D. Niceto Alcalá-Zamora y Torre. Natural de Priego (Córdoba) era terrateniente y había nacido en 1877. Moriría en el exilio en 1949. Era hijo del secretario del Ayuntamiento de ese pueblo cordobés.

Se doctoró en Leyes por la Universidad de Madrid a los 20 años. Dos años después llegó a ser Oficial Letrado del Consejo de Estado.

Miembro del Partido Liberal monárquico, fue durante un tiempo seguidor del Conde de Romanones; fue elegido diputado a las Cortes monárquicas por el partido judicial de La Carolina (Jaén) en 1905. Más tarde se marginó de ese partido y se sumó a los Demócratas de Manuel García Prieto, marqués de Alhucemas, accediendo a los cargos de Ministro de Fomento en 1917 y Ministro de la Guerra en 1921.

Tras el golpe de estado del General Miguel Primo de Rivera en septiembre de 1923, evoluciona hacia el republicanismo.

Niceto Alcalá-Zamora fue elegido Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación el 23 de mayo de 1930 por 201 votos a favor y uno en blanco (el suyo propio). Seis días después, el recién elegido Presidente pronuncia en la misma Academia un discurso titulado «La Constitución que precisa España». Vívense ya los últimos meses de la monarquía alfonsina, pero eso en mayo de 1930 no podía presagiarse; había dimitido el General Primo de Rivera el martes 28 de enero. En su hábil disertación Alcalá-Zamora, escudándose (¡nada menos!) en un discurso previo de J.A. Balbonten (un izquierdista revolucionario y más tarde comunista), sostuvo que en la República que había de proclamarse para salvar a España la Iglesia tenía pleno derecho a estar representada; abogó por un Senado con representación eclesiástica, entre otras. En suma: `Una República garantizadora de los derechos inalienables de la personalidad humana, respetuosa con el orden, con la religión y con la propiedad privada; imponiendo a todos la Justicia, estimulada desde el Gobierno por ... la administración honrada y celosa de los intereses del país'.

De su sentido de las cosas por entonces da cuenta una frase que figura en su discurso en Valencia el 13 de abril de 1930 (un año y un día antes de proclamarse la II República) abogando por una República que conservara el Senado, en el cual figurasen prelados de la Iglesia, incluyendo al Cardenal Primado de Toledo; una República viable y conservadora, no una convulsiva y epiléptica. (Cf. Arrarás, Historia de la II República Española, Madrid: Ed. Nacional, 1968, t. t. I, p. 29.)

Probablemente fue gracias a discursos así y a la personalidad de Alcalá-Zamora como resultó posible la vía pacífica de la revolución democrático-burguesa de abril de 1931.

En uno de sus brillantes discursos, Alcalá-Zamora enunció una de sus frases más famosas: que en Jaca `habrá siempre una cruz recordando que la mitad, por lo menos, de la sangre sacrificada por la Dictadura y la Monarquía era republicana, pero católica también'.

Al proclamarse la II República Española el 14 de abril de 1931, Alcalá-Zamora es nombrado Presidente del Gobierno Provisional. Entonces encabeza la Derecha Liberal Republicana (junto con Miguel Maura Gamazo --hermano del Duque de Maura, exministro de la dictadura borbónica; luego se separan: Alcalá-Zamora será líder de los «republicanos progresistas» y Maura de los «republicanos conservadores»).

Bajo la Presidencia de D. Niceto Alcalá-Zamora Torre, el Gobierno provisional de la República Española decretó el 27 de abril de 1931 reemplazar la bandera bicolor «roja y gualda» --que había venido siendo enseña de la España monárquica-- por la Tricolor, que sumaba el morado al rojo y el amarillo, `representativa durante medio siglo de la idea de la emancipación española mediante la República'. A los dos colores de la bandera monárquica venía a añadirse --según el texto del Decreto del 27 de abril de 1931-- `un tercero que la tradición admite por insignia de una región ilustre [Castilla], nervio de la nacionalidad, con lo que el emblema de la República así formado resume más acertadamente la armonía de una gran España'.

El 11 de diciembre de 1931 D. Niceto es elegido Presidente de la República. Aun siendo hombre de derechas, católico-conservador, sólo aceptó a regañadientes la formación de los gobiernos radical-cedistas durante el bienio negro (1934-36); a ello estaba obligado por la Constitución.

Conciliador y moderado --aunque no siempre empleó todos los poderes que le otorgaba la Constitución y que hubiera podido usar para templar y sosegar la violencia de la represión contra los desesperados insurrectos de Asturias de octubre de 1934--, ejerció sobre el Gobierno radical-cedista --es de justicia recordarlo-- una enérgica presión, gracias a la cual se salvaron las vidas de no pocos condenados a muerte.

Disconforme con la orientación reaccionaria de la mayoría parlamentaria radical-cedista, disolvió las Cortes y convocó elecciones en febrero de 1936.

Al ganar esas elecciones el Frente Popular, el nuevo Parlamento destituyó a Alcalá-Zamora, en una decisión equivocada que constituyó, jurídicamente, fraude de ley, y que facilitó las cosas a la conjura fascista. Como Presidente de la República Alcalá-Zamora no hubiera podido impedir la formación de un gobierno del Frente Popular, mayoritario en el Parlamento, ni vetar la obra legislativa de reforma que necesitaba España.

El pretexto para la destitución de Alcalá-Zamora fue que se había extralimitado al disolver las Cortes por segunda vez --excusa era evidentemente falsa desde el momento en que, precisamente gracias a esa disolución --reclamada por la mayoría de los españoles, o al menos ampliamente vista con buenos ojos--, se había constituido la nueva mayoría, que respondía a la evolución de los sentimientos de la opinión pública. (Más abajo analizaré con mayor detalle la destitución de D. Niceto Alcalá-Zamora como Presidente de la República en abril de 1936.)

Alcalá-Zamora fue consuegro del General Queipo de Llano y era hombre ligado a la clase latifundista y a la España de los de arriba. Pero era una excepción en ese medio. Siguió siendo republicano, no aceptó el régimen franquista, se exilió y nunca abjuró de sus ideas liberales.

He aquí, como botón de muestra, una perla de la propaganda franquista que revela bien a las claras qué odio profesarían siempre a D. Niceto los sublevados del 18 de julio de 1936: en un editorial del 24-01-1941, Arriba censuraba a Francia (a la Francia de Vichy) por dejar partir libres a América «150 maleantes españoles» (en vez de entregarlos a Franco para que los mandara fusilar) entre los cuales «figuraba aquel inefable ejemplar de la bobería progresista y de la oratoria delicuescente que se llamó en vida Niceto Alcalá-Zamora'. (En realidad Niceto Alcalá-Zamora no se llamó Niceto Alcalá-Zamora sino que se llamó `Niceto Alcalá-Zamora', que no es igual; ser, era, eso sí, Niceto Alcalá-Zamora.)

Con la distancia del tiempo, D. Niceto merece un trato más ecuánime que el despectivo epíteto de «el Botas» (mala costumbre de la época, que se fijaba en esos detalles de vestimenta y gusto personal). Tal vez, pese a todo, un matizado elogio de la posteridad. Con todos sus defectos, con su facundia y bonachonería condescendiente de un hombre de las clases altas que quiere ser cordial y abierto, con su falta de talento de estadista profundo (¿quién lo fue?), D. Niceto fue un republicano liberal genuino, tal vez el orador más brillante de la II República y también uno de los pocos políticos sensatos y comedidos, con inclinación a un compromiso razonable, que --de haber sido más escuchados-- hubieran podido evitar la conjura y sublevación fascistas, la guerra civil y el trágico fin de la República Española.

Alcalá-Zamora --decía D. Alejandro Lerroux-- `se manifestaba como quien tiene la conciencia de hombre providencial, satisfecho de su saber y su capacidad, que cree que lleva en su cultura jurídica la potencia creadora de Solón y que, mirando en torno suyo, considera a cuantos lo ayudan y colaboran en su obra como a ciudadanos alumnos a quienes hay que enseñar a legislar, administrar, gobernar y dirigir, colocándolos en el nivel jerárquico que merezcan, pero ninguno a su nivel' (La pequeña historia de España. 1930-36, Buenos Aires: Cimera, 1945, p. 167). Con ese juicio, irónico y hostil, el caudillo radical revela el resentimiento de alguien que se creía ungido líder carismático y --por derecho de primogenitura y veteranía-- número uno del republicanismo; pero lo que hay de curioso en esa apreciación es que --desde la lejanía que ha dado el paso de los años-- parece que la autovaloración de D. Niceto no estaba tan desenfocada, después de todo.

Pasemos a analizar la destitución de Alcalá-Zamora como presidente de la República en abril de 1936.

El problema se planteaba así. La Constitución de la República de 1931 facultaba al Presidente a disolver las Cortes un máximo de dos veces durante su mandato; pero, si la segunda disolución era juzgada improcedente por las Cortes elegidas a raíz de la misma, entonces podía, por ese motivo, ser destituido.

Pues bien, el Decreto presidencial del 7 de enero de 1936 ¿constituía la primera o la segunda disolución de Cortes por el Presidente Alcalá-Zamora? Puesto que ya en 1933 había disuelto las Cortes, era la segunda vez; pero, como las Cortes disueltas en 1933 eran las Constituyentes, podía pensarse que su disolución no entraba en el cómputo; mas, de ser así --alegábase--, su disolución hubiera sido inconstitucional, debiendo, antes bien, juzgarse que, desde la entrada en vigor de la Constitución en diciembre de 1931, las Cortes Constituyentes habían dejado de serlo para convertirse en Cortes ordinarias; el Decreto del 7 de enero de 1936 constituía, pues, efectivamente la segunda disolución presidencial del Parlamento en el mismo mandato. El asunto era jurídicamente complicado y hasta embrollado. Pero, sea como fuere, ¿fue improcedente la disolución de las Cortes el 7 de enero?

Cuando las Cortes debaten el asunto (marzo-abril de 1936), fue el líder socialista Indalecio Prieto el instigador de la propuesta de resolución por la cual se declaraba innecesaria la disolución decretada por Alcalá-Zamora el 7 de enero de 1936. `Las Cortes [declaraba Prieto] no fueron disueltas con el limpio afán de recoger un anhelo de las masas, sino con el deseo ilógico de atropellar la voluntad soberana del país, haciendo un Parlamento conforme al criterio presidencial, en vez de estar, como dispone la Constitución, subordinado a la opinión del país'. (Cita tomada de Arrarás, Historia de la II República Española, Madrid: Ed. Nacional, 1968, t. IV, p. 107.)

Invocó Prieto este argumento: un Presidente de la República, en ejercicio del poder moderador que le confería la Constitución, había de estar facultado para disolver las Cortes; pero el Presidente Alcalá-Zamora ya no lo estaba, por haber agotado el uso de esa prerrogativa presidencial; y además se había desacreditado ante la opinión del país, a la que no representaba. Esto último era exacto. Lo otro no, porque la Constitución no obligaba a que el Presidente de la República estuviera forzosamente facultado a disolver las Cortes, sino que sólo le otorgaba la potestad de hacerlo dos veces, sin que el ejercicio de tal potestad acarreara necesariamente el fin del mandato.

Lo absurdo era que, girando la resolución destitutoria en torno a la necesidad del Decreto del 7 de enero, fueron quienes sólo habían podido formar mayoría parlamentaria gracias a tal Derecho presidencial quienes adujeron la supuesta no-necesidad del mismo para así revocar el mandato presidencial. También hubo en la tramitación del tan enojoso asunto un recurso a procedimientos discutibles, que provocaron el que finalmente el acuerdo destitutorio no fuera respaldado por un hombre como Miguel Maura, un «republicano conservador» de veras reaccionario, ex-correligionario de Alcalá-Zamora, pero enfrentado ya a él e inclinado a la Falange cada vez menos encubiertamente, quien estaba `convencido hasta la saciedad de que el derrotero que el Presidente trazaba a la República era funesto', pues D. Niceto `como Jefe de Estado había perdido mi estima y hubiera votado contra él con arreglo al art. 82'; obviamente si había de seguirse el procedimiento del art. 82 o tomarse la resolución por mayoría absoluta era tema jurídicamente intrincado y controvertible, pero los enemigos del Presidente no se dieron cuenta de que en casos así, hay que optar por el procedimiento menos discutible, por el que menos preste el flanco a las objeciones jurídicas. Y, en caso de duda era menester sopesar los pros y contras de una decisión tan sumamente grave, y, peor aún, alcanzada mediante procedimientos cuestionables y no compartidos unánimemente, ni siquiera consensuados con sectores de la cámara diversos del que promovió la destitución, la cual finalmente se aprobó a las 10 y 10 minutos de la noche el 7 de abril de 1936 por 238 votos a favor, 5 en contra (del partido centrista de Portela Valladares), habiendo a la sazón 417 diputados.

¡Qué gravísimo error, qué fruto de la exaltación, de la impaciencia, de la inmadurez política y de la ceguera partidista! ¡Qué regalo a los conjurados fascistas y borbónicos que sólo buscaban pretextos de deslegitimación del régimen democrático y republicano! Con Alcalá-Zamora en la Presidencia, ejerciendo un poder mermado y capitidisminuido, sin posibilidad ya de disolución del parlamento, sin poder imponer un gobierno discrepante del sentir de las Cortes, hubiera habido más posibilidades de atajar la conspiración y sublevación fascistas. Y, después de todo, el sucesor de Alcalá-Zamora en la Presidencia, D. Manuel Azaña, no sería mejor Presidente ni era mejor político. Ambos eran hombres de talento, y Azaña era tibiamente progresista; pero su progresismo apenas tenía contenido social, y en el fondo era casi puro anticlericalismo periclitado y nocivo, que dividió inútilmente a los españoles en beneficio de los conjurados antirrepublicanos, quienes se frotaban las manos aprovechando los dislates azañistas para enfervorizar a beatos y beatas, monaguillos, sacristanes, curas, monjas y frailes, azuzándolos a la cruzada antiatea y antiliberal.

No hay más que leer lo que escribía al día siguiente el monárquico diario ABC: `reconocemos que [la destitución del Presidente Alcalá-Zamora] significa una ejemplaridad saludable, una lección para muchos hombres que entran en la política con igual estilo que Alcalá-Zamora'.

En sus memorias (Segundo Texto de mis Memorias, Barcelona, 1977, p. 367), D. Niceto atribuye a la ambición personal de Azaña toda la trama que llevó al acta de destitución presidencial de abril de 1936, igual que al precipitado giro dado en octubre de 1931 al proyecto constitucional, propiciando la inserción de cláusulas anticlericales que causaron la quiebra de la coalición que había hecho posible la revolución pacífica del 14 de abril de 1931.