SE AUMENTARÁ LA RIQUEZA DE LAS ZONAS MÁS RICAS
Las provincias de Pichincha y Guayas tienen mayor capacidad de recaudación tributaria, lo que les permite concentrar el 86% del total nacional. En un régimen de autonomías sólo ellas tendrían condiciones materiales de enfrentar, en parte, su autosostenimiento. Se aumentarán los desniveles de desarrollo.
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Uno de los argumentos que se esgrimen para justificar la instauración de un régimen de autonomías es que los recursos financieros que se recaudan en cada provincia deben retornar a las mismas en vez de servir para alimentar a la burocracia de Quito.
Pero la realidad es muy distinta. Según datos del Ministerio de Finanzas y Crédito Público, y sin contar con las FF.AA., la Policía y empleados del IESS [Seguro Social Ecuatoriano], en Ecuador existen 318.118 burócratas. De ellos el 18%. está en Guayas, el 22%. en Pichincha y el 9,1%. en Manabí; de manera que ese argumento no tiene sustento.
Solamente las provincias de Pichincha, Guayas y Carchi recaudan más tributos de lo que reciben por concepto de ejecución del Presupuesto General del Estado.
[...] Las dos provincias [Guayas y Pichincha] recaudan alrededor del 86%. del total nacional.
Algunas propuestas autonomistas sugieren establecer un sistema que comparta el 50%. de los ingresos recaudados entre la provincia y el Estado central. De aplicarse este sistema se produciría una mayor concentración de recursos en los territorios más ricos, pues sólo entre Guayas y Pichincha recibirían 500 millones de dólares, cuando, según las normas en vigencia obtuvieron 170 millones de dólares.
¿Cómo enfrentarán estos problemas los municipios apremiados de recursos económicos? Sencillamente con la única fórmula que conoce la burguesía: cargar la crisis en las espaldas de los trabajadores, que, en otras palabras, significa crear nuevos impuestos locales o crear tarifas diferenciadas en impuestos existentes como el IVA, de acuerdo a lo que dice la experiencia internacional.
Queda claro que las fórmulas planteadas por los «autonomistas» no resuelven los problemas de atraso en los que se desenvuelven los pueblos del Ecuador. [...] El establecimiento de un régimen de autonomías no es la solución; es, hoy por hoy, una fórmula empujada por la burguesía para enfrentar la crisis política y remozar al estado capitalista.
Editorial del En Marcha, Órgano central del Partido Comunista del Ecuador, diciembre de 1999
PLANTEEMOS UN REORDENAMIENTO JURÍDICO DEMOCRÁTICO
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En distintos momentos, las clases dominantes han buscado dar explicación a los agudos problemas económicos, políticos y sociales, siempre procurando ocultar la esencia de los mismos, el origen que tienen. Así, en ocasiones acusan al sindicalismo, a la lucha popular, como la causa del atraso en el que se encuentra el país; en otras circunstancias ponen a las fuerzas de la naturaleza en primer plano o a fenómenos internacionales. Hoy quieren hacernos creer que, barnizando la administración del Estado los problemas de los pueblos del Ecuador se resolverán.
La verdad es que es el sistema imperante --el Estado capitalista-- el causante del hambre, de la pobreza, de los desniveles de desarrollo local y regional.
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Frente al crecimiento de la desconfianza y desprestigio de la institucionalidad burguesa entre las masas, buscan crear la ilusión de que el régimen autonómico es la panacea de solución a los problemas. Un mentís a ello lo tenemos en la experiencia internacional, pues en países como Brasil, México, España, donde existen regímenes federados o autonómicos subsisten problemas de desempleo, pobreza, desarrollo regional desigual, etc.
Lo cierto es que de esto los únicos beneficiarios serán las mismas clases dominantes. La constitución de gobiernos regionales con mayor capacidad de decisión les permitirá afirmar a los grupos locales su control político y con ello acrecentar el poder económico. En el marco de las contradicciones interburguesas, estos gobiernos locales serán nuevos escenarios para la acumulación capitalista de los diversos grupos económicos que se encuentren en su dirección.
La propuesta autonomista encierra la trampa privatizadora, pues los gobiernos seccionales económicamente no se encuentran en capacidad de atender los servicios sociales como educación, salud, electricidad, por lo que acudirán a la famosa autogestión y a la entrega de estos servicios a manos privadas.
Editorial de En Marcha, Órgano central del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, enero de 2000.