Hace en estos momentos veinte años, a las diez y media de la noche del 24 de enero de 1977, un comando terrorista de extrema derecha autodenominado «Comando Roberto Hugo Sosa», vinculado a la Alianza Apostólica Anticomunista, penetraba en el despacho de abogados laboralistas de Comisiones Obreras sito en la calle Atocha, número 55, de Madrid, en busca del dirigente comunista Joaquín Navarro, quien dirigía una huelga en el sector del transporte que lo enfrentaba a los burócratas del Sindicato Vertical.
Sin embargo, cuando sonó el timbre de la puerta, Joaquín Navarro ya no se encontraba en el despacho. Al abrir Àngel Rodríguez Leal, trabajador despedido de la Telefónica, dos hombres jóvenes le pusieron una pistola en la sien, tras lo cual irrumpieron en el local arrancando los cables del teléfono y recorriendo todas las habitaciones para congregar en el recibidor a quienes encontraban a su paso. Al más joven de los dos se le escapa un disparo al tropezar.
-- ¿Quién de vosotros es Navarro? --gritaron.
-- Navarro no está.
-- Las manitas, las manitas --ordenó el que llevaba la voz cantante--, arriba, arriba...
Sin mediar palabra, a quemarropa y apuntando, los dos terroristas abrieron fuego contra las nueve personas que habían estado en el despacho. Nueve cuerpos quedaron amontonados tras el estruendo de las balas sobre un enorme charco de sangre; dispararon a conciencia.
Entre ellos, se encontraban cinco cadáveres, los de los letrados Francisco Javier Sauquillo, Luis Javier Benavides, Serafín Holgado, Enrique Valdevira y el trabajador Àngel Rodríguez Leal. Junto a ellos, mezclados vivos con muertos y gravemente heridos, se encontraban los abogados Luis Ramos, Miguel Àngel Sarabia, Alejandro Ruiz-Huerta y la abogada embarazada María Dolores González. A continuación, los asaltantes se perdieron en la noche madrileña. Al día siguiente, el atentado sería reivindicado mediante llamada telefónica en nombre de la fantasmagórica Alianza Apostólica Anticomunista, una definición tras la que muchos veían a los Servicios Secretos franquistas.
Según la sentencia judicial dictada en febrero de 1980, la matanza de Atocha había sido «encargada» por el secretario provincial de Madrid del Sindicato (vertical) de Transportes, Francisco Albadalejo Corredera; la ejecutó un comando compuesto por Fernández Cerrá y Carlos García Juliá, que dispararon mientras Fernando Lerdo de Tejada vigilaba desde la puerta; y contó con la complicidad de Leocadio Jiménez Caravaca y Gloria Herguedes.
El tribunal se ciñó a la tesis de un enfrentamiento entre sindicalistas de derecha y progresistas, y toda la trama política de la masacre quedó «tapada» hasta que el 24 de marzo de 1984 una revelación publicada por el diario romano Il Messaggero destapaba la caja de los truenos. Al día siguiente, el corresponsal del diario «El País» en Roma enviaba la siguiente crónica:
«Un neofascista italiano disparó contra los abogados de la calle de Atocha, según un arrepentido: Fue un terrorista neofascista italiano quien disparó las ráfagas de ametralladora [metralleta] contra el grupo de abogados de la calle de Atocha, de Madrid, el 24 de enero de 1977, según unas revelaciones hechas ayer por el diario Il Messagero. El diario revela que a dicha conclusión han llegado los magistrados Pier Luigi Vigna, de Florencia, y Alberto Macchia, de Roma, quienes desde hace años investigan juntos sobre la subversión fascista italiana y sus conexiones con el extranjero. La noticia sobre la presencia en la calle de Atocha de un terrorista fascista italiano («ya muy conocido en este país por varias acciones de violencia criminal» --según Il Messaggero) se la ha dado a los jueces un fascista italiano «arrepentido» que está colaborando con la Justicia. Por ahora, los magistrados mantienen silencio y la única prueba está fundada sobre estas revelaciones periodísticas que Il Messaggero anunció ayer con relieve en la primera página.
Los jueces citados están convencidos de que el caso Atocha, donde murieron cinco abogados, es sólo un primer eslabón que conduce mucho más lejos; es decir, a la existencia de una verdadera banda de neofascistas italianos que, en nombre de la Internacional Negra, han llevado a cabo atentados sangrientos en varios países europeos. Por lo que se refiere a las presuntas confesiones del fascista arrepentido, ahora se recuerda que las autoridades españolas no habían respondido a los magistrados italianos cuando éstos se habían preguntado cómo se explicaba que el jefe militar de Ordine Nuovo, Pier Luigi Concutelli, poseía al ser detenido en Roma la metralleta Ingram M-10, conocida como Marietta, el mismo tipo de arma que sirvió para asesinar a los abogados españoles.
El primer sospechoso de ser el «italiano de Atocha» fue Stefano delle Chiae, (a) «Il Caccola» («caquita»), miembro fundador de Avanguardia Nazionale y con una larga carrera como terrorista internacional de extrema derecha: en 1970 colaboró en un golpe de estado en Italia, como lugarteniente del «Príncipe Negro», Junio Valero Borghese (muerto en su chalet de Cádiz en 1982), acto en que robó armas de la armería del Ministerio del Interior para entregársela a los 197 guardias forestales de la Cittá Ducale que eran la «fuerza de choque» del golpe. Participó en los nuevos intentos golpistas de la organización subversiva Rosa dei Venti (Rosa de los Vientos, emblema de la OTAN y la CIA), constituida en 1970 por miembros de la extrema derecha y militares, que organizó otro complot en Italia a mediados de 1973. Relacionado indirectamente con la «operación Gladio» (militares de la OTAN que preparaban un golpe de estado por si el democrático PCI ganaba las elecciones), llegó a Barcelona en 1973 junto con otros activistas del fascismo italiano a través de la empresa de import-export ENIESA, que les desplazaba tanto a ellos como a su armamento, y fue el «creador técnico» de la organización de la extrema italiana en Madrid durante 1974 y 1975, que tenía como base de operaciones la pizzería Il Appuntamento en la calle Marqués de Leganés, nº 6, de Madrid. Pronto este restaurante se convertiría en el punto de reunión de toda la extrema derecha italiana y española, entre estos últimos un buen grupo de policías de la entonces Brigada Político-Social de Madrid en busca de mercenarios para llevar a cabo atentados ultras (según el juez Pier Luigi Vigna).
Ya en 1972 los neofascistas italianos habían empezado a realizar operaciones para el SECED (los servicios secretos españoles), muy escaso de medios, y a cambio pudieron imprimir su revista Confidencial (Confidentiel), principal órgano de expresión de los neonazis europeos, en la Imprenta Militar Española, mientras que el propio Carrero Blanco les dejaba Radio Exterior de España para lanzar sus proclamas en italiano, inglés y francés, bajo responsabilidad de Vincenzo Vinciguerra, implicado en la matanza de Peteano. Según afirmaría el propio delle Chiae, años después, «Yo y otros entramos en España con la aprobación del Generalísimo Franco y por esto no necesitábamos otros apoyos».
En rebeldía, fue condenado por los tribunales de Justicia italianos por los siguientes delitos: el 5-6-76, 2 años de prisión en el proceso contra Avanguardia Nazionale; el 7-5-77, 3 años por el atentado contra una escuela de Roma en 1969; el 14-6-78, 5 años por el «golpe Borghese»; se dictaron contra él órdenes de busca y captura por el asesinato de Occorsio (marzo 1982), la matanza de la estación de Bolonia (abril 1982), que causó cientos de víctimas, y la matanza de la plaza Fontana (diciembre 1982). Fue procesado por el atentado sufrido por el presidente de la Democracia Cristiana chilena (opositor «suave» de Pinochet») en mayo del 83, aunque al final fue absuelto.
Existen pruebas fotográficas que demuestran su participación en los sucesos de Montejurra de 1976 y declaraciones del entonces comisario general de Información, Roberto Conesa, que lo relacionan con los servicios de seguridad españoles, y especialmente con el Ministerio de la Gobernación del entonces muy franquista Manuel Fraga Iribarne, actualmente presidente de la Comunidad de Galicia. El sumario abierto por el asesinato del diputado abertzale Santiago Brouard por el GAL contiene su nombre y el de otros neofascistas italianos en España como posibles ejecutores. Su historial es mucho, mucho más largo.
En enero de 1977, trece días antes de «lo de Atocha», delle Chiae se encontraba innegablemente en Madrid como está reflejado en el archivo de la Comisaría General de Información de esta ciudad.
La presunta implicación de estos «refugiados» italianos en España (especialistas en masacres multitudinarias, como hemos visto; en ese sentido, lo de Atocha fue un «asunto menor»), no fue tenida en cuenta por el tribunal que juzgó los hechos en 1980. Uno de ellos, Pietro Benvenuto, fue detenido por este motivo y puesto en libertad después del interrogatorio.
Entonces, el oscuro contexto del quíntuple asesinato quedó cegado en una vista oral rutinaria que dejó sin respuesta las siguientes incógnitas: conexión política de los procesados, supuestas complicidades de miembros de la Policía, el origen de las armas presuntamente utilizadas en el crimen y el destino de los fondos obtenidos mediante una cuota ilegal (más de 1000000 de pesetas de 1977, sin justificar) que cobraba el antiguo Sindicato (vertical) de Transportes de Madrid.
Durante la vista oral fueron llamados a declarar los máximos dirigentes de Fuerza Nueva y los policías José Antonio González Pachecho (a) «Billy el Niño» y José Luis González Gay, sin que se vislumbrara conexión alguna. Las municiones recogidas en el lugar del crimen eran del mismo tipo que las suministradas a jefes y oficiales del Ejército. Las armas supuestamente usadas en el crimen tenían origen desconocido. La pistola Browning F/N de 9mm Para, empleada por José Fernández Cerrá había sido encontrada «en la calle» y la Star disparada por Carlos García Juliá, con la que remató a los abogados Francisco Javier Sauquillo y Serafín Holgado «fue hallada en Canarias, mientras hacía la mili».
El servicio de Intervención de Armas de la Guardia Civil no pudo determinar su propietario. Una Ingram M-10, usada también en el crimen, pudo ser la que apareció en manos del neofascista italiano Concutelli. Poseían otras armas, además; a uno de los inculpados (falleció antes del juicio) se le ocuparon seis armas cortas, tres con el cargador ajustado y bala en la recámara.
Los cinco ultras sentados en el banquillo, Fernández Cerrá, García Juliá, Leocadio Jiménez Caravaca, Francisco Albadalejo Corredera y Gloria Herguedas, tenían conexiones políticas directas con la Guardia de Franco, Falange Española de las JONS y Fuerza Nueva. Varios de ellos formaron parte de los servicios de seguridad de Blas Piñar y Raimundo Fernández Cuesta, dos dirigentes que negarían toda vinculación política o personal con los acusados.
Hoy, veinte años después, sólo cabe el recuerdo de cinco seres humanos que dieron su vida por las libertades para todos los españoles y la incómoda sensación de que en España muchos crímenes quedaron sin justicia. El saber que hoy otras bandas de asesinos siguen medrando en España no hace otra cosa que amargar aún más esa memoria.
A LA MEMORIA DE LOS COMPAÑEROS:
- FRANCISCO JAVIER SAUQUILLO
- LUIS JAVIER BENAVIDES
- SERAFÍN HOLGADO
- ENRIQUE VALDEVIRA
- ÀNGEL RODRÍGUEZ LEAL
brutalmente asesinados por el fascismo por su lucha en defensa de los derechos de los obreros, la libertad y el Socialismo. Recordemos también los nombres de Luis Ramos, Miguel Àngel Sarabia, Alejandro Ruiz-Huerta y María Dolores González (y el niño que ésta llevaba en su seno), quienes salvaron sus vidas pese a las graves heridas que sufrieron en la misma acción criminal.Nota al pie 3_1
Valencia, 24 de enero de 1997