Este documento de la comisión permanente de IU-CM --según reza el primer párrafo del mismo-- `es consecuencia de la reflexión colectiva de la comisión permanente de IU-CM y obedece a la necesidad de clarificar la posición que esta organización tiene sobre diversas cuestiones más o menos puntuales'.

Es muy dudoso que el documento logre clarificar nada, pues hacen falta dosis de hermenéutica para interpretar sus frases retorcidillas, atiborradas de circunloquios, de formulaciones vagas y de alusiones. Lo peor no es eso, sino que --en tanto en cuanto consigue clarificar algo-- el documento lo que pone en claro es cuán oscura y confusa es la postura política de la comisión permanente de IU-CM.

Aquello en lo que el documento no responde en absoluto a sus propósitos es que las cuestiones abordadas sean «más o menos» puntuales; puntuales no lo son, ni poco ni mucho; porque --hasta donde algo se perfila, si no con claridad, al menos con oscuridad--, los temas abordados afectan a la línea central de la coalición IZQUIERDA UNIDA.

Para no caer en lecturas precipitadas ni atenernos a frases sueltas --lo cual podría hacer pensar que las estábamos sacando del contexto--, en este comentario iremos citando párrafos enteros, de punto y aparte a punto y aparte, ya que las diversas frases amontonadas en cada párrafo suministran un contexto en sí (además de que el documento en su conjunto corrobora el sentido que las frases aisladas a menudo sólo insinúan). ¡Empecemos, pues!

IU-CM tiene una preocupación fundamental por los problemas sociales. El primero de ellos, el empleo y junto a ello el modelo de estado y el riesgo de su desvertebración a través del recorte del gasto social, las privatizaciones, el dumping fiscal entre regiones y un estado de varias velocidades basado en la mayor o menor presión de los gobiernos autónomos y desde intereses electorales y de poder.

La preocupación es de IU-CM, está claro. Por contraste (y el contexto lo da a entender y casi lo proclama), no es ése el enfoque de prioridades de la dirección federal de IZQUIERDA UNIDA. Hay que señalar el contraste, ya que sólo así podemos entender la orientación de [la comisión permanente de] IU-CM. No es ya que tengan como preocupación «fundamental» la de los problemas sociales. Es dudoso que haya nadie que se llame de izquierdas y que no diga tener como preocupación principal el conjunto de los problemas sociales: las condiciones de vida de los desposeídos; las franjas de pobreza; la brutalidad e intransigencia de la patronal --la cual, con el apoyo de los sucesivos gobiernos de la monarquía borbónica, ha agravado las condiciones de dependencia laboral--; la vida de los desgraciados inmigrantes; la de los desempleados, muchas mujeres, aún víctimas del machismo, muchas personas de edad que subsisten con jubilaciones miserables, etc etc. A IU-CM le preocupa eso. ¿A quién no?

Bueno, en honor a la verdad hay que reconocer que la comisión permanente no formula los problemas en los mismos términos; aunque su preocupación va a los problemas sociales, uno tiene la impresión de que los edulcoran un tanto: no se mencionan la marginación ni el chabolismo, ni la situación de los sin-techo o los hacinados, ni la de los inmigrantes, ni la de los jubilados en situación dura cuando no lastimosa; ni la de quienes viven de las limosnas o subsidios «no-contributivos» de vario pelaje, cuya concesión y renovación, siempre en el aire, tienen un carácter más o menos gracioso y aleatorio.

Se alegará que el documento no quiere decirlo todo. Es muy cierto. Mas lo que sí quiere decir es que --frente a quienes ponen énfasis en problemas políticos y éticos que afectan a la estructura política del Estado y a métodos de ejercicio del poder («temas como el GAL»)-- la comisión permanente desea enfatizar y recalcar lo social. Sin embargo, lo único social que se dice --y eso con la frase más escueta posible-- es `el empleo', para pasarse inmediatamente --un tanto oblicuamente-- a meter (como si fuera lo mismo), mediante una locución presuntamente anodina (`y junto con ello'), otro asunto enteramente diferente y cuya caracterización de `problema social' es, en el mejor de los casos, indirecta: el asunto del régimen fiscal autonómico, si bien ese asunto se amalgama con el de las privatizaciones y el recorte del gasto social, como si fueran lo mismo o como si lo uno acarreara forzosamente lo otro y fueran dos caras de la misma moneda.[1]

Que el énfasis de la comisión permanente no se dirige hacia la lucha contra el recorte del gasto social y las privatizaciones puede colegirse del resto del documento: no vuelve a hablarse de esos dos asuntos (a menos que queramos ver una referencia «clara» a los mismos con la frase de la págª 2 `defensa de las políticas sociales y de lo público' --una de las dos líneas en que se propone converger con el PSOE). Sí se recalcan en cambio las risueñas perspectivas para un acercamiento al PSOE en lo tocante al régimen de financiación autonómica --el cual compartiría, según el documento, la orientación de IZQUIERDA UNIDA de `un modelo de Estado de las autonomías en una vía federalizante y de izquierdas'; eso a nivel nacional, porque `a nivel de autonomías', y más concretamente en Madrid, `son posibles acuerdos más concretos y amplios', en relación (es lo único que se aduce) `al modelo de financiación', en lo cual `las posiciones son similares'.

Así pues, habiendo que agradecer a la comisión permanente que nos recuerde la importancia primordial de lo social, de las condiciones de vida de las masas populares --de las cuales correríamos el riesgo de olvidarnos de otorgar demasiada atención a asuntos políticos o «abstractos»--, es un poco deplorable que el documento no haya ido más lejos en desmenuzar problemas sociales con un mínimo de detalle. Y, puesto que proclama y preconiza un acercamiento al PSOE, podrían muy bien decirnos en qué puntos ese partido comparte nuestra preocupación por el desempleo, la situación de los sin-techo, los derechos para los inmigrantes, la implementación del derecho al trabajo para todos; en qué facetas de su reciente política gubernamental se ha plasmado tal preocupación (porque, ¡señores!, el PSOE no abandonó el gobierno hace cien años, ni hace diez años, ni siquiera hace un año).

Tampoco resulta satisfactorio ni razonable que se haga esa rápida y superficial amalgama entre `los problemas sociales' y los modelos de financiación autonómica. En las circunstancias actuales, el incremento del margen de autonomía financiera y fiscal de los gobiernos regionales repercutirá en un ulterior empeoramiento de la política social. Sin embargo, eso no tendría por qué ser así forzosa e inevitablemente. En un marco diferente podría suceder de otro modo. Podría la ley obligar a las comunidades autónomas a tener una estructura de sus respectivos presupuestos que primara el gasto social y previera debidos ajustes entre las regiones.[2]

Siendo el tema de la financiación autonómica un asunto grave, es en sí diferente del de «los problemas sociales» y más vale no confundirlos (aunque sí se determinen las relaciones que los ligan).

Pasemos, pues, al segundo párrafo:

La aparición permanente y preferente de IU en relación a temas como el GAL supone pérdida de peso social de IU y posibilidades reales de luchar por la democracia plena desde posiciones más asentadas socialmente. Afirmamos la necesidad, en estos temas, de insistir en la clarificación de hechos y depuración de responsabilidades, pero entendemos que IU debe hacerlo desde una realidad política y organizativa más conectada a problemas generalmente sentidos.

Aunque ese párrafo no es un dechado de claridad precisamente, es difícil no leerlo en el sentido de un reproche apenas velado a la línea de la dirección federal de IZQUIERDA UNIDA (¿o nos dirán los autores del documento que el que se pica ajos come?); la cual habría puesto demasiado énfasis en «temas como el GAL», cosa que quita peso social a IZQUIERDA UNIDA y le resta posibilidades de luchar por la democracia plena desde posiciones «asentadas» socialmente, desde una «realidad política y organizativa más conectada a los problemas generalmente sentidos».

O sea, que el del GAL no es un problema generalmente sentido, y el hablar demasiado de ese asunto divorcia a IZQUIERDA UNIDA de la masa, le quita base social y hasta organización (u organización «conectada» con los problemas sociales, generalmente sentidos).

No sé cuánto autorizarían los autores del documento a hablar de «temas como el GAL»: si un 17,8% de lo que uno diga, o un 41,2%, o qué. Mas, sea ello como fuere, es un poquillo sorprendente que se planteen así las cosas. Nadie decide dedicar tal o cual porcentaje del conjunto de su discurso a hablar de un tema u otro. Están las prioridades; mas luego una fuerza política ha de ajustar esas prioridades a la temática que está sobre la mesa. Si una fuerza política, por muy «de izquierda» que sea o se diga, cuando están en candelero problemas como el terrorismo de estado, la muertes, torturas y salvajadas perpetradas por las fuerzas represivas de la monarquía, se lava las manos y repite, como un disco rayado, que lo suyo es el empleo, el acceso a una vivienda para todos etc, entonces esa fuerza se divorcia de la realidad; y, en nombre de lo «concreto», cae en una pura abstracción.

Y es que los problemas sociales están íntimamente relacionados con «temas como el GAL». Que las fuerzas policíacas del poder político se entreguen --contra ciudadanos tratados por ellas como súbditos-- a tropelías que han llegado a secuestro en las condiciones más infamantes, torturas espeluznantes, y asesinatos; que eso suceda cuando esas mismas fuerzas represivas han sido en nuestra Patria durante cuatro decenios los dóciles instrumentos de un Estado ilegítimo feroz que diezmó, humilló y aterrorizó al pueblo español; que pase todo eso con el aval y visto bueno de las más altas autoridades del Estado; eso nos coloca a todos, a cada uno de los hombres y mujeres de España, ante una amenaza terrible, la de ser igualmente víctimas del terrorismo de Estado.

De echarse en saco roto esa oleada de crímenes organizada por el poder, de otorgarse un espaldarazo implícito, por vía de silencio, a tales desmanes; de hacerse eso, estamos amenazados, nuestra integridad y nuestra vida están a la merced de los omnipotentes «tontons macoute» del sistema que padecemos. Y, si es un derecho social el que tenemos a un puesto de trabajo, a una vivienda digna, a asistencia sanitaria, a la jubilación, a la educación, no es menos derecho el que tenemos a que no nos maten, torturen, secuestren y maltraten. Al revés, estos últimos son derechos prioritarios.

Pero hay más. En un Estado que, presumiendo de democrático, necesita camuflar esas fechorías --al no poder exhibirlas ni jactarse de ellas--, la carta blanca dada por la cúpula del poder político a los malhechores de las fuerzas represivas no podía llevarse a cabo sin comprar silencios y connivencias, lo cual ha demandado una generalizada corrupción que ha devorado cientos de miles de millones de _s, englutidos en las arcas de los capitostes de esas fuerzas represivas, y otros potentados de la dministración y sus aledaños, así como sus colaboradores, sicarios y esbirros encopetados; todos ellos en conchabanza con la mafia, los gángsteres, traficantes de drogas, contrabandistas y demás jerifaltes de la delincuencia organizada.

Eso ha significado que nuestra Patria ha perdido --para las actividades lícitas de la administración, para la defensa de nuestra industria y de nuestra agricultura, y para el gasto social-- una suma colosal, pavorosa, que, bien empleada, nos hubiera permitido capear temporales, dar amparo a los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad, proteger a nuestro tejido productivo.

Hay más. Aunque el GAL en sí es cosa del pasado, las mafias policiales, las bandas de cabezas rapados, las fechorías protegidas, avaladas o favorecidas por los poderes públicos siguen siendo tema de desgraciada y recurrente realidad. No ha habido diferencia al respecto entre los gobiernos reaccionarios de turno (PSOE y PP). Quitar sordina a lo del GAL daría pie a que se pasara por alto esa amenaza fascista. Y es un problema social. Para Susana Ruiz, David García, David Affonso, David Martín, para los familiares de esos jóvenes inocentes, de la dominicana Lucrecia, de los magrebíes, angoleños, latinoamericanos y otros hermanos oriundos de países del sur que han sido víctimas de esa violencia, es un problema social. Y para cada uno de los que tienen un hijo o una hija de edad juvenil está ese peligro (hoy es a ellos a quienes amenaza).

¡Prosigamos!

Debe ser tenido en cuenta por IU, el interés de determinadas líneas editoriales cercanas a los grandes partidos, en hacer aparecer a IU como fuerza ligada a valores éticos y democráticos solamente, al tiempo que nos descalifican en nuestra capacidad alternativa general.

Si ese interés `debe ser tenido en cuenta' será seguramente para evitar caer en esa trampa; para reafirmar la capacidad alternativa general de IU. Y el contexto insinúa (no clara, mas sí oscuramente) que esa capacidad pasa por el acercamiento al PSOE.

Lo que parece preocupar a la comisión permanente es que IZQUIERDA UNIDA se perfile como la formación de los ideales, de los valores éticos impotentes, sin capacidad para imponerlos en una política gubernamental. Ahora bien, mis queridos señores, si una formación política ha de estar inspirada en los ideales de progreso social que presidieron la creación de IZQUIERDA UNIDA, ha de dar una prioridad sin reservas a su adhesión total a principios y valores ético-sociales, a un criterio humanitario, generoso, equitativo, recto, o sea al valor de la justicia, y dentro de ella a esa faceta que se ha dado en llamar `justicia social'.

Cuánto pueda plasmarse eso en políticas que apliquen unos u otros órganos del poder político es asunto de menor importancia. Cada momento tendrá lo suyo. Son muchas las maneras en que avanza la colectividad humana en su empresa multisecular, milenaria, de liberarse de las opresiones e injusticias. Unas veces acceden al poder político (por breve tiempo, hay que decirlo) los adalides de la empresa emancipadora. Las más veces, sin embargo, no es así; mas esos adalides, desde la oposición, consiguen, con su crítica, con su tesón en la protesta y la denuncia, que los mismos de arriba se vean poco a poco forzados a cambiar de política.

Así se consiguió poner fin a la esclavitud, la supremacía masculina (aunque en la realidad ésta aún subsista en cierta medida), la explotación colonial, las jornadas laborales extenuantes, etc.

Si una fuerza política de progreso opta por el pragmatismo, por el ansia de llegar a corto plazo a compartir el poder con quienquiera que, en las declaraciones vagas, diga simpatizar a grandes rasgos con alguno de sus ideales, esa fuerza estará hipotecando sus posibilidades de influir poderosamente en la evolución real, política, de su sociedad. Quienes con su noble empeño y su incansable campaña lograron el siglo pasado la abolición de la trata de negros, luego de la esclavitud, los comienzos de la legislación laboral, etc, no hubieran conseguido nada --porque no habrían tenido credibilidad-- si hubieran sido pragmatistas que, ávidos de repartirse parcelitas de poder, hubieran puesto sordina a la defensa de esos altos valores e ideales ético-sociales.

¡Sigamos adelante! Hoy ya mucha gente se está dando cuenta de cómo la nueva fase de integración paneuropeísta --encarnada en el tratado de Maastricht-- es el instrumento del gran capital para, llevando a cabo una tremenda regresión social, concentrar el poder económico y, de facto, político en manos de los tecnócratas bancarios paneuropeos, que no tienen cuentas que rendir a los electores, yugulándose así las posibilidades de evolución progresista en los países latinos y mediterráneos del tinglado paneuropeo (países donde las fuerzas de avance social son, en la actual etapa histórica, cientos de veces mayores que en los países septentrionales). Porque --al significar de hecho la pérdida de la independencia de las naciones-- el tratado de Maastricht supedita las menos fuertes a las más fuertes (teniendo éstas, como tienen, la sartén por el mango, sin más que ejercer una presión económica); y supedita los pocos países donde hay fuerzas de orientación igualitaria con peso social (Francia, Italia, España, Portugal, Grecia) a la masa predominante de la Unión paneuropea, de sesgo mucho más reaccionario social y políticamente. En ese marco, sorprende que los autores del documento aquí comentado nos digan:

Hay falta de rigor de izquierda. No vale por único discurso la enumeración de las dificultades generales. Todo sucede en el Mundo. En Europa Maastricht determina fuertemente. Pero antes de Maastricht había ya derecha y políticas de derechas. Oponerse a través de lo concreto implica poner a la derecha y sus políticas como responsables de lo que hay. Si no es así, puede interpretarse que antes del 92 esto era el paraíso.

¡Miren, señores! cada vez que las clases dominantes reaccionarias, las oligarquías adineradas que de hecho monopolizan el poder, perpetran una nueva agresión contra los de abajo, cada vez que quienes defienden a éstos llevan a cabo una lucha contra esa nueva agresión, puede siempre decirse que lo de antes no era jauja. Y no lo era, claro. No era jauja la situación de los trabajadores españoles antes de la contrarreforma laboral. Pero a nadie se le ocurriría sacar de ahí la conclusión de que la nueva agresión carece de importancia. Ni, menos, que haya que aceptarla. Uds están dando a entender (sin decirlo abiertamente) que hay que dejar de lado la lucha contra Maastricht o amortiguarla. Están en su derecho. Mas traten de convencernos de que lo de Maastricht es bueno, que aporta tales o cuales mejoras sociales; no que ya antes estaban padeciendo los de abajo situaciones «no paradisíacas».

Tras unos párrafos sobre los sindicatos y el acuerdo acerca de las pensiones (párrafos que hay que releer un montón de veces para ver qué se está queriendo decir en ellos) encontramos esta perla:

El movimiento obrero europeo y español lleva muchos años retrocediendo. Aquí se ha negociado en falso salario por empleo. Las direcciones sindicales eran otras. No se trata de buscar responsables, sino de asumir nuestra historia íntegramente y ser solidarios en la reponsabilidad colectiva.

No se trata de buscar responsables pero se buscan. La culpa del pacto actual es de Marcelino Camacho, quien negoció «en falso» salario por empleo. Dejo de lado a qué episodios de la lucha sindical se pueden estar refiriendo. Una fuerza que lucha por los legítimos intereses de los oprimidos está constantemente ante opciones duras, dilemas. Si no accede a ciertos compromisos, corre el riesgo de llevar a aquellos a quienes representa a enfrentamientos excesivamente fuertes para los cuales no están preparados, y en los cuales la dirección podría no ser respaldada; si, por otra parte --en aras de evitar ese peligro-- se hacen demasiadas concesiones, puede uno no cumplir su misión adecuadamente y dar pie a que otros --acaso no los mejor cualificados, ni siempre los más honrados o los más serios o los más racionales-- se encaramen a un liderazgo de masas que tal vez no merezcan o que no sea conducente a un avance de las buenas causas.

Cogido en ese dilema, un sindicato como CC.OO. puede que haya cometido errores. Sería muy difícil la valoración detallada de cada acuerdo, en cada coyuntura.[3] Mas es absurdo achacar a acuerdos o negociaciones de hace lustros o decenios lo que se pacta hoy en detrimento de los trabajadores. Cada etapa de la lucha de un pueblo tiene sus tareas. No hay motivo para que, aunque se hayan cometido errores en el pasado (que si eso es así, o no, habría que investigarlo reposada y objetivamente), o porque se hayan cometido, hacer hoy dejación de principios sociales justos, consintiendo en un pacto de pensiones socialmente regresivo.

Ni ve uno muy bien a santo de qué ese puyazo a la anterior dirección de CC.OO. cuando los autores del documento dicen que respecto al pacto `nuestra valoración es crítica'. ¡Bueno! No lo ve uno muy bien, salvo cuando se percata de que que esa crítica está edulcorada, aguada, desleída y difuminada; y entre los ingredientes de esa difuminación está el injusto e irrelevante ataque contra Marcelino Camacho.

Ya para terminar, un comentario más. Refiérese a si la política de la comisión permanente de IU-CM es diferente o no de la de IZQUIERDA UNIDA en el plano federal:

Todas estas opiniones y otras han sido manifestadas en diversas ocasiones a la dirección federal, tanto colectivamente como a alguno de sus miembros, incluido el coordinador general. Nunca nos han manifestado objeciones de fondo y muchas veces ni de matiz, por lo que entendemos que nuestra posiciones caben en el discurso federal, matizándolo pero sin romperlo.

Mas, si es así, ¿a santo de qué toda esa serie de andanadas apenas veladas contra la política de la dirección federal de IZQUIERDA UNIDA? ¿Por qué no se encuentra ni un solo punto positivo en que elogiar a esa política (salvo el de no haber manifestado crítica dura a la dirección de Madrid) y todo el haber positivo se proclama ufanamente como patrimonio de la comisión permanente de IU-CM?

En realidad, la impresión que uno extrae (o la que extraigo yo por lo menos) es que la buena educación, la cortesía, la diplomacia compañeril de la dirección federal han sido interpretadas por la comisión permanente de IU-CM según el principio de que el que calla otorga; y «callar» es hacer una crítica en términos suaves, no hirientes, hacerla con ganas de no ofender, de no provocar tirantez.

Sea como fuere --para que mi propio silencio no sea interpretado como un aplauso tácito a las posiciones de la comisión permanente de IU-CM--, he creído menester hacer este comentario crítico (aunque sin faltar a las normas de debate razonable, sin improperios, sin palabras ofensivas).[4]

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Director: Lorenzo Peña