Sr. Presidente:

El Gobierno que Ud. preside viene desarrollando, desde que empezó a ejercer, un conjunto amplio de medidas en materia presupuestaria y social que usando Maastricht como fundada justificación, y también en ocasiones, como pretexto, van recortando, reduciendo y acabando paulatinamente con una serie de conquistas sociales englobadas en lo que ha venido en llamarse el Estado del Bienestar, aunque dicha denominación en el caso de España, sea notablemente hiperbólica.

En medio de ese despliegue de política neoliberal, el Gobierno de su Presidencia ha tomado dos medidas de extraordinaria gravedad: la no desclasificación, como secretos oficiales, de los conocidos documentos del CESID y la aprobación del anteproyecto de Ley Orgánica Reguladora de Secretos Oficiales.

Estas dos decisiones son de aquellas que, yendo más allá del primer y escandaloso impacto, actúan como los virus de las infecciones: a medio y largo plazo y con consecuencias nefastas. En este caso las consecuencias afectan de manera negativa a la Libertad, la Justicia y la Democracia.

Las consecuencias de dichas decisiones ponen en marcha, también, una concatenación de reflexiones y de deducciones, desde las más inmediatas e instantáneas a las más remotas y reposadas; desde las que originan perturbaciones en la opinión pública hasta las que afectan, muy negativamente, tanto al meollo mismo de los contenidos del Estado Social y Democrático de Derecho como al Pacto Constitucional.

Sr. Aznar, nos engañaríamos si los acuerdos de su Gobierno en las materias anteriormente reseñadas fuesen analizadas o reflexionadas fuera del proceso en que las mismas se insertan. Un proceso que está jalonado, entre otros hechos, por:

-- El giro de 180° del triunfante PSOE de 1982 con respecto a su programa, sus propuestas, sus declaraciones y sus campañas electorales.

-- La exaltación de la ganancia fácil, del negocio sospechoso y del pelotazo como filosofía de una supuesta modernidad.

-- La creciente concentración de la propiedad de medios de comunicación, más allá de lo recomendado por las directivas europeas.

-- El ataque a las libertades, bien de manera impactante como la «Ley Corcuera» u otras formas de presión y de recorte del ejercicio de dichas libertades.

-- La supeditación de nuestro necesario desarrollo del tejido industrial y la aplicación de los aspectos más avanzados de nuestra Constitución en materia económica y social, a una aplicación rígida, más allá de lo exigido, de esa manifestación de neoliberalismo llamada Tratado de la Unión Europea de Maastricht.

-- La serie ininterrumpida de escándalos y corrupciones y la sensación generalizada de impunidad de los mismos.

-- El espionaje hecho a particulares y al propio Jefe del Estado por parte de los Servicios del CESID.

-- Y como corolario y amplio resumen, el terrorismo de Estado de los GAL y el uso y abuso para el lucro privado de dinero público presupuestado como Fondos Reservados.

El proceso continúa con las medidas en política económica y social que su Gobierno va desarrollando y se reafirma con las dos que constituyen el objeto central de este escrito. Un proceso en el que aparecen como anticipo de futuro, dos propuestas de incalculable impacto negativo para el desarrollo de la democracia y las libertades: la financiación privada de los partidos políticos y la Reforma Electoral hacia un sistema claramente mayoritario.

Sr Aznar, muchos miles de españoles y españolas no esperaban de Vd. un cambio profundo en la orientación de la política económica. Escogida la meta de Maastricht, lo demás viene por añadidura. Sin embargo, esos miles de españoles y españolas creyeron en la regeneración democrática que Vd. y sus compañeros de partido percutieron sobre la ciudadanía antes y en la campaña electoral. Por ello, cuando desde el recuerdo de las palabras del Sr. Trillo, del Sr. Alvarez Cascos o de Vd. mismo sobre el Estado de Derecho, la obligación de colaborar con la Justicia y el compromiso de desclasificar los papeles del CESID, contemplamos en lo que ha devenido eso, no podemos sino sacar las inmediatas conclusiones:

1ª. La decisión de su Gobierno ha asestado un golpe demoledor a la credibilidad de la política y de los políticos y lo lamentable, Sr. Aznar, es que paguen justos por pecadores.

2ª. La Justicia y la Ley basan su legitimidad y su fuerza no sólo en el origen, sino también en la universalidad de su aplicación sin distinciones de status o de situaciones económicas, religiosas o políticas. Los artículos 1, apartado 1, y el 14 de nuestra Constitución, han sido conculcados totalmente. ¿Se imagina lo que pensarán otros delincuentes, presuntos o probados, cuando se les hable del rigor de la Ley y de la Justicia.

3ª. Se ha lanzado al pueblo español un mensaje parecido al letrero colocado en la puerta del infierno de Dante: «Abandonad toda esperanza». Se les ha lanzado el mensaje de que los poderes reales están fuera del ámbito de la Ley y de la Justicia. Se potencia la resignación. Y ello conduce por una pendiente suave a la transformación de ciudadanos en súbditos.

4ª. Las explicaciones dadas por Vd., Sr. Presidente, después de la entrevista con el Jefe del Estado en Marivent, y después de encuentros con los Sres. González, Suárez y el propio Rey, introducen elementos de confusión porque parecen dar a entender que estamos ante una decisión del Gobierno que, motivada por la «Razón de Estado» está avalada por las más altas magistraturas. Y eso no ayuda ni al Estado de Derecho, ni a la Monarquía constitucional, ni a la tranquilidad y sosiego de quienes, en estos momentos, tienen la difícil tarea de instruir sumarios, sopesar razones y decidir según la Ley y según la conciencia, por encima de otras consideraciones.

Sr. Aznar, la Historia demuestra hasta la saciedad que la llamada «Razón de Estado» es, casi siempre, una justificación para encubrir, proteger o ayudar a delincuentes. La obligación de un Gobierno es colaborar con la Justicia simplemente para que la ejemplaridad refuerce a ese Estado de Derecho.

Sr. Aznar, sus decisiones pretenden un punto final, una repetición del lavado de manos de Poncio Pilatos alegando que son competencias de la Justicia pero negando a esa Justicia el auxilio debido. Pero, al contrario de lo que Vd. pretende, esas dos decisiones alumbran más luz sobre un problema que es urgente abordar y que hunde sus raíces en las asignaturas pendientes de la Transición y el 24 de Febrero de 1981. Y sólo se puede abordar desde la aplicación de los contenidos del Estado Social y Democrático de Derecho que nuestra Constitución contempla: Título a Título, Capítulo a Capítulo y Artículo a Artículo.

Y, mientras tanto ¿qué hacer? Por mi parte lo tengo claro:

a) No asumir, no aceptar, no resignarme ante esta situación de larvada involución democrática y de desprecio por los contenidos de nuestra Constitución. Y en ese sentido me atengo a los conocidos versos de Quevedo: «No he de callar por más que con el dedo...»

b) Hacer un llamamiento a todos y todas los que creen que la defensa de un orden social justo va pareja, con un orden democrático. Hacer un llamamiento a la contestación y a la movilización intelectual, moral, cultural y social.

c) Y, a título personal desde luego, atenerme al principio de «do ut des» en mi corresponsabilidad con el Pacto Constitucional. La Constitución es para cumplirla toda. Si el desarrollo de la misma va en el sentido opuesto a su espíritu y contenidos o simplemente se obvia, por impráctico, es que estamos en un terreno distinto al Contrato que firmamos y sellamos y que el Pueblo Español ratificó el 6 de diciembre de 1978.

Atentamente

Fdo.: Julio Anguita González

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Director: Lorenzo Peña