas de carretera que las fuerzas de ingenieros españoles podían construir de un día a otro; y resulta que esta construcción se llevaba a cabo a la velocidad de media milla por día. Así, el mismo medio elegido para transportar las provisiones exigía un aumento formidable del tren, pues, como es natural, cuanto más tiempo estuviera el ejército en el camino, más tenía que consumir.
Así y todo, cuando, hacia el 18 de enero, un temporal alejó de la costa a los barcos de vapor, el ejército se moría de hambre, a pesar de estar a la vista de su depósito de Ceuta; si el temporal hubiera durado un día más, una tercera parte del ejército hubiera tenido que volver a buscar provisiones para las otras dos. Así fue como se las arregló el mariscal O'Donnell para pasear a 18.000 españoles a lo largo de la costa africana, durante un mes entero, a la velocidad de dos tercios de milla por día.
Una vez adoptado ese sistema para abastecer el ejército, no había fuerza en el mundo capaz de abreviar de un modo sensible esta marcha sin precedentes; pero, ¿no fue un error de principio el adoptar tal sistema?
Si Tetuán hubiera sido una ciudad de tierra adentro y hubiera distado de la costa 21 millas en vez de cuatro, es indudable que no se hubiera podido elegir. En expediciones semejantes al interior de Argelia, los franceses encontraron las mismas dificultades y las superaron del mismo modo, si bien con mayor energía y rapidez. Los ingleses, en la India y el Afganistán, se vieron libres de estas dificultades por la relativa facilidad con que en dichos países se encuentran bestias de carga y pienso para ellas; su artillería era ligera y no exigía buenos caminos, dado que las campañas se hacían sólo en la estación seca, cuando los ejércitos pueden marchar simplemente a través del campo. Pero se quedaba sólo para los españoles y para el mariscal O'Donnell el avanzar con un ejército a lo largo de la costa, durante un mes entero, cubriendo en este tiempo la inmensa distancia de veintiuna millas.
Es evidente, si consideramos estos hechos, que en el ejército español, tanto las ideas como sus aplicaciones a la práctica son de un carácter muy anticuado. Con una flota de barcos de vapor y transportes de vela constantemente a la vista, esta marcha es perfectamente ridícula, y los hombres puestos fuera de combate durante ella por el cólera y la disentería fueron víctimas propiciatorias de los prejuicios y de la incapacidad. La carretera construida por los ingenieros no era una verdadera vía de comunicación con Ceuta, porque no estaba nunca en poder de los españoles más que el trozo de ella donde accidentalmente acampaban. A retaguardia, los moros podían hacerla impracticable en cualquier momento.
Para llevar un mensaje o escoltar un convoy que regresara a Ceuta, hacía falta por lo menos una división de 5.000 hombres. Durante toda la marcha la comunicación con aquella plaza la mantenían sólo los barcos. Y con todo esto, las provisiones que acompañaban al ejército eran tan escasas que aún no habían transcurrido veinte días cuando el ejército estuvo a punto de morir de hambre y sólo pudo ser salvado por los depósitos de la escuadra. ¿Para qué había, pues, que construir la carretera? ¿Para la artillería? Los españoles tenían que saber, a buen seguro, que los moros no tenían artillería de campaña y que sus cañones rayados de montaña eran superiores a cualquier cosa que el enemigo pudiera oponerles. ¿Qué objeto tenía, pues, llevar todo el tiempo a rastras esta cantidad de artillería, si en un par de horas se podía llevar por mar desde Ceuta hasta San Martín (en la desembocadura del río de Tetuán, el Guad el Jelú)? Para un caso extremo, podía haber acompañado al ejército una sola batería de campaña, y la artillería española hubiera tenido que ser muy torpe para no ser capaz de hacerla avanzar cinco millas por día por cualquier terreno del mundo.
Los españoles tenían barcos suficientes para transportar en un solo viaje por lo menos una división, como lo prueba el desembarco de la división de Ríos en San Martín. Si el ataque lo hubieran hecho tropas inglesas o francesas, no cabe duda que esta división hubiera sido desembarcada en San Martín inmediatamente después de hacer algunas demostraciones desde Ceuta para atraer a los moros hacia aquella plaza. Una división como ésta, con 5.000 hombres, atrincherada en una ligera fortificación de campaña --no más fortificación que la que se hubiera podido construir en una noche-- podía haber esperado sin miedo el ataque de los moros, fuere cual fuere su número. Pero el caso es que, con tiempo favorable, se podía haber desembarcado una división cada día y así todo el ejército podía haber estado concentrado en seis u ocho días a vista de Tetuán. Sin embargo, hay motivos para dudar que a O'Donnell le hubiera gustado exponer una de sus divisiones a un ataque, encontrándose aislada y pudiendo prolongarse esta situación durante tres o cuatro días; sus soldados eran bisoños y no estaban acostumbrados a la guerra. No se lo puede culpar por no haber adoptado este procedimiento.
Pero he aquí lo que innegablemente hubiera podido hacer: dando a cada hombre las raciones para una semana, con todas las piezas de montaña --y, si acaso, una batería de campaña-- y con todas las vituallas y material de reserva que hubiera podido cargar sobre sus mulos y caballos, podía haber salido de Ceuta y haberse acercado a Tetuán con la mayor rapidez posible. Tomando en consideración todas las dificultades, no se puede negar que ocho millas por día es una cifra bastante baja. Pero pongamos cinco; esto hubiera significado cuatro días de marcha. Pongamos dos días para combates, aunque han de ser victorias muy pobres las que no permitan ganar cinco millas de terreno.
Eso haría un total de seis días, incluyendo todos los retrasos causados por el tiempo, pues un ejército sin tren de abastecimiento puede hacer ciertamente cuatro o cinco millas por día en casi todas las situaciones atmosféricas. Así el ejército hubiera llegado a la llanura de Tetuán antes de consumir las provisiones que llevaba; en caso de necesidad, allí estaban los barcos para desembarcar provisiones suplementarias, como hicieron en la realidad. Marruecos no es peor que Argelia en cuanto a suelo o en cuanto a clima; y los franceses han hecho allí mucho más que esto, en medio del invierno; incluso tierra adentro, en los montes, sin barcos para ayudarles y abastecerles. Una vez que hubieran coronado las alturas de Monte Negro y fueron dueños de los accesos orográficos de Tetuán, la comunicación con la flota por los caminos de San Martín no hubiera ofrecido peligro y el mar hubiera constituido la base de operaciones. Así, con un poco de audacia se hubiera rebajado de un mes a una semana el plazo durante el cual la única base de operaciones del ejército era el ejército mismo; y con ella el plan más audaz resultaba ser el más seguro de los dos porque, cuanto más temibles fueran los moros, más peligrosa resultaría la lenta marcha de O'Donnell. Y si el ejército hubiera sido derrotado en el camino de Tetuán, su retirada habría sido mucho más fácil que yendo cargado con todo el bagaje y la artillería de campaña.
El avance de O'Donnell desde Monte Negro, que atravesó casi sin encontrar resistencia, fue completamente congruente con su lentitud anterior. Se repitió la construcción y mejoramiento de reductos, como si hubieran tenido enfrente al ejército mejor organizado. En esto se gastó una semana, aunque contra tales adversarios hubieran sido suficientes fortificaciones ligeras de campaña; no podía esperar ser atacado por una artillería que igualase a seis de sus piezas de montaña, y para construir semejante campamento hubieran bastado uno o dos días. Por fin, el día 4, atacó el campo atrincherado del enemigo. Parece que los españoles se portaron muy bien en esta operación; no podemos juzgar de los méritos de los dispositivos tácticos, pues los pocos corresponsales que existen en el campo español silencian todos los áridos pormenores militares para pintar las cosas con vivos colores y exagerar el entusiasmo. Como dice el corresponsal del London Times, ¿para qué sirve que yo les describa a ustedes un trozo de terreno cuando, para juzgar de su naturaleza, tendrían que verlo? Los moros fueron completamente derrotados y, al día siguiente, se rindió Tetuán.
Eso pone fin al primer acto de la campaña y muy probablemente pondrá fin a la guerra toda, si el emperador de Marruecos no es demasiado testarudo. Sin embargo, las dificultades que han encontrado hasta ahora los españoles --dificultades aumentadas por el modo que han tenido de conducir la guerra-- demuestran que, si Marruecos se resiste, va a dar a España mucho que hacer. Y no será por la resistencia propiamente dicha de las fuerzas irregulares moras --que nunca podrán derrotar a fuerzas disciplinadas, mientras éstas puedan mantener su cohesión y recibir alimentos--, sino por la naturaleza atrasada del país, por la imposibilidad de conquistar nada, aparte de las ciudades, y de extraer vituallas incluso de las ciudades mismas; será por la necesidad de dispersar el ejército entre muchos pequeños puestos, los cuales, con todo, no han de bastar para mantener abierta una comunicación regular entre las ciudades conquistadas y no podrán ser abastecidos, a menos de enviar la mayor parte de las fuerzas a escoltar los convoyes de abastecimiento por un país sin carreteras y atravesando nubes de guerrilleros moros que reaparecerán constantemente. Bien sabido es lo que representó para los franceses, durante sus cinco o seis años de conquista africana, avituallar incluso a Blida y Medea, y no hablemos de posiciones más apartadas de la costa. Con el rápido desgaste de los ejércitos europeos en aquel clima, seis meses o un año de una guerra así no serán ninguna broma para un país como España.
Si la guerra continúa, el primer objetivo será, naturalmente, Tánger. El camino de Tetuán a Tánger cruza un puerto montañoso y luego transcurre por el valle de un río. Es una empresa de tierra adentro; sin barcos a mano para abastecer al ejército y sin carreteras. La distancia es de 26 millas. ¿Cuánto tardará O'Donnell en recorrerla y cuántos hombres tendrá que dejar en Tetuán? Según se afirma, ha dicho que harán falta 20.000 hombres para asegurarla; pero esto es, evidentemente, muy exagerado. Con 10.000 hombres en Tetuán y una brigada local en un campo atrincherado en San Martín, la plaza estará suficientemente segura. Una fuerza tal puede, en cualquier caso, ocupar el terreno con suficiente densidad para dispersar cualquier ataque de los moros.
Tánger puede ser tomado mediante un bombardeo por mar y la guarnición llevada por mar también. Lo mismo puede decirse de Larache, Salé y Mogador. Pero, si los españoles se proponían obrar de este modo, ¿a qué vino su larga marcha sobre Tetuán? Sólo hay una cosa segura: si Marruecos se defiende durante un año, los españoles tienen que aprender mucho arte militar antes de obligar a Marruecos a hacer la paz.
17 de marzo de 1860
Federico Engels
LOS BAKUNINISTAS EN ACCIÓN
Memorias sobre los levantamientos en España en el verano de 1873
ADVERTENCIA PRELIMINARNOTA 72
(1894)
El 9 de febrero de 1873, el rey Amadeo, harto ya de la corona de España, abdicó. Fue el primer rey huelguista. El 12 fue proclamada la República. Inmediatamente, estalló en las provincias vascongadas un nuevo levantamiento carlista.
El 10 de abril fue elegida una Asamblea Constituyente, que se reunió a comienzos de junio, y el 8 de este mes fue proclamada la República federal. El 11 se constituyó un nuevo ministerio bajo la presidencia de Pi y Margall. Al mismo tiempo, se eligió una comisión encargada de redactar el proyecto de la nueva Constitución, pero fueron excluidos de ella los republicanos extremistas, los llamados intransigentes. Cuando, el 3 de julio, se proclamó la nueva Constitución, ésta no iba tan lejos como los intransigentes pretendían en cuanto a la desmembración de España en «cantones independientes».
Así, pues, los intransigentes organizaron al punto alzamientos en provincias. Del 5 al 11 de julio, los intransigentes triunfaron en Sevilla, Córdoba, Granada, Málaga, Cádiz, Alcoy, Murcia, Cartagena, Valencia, etc., e instauraron en cada una de estas ciudades un gobierno cantonal independiente. El 18 de julio dimitió Pi y Margall y fue sustituido por Salmerón, quien inmediatamente lanzó a las tropas contra los insurrectos. Éstos fueron vencidos a los pocos días, tras ligera resistencia; ya el 26 de julio, con la caída de Cádiz, quedó restaurado el poder del Gobierno en toda Andalucía y, casi al mismo tiempo, fueron sometidas Murcia y Valencia; únicamente Valencia luchó con alguna energía.
Y sólo Cartagena resistió. Ese puerto militar, el mayor de España, que había caído en poder de los insurrectos junto con la Marina de Guerra, estaba defendido por tierra, además de por la muralla, por trece fortines destacados y no era, por tanto, fácil de tomar. Y, como el Gobierno se guardaba muy mucho de destruir su propia base naval, el «Cantón soberano de Cartagena» vivió hasta el 11 de enero de 1874, día en que por fin capituló, porque, en realidad, no tenía en el mundo nada mejor que hacer.
De esta ignominiosa insurrección, lo único que nos interesa son las hazañas todavía más ignominiosas de los anarquistas bakuninistas; únicas que relatamos aquí con cierto detalle, para prevenir con este ejemplo al mundo contemporáneo.
El informe que acaba de publicar la Comisión de La Haya sobre la Alianza secreta de Miguel BakuninNOTA 73 ha puesto de manifiesto ante el mundo obrero los manejos ocultos, las granujadas y la huera fraseología con que se pretendía poner el movimiento proletario al servicio de la presuntuosa ambición y los designios egoístas de unos cuantos genios incomprendidos. Entretanto, estos megalómanos nos han dado ocasión en España de conocer también su actuación revolucionaria práctica. Veamos cómo llevan a los hechos sus frases ultrarrevolucionarias sobre la anarquía y la autonomía, sobre la abolición de toda autoridad, especialmente la del Estado, y sobre la emancipación inmediata y completa de los obreros. Por fin podemos hacerlo ya, pues ahora, además de la información de los periódicos sobre los acontecimientos de España, tenemos a la vista el informe enviado al Congreso de GinebrNOTA 74 por la Nueva Federación MadrileñaNOTA 75 de la Internacional.
Es sabido que, en España, al producirse la escisión de la Internacional, sacaron ventaja los miembros de la Alianza secreta; la gran mayoría de los obreros españoles se adhirió a ellos. Al proclamarse la República, en febrero de 1873, los aliancistas españoles se vieron en un trance muy difícil. España es un país muy atrasado industrialmente, y, por lo tanto, no puede hablarse aún de una emancipación inmediata y completa de la clase obrera. Antes de esto, España tiene que pasar por varias etapas previas de desarrollo y quitar de en medio toda una serie de obstáculos.
La República brindaba la ocasión para acortar en lo posible esas etapas y para barrer rápidamente estos obstáculos. Pero esta ocasión sólo podía aprovecharse mediante la intervención política activa de la clase obrera española.
La masa obrera lo sentía así; en todas partes presionaba para que se interviniese en los acontecimientos, para que se aprovechase la ocasión de actuar, en vez de dejar a las clases poseedoras el campo libre para la acción y para las intrigas, como se había hecho hasta entonces.
El Gobierno convocó elecciones a Cortes Constituyentes. ¿Qué posición debía adoptar la Internacional? Los jefes bakuninistas estaban sumidos en la mayor perplejidad. La prolongación de la inactividad política hacíase cada día más ridícula y más insostenible; los obreros querían «hechos». Y, por otra parte, los aliancistas llevaban años predicando que no se debía intervenir en ninguna revolución que no fuese encaminada a la emancipación inmediata y completa de la clase obrera; que el emprender cualquier acción política implicaba el reconocimiento del Estado, el gran principio del mal; y que, por lo tanto, y muy especialmente, la participación en cualquier clase de elecciones era un crimen que merecía la muerte. El citado informe de Madrid nos dice cómo salieron del aprieto:
Los mismos que desconociendo los acuerdos tomados en el Congreso general de La Haya sobre la acción política de la clase trabajadora, y rasgando los Estatutos de la Internacional, introdujeron la división, la lucha y el desorden en el seno de la federación española; los mismos que no vacilaron en presentarnos a los ojos de los trabajadores como unos políticos ambiciosos, que, con el pretexto de colocar en el Poder a la clase obrera, pugnaban por adueñarse del Poder en beneficio propio; esos mismos hombres que se dan el título de revolucionarios, autónomos, anárquicos, etc., se han lanzado en esta ocasión a hacer política; pero la peor de las políticas, la política burguesa; no han trabajado para dar el Poder político a la clase proletaria, idea que ellos miran con horror, sino para ayudar a que conquistase el Gobierno una fracción de la burguesía, fracción compuesta de aventureros, postulantes y ambiciosos, que se denominan republicanos intransigentes.
Ya en vísperas de las elecciones generales para las Constituyentes, los obreros de Barcelona, Alcoy y otros puntos quisieron saber qué política debían seguir los internacionalistas, tanto en las luchas parlamentarias como en las otras. Celebráronse con este objeto dos grandes asambleas, una en Barcelona y otra en Alcoy, y los separatistas (los aliancistas) se opusieron con todas sus fuerzas a que se determinara cuál había de ser la actitud política de la Internacional (¡de la suya, nótese bien!), resolviéndose que la Internacional, como Asociación, no debe ejercer acción política alguna; pero que los internacionales, como individuos, podían obrar en el sentido que quisieran y afiliarse en el partido que mejor les pareciese, siempre en uso de la famosa autonomía. Y ¿qué resultó de la aplicación de una teoría tan bizarra? Que la mayoría de los internacionales, incluso los anárquicos, tomaron parte en las elecciones, sin programa, sin bandera, sin candidatos, contribuyendo a que viniese a las Constituyentes una casi totalidad de burgueses, con excepción de dos o tres obreros, que nada representan, que no han levantado ni una sola vez su voz en defensa de los intereses de nuestra clase y que votan tranquilamente cuantos proyectos les presentan los reaccionarios de la mayoría.
A eso conduce el «abstencionismo político» bakuninista. En tiempos pacíficos, en que el proletariado sabe de antemano que a lo sumo conseguirá llevar al Parlamento unos cuantos diputados y que la obtención de una mayoría parlamentaria le está por completo vedada, se conseguirá acaso convencer a los obreros en algún sitio que otro de que es toda una actuación revolucionaria quedarse en casa cuando haya elecciones y, en vez de atacar al Estado concreto, en el que vivimos y que nos oprime, atacar al Estado en abstracto, que no existe en ninguna parte y, por lo tanto, no puede defenderse.
Es ése un procedimiento magnífico de hacerse el revolucionario, característico de gentes a quienes se les cae fácilmente el alma a los pies; y hasta qué punto los jefes de los aliancistas españoles se cuentan entre esta casta de gentes lo demuestra con todo detalle el escrito sobre la Alianza que citábamos al principio.
Pero, tan pronto como los mismos acontecimientos empujan al proletariado y lo colocan en primer plano, el abstencionismo se convierte en una majadería palpable y la intervención activa de la clase obrera en una necesidad inexcusable. Y éste fue el caso en España.
La abdicación de Amadeo había desplazado del Poder y de la posibilidad inmediata de recobrarlo a los monárquicos radicaleNOTA 76; los alfonsinoNOTA 77 estaban, por el momento, más imposibilitados aún; los carlistas preferían, como casi siempre, la guerra civil a la lucha electoral. Todos estos partidos se abstuvieron a la manera española; en las elecciones sólo tomaron parte los republicanos federales, divididos en dos bandos, y la masa obrera. Dada la enorme fascinación que el nombre de la Internacional ejercía aún por aquel entonces sobre los obreros de España y dada la excelente organización que, al menos para los fines prácticos, conservaba aún su Sección española, era seguro que en los distritos fabriles de Cataluña, en Valencia, en las ciudades de Andalucía, etc., habrían triunfado brillantemente todos los candidatos presentados y mantenidos por la Internacional, llevando a las Cortes una minoría lo bastante fuerte para decidir en las votaciones entre los dos bandos republicanos.
Los obreros sentían eso; sentían que había llegado la hora de poner en juego su potente organización, pues por aquel entonces todavía lo era. Pero los señores jefes de la escuela bakuninista habían predicado, durante tanto tiempo, el evangelio del abstencionismo incondicional, que no podían dar marcha atrás repentinamente; y así inventaron aquella lamentable salida, consistente en hacer que la Internacional se abstuviese como colectividad, pero dejando a sus miembros en libertad para votar individualmente como se les antojase.
La consecuencia de esa declaración en quiebra política fue que los obreros, como ocurre siempre en tales casos, votaron a la gente que se las daba de más radical, a los intransigentes, y que, sintiéndose con esto más o menos responsables de los pasos dados posteriormente por sus elegidos, acabaran por verse envueltos en su actuación.
Los aliancistas no podían persistir en la ridícula situación en que se habían colocado con su astuta política electoral, a menos de querer dar al traste con su jefatura sobre la Internacional en España. Tenían que aparentar, por lo menos, que hacían algo. Y su tabla de salvación fue la huelga general.
En el programa bakuninista, la huelga general es la palanca de que hay que valerse para desencadenar la revolución social. Una buena mañana, los obreros de todos los gremios de un país y hasta del mundo entero dejan el trabajo y, en cuatro semanas a lo sumo, obligan a las clases poseedoras a darse por vencidas o a lanzarse contra los obreros, con lo cual dan a éstos el derecho a defenderse y a derribar, aprovechando la ocasión, toda la vieja organización social. La idea dista mucho de ser nueva; primero los socialistas franceses y luego los belgas se han hartado, desde 1848, de montar este palafrén, que es, sin embargo, por su origen, un caballo de raza inglesa.
Durante el rápido e intenso auge del cartismoNOTA 78 entre los obreros británicos, que siguió a la crisis de 1837, se predicó, ya en 1839, el «mes santo», el paro en escala nacional (v. Engels, La situación de la clase obrera en Inglaterra, segunda edición, pág. 234); y la idea tuvo tanta resonancia, que los obreros fabriles del Norte de Inglaterra intentaron ponerla en práctica en julio de 1842. También en el Congreso de los aliancistas celebrado en Ginebra el 1º de septiembre de 1873 desempeñó gran papel la huelga general, si bien se reconoció por todo el mundo que para esto hacía falta una organización perfecta de la clase obrera y una caja bien repleta.
Y aquí precisamente la dificultad del asunto. De una parte, los gobiernos, sobre todo si se les deja envalentonarse con el abstencionismo político, jamás permitirán que la organización ni las cajas de los obreros lleguen tan lejos; y, por otra parte, los acontecimientos políticos y los abusos de las clases gobernantes facilitarán la emancipación de los obreros mucho antes de que el proletariado llegue a reunir esa organización ideal y ese gigantesco fondo de reserva. Pero, si dispusiese de ambas cosas, no necesitaría dar el rodeo de la huelga general para llegar a la meta.
Para nadie que conozca un poco el engranaje oculto de la Alianza puede ser dudoso que la propuesta de aplicar este bien experimentado procedimiento partió del centro suizo. El caso es que los dirigentes españoles encontraron de este modo una salida para hacer algo sin volverse de una vez «políticos»; y se lanzaron encantados a ella. Por todas partes se predicaron los efectos milagrosos de la huelga general y en seguida se preparó todo para comenzarla en Barcelona y en Alcoy.
Entretanto, la situación política iba acercándose cada vez más a una crisis. Los viejos tragahombres del republicanismo federal, Castelar y comparsa, se echaron a temblar ante el movimiento, que les rebasaba; no tuvieron más remedio que ceder el poder a Pi y Margall, que intentaba una transacción con los intransigentes. Pi era, de todos los republicanos oficiales, el único socialista, el único que comprendía la necesidad de que la República se apoyara en los obreros. Así presentó en seguida un programa de medidas sociales de inmediata ejecución, que no sólo eran directamente ventajosas para los obreros, sino que, además, por sus efectos, tenían necesariamente que empujar a mayores avances y, de este modo, por lo menos poner en marcha la revolución social.
Pero los internacionales bakuninistas, que tienen la obligación de rechazar hasta las medidas más revolucionarias, cuando éstas arrancan del «Estado», preferían apoyar a los intransigentes más extravagantes antes que a un ministro. Las negociaciones de Pi con los intransigentes se dilataban; los intransigentes empezaron a perder la paciencia; los más fogosos de ellos comenzaron en Andalucía el levantamiento cantonal. Había llegado la hora de que los jefes de la Alianza actuasen también, si no querían seguir marchando a remolque de los intransigentes burgueses. En vista de esto, ordenaron la huelga general.
En Barcelona se pegó, entre otros, este cartel:
¡Obreros! Declaramos la huelga general para demostrar la profunda repugnancia que nos causa ver cómo el Gobierno echa a la calle el ejército para luchar contra nuestros hermanos trabajadores, mientras apenas se preocupa de la guerra contra los carlistas, etc.
Es decir, que se invitaba a los obreros de Barcelona --el centro fabril más importante de España, que tiene en su haber histórico más combates de barricadas que ninguna otra ciudad del mundo-- a enfrentarse con el Poder público armado, pero no con las armas que ellos tenían también en sus manos, sino con un paro general, con una medida que sólo afecta directamente a los burgueses individuales, pero que no va contra su representación colectiva, contra el Poder del Estado.
Los obreros barceloneses habían podido, en la inactividad de los tiempos de paz, prestar oído a las frases violentas de hombres tan mansos como Alerini, Farga Pellicer y Viñas; pero cuando llegó la hora de actuar, cuando Alerini, Farga Pellicer y Viñas lanzaron, primero, su famoso programa electoral, luego se dedicaron constantemente a calmar los ánimos, y por fin, en vez de llamar a las armas, declararon la huelga general, acabaron por provocar el desprecio de los obreros. El más débil de los intransigentes revelaba, con todo, más energía que el más enérgico de los aliancistas.
La Alianza y la Internacional mangoneada por ella perdieron toda su influencia y, cuando estos caballeros proclamaron la huelga general, bajo el pretexto de paralizar con ello la acción del Gobierno, los obreros se echaron sencillamente a reír. Pero la actividad de la falsa Internacional había conseguido, por lo menos, que Barcelona se mantuviese al margen del alzamiento cantonal. Dentro de él, la representación de la clase obrera era, en todas partes, un elemento muy fuerte; y Barcelona era la única ciudad cuya incorporación podía respaldar de un modo firme a este elemento obrero y darle la perspectiva de hacerse dueño, en fin de cuentas, de todo el movimiento.
Además, la incorporación de Barcelona puede decirse que habría decidido el triunfo. Pero Barcelona no movió un dedo; los obreros barceloneses, que sabían a qué atenerse respecto a los intransigentes y habían sido engañados por los aliancistas, se cruzaron de brazos y dieron con ello el triunfo final al Gobierno de Madrid. Todo lo cual no impidió a los aliancistas Alerini y Brousse (acerca de cuyas personas da más detalles el informe sobre la Alianza) declarar en su periódico Solidarité révolutionnaire:
El movimiento revolucionario se extiende como un reguero de pólvora por toda la península... En Barcelona todavía no ha posado nada, ¡pero en la plaza pública lo revolución es permanente!
Pero era la revolución de los aliancistas, que consiste en mantener torneos oratorios y, precisamente por esto, es «permanente», sin moverse del sitio.
La huelga se había puesto a la orden del día al mismo tiempo en Alcoy. Alcoy es un centro fabril de reciente creación, que cuenta actualmente unos 30.000 habitantes, y en el que la Internacional, en forma bakuninista, sólo logró penetrar hace un año, desarrollándose luego con gran rapidez.
El socialismo, bajo cualquier forma, era bien recibido por estos obreros, que hasta entonces habían permanecido completamente al margen del movimiento, como ocurre en algunos lugares rezagados de Alemania, donde repentinamente la Asociación General Obrera AlemanNOTA 79 adquiere de momento gran número de adeptos. Alcoy fue elegido, por tanto, para sede de la Comisión federal bakuninista española; y esta Comisión federal es, precisamente, la que vamos a ver aquí actuar.
El 7 de julio, una asamblea obrera toma el acuerdo de huelga general; y al día siguiente envía una comisión a entrevistarse con el alcalde, requiriéndola para que reúna en el término de veinticuatro horas a los patronos y les presente las reivindicaciones de los obreros.
El alcalde, Albors, un republicano burgués, entretiene a los obreros, pide tropas a Alicante y aconseja a los patronos que no cedan, sino que se parapeten en sus casas. En cuanto a él, estará en su puesto. Después de celebrar una entrevista con los patronos --estamos siguiendo el informe oficial de la Comisión federal aliancista, que lleva la fecha de 14 de julio de 1873--, el alcalde, que en un principio había prometido a los obreros mantenerse neutral, lanza una proclama en la que «injuria y calumnia a los obreros y toma partido por los patronos, anulando así el derecho y la libertad de los huelguistas y retándolos a luchar». Cómo los piadosos deseos de un alcalde podían anular el derecho a la libertad de los huelguistas, es cosa que no se aclara en el informe. El caso es que los obreros, dirigidos por la Alianza, hicieron saber a] Concejo, por medio de una comisión que, si no estaba dispuesto a mantener en la huelga la neutralidad prometida, lo mejor que podía hacer era dimitir para evitar un conflicto. La comisión no fue recibida y, cuando salía del Ayuntamiento, la fuerza pública disparó contra el pueblo, congregado en la plaza en actitud pacífica y sin armas.
Así comenzó la lucha, según el informe aliancista. El pueblo se armó, y comenzó la batalla que había de durar «veinte horas». De una parte, los obreros, que Solidarité révolutionnaire cifra en 5.000; de otra parte, 32 guardias civiles concentrados en el Ayuntamiento y algunas gentes armadas parapetadas en cuatro o cinco casas junto al mercado, casas a las que el pueblo pegó fuego a la buena manera prusiana. Por fin, a los guardias se les agotaron las municiones y tuvieron que capitular.
No habría habido que lamentar tantas desgracias --dice el informe de la Comisión aliancista-- si el alcalde Albors no hubiera engañado al pueblo simulando rendirse y haciendo luego asesinar alevosamente a los que entraron en el Ayuntamiento fiándose de su palabra; y el mismo alcalde no habría perecido, como pereció a manos de la población, legítimamente indignada, si no hubiese disparado su revólver a quemarropa contra los que iban a detenerle.
¿Cuántas bajas causó esta batalla?
Si bien no es posible calcular con exactitud el número de muertos y heridos (de parte del pueblo), si podemos decir que no habrán bajado seguramente de diez. De parte de los provocadores, no bajan de quince los muertos y los heridos.
Ésa fue la primera batalla callejera de la Alianza. Al frente de 5.000 hombres, se batió durante veinte horas contra 32 guardias y algunos burgueses armados; los venció, después que ellos hubieron agotado las municiones, y perdió, en total, diez hombres. Se conoce que la Alianza inculca a sus iniciados aquella sabia sentencia de FalstafNOTA 80 de que «el mayor mérito de la valentía es la prudencia».
Huelga decir que todas las noticias terroríficas de los periódicos burgueses, que hablan de fábricas incendiadas sin objeto alguno, de guardias fusilados en masa, de personas rociadas con petróleo y luego quemadas, son puras invenciones. Los obreros vencedores, aunque estén dirigidos por aliancistas, cuyo lema es: «No hay que reparar en nada», son siempre demasiado generosos con el enemigo vencido para obrar así, y éste les imputa todas las atrocidades que él no deja de cometer nunca cuando vence.
Eran, pues, vencedores.
«En Alcoy --dice, lleno de júbilo, Solidarité révolutionnaire--, nuestros amigos, en número de 5.000, son dueños de la situación».
Veamos qué hicieron de su «situación»los tales «dueños».
Al llegar aquí, el informe de la Alianza y el periódico aliancista nos dejan en la estacada; tenemos que contentarnos con la información general de la prensa. Por ésta nos enteramos de que en Alcoy se constituyó inmediatamente un «Comité de Salud Pública», es decir, un gobierno revolucionario.
Es cierto que en el Congreso celebrado por ellos en Saint Imier (Suiza) el 15 de septiembre de 1872, los aliancistas habían acordado que «toda organización de un Poder político, del Poder llamado provisional o revolucionario, no puede ser más que un nuevo engaño y resultaría tan peligrosa para el proletariado como todos los gobiernos que existen actualmente». Además, los miembros de la Comisión federal de España, residente en Alcoy, habían hecho lo indecible para conseguir que el Congreso de la Sección española de la Internacional hiciese suyo este acuerdo. Pero, a pesar de todo esto, nos encontramos que Severino Albarracín, miembro de aquella Comisión, y, según ciertos informes, también Francisco Tomás, su secretario, forman parte de ese gobierno provisional y revolucionario que era el Comité de Salud Pública de Alcoy.
¿Y qué hizo este Comité de Salud Pública? ¿Cuáles fueron sus medidas para lograr la «emancipación inmediata y completa de los obreros?» Prohibir que ningún hombre saliese de la villa, autorizando en cambio para hacerlo a las mujeres, siempre y cuando que... ¡tuviesen pase! ¡Los enemigos de la autoridad restableciendo el régimen de pases! Por lo demás, la más completa confusión, la más completa inactividad, la más completa ineptitud.
Entretanto, el general Velarde avanzaba con sus tropas desde Alicante. El Gobierno tenía sus razones para ir apaciguando silenciosamente las insurrecciones locales de las provincias. Y los «dueños de la situación» de Alcoy tenían también las suyas para zafarse de un estado de cosas con el que no sabían qué hacer. Por eso, el diputado Cervera, que actuaba de mediador, encontró el camino llano. El Comité de Salud Pública resignó sus poderes, las tropas entraron en la villa el 12 de julio sin encontrar la menor resistencia y la única promesa que se hizo a cambio al Comité de Salud Pública fue... dar una amnistía general. Los aliancistas «dueños de la situación» habían salido realmente del aprieto una vez más. Y con esto terminó la aventura de Alcoy.
En Sanlúcar de Barrameda, junto a Cádiz, «el alcalde --relata el informe aliancista-- clausura el local de la Internacional y, con sus amenazas y sus incesantes atentados contra los derechos personales de los ciudadanos, provoca la cólera de los obreros. Una comisión reclama del ministro el respeto del derecho y la reapertura del local, arbitrariamente clausurado. El señor Pi accede a ello en principio... pero denegándolo en la práctica; los obreros ven que el Gobierno trata de colocar a su Asociación sistemáticamente fuera de la ley; destituyen a las autoridades locales y ponen en su lugar a otras, que ordenan la reapertura del local de la Asociación».
«¡En Sanlúcar... el pueblo es dueño de la situación!», exclama triunfalmente Solidarité révolutionnaire. Los aliancistas, que también aquí, en contra de sus principios anarquistas, instituyeron un gobierno revolucionario, no supieron por dónde empezar a servirse del Poder. Perdieron el tiempo en debates vacuos y acuerdos sobre el papel, y el 5 de agosto, después de ocupar las ciudades de Sevilla y Cádiz, el general Pavía destacó a unas cuantas compañías de la brigada de Soria para tomar Sanlúcar y... no encontró la menor resistencia.
Ésas son las hazañas heroicas llevadas a cabo por la Alianza donde nadie le hacía la competencia.
Inmediatamente después de la batalla librada en las calles de Alcoy, se levantaron los intransigentes en Andalucía. Pi y Margall estaba todavía en el Poder y en continuas negociaciones con los jefes de este grupo político, para formar con ellos un nuevo ministerio. ¿Por qué, pues, echarse a la calle, sin esperar a que fracasaran las negociaciones? La razón de estas prisas no ha llegado a ponerse totalmente en claro. Lo único que puede asegurarse es que los señores intransigentes trataban ante todo de que se llevase a la práctica cuanto antes la República federal para, de este modo, poder escalar el Poder y los muchos cargos nuevos que habrían de crearse en los distintos cantones.
En Madrid, las Cortes tardaban mucho en descuartizar a España; había que tomar cartas en el asunto y proclamar en todas partes cantones soberanos. La actitud que habían venido manteniendo hasta entonces los internacionales (los envueltos bakuninistas), de lleno, desde las elecciones, en los manejos de los intransigentes, permitía contar con su colaboración; además, precisamente se habían apoderado de Alcoy por la violencia y estaban, por lo tanto, en lucha abierta con el Gobierno. A esto se añadía el que los bakuninistas habían venido predicando durante muchos años que toda acción revolucionaria de arriba abajo era perniciosa y que todo debía organizarse y llevarse a cabo de abajo arriba. Y he aquí que ahora se les deparaba la ocasión de implantar de abajo arriba, al menos en unas cuantas ciudades, el famoso principio de la autonomía. Ni que decir tiene que los obreros bakuninistas se tragaron el anzuelo y sacaron las castañas del fuego a los intransigentes para luego verse recompensados por sus aliados, como siempre, con puntapiés y balas de fusil.
Veamos cuál fue la posición de los internacionales bakuninistas en todo este movimiento. Ayudaron a imprimirle el sello de la atomización federalista y realizaron su ideal de la anarquía en la medida de lo posible. Los mismos bakuninistas que, pocos meses antes, en Córdoba, habían anatematizado como una traición y una añagaza contra los obreros la instauración de gobiernos revolucionarios formaban ahora parte de todos los gobiernos municipales revolucionarios de Andalucía, pero siempre en minoría, de modo que los intransigentes podían hacer cuanto les viniera en gana. Mientras éstos monopolizaban la dirección política y militar del movimiento, a los obreros se les despachaba con unos cuantos tópicos brillantes o con unos acuerdos sobre supuestas reformas sociales del carácter más tosco y absurdo y que, además, sólo existían sobre el papel. En cuanto los líderes bakuninistas pedían alguna concesión real y positiva, se les rechazaba desdeñosamente. Lo más importante que tenían siempre que declarar los intransigentes directores del movimiento a los corresponsales de los periódicos ingleses, era que ellos no tenían nada que ver con estos llamados internacionales y que declinaban toda responsabilidad por sus actos, aclarando bien que tenían estrictamente vigilados por la policía a sus jefes y a todos los emigrados de la Comuna de París. Finalmente, en Sevilla, como veremos, los intransigentes, durante el combate contra las tropas del Gobierno, dispararon también contra sus aliados bakuninistas.
Así sucedió que, en el transcurso de pocos días, toda Andalucía estuvo en manos de los intransigentes armados. Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz, etc., cayeron en su poder casi sin resistencia. Cada ciudad se declaró cantón independiente y nombró una Junta revolucionaria de gobierno. Lo mismo hicieron después Murcia, Cartagena y Valencia. En Salamanca se hizo también un ensayo por el estilo, pero de carácter más pacífico. Así estuvieron la mayoría de las grandes ciudades de España en poder de los insurrectos, con excepción de la capital, Madrid --simple ciudad de lujo, que casi nunca interviene decididamente--, y de Barcelona. Si Barcelona se hubiese lanzado, el triunfo final habría sido casi seguro y, además, se habría asegurado un refuerzo firme al elemento obrero que tomaba parte en el movimiento. Pero ya hemos visto que en Barcelona los intransigentes no tenían apenas fuerza y que los internacionales bakuninistas, que por aquel entonces eran aún muy fuertes allí, tomaron la huelga general como pretexto para escurrir el bulto. Así, pues, esta vez Barcelona no estuvo en su puesto.
No obstante, esta insurrección aunque iniciada de un modo descabellado, tenía aún grandes perspectivas de éxito si se la hubiera dirigido con un poco de inteligencia, siquiera hubiese sido al modo de los pronunciamientos militares españoles, en que la guarnición de una plaza se subleva, va sobre la plaza más cercana, arrastra consigo a su guarnición, preparada de antemano, y, creciendo como un alud, avanza sobre la capital, hasta que una batalla afortunada o el paso a su campo de las tropas enviadas contra ella decide el triunfo.
Tal método era especialmente adecuado en esta ocasión. Los insurrectos se hallaban organizados en todas partes desde hacía mucho tiempo en batallones de voluntarios, cuya disciplina era, a decir verdad, pésima, pero no peor, seguramente, que la de los restos del antiguo ejército español, descompuesto en su mayor parte. La única fuerza de confianza de que disponía el Gobierno era la Guardia Civil, y ésta se hallaba desperdigada por todo el país. Ante todo había que impedir la concentración de los guardias civiles y, para ello, no existía más recurso que tomar la ofensiva y aventurarse a campo abierto; la cosa no era muy arriesgada, pues el Gobierno sólo podía oponer a los voluntarios tropas tan indisciplinadas como ellos mismos. Y, si se quería vencer, no había otro camino.
Pero, no. El federalismo de los intransigentes y de su apéndice bakuninista consistía, precisamente, en dejar que cada ciudad actuase por su cuenta y declaraba esencial, no su cooperación con las otras ciudades, sino su separación de ellas, con lo cual cerraba el paso a toda posibilidad de una ofensiva general. Lo que en la guerra de los campesinos alemanes y en las insurrecciones alemanas de mayo de 1849 había sido un mal inevitable --la atomización y el aislamiento de las fuerzas revolucionarias, que permitió a unas y las mismas tropas del Gobierno ir aplastando un alzamiento tras otro--, se proclamaba aquí como el principio de la suprema sabiduría revolucionaria.
Bakunin pudo disfrutar de este desagravio. Ya en septiembre de 1870 (en sus Lettres à un Français) había declarado que el único medio para expulsar de Francia a los prusianos con una lucha revolucionaria consistía en abolir toda dirección centralizada y dejar que cada ciudad, cada aldea, cada municipio, dirigiese la guerra por su cuenta. Si al ejército prusiano, con su dirección única, se oponía el desencadenamiento de las pasiones revolucionarias, el triunfo era seguro. Frente a la inteligencia colectiva del pueblo francés, abandonado por fin de nuevo a sus propios destinos, la inteligencia individual de Moltke se esfumaría. Entonces, los franceses no quisieron entenderlo así; pero en España se obsequió a Bakunin, como hemos visto y aún hemos de ver, con un triunfo resonante.
Entretanto, la puñalada trapera de este levantamiento, organizado sin pretexto alguno, imposibilitó a Pi y Margall para seguir negociando con los intransigentes. Tuvo que dimitir; lo sustituyeron en el Poder los republicanos puros del tipo de Castelar, burgueses sin disfrazar, cuyo primer designio era dar al traste con el movimiento obrero, del que antes se habían servido, pero que ahora les estorbaba.
A las órdenes del general Pavía se formó una división para mandarla contra Andalucía, y otra a las órdenes de Martínez Campos para enviarla contra Valencia y Cartagena. La flor de esas divisiones eran los guardias civiles traídos de todas partes de España, todos ellos antiguos soldados cuya disciplina se mantenía aún inconmovible. Como había ocurrido con los gendarmes en la marcha del ejército versallés sobre París, la misión de estos guardias civiles era reforzar las tropas de línea desmoralizadas e ir siempre a la cabeza de las columnas de ataque, cometido que, en ambos aspectos, cumplieron en la medida de sus fuerzas. Además de ellos, contenían las divisiones algunos regimientos de línea refundidos, de modo que cada una de ellas estaba compuesta por unos 3.000 hombres. Era todo lo que el Gobierno podía movilizar contra los insurrectos.
El general Pavía se puso en marcha hacia el 20 de julio. El 24 fue ocupada Córdoba por una columna de guardias civiles y tropas de línea al mando de Ripoll. El 29, Pavía atacó las barricadas de Sevilla, la cual cayó en sus manos el 30 o el 31 (los telegramas no permiten fijar con seguridad las fechas). Dejó una columna móvil para someter los alrededores y avanzó sobre Cádiz, cuyos defensores no se batieron más que en el acceso a la ciudad, y aun aquí con pocos bríos; luego, el 4 de agosto, se dejaron desarmar sin resistencia. En los días siguientes desarmó, también sin resistencia, a Sanlúcar de Barrameda, San Roque, Tarifa, Algeciras y otra multitud de pequeñas ciudades, cada una de las cuales se había erigido en cantón independiente. Al mismo tiempo, envió columnas contra Málaga y Granada, que capitularon sin resistencia el 3 y el 8 de agosto respectivamente; y así, el 10 de agosto, en menos de 15 días y casi sin lucha, había quedado sometida toda Andalucía.
El 26 de julio inició Martínez Campos el ataque contra Valencia. Aquí, la insurrección había partido de los obreros. Al escindirse en España la Internacional, en Valencia obtuvieron la mayoría los internacionales auténticos y el nuevo Consejo federal español fue trasladado a esta ciudad. A poco de proclamarse la República cuando ya se vislumbraba la inminencia de combates revolucionarios, los obreros bakuninistas de Valencia, desconfiando de los líderes barceloneses, que disfrazaban su táctica de apaciguamiento con frases ultrarrevolucionarias, prometieron a los auténticos internacionales que harían causa común con ellos en todos los movimientos locales. Al estallar el movimiento cantonal, inmediatamente ambas fracciones se lanzaron a la calle, utilizando a los intransigentes, y desalojaron a las tropas. No se ha sabido cuál era la composición de la Junta de Valencia; sin embargo, de los informes de los corresponsales de la prensa inglesa se desprende que en ella, al igual que entre los voluntarios valencianos, tenían los obreros preponderancia decisiva.
Esos mismos corresponsales hablaban de los insurrectos de Valencia con un respeto que distaban mucho de dispensar a los otros rebeldes, en su mayoría intransigentes; ensalzaban su disciplina y el orden reinante en la ciudad y pronosticaban una larga resistencia y una lucha enconada. No se equivocaron. Valencia, ciudad abierta, se sostuvo contra los ataques de la división de Martínez Campos desde el 26 de julio hasta el 8 de agosto, es decir, más tiempo que toda Andalucía junta.
En la provincia de Murcia, las tropas ocuparon sin resistencia la capital, del mismo nombre. Después de tomar Valencia, Martínez Campos marchó sobre Cartagena, una de las fortalezas mejor defendidas de España, protegida por tierra por una muralla y una serie de fortines destacados en las alturas dominantes. Los 3.000 soldados del Gobierno, privados de artillería de sitio, eran, naturalmente, impotentes, con sus cañones ligeros, contra la artillería pesada de los fuertes y tuvieron que limitarse a poner cerco a la ciudad por el lado de tierra; pero esto no significaba gran cosa, mientras los cartageneros dominasen el mar con los barcos de guerra apresados por ellos en el puerto. Los sublevados, que, mientras se luchaba en Valencia y Andalucía, sólo se habían ocupado de ellos mismos, empezaron a pensar en el mundo exterior después de estar reprimidas las demás sublevaciones, cuando empezaron a escasearles a ellos el dinero y los víveres. Entonces, hicieron primero una tentativa de marchar sobre Madrid, ¡que distaba de Cartagena, por lo menos, 60 millas alemanas, más del doble que, por ejemplo, Valencia o Granada!
La expedición tuvo un fin lamentable no lejos de Cartagena; y el cerco cortó el paso a otro intento de salida por tierra. Se lanzaron, pues, a hacer salidas con la flota. ¡Y qué salidas! No podía ni hablarse de volver a sublevar, con los barcos de guerra cartageneros, los puertos de mar que acababan de ser sometidos. Por tanto, la marina de guerra del Cantón soberano de Cartagena se limitó a amenazar con que bombardearía a las demás ciudades del litoral marítimo desde Valencia hasta Málaga --también soberanas, según la teoría cartagenera--, y en caso necesario, a bombardearlas real y efectivamente, si no traían a bordo de sus buques los víveres exigidos y una contribución de guerra en moneda contante y sonante. Mientras estas ciudades habían estado levantadas en armas contra el Gobierno como cantones soberanos, en Cartagena regía el principio de «¡cada cual para sí!» Ahora, que estaban derrotadas, tenía que regir el principio de «¡todos para Cartagena!» Así entendían los intransigentes de Cartagena y sus secuaces bakuninistas el federalismo de los cantones soberanos.
Para reforzar las filas de los combatientes de la libertad, el gobierno de Cartagena dio suelta a los 1.800 reclusos del penal de aquella ciudad, los peores ladrones y asesinos de toda España. Que esta medida revolucionaria le fue sugerida por los bakuninistas es cosa que no admite duda después de las revelaciones del informe sobre la «Alianza». En él se demuestra cómo Bakunin se entusiasmaba ante el «desencadenamiento de todas las malas pasiones» y cómo proclamaba al bandolero ruso modelo de verdaderos revolucionarios. Lo que vale para los rusos, debe valer también para los españoles. Por tanto, el gobierno cartagenero se ajustaba por completo al espíritu de Bakunin cuando desencadenó las «malas pasiones» de los 1.800 matones embotellados, llevando con ellos hasta el extremo la desmoralización entre sus tropas. Y cuando el Gobierno español, en vez de deshacer a cañonazos sus propias fortificaciones, esperaba la sumisión de Cartagena de la descomposición interior de sus defensores, seguía una política totalmente acertada.
Escuchemos ahora el informe de la Nueva Federación Madrileña acerca de todo este movimiento.
Al Congreso que debía celebrarse en Valencia e] segundo domingo de agosto estaba encomendada, como se ve, la importante misión de determinar la actitud de la federación española ante los graves acontecimientos políticos que se vienen desenvolviendo en España desde el 11 de febrero último, día de la proclamación de la República; pero la descabellada sublevación cantonal, abortada miserablemente y en la cual tomaron una parte activa los internacionales de casi todas las provincias sublevadas, ha venido, no sólo a paralizar la acción del Consejo federal, diseminando a la mayor parte de sus miembros, sino que ha desorganizado casi por completo las federaciones locales, echando sobre sus individuos --que es lo más triste-- todo el peso de la odiosidad, todas las persecuciones que trae siempre consigo una insurrección fracasada y torpemente urdida...
Al estallar el movimiento cantonal, al constituirse las juntas, o sea, los gobiernos de los cantones, aquellos mismos (los bakuninistas) que tanto vociferaban contra el Poder político, que tan violentamente nos acusaban de autoritarios, se apresuraron a ingresar en aquellos gobiernos; y en ciudades tan importantes como Sevilla, Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, Granada y Valencia, muchos internacionales de los que se titulan antiautoritarios, formaban parte de las juntas cantonales, sin otra bandera que la de la autonomía de la provincia o cantón. Asi consta oficialmente en las proclamas y demás documentos publicados por las referidas juntas, donde internacionales muy conocidos estamparon sus nombres.
Tanta contradicción entre la teoría y la práctica, entre la propaganda y el hecho significaría muy poco si de semejante conducta resultara o hubiera podido resultar alguna ventaja para nuestra Asociación, algún progreso en el camino de la organización de nuestras fuerzas, algún paso dado hacia el cumplimiento de nuestra aspiración fundamental, la emancipación de la clase trabajadora. Pero ha sucedido todo lo contrario, como no podía menos de suceder. Faltando la acción colectiva del proletariado español, tan fácil si se hubiera obrado en nombre de la Internacional, faltando el acuerdo de las federaciones locales y quedando por consecuencia abandonado el movimiento a la iniciativa individual o de localidad aislada, sin más dirección que la que pudiera imprimirle la misteriosa Alianza, que por desgracia impera todavía en nuestra región,NOTA 81 y sin otro programa que el de nuestros naturales enemigos los republicanos burgueses, el alzamiento cantonal sucumbió de una manera vergonzosa, casi sin resistencia, arrastrando en su caída el prestigio y la organización de la Internacional en España.
No hay exceso, crimen ni violencia que los republicanos de hoy no atribuyan a la Internacional, habiéndose dado el caso, según se nos asegura, de que en Sevilla, durante el combate, los mismos intransigentes hacían fuego a sus aliados los internacionales (bakuninistas). La reacción, aprovechándose hábilmente de nuestras torpezas, incita a los republicanos a que nos persigan sublevando al mismo tiempo a los indiferentes contra nosotros, y lo que no pudieron lograr en tiempo de Sagasta lo consiguen ahora: hoy día en España el nombre de la Internacional es un nombre aborrecido hasta para la generalidad de los obreros.
En Barcelona muchas secciones obreras se han separado de la Internacional, protestando contra los hombres del periódico La Federación (órgano principal de los bakuninistas) y contra su inexplicable conducta; en Jerez, Puerto de Santa María y otros puntos, las federaciones se han declarado disueltas: en Loja (provincia de Granada) han sido expulsados los pocos internacionales que allí había; en Madrid, donde se disfruta de la mayor libertad, la antigua federación (bakuninista) no da la más leve señal de vida, y la nuestra se ve forzada a permanecer inactiva y silenciosa por no cargar con culpas ajenas; en las localidades del Norte la guerra cada vez más encarnizada de los carlistas impide toda clase de trabajos; y por último, en Valencia, donde después de 15 días de sitio quedó vencedor el Gobierno, los internacionales que no han huido tienen que permanecer ocultos, y el Consejo federal se halla hoy enteramente disuelto».
Hasta aquí, el informe de Madrid. Como vemos, coincide en un todo con el relato histórico hecho en las páginas anteriores.
Examinemos, pues, el resultado de toda nuestra investigación:
En agosto-septiembre de 1854, Marx escribió varios artículos para el New York Daily Tribune titulados «La España Revolucionaria». Marx, que estaba al corriente de todos los síntomas del movimiento revolucionario en Europa, seguía con gran atención los sucesos acaecidos en España en el verano de 1854. Marx consideraba que la lucha revolucionaria de España podría impulsar al desarrollo del movimiento revolucionario en otros países europeos. Para comprender mejor el carácter específico y las peculiaridades de la nueva revolución española, Marx estudió detalladamente la historia de las revoluciones españolas de la primera mitad del siglo XIX. Quedaron cinco cuadernos de Marx con apuntes sacados de las obras de autores ingleses, franceses y españoles. Una libreta de Marx testimonia que envió al New York Herald Tribune once artículos relativos a los tres períodos de la revolución burguesa en España: el primero (1808-1814), el segundo (1820-1823) y el tercero (1834-1843). El mencionado periódico sólo publicó los ocho primeros artículos (hasta 1820). Los tres restantes, consagrados a los acontecimientos de 1820-1822 y de 1833, no vieron la luz. De los artículos inéditos quedó únicamente un fragmento del manuscrito en el que se exponen las causas de las derrotas de la segunda revolución burguesa. Este fragmento se inserta en el presente libro.Volver al cuerpo principal del documento
Se trata de la guerra de Crimea (1853-1856) entre Rusia y la coalición formada por Turquía, Inglaterra, Francia y Cerdeña.Volver al cuerpo principal del documento
La guerra de la Junta Santa o Guerra de los Comuneros (1520-1523): insurrección de las villas castellanas contra la tiranía del primer monarca de la casa de Austria en España, Carlos I. Esa insurrección tuvo un sesgo antifeudal e incorporó a la lucha antimonárquica a las capas inferiores de la ciudad y una parte de los campesinos. En julio de 1520 fue fundada en Ávila la Junta Santa de las villas insurrectas, que en septiembre se vio obligada a trasladar su residencia a Tordesillas y en noviembre a Valladolid, donde fueron convocadas las Cortes, en las cuales participaron representantes de diez ciudades. La insurrección popular fue aplastada por las huestes monárquicas en Villalar el 23 de abril de 1521. El rey había prometido indulgencia y perdón, pero fue desleal a su palabra procediendo a una brutal represión, que se saldó en torturas y ejecuciones a mansalva, entre otras las de los jefes comuneros Juan Bravo, Padilla y Maldonado.Volver al cuerpo principal del documento
En España (y en varios países de América Latina) los Ayuntamientos son las instituciones de gobierno municipal. Desempeñaron un notable papel político durante el período de la Reconquista (siglos VIII-XV). Una vez aplastada la insurrección de los Comuneros en el siglo XVI, los Ayuntamientos fueron mediatizados por el poder regio, coartados o suprimidos. Acentuóse esa tendencia con el absolutismo de la casa de Borbón (al haberse apoderado ilícitamente del trono en 1701 el duque de Anjou, y biznieto de Luis XIV, conocido en nuestra historia como `Felipe V'). El restablecimiento de los Ayuntamientos fue una de las reivindicaciones de las luchas liberales de comienzos del siglo XIX. La Constitución de 1812 y las Cortes de 1820 los restablecieron provisionalmente.Volver al cuerpo principal del documento
Se trata de las Cortes de Castilla, reunidas de enero a febrero de 1518 en Valladolid, que debían proclamar a Carlos rey de Castilla, presente juramento de lealtad y, a la vez, tomarle juramento de respeto a los fueros.
Aquí hay una inexactitud de Marx: las Cortes se reunieron antes de que Carlos fuera proclamado emperador (1519) y antes de que fuera a Alemania para ser coronado (1520).Volver al cuerpo principal del documento
Santa Hermandad: unión de las ciudades españolas, creada a fines del siglo XV por el Poder real a fin de aprovechar a la burguesía contra los grandes feudales, en beneficio del absolutismo. Desde mediados del siglo XVI, las fuerzas armadas de la Santa Hermandad desempeñaron funciones policíacas.Volver al cuerpo principal del documento
La Constitución, redactada por Napoleón I para España, fue aprobada por los representantes de la nobleza española en la conferencia celebrada en la ciudad francesa de Bayona (Cortes de Bayona) en julio de 1808. Según esta Constitución, el rey José Bonaparte era investido de poderes casi ilimitados: designaba a los representantes de la nobleza para el Senado que iba a constituirse y alrededor de la mitad de los diputados a Cortes. Conforme a la Ley Fundamental, se hacía público el procedimiento judicial, se suprimían las torturas y se abolían los derechos de pasaje. Se reconocía el catolicismo como única religión del Estado.Volver al cuerpo principal del documento
Al aparecer en Tribune este artículo, la redacción del periódico agregó la frase siguiente, que no era de Marx: «Tenemos la esperanza de que lo que hoy está añadiendo a sus anales el pueblo español no resultará indigno y traerá frutos beneficiosos para él y para el mundo».Volver al cuerpo principal del documento
Se tiene en cuenta la participación de España en la guerra de la coalición contrarrevolucionaria contra la Francia republicana (1793- 1795). Después de obtener ciertos éxitos en 1793, las tropas españolas fueron completamente derrotadas y España se vio obligada a concertar la paz por separado con Francia en julio de 1795.Volver al cuerpo principal del documento
La insurrección popular de Bilbao contra los ocupantes franceses estalló en agosto de 1808. Fue cruelmente aplastada por el general Merlin, cuyas tropas tomaron la ciudad por asalto.Volver al cuerpo principal del documento
En Erfurt se efectuó la entrevista --del 27 de septiembre al 14 de octubre de 1808-- de Napoleón y Alejandro I. A los festejos celebrados con motivo de las negociaciones asistieron los reyes de Baviera, Sajonia, Württemberg y otros soberanos alemanes que se comportaban servilmente ante Napoleón.Volver al cuerpo principal del documento
Convención nacional: asamblea representativa constituida durante la revolución burguesa en Francia a fines del siglo XVIII a consecuencia de la insurrección popular del 10 de agosto de 1792.Volver al cuerpo principal del documento
Los jesuitas fueron expulsados de España en 1767; esta resolución fue adoptada a propuesta de Floridablanca, fiscal del Consejo Real de España.Volver al cuerpo principal del documento
Comité de Salud Pública: órgano central del Gobierno revolucionario de la República Francesa, creado en abril de 1793. En tiempos de la dictadura jacobina (del 2 de junio de 1793 al 27 de julio de 1794), el Comité desempeñó un papel muy importante en la lucha contra la contrarrevolución interior y exterior.Volver al cuerpo principal del documento
En el valle de Covadonga (montañas de Asturias), los restos de la casta goda y los levantiscos norteños derrotaron en 718 al ejército árabe. Esa victoria (exagerada y exaltada por la leyenda) contribuyó a que brotara en las zonas montañosas de Asturias un minúsculo feudo independiente, uno de los baluartes de la lucha multisecular de los cristianos del Norte de España para derrotar a la España musulmana. En Sobrarbe, pequeño territorio montañoso en el norte de Aragón, surgió un poco más tarde otro foco de resistencia contra la España árabe.Volver al cuerpo principal del documento
Mita: movilización de indios para «obras públicas» por sorteo. Repartimiento: derecho de una persona de raza blanca a dar trabajo en sus tierras a tantos indígenas como pudiera alimentar.Volver al cuerpo principal del documento
Fueros: preceptos legales en los que se hacían constar en la España medieval los derechos y privilegios especiales, que se otorgaban a las ciudades y comunidades rurales en la esfera de la autonomía administrativa, jurisdicción, impuestos, servicio militar, etc.Volver al cuerpo principal del documento
Se tiene en cuenta el artículo 35 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano --introducción a la Constitución jacobina de 1793-- aprobada en abril del mismo año. Ese artículo dice: «Cuando el Gobierno infringe los derechos del pueblo, la insurrección es un derecho sagrado y obligación indispensable de todo el pueblo y de cada una de sus partes».Volver al cuerpo principal del documento
Serviles: apodo dado en España durante la guerra de la Independencia (1808-1814) a la línea absolutista que se pronunció contra toda reforma liberal; más tarde, serviles formaron parte de la camarilla cortesana de Fernando VII; en los últimos años de vida del rey, unos cuantos de ellos se aliaron a su hermano Don Carlos Mª Isidro, el iniciador del linaje carlista.
Se llamaba «americanos» a un pequeño grupo que representaba en las Cortes a los españoles de Ultramar. Los «americanos» apoyaban en las Cortes ora a los serviles ora a los liberales y no desempeñaban papel alguno de importancia.Volver al cuerpo principal del documento
Concilio de Trento: Concilio ecuménico de la Iglesia católica celebrado en las ciudades de Trento y Bolonia, con intervalos, de 1545 a 1563. Fue convocado con el fin de luchar contra el protestantismo. El partido de la contrarreforma católica, vencedor en el concilio, logró el mantenimiento de la íntegra doctrina de la Iglesia.Volver al cuerpo principal del documento
Josefinistas: partidarios de José Bonaparte.Volver al cuerpo principal del documento
Después del regreso de Fernando VII a España, a partir de mayo de 1814 se instauró la reacción, que anuló todas las conquistas de la revolución burguesa de 1808-1814; los dirigentes revolucionarios fueron encarcelados, y parte de ellos, ejecutados.
Durante la revolución burguesa de 1820-1823, el 1 de marzo de 1822 se celebró una sesión de las Cortes elegidas de acuerdo con la Constitución de 1812; la mayoría de las actas pertenecía a los representantes de los exaltados, ala izquierda del movimiento revolucionario, uno de cuyos líderes fue Riego.Volver al cuerpo principal del documento
El 20 (8) de julio de 1812 fue concertado en Velikie Luki un tratado entre el Gobierno ruso y los representantes de las Cortes de Cádiz acerca de las relaciones amistosas de los aliados Rusia y España en la guerra contra la Francia napoleónica y de la reanudación y el fomento de las relaciones comerciales entre ambos países.Volver al cuerpo principal del documento
Se trata del conocido mensaje del presidente de los EE.UU. James Monroe al Congreso norteamericano, del 2 de diciembre de 1823, en el que se proclamaba la llamada doctrina Monroe, dirigida contra los atentados de las potencias europeas a los países americanos. En adelante, los expansionistas norteamericanos aplicaron esta doctrina para implantar la hegemonía de los EE.UU. en el continente americano.Volver al cuerpo principal del documento
Segunda expedición de Cádiz: Marx llama así a la campaña de Riego. En agosto de 1823, Riego, que salió de Cádiz sitiado por los franceses y llegó a Málaga, intentó desplazarse a Cataluña, donde por aquel entonces luchaba tenazmente contra los intervencionistas franceses el general Mina. Fracasó el intento de Riego de hacer pasar a su lado al ejército de Ballesteros, que había cesado la resistencia. Entonces, se puso al frente de un pequeño destacamento y se dirigió a Cartagena, trabando escaramuzas. Cerca de Jerez fueron derrotados sus destacamentos por el ejército francés considerablemente más numeroso. Riego fue apresado el 15 de septiembre y entregado a los franceses.
La primera expedición de Cádiz fue la campaña de Riego de 1820, que inició la revolución.Volver al cuerpo principal del documento
Se llamaban Ejército de la fe los destacamentos organizados por la agrupación católico-absolutista (apostólicos), alzados en 1822 en Cataluña, Navarra y Vizcaya contra el Gobierno revolucionario. Durante la intervención francesa de 1823, el «Ejército de la fe» luchó al lado de los invasores.Volver al cuerpo principal del documento
Se llamaban comuneros los miembros de la unión política secreta --Confederación de los comuneros españoles-- creada durante la revolución burguesa de 1820-1823. Los comuneros representaban los intereses de las capas más democráticas de la población urbana:
artesanos, obreros, una parte de la intelectualidad, de la oficialidad y de la pequeña burguesía urbana. Contaban con 70.000 afiliados. Los comuneros eran partidarios de la lucha más resuelta contra la contrarrevolución. Una vez aplastada la revolución, los comuneros fueron cruelmente perseguidos y cesaron su actividad.Volver al cuerpo principal del documento
Se trata de la restauración del régimen absolutista de Fernando VII en España a consecuencia del aplastamiento de la revolución de 1820-1823. La primera restauración del poder de Fernando VII tuvo lugar en 1814, después de la derrota de Napoleón I.Volver al cuerpo principal del documento
En septiembre de 1832, encontrándose gravemente enfermo Fernando VII derogó el decreto de 1830 por el cual debía sucederle su hija Isabel, menor de edad; al convalecer, Fernando volvió a restablecer los derechos de ésta a la corona, con lo cual defraudó las esperanzas de los serviles, que apoyaban la candidatura de su hermano Don Carlos.Volver al cuerpo principal del documento
Se trata del pronunciamiento iniciado en Madrid el 28 de junio de 1854. A partir de la primavera del mismo año fue creciendo en España el descontento popular debido a la grave situación económica del país y al mangoneo de las fuerzas reaccionarias; sobre todo cundió el descontento entre las masas al ser disueltas las Cortes, que intentaban oponerse al decreto aprobado por el Gobierno acerca del pago de los impuestos con seis meses de antelación.
Los generales O'Donnell y Dulce, jefes del pronunciamiento que se proponían derribar la dictadura de San Luis para sus fines propios, pretendieron aprovecharse de este descontento popular y se vieron obligados a prometer algunas reformas relacionadas con los impuestos; también prometieron eliminar a la camarilla, convocar las Cortes, crear la Milicia Nacional y realizar otras transformaciones. La incorporación de las masas populares a la lucha originó la revolución burguesa de 1854-1856, durante la cual volvió al Poder en 1854 el partido progresista, presidido por Espartero. Pero la burguesía, temerosa de la actividad de las amplias masas populares, se pasó al lado de la contrarrevolución, y en 1856 volvieron a tomar el Poder los círculos ultrarreaccionarios.Volver al cuerpo principal del documento
Por lo visto, Marx se refiere a la rebelión de la guarnición de Zaragoza en febrero de 1854.Volver al cuerpo principal del documento
Partido progresista: partido liberal burgués, fundado en la década del treinta del siglo XIX; los progresistas contaban con el apoyo de la burguesía urbana media y pequeña, la intelectualidad y parte de la oficialidad. La limitación de las prerrogativas de la monarquía fue su reivindicación fundamental. En 1854, al empezar la revolución burguesa, los progresistas, con Espartero al frente, tomaron el Poder. En el curso de la revolución, atemorizados los progresistas por el desarrollo del movimiento popular hicieron concesiones a la contrarrevolución, contribuyendo de este modo a la instauración en España del régimen reaccionario.Volver al cuerpo principal del documento
Genízaros: guardia turca creada en el siglo XIV y reclutada al principio entre los hijos de los cristianos convertidos al islamismo. El servicio y los títulos de los genízaros pasaron paulatinamente a ser hereditarios. Los genízaros, que formaban una casta militar cerrada, vivían no tanto de la paga como del saqueo de la población, así como también del comercio y de la industria. Inmiscuyéronse en la política del gobierno del sultán, participando activamente en los golpes de Estado palaciegos. En 1826, Mahmud II disolvió y en gran parte exterminó la guardia de los genízaros.Volver al cuerpo principal del documento
Se trata del decreto del Gobierno español (mayo de 1854) acerca del pago de los impuestos de la tierra e industrial con seis meses de antelación.Volver al cuerpo principal del documento
Pronunciamiento de 1843: sublevación militar contrarrevolucionaria, organizada en mayo por los generales Narváez, Concha y otros contra la dictadura de Espartero, líder del partido progresista. Esos generales contaron con el apoyo de una parte de los progresistas, descontentos de la política del dictador. El 30 de julio de 1843 Espartero huyó de España. Pasó a ser dictador Narváez, uno de los líderes del partido moderado, al que apoyaban los grandes latifundistas. En el país se estableció un prolongado dominio de la reacción, al que puso fin la revolución de 1854-1856.Volver al cuerpo principal del documento
Guerra peninsular o guerra española. Llaman así a la guerra entre Inglaterra y Francia, librada en España y Portugal (1808-1814). Al mismo tiempo se desplegó por toda la península la lucha de los pueblos español y portugués por su independencia, contra la ocupación francesa.Volver al cuerpo principal del documento
Carlistas: reaccionario movimiento clerical-absolutista de España, que apoyaba al pretendiente al trono español Don Carlos Mª Isidro, hermano de Fernando VII. Respaldados por la mayoría del clero católico, y aprovechando también el apoyo de una parte del campesinado de algunas regiones de España (Vascongadas, Navarra, Castilla la Vieja, Aragón, Cataluña y ciertas zonas de Valencia), los carlistas desencadenaron la guerra civil de 1833-1840. En 1872-1876, los carlistas desencadenaron otra guerra, propugnando como pretendiente al trono a Carlos VII, descendiente de Don Carlos. En esa guerra también fueron derrotados los carlistas.Volver al cuerpo principal del documento
Gobierno del 2 de diciembre: gobierno de Napoleón III, que llegó al Poder merced al golpe de Estado del 2 de diciembre de 1851.Volver al cuerpo principal del documento
En marzo de 1848, el Gobierno provisional de la República Francesa, en el que desempeñaba el papel dirigente el partido de los republicanos burgueses moderados, agrupados en torno al periódico National, organizó en París los talleres nacionales, intentando ganarse el apoyo de sus obreros en la lucha contra el proletariado revolucionario. Fracasó esta tentativa de escindir a la clase obrera, y los obreros de los talleres nacionales constituyeron el núcleo fundamental de los insurrectos en la sublevación de junio de 1848.Volver al cuerpo principal del documento
Batalla de Ayacucho (Perú): una de las grandes batallas (librada el 9 de diciembre de 1824) de la guerra civil que ensangrentó a la América Hispana entre partidarios y adversarios del mantenimiento de la unión con España. Las fuerzas independentistas neogranadinas y peruanas exterminaron casi por completo en Ayacucho a las tropas españolas.Volver al cuerpo principal del documento
El 31 de agosto de 1839, el general Maroto, comandante en jefe de las fuerzas carlistas, y Espartero, comandante de las tropas reales, suscribieron en Vergara un acuerdo que puso fin a la guerra civil en España. Las unidades militares carlistas fueron disueltas y Don Carlos emigró a Francia el 14 de septiembre de 1839. Terminó en julio de 1840 (con la derrota completa de los carlistas) la tentativa del general Cabrera --el tigre del Maestrazgo-- de proseguir la lucha.Volver al cuerpo principal del documento
Moderados: partido de los adictos a la monarquía constitucional que representaba los intereses de la alta burguesía y de la nobleza liberal; fue fundado en los primeros tiempos de la revolución de 1820-1823 debido a la escisión del partido liberal en ala derecha (moderados) y ala izquierda (exaltados), partidarios de la máxima limitación de la prerrogativa regia. En las décadas del 40 y 50, el general Narváez, organizador de la sublevación militar de 1843, fue uno de los líderes de los moderados, pasando luego a ser de hecho dictador de España. Durante la revolución de 1854-1856, los moderados se pronunciaron contra las transformaciones liberales y llegaron a menudo a unirse a las fuerzas más reaccionarias.Volver al cuerpo principal del documento
Aldermen: vocales de concejo urbano o de condado en Inglaterra. Mansion-House, edificio de Londres, residencia del alcalde de la capital inglesa.Volver al cuerpo principal del documento
Se tiene en cuenta el proceso, celebrado en Inglaterra en 1820 sobre el divorcio del rey Jorge IV y la reina Carolina, acusada de infidelidad conyugal.Volver al cuerpo principal del documento
Tribune añadió la siguiente frase para cerrar este artículo (frase no escrita por Marx):
«Después de esto, nuestros lectores podrán juzgar si hay o no probabilidad de que la revolución española produzca algún resultado positivo».Volver al cuerpo principal del documento
Se trata del ultrarreaccionario ministerio creado en octubre de 1847 y presidido por el líder del partido moderado Narváez, dictador efectivo de España.Volver al cuerpo principal del documento
«Charivari»: periódico satírico francés de tendencia burguesa republicana, editado en París a partir de 1832; en tiempos de la monarquía de Julio se mofaba del Gobierno; en 1848 se pasó al campo de la contrarrevolución.Volver al cuerpo principal del documento
En 1845, las Cortes refrendaron la ley de revisión de la Constitución de 1837. Conforme a la nueva ley aumentaba considerablemente el censo electoral, el rey tenía facultades ilimitadas para designar a los senadores, se anulaba el derecho de las Cortes a reunirse sin autorización especial del monarca y la corona fijaba los problemas que debían examinar aquéllas.Volver al cuerpo principal del documento
El concordato entre el Papa Pío IX y la reina de España Isabel II fue concertado el 16 de marzo de 1851 y refrendado por las Cortes en octubre de 1851. Según este documento, la corona española se comprometía a subvencionar al clero a costa del Tesoro, a cesar la confiscación de las tierras de la Iglesia y devolver a los conventos las tierras incautadas durante la tercera revolución burguesa (1834-1843) que no hubieran sido vendidas.Volver al cuerpo principal del documento
Se alude al propósito de matrimonio, propugnado en 1845, del príncipe Leopoldo Sachsen-Coburgo-Gotha (primo del príncipe Alberto, esposo de la reina inglesa) y la reina española Isabel II, lo que hubiera consolidado la posición de Inglaterra en la Península Ibérica. Palmerston, que pasó a ser en 1846 ministro del Exterior, apoyaba por todos los medios este plan, que no se vio cumplido.Volver al cuerpo principal del documento
Congreso de Verona: último Congreso de la Santa Alianza, celebrado en Verona en 1822. El Congreso encomendó al rey Luis XVIII de Francia el envío de tropas para aplastar la revolución en España. En dicho Congreso se debatió también el problema de la intervención en América Latina.Volver al cuerpo principal del documento
Se trata del conocido mensaje del presidente de los EE.UU. James Monroe al Congreso norteamericano, del 2 de diciembre de 1823, en el que se proclamaba la doctrina de Monroe.Volver al cuerpo principal del documento
Según el artículo IV de la Constitución española de 1812, la población de las provincias ultramarinas de España, excepto los negros, obtenía la ciudadanía española y derechos políticos iguales que los de la población de la metrópoli, entre ellos, el de elegir a sus representantes a las Cortes. Haciendo ver que existía una igualdad de derechos en las provincias ultramarinas y las de la Península Ibérica, los liberales españoles, autores de la Constitución, intentaron mantener la unidad territorial del Reino de España en ambos hemisferios.Volver al cuerpo principal del documento
«Punch»: título abreviado de un semanario humorístico inglés de tendencia liberal burguesa.Volver al cuerpo principal del documento
Club de la Unión: una de las organizaciones más democráticas que aparecieron en España al comenzar la revolución burguesa de 1854-1856: La integraban republicanos y representantes del socialismo utópico: Figueras, Pi y Margall, Orense y otros. El Club reivindicaba el sufragio universal, las libertades de conciencia, prensa, reunión y petición, la abolición de los impuestos indirectos y de la pena capital, así como el armamento general del pueblo. Al mismo tiempo, este programa soslayaba el problema agrario. Al pasar la reacción a la ofensiva a fines de 1854 fue clausurado el Club.Volver al cuerpo principal del documento
Además de los clubs democráticos, durante la revolución de 1820-1823 aparecieron en España muchas sociedades secretas que agrupaban a los sectores populares de la ciudad. Esas sociedades, bien enmascaradas y ramificadas en distintas regiones del país, ejercían gran influencia en la política del Gobierno y de las Cortes. Sus líderes más famosos fueron Riego, San Miguel, Alpuente y otros.Volver al cuerpo principal del documento
Coburgo-Braganza, dinastía gobernante de Portugal.
Partido unionista: se trata de los partidarios de la formación de la monarquía única en la Península Pirenaica.Volver al cuerpo principal del documento
Hughes, autor del libro citado.Volver al cuerpo principal del documento
El 22 de enero de 1852, Luis Bonaparte decretó la incautación del patrimonio de los Orleans.Volver al cuerpo principal del documento
Marx llama época de los Felipes a la correspondiente al reinado de Felipe II (1556-1598), Felipe III (1598-1621) y Felipe IV (1621-1665).Volver al cuerpo principal del documento
Se alude el golpe de Estado dado por Luis Bonaparte el 2 de diciembre de 1851, que dio comienzo al Segundo Imperio.Volver al cuerpo principal del documento
Rubicón: río que separaba a Italia de la Galia Cisalpina. Atravesándolo con sus tropas el año 49 antes de nuestra era, a pesar de la prohibición del senado, el famoso general romano Julio César dio comienzo a la guerra civil en Italia. Desde entonces, la expresión «Atravesar el Rubicón» significa tomar una determinación atrevida y decisiva.Volver al cuerpo principal del documento
El 2 de mayo de 1808 estalló en Madrid la insurrección popular contra los ocupantes franceses, que fue cruelmente aplastada por Murat, comandante en jefe de las tropas francesas en España. Fueron matados más de mil españoles.Volver al cuerpo principal del documento
En el siglo XIX, España --incluyendo las provincias ultramarinas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas-- fue dividida en 17 regiones militares, mandadas por capitanes generales designados por el rey. Esos jefes estaban investidos de plenos poderes, tanto civiles como militares, en sus respectivas regiones.Volver al cuerpo principal del documento
Se tiene en cuenta el período de la cruel reacción feudal-absolutista, surgida al regresar Fernando VII de Francia a España en marzo de 1814. Estos años se caracterizan por las numerosas conspiraciones militares que se fraguaron, la impotencia y las crisis del Gobierno español; de 1814 a 1819 hubo en España 24 ministerios.
La guerra dinástica de 1833-1840: prolongada y cruenta guerra civil que desencadenaron los carlistas, partidarios de Don Carlos Mª Isidro (hermano de Fernando VII), pretendiente al trono de España. Los carlistas emprendieron esa guerra con el apoyo de una minoría de la nobleza, el sector duro del partido clerical y núcleos del campesinado de Vascongadas, Navarra, Castilla la Vieja, Aragón y Cataluña. En 1833, Don Carlos --invocando la vigencia de la Ley Sálica (introducida en España con la intrusión de la Casa de Borbón en 1701)-- reclamó el derecho de sucesión, en lugar de Isabel II, hija de Fernando VII. Luego se alzó en armas contra la madre de ésta, la Reina Gobernadora, Dª María-Cristina, la cual se vio así obligada a buscar el apoyo de los liberales, prometiéndoles varias concesiones. La guerra carlista se convirtió de hecho en la lucha entre los elementos vaticanistas-feudales y los liberales, acabando con la derrota de los carlistas en 1840.Volver al cuerpo principal del documento
Se tiene en cuenta el manifiesto lanzado de Manzanares por el general O'Donnell, que encabezó el pronunciamiento del 28 de junio de 1854. Se le llamaba «Programa de Manzanares» y contenía algunas reivindicaciones del pueblo: eliminar la camarilla, convocar las Cortes disueltas, rebajar los tributos, crear la Milicia Nacional, etc.Volver al cuerpo principal del documento
El 21 de junio de 1813, el ejército aliado anglo-hispano-portugués al mando de Wellington derrotó en la batalla de Vitoria a las tropas francesas de José Bonaparte. Esta batalla fue un importante jalón en la lucha de liberación de la Península Ibérica contra los invasores franceses.Volver al cuerpo principal del documento
En noviembre de 1859, España declaró la guerra a Marruecos con fines anexionistas. Las tropas al mando del general O'Donnell invadieron el territorio marroquí. Sin embargo, las hostilidades, que continuaron hasta marzo de 1860, no proporcionaron éxitos de cierta importancia a los españoles, que chocaron con una tenaz resistencia por parte del pueblo marroquí. En abril de 1860 fue concertada la paz, en virtud de la cual España recibió una contribución pecuniaria y pequeñas concesiones territoriales.Volver al cuerpo principal del documento
Húsares de la Princesa, uno de los regimientos de Caballería ligera del ejército español.Volver al cuerpo principal del documento
Las tropas argelinas al mando del rey Hadjí Ahmed rechazaron los ataques emprendidos contra Constantina en otoño de 1836, y las tropas francesas que intentaban tomar por asalto la ciudad sufrieron grandes pérdidas. Sólo en otoño de 1837, durante la segunda expedición militar, los franceses consiguieron ocupar la ciudad asediada.Volver al cuerpo principal del documento
El artículo «Los bakuninistas en acción» apareció en los números 105, 106 y 107 del periódico Volksstaat, correspondientes al 31 de octubre y al 2 y 5 de noviembre de 1873. Engels escribió estos artículos a base de los sucesos acaecidos poco antes en España, en el verano de 1873, que constituyeron el momento culminante de la revolución burguesa española de 1868-1874. Engels recogió los hechos y materiales de la prensa diaria y de los documentos de las secciones españolas de la Internacional, y en primer lugar del informe presentado por la Nueva Federación Madrileña al Congreso ordinario de la Internacional, celebrado en Ginebra del 8 al 13 de septiembre de 1873.Volver al cuerpo principal del documento
La Advertencia preliminar, lo mismo que el subtítulo de todo el artículo, fueron añadidos por Engels en 1894 al reeditar este trabajo en la recopilación Internationales ans dem Volksstaadt.Volver al cuerpo principal del documento
L'Alliance de la Démocratie Socialiste, Londres, 1873. El título de la edición en alemán es: Ein Komplott gegen die Internationale (Buchhandlung des Vorwärts). (Nota de Engels.)Volver al cuerpo principal del documento
Congreso de Ginebra: se alude al Congreso convocado por representantes de la I Internacional, principalmente de Suiza, en septiembre de 1873. Este Congreso tuvo una importancia puramente local.Volver al cuerpo principal del documento
Nueva Federación Madrileña: Organización local de la I Internacional en España, fundada en junio de 1872 por partidarios del Consejo General en oposición a la Federación madrileña bakuninista y al Consejo federal español, en los que ejercían influencia predominante los miembros de la Alianza de la Democracia Socialista, dirigida por Bakunin. La nueva Federación siguió una línea revolucionaria proletaria y constituyó una base de apoyo de Marx y Engels en su lucha contra la corriente anarquista-bakuninista.Volver al cuerpo principal del documento
Se trata de los monárquicos constitucionales que apoyaban al rey Amadeo, criatura de las potencias europeas en el trono español.Volver al cuerpo principal del documento
Alfonsinos: agrupación ligada a los círculos reaccionarios de los latifundistas, del clero y de la camarilla de la burguesía española. Esta agrupación apoyaba al pretendiente de la dinastía de los Borbones al trono español, que en 1874 fue coronado con el nombre de Alfonso XII.Volver al cuerpo principal del documento
Cartismo: movimiento revolucionario de masas de la clase obrera inglesa bajo la bandera de la lucha por la aplicación de la Carta democrática popular, cuyo punto central era la implantación del sufragio universal. Mediante la realización de la Carta, los partidarios de este movimiento esperaban poner fin a la miseria y a los sufrimientos de la clase obrera. Nacido a mediados de la cuarta década del siglo XIX, el movimiento cartista alcanzó su mayor apogeo en 1838, 1842 y 1847-1848. El movimiento cartista llegó a su ocaso después de la derrota de la revolución de 1848.Volver al cuerpo principal del documento
Asociación General Obrera Alemana: organización de los obreros y artesanos alemanes, fundada en 1863. Su creación fue un paso adelante en el desarrollo del movimiento obrero independiente en Alemania, pero los líderes de la Asociación --el socialista sui generis Lassalle y sus seguidores-- imprimieron a la actividad de la misma un sesgo muy alejado de la línea revolucionaria que preconizaban Marx y Engels. Lassalle preconizaba el paso al socialismo mediante la introducción en la Prusia capitalista de las sociedades obreras de producción. Con el fin de obtener apoyo y reunir medios para la creación de dichas sociedades, Lassalle mantuvo negociaciones con el gobierno reaccionario prusiano de Bismarck. Los lassalleanos negaban el papel de los campesinos como aliados del proletariado y apoyaban la política de unificación de Alemania desde arriba bajo la hegemonía de la Prusia contrarrevolucionaria.Volver al cuerpo principal del documento
Falstaff: personaje del drama histórico Enrique IV y de la comedia Las alegres comadres de Windsor, obras del gran dramaturgo inglés William Shakespeare; tipo clásico del libertino, del cínico y del descarado.Volver al cuerpo principal del documento
Es decir, en la Sección española de la Internacional. (N. de la Red.)Volver al cuerpo principal del documento
La presente edición electrónica de los escritos de Carlos Marx y Federico Engels La España revolucionaria ha sido llevada a cabo por Lorenzo Peña, Investigador Científico del CSIC, sobre la base de la edición de las Ediciones en Lenguas Extranjeras de Moscú (sin nombre de traductor).
Se han utilizado para esta edición electrónica varios programas de escrutaje y OCR (reconocimiento óptico de caracteres), completados por una operación manual de mecanografía y corrección.
Las notas editoriales suelen ser las mismas de la edición de Moscú, con algunos retoques para quitarles parte de su sesgo doctrinario y con algún pequeño añadido del editor electrónico, Lorenzo Peña.