Hay que ser más cuidadoso a la hora de dar la idea de que el PP (pág. 8, columna B, de la edición a imprenta), en una primera fase, esta tratando suavemente, con guante blanco, las cuestiones sociales y el desmantelamiento del Estado del Bienestar. La ofensiva es muy dura y las consecuencias no insignificantes, pudiéndose citar como ejemplos la congelación de los sueldos de los funcionarios, el recorte de las pensiones, la reforma laboral, la reforma fiscal, los recortes presupuestarios (enseñanza), la privatización de gestión de la sanidad, el traspaso a la Mutuas de la incapacidad laboral transitoria, la revisión de las pensiones de invalidez (pendiente, pero ya ha comenzado la campaña). Todas estas medidas, más las que se anuncian en el Programa de convergencia 1997/2000, constituyen una muy firme y decidida ofensiva neoliberal, que no cabe minusvalorar, con independencia de la estrategia a largo plazo del PP y de lo que pueda suceder en el futuro.

Es cierto, sin embargo, que tal ofensiva se está dando en un clima de «sosiego» o de «paz social», con el espaldarazo que supone la firma de 5 acuerdos (entre ellos el de las pensiones y la reforma laboral para el abaratamiento del despido) por parte de los sindicatos mayoritarios, en un solo año de gobierno, y la tibia o nula respuesta a procesos importantísimos como las privatizaciones y el desmantelamiento del sector público, sin que exista una correlación lógica entre las agresiones consumadas y la respuesta política y social.

La situación descrita, que contrasta fuertemente con las 4 huelgas generales convocadas contra gobiernos del PSOE por medidas similares, no puede justificarse de manera simplista, como hace el informe, con el manto de la «debilidad de la izquierda» y la «desmovilización social», sin entrar en sus causas. Hay que analizar las razones de esta situación, que tiene, por un lado, causas objetivas (destrozos del PSOE, paro, precariedad, hegemonía neoliberal...) y, por otro, es en gran medida responsabilidad del propio comportamiento de las organizaciones de la izquierda, en particular de las direcciones de los sindicatos. La historia reciente, desde la última huelga general del 27-E de 1994, brinda argumentos sólidos (desmovilización posterior, llamamiento al sosiego, Pacto de Toledo, distancias con IU, etc.).

En el informe hay una sobrevaloración de la estabilidad política y de la amenaza de la consolidación del «bloque conservador neoliberal». Sin menospreciar el peligro que ello representa, entendemos que la situación es más inestable de lo que se sugiere, entre otras razones, por la debilidad parlamentaria del Gobierno, los conflictos continuos con los nacionalistas de derechas y la capacidad de la socialdemocracia para recuperarse de pasadas derrotas (empate técnico del PSOE y el PP en las encuestas, Francia estos días, victoria de Blair).

Por otro lado, se pasa por alto la desoladora política del PSOE en sus años de gobierno y los destrozos que ha causado, sin dejar de reconocerle ahora el marchamo de «izquierdas», pese a seguir el «felipismo» campando por sus respetos. En particular, el informe pasa sobre ascuas por la atmósfera de corrupción que ha presidido la vida española en los últimos años», sin examinar las implicaciones y la extensión del fenómeno.

Se puede decir que la parte analítica del informe, tanto por sus afirmaciones como por sus carencias, tiene la intencionalidad de preparar el terreno para la política de pactos a tumba abierta con el PSOE, que la actual mayoría defiende y está impulsando en los ayuntamientos de la Comunidad.

Sobre la reforma laboral, el texto representa un intento de respetar la crítica federal al acuerdo y, al mismo tiempo, de marcar distancias con ella para congraciarse con el sector oficial de CCOO. Comienza su valoración curándose en salud, «compartiendo la preocupación y asumiendo corresponsablemente la valoración crítica ya expresada por los órganos federales», para aducir, a renglón seguido, la justificación de: «la debilidad de la izquierda social y política y su carencia de respuesta». Ni una palabra sobre las responsabilidades de las direcciones de CCOO y UGT en esa «carencia de respuesta». Por el contrario, aludiendo de paso al «chantaje previo y amenazante del Gobierno del PP» con el mensaje subliminal del «podría haber sido peor», nos previenen contra la tentación de «responsabilizar a éstos (a los sindicatos, no a sus direcciones) de la debilidad del conjunto de la izquierda».

La ambigüedad, tan propia de la mayoría actual de IU-CM, no acaba de ocultar, pues, su inclinación a la derecha. El cambio del texto original sometido a discusión, en el que se afirmaba que nos hallamos ante «un acuerdo que políticamente favorece objetivamente al gobierno del PP» por el texto definitivo --«un acuerdo que puede favorecer al gobierno del PP, si consigue capitalizar la idea del diálogo social...» es una concesión injustificada a NI --la «oficial» del PDNI y la sumergida o amparada en la actual mayoría de IU-CM-- y a los defensores a ultranza de Gutiérrez: la reforma refuerza al PP y debilita objetivamente a los trabajadores. Por otro lado, el informe se desmarca de la resolución de la Presidencia Federal de IU, pues en ésta no se justifica la firma por «el contexto general de desmovilización social» (pág. 12, B), ni busca una disculpa en el hecho de que «el proceso de negociación seguido no tiene una lógica ajena a la realidad existente, en cuanto a la debilidad de la izquierda social y política y su carencia de respuesta (pág 12, A)».

No cabe escurrir el bulto, como hace el informe, propugnando superar «el debate inmediato, a menudo jurídico-formal, ..., y evitando ser un componente del debate sindical, que no somos en forma alguna (pág 13, A)». ¿Se pretende acaso que IU no tenga opinión sobre cuestiones que afectan al movimiento obrero?. ¿Qué significa que «obviemos la simplificación...» (pág 13, B)?

Desde la pág 12, B («Resumiendo nuestra posición...») el texto del informe no tiene desperdicio como crítica larvada a la posición federal y apoyo indirecto al sector mayoritario de CCOO y como un ejercicio de funambulismo para eludir compromisos y adoptar posturas firmes (rasgo de las terceras vías).

Por otra parte, la discusión de la reforma en IU ha repetido un debate viciado que ya tuvo lugar con el Pacto de Toledo. Hay que combatir la versión de que criticar a las direcciones de UGT y CCOO es enfrentarse a los sindicatos. IU defiende y apoya a los sindicatos como organizaciones obreras, y discrepa o coincide con las direcciones y sus sectores internos según lo que sostengan unas y otros. Hay que acabar con el maniqueísmo de que no apoyar a Gutiérrez es confrontarse con los sindicatos. El todo, los sindicatos, no es igual a sus partes, los sectores sindicales.

Es cierto que la batalla por el control de los medios de comunicación es una confrontación de bloques con enormes intereses políticos y económicos en juego (pág 7, B), pero de ahí no cabe concluir que IU no debe optar. IU ha de defender sus propuestas frente a esos bloques, pero si surgen cuestiones de interés general, como el descodificador único o la ley del fútbol, IU ha de apoyar aquello que favorezca a la mayoría de los ciudadanos. Hay implícita en el texto una crítica a las decisiones de la Presidencia y el Grupo Parlamentario federales, que no compartimos. El texto hace concesiones a NI (la influencia de sus antiguos componentes en la mayoría actual vuelve a ponerse de manifiesto), comprometida con la defensa del grupo PRISA. López Garrido es uno de los firmantes/contribuyentes del manifiesto de Polanco.

Cabe coincidir con la primera parte analítica del epígrafe UNA ESTRATEGIA. LA IZQUIERDA (pág 13 y 14, A) pero hay que discrepar del resto por sus implicaciones políticas. El análisis de la situación --avance de la derecha, debilidad de la izquierda-- es, en general, correcto. Pero cuando se pasa de ese análisis a la cuestión fundamental de «qué hacer», la respuesta es incorrecta y confusa. Incorrecta, porque se busca básicamente el acercamiento al PSOE para instalarse en las instituciones, y confusa porque se hace un uso indiscriminado de la «izquierda», al margen de contenidos políticos y mirando a otra parte ante todo lo que implica el vigente «felipismo».

Las págs 14 B, 15 y 16 A, del epígrafe sobre estrategia son un perfecto galimatías, de los habituales que nos brinda la actual mayoría. De gran ambigüedad, el texto desorienta y confunde más que aclara. Como siempre, se dice todo: una cosa y su contraria, para impedir un debate clarificador. Sin embargo, se puede detectar un rechazo a la línea federal (más concretamente a Julio Anguita) y una marcada orientación derechista «Sólo el movimiento genera cambios, no los análisis, ni la «razón» por serlo»; «No podemos entender la política como la constatación de las diferencias entre fuerzas políticas»; «Quien espera que alguien abdique de su política...». Estos y otros párrafos pretenden distanciarse del discurso general propagado por Julio Anguita en representación de la mayoría federal.

Al mismo tiempo, al resaltarse la importancia del día a día, del actuar localmente, de la aplicación del proyecto federal desde las partes, de situar a IU en la realidad, se apuesta por una opción institucional y administrativa de la política. Es significativo que en ninguno de los textos de la actual mayoría se conceda importancia a la movilización, con lo que implica de tareas y de objetivos políticos. El último informe del CPR no es una excepción.

A este respecto, el apartado UN NUEVO MODELO DE RELACIÓN CON LO SOCIAL, fuera del planteamiento inicial --cómo relacionarse con las organizaciones sociales--, es una catarata de palabras, cuyo significado político, mas allá de lo obvio, es de difícil comprensión, aunque no está exento de intencionalidad y contradicciones. Así, se concluye (pág 18, B, final) que «IU-CM no es, por tanto, un marco de confrontación o resolución del debate social», pero ello no impidió, por ejemplo, que el Coordinador general reuniese a los adscritos del sector oficial de CCOO en la sede de Fray Luis de León. En las Asambleas hay que reclamar que un alma caritativa descifre los textos.

Hay implícita en el texto --el proyecto federal se construye y aplica desde las partes-- una interpretación del federalismo más que discutible, que también se sostiene en los textos de las jornadas de Organización y Finanzas, cuando se habla de pluralismo federal.

Aunque es un tema difícil de concretar y propenso a la ambigüedad, está claro que la mayoría actual de IU/CM apuesta más, expresándolo escuetamente, por la soberanía de las federaciones que por la soberanía del federal, en discrepancia con lo que sostiene la Plataforma. Con todo, nuevamente se destaca la forma tortuosa y espesa con que se aborda o insinúa un tema de enorme importancia en IU, como ponen de manifiesto los acontecimientos (Galicia y otras Comunidades con mayoría PDNI).

Sobre política de acuerdos y pactos, frente al texto tergiversador y lleno de inexactitudes, cabe oponer la resolución de la Plataforma que, presentada al CPR, no fue repartida entre sus miembros. (Se adjunta como anexo).

Como es evidente y conviene dejar claro, nada tenemos contra los pactos con el PSOE, siempre que respondan a compromisos reales para hacer avanzar nuestras posiciones, con garantías de cumplimiento, y no sean meros acuerdos para ocupar instituciones bajo el manto de la «unidad de la izquierda».

Sobre PROPUESTA DE TRABAJO (pág. 24 y 25). Se destaca en la pág 13, B que «IU tiene un discurso coherente y alternativo, pero también grandes carencias en cuanto a su plasmación concreta (y) la priorización de sus políticas». A pesar de ello, el catálogo del epígrafe agota todos los temas posibles. No hay criterios de selección políticos en la retahíla de propuestas, con lo cual se deja sin dirección política a IU-CM: todo está contemplado, todo es necesario y nada es prioritario.

No podemos sino compartir los buenos deseos y actitudes del informe para el desarrollo de la V Asamblea, aunque reclamamos coherencia entre las declaraciones y los comportamientos. La Plataforma tiene fundados motivos para criticar el funcionamiento de IU-CM en lo tocante a las cuestiones democráticas. Para empezar, se le ha negado hasta ahora su reconocimiento estatutario y se emplea la fórmula manida de la «autodenominada» para referirse a ella. Las expulsiones de Alcalá y los numerosos expedientes abiertos han creado un clima de inseguridad impropio de una organización plural y democrática. Todos debemos contribuir al buen orden interno, respetando los estatutos y las pautas democráticas, pero la responsabilidad mayor de cuanto sucede, en lo bueno y en lo malo, corresponde a la mayoría actual. Es hora de que corrija actitudes y prácticas para que se hagan realidad los propósitos compartidos del informe sobre la V Asamblea.

Según las citadas fuentes, las negociaciones tenían la finalidad de llegar a acuerdos, entre ambas fuerzas políticas, para alcanzar el gobierno de aquellos Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid en que la suma aritmética de las dos formaciones lo permita, desalojando de los mismos al «gobierno de la derecha». También se hacía mención a la participación conjunta en el gobierno municipal, en los casos en que la alcaldía pertenezca ya a una de las dos formaciones.

Posteriormente ha habido declaraciones en prensa y televisión del Secretario General de la FSM, en las que se anunciaba un amplio acuerdo en ese sentido entre las dos direcciones regionales, y se daba cuenta de las posibles concreciones inmediatas del mismo en pueblos de la Comunidad, que ciertamente se han venido cumpliendo.

Desconocemos que haya habido un debate en el que los órganos de dirección de Iu-CM se pronunciaran al respecto, pero también es verdad que ni el Coordinador General --reiteradamente aludido y citado en las noticias-- ni la tan ágil en otras ocasiones Comisión Permanente han realizado NINGÚN DESMENTIDO, necesario para clarificar la imagen del JUNTOS PODEMOS que se está pretendiendo dar, si es que no se trata de eso.

También se habla de la creación de «mesas sectoriales», a fin de establecer políticas comunes y la unidad de acción «para frenar al PP», sin que en los órganos conozcamos el objetivo concreto de las mismas, sus contenidos, plazos que se han marcado, o si se pretende que sean «permanentes», etc. El Coordinador General de IU-CM ha dicho, según la prensa, que se trata de «debatir el Madrid del siglo XXI», mientras Lissavetzki apunta que «el proyecto es seguir trabajando para que los ciudadanos de izquierdas tengan una alternativa a la política conservadora del PP».

Queremos recordar que el procedimiento para llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas (bien sea a nivel municipal o autonómico), fue establecido por el Consejo Político Federal de IU en sus reuniones del 20 de abril y 4 de junio de 1995, con carácter vinculante para todas las federaciones, señalando, entre otras exigencias, que «la decisión de iniciar el diálogo con otras fuerzas políticas corresponde a la organización de cada ámbito territorial específico...», de manera que el proceso «nace o muere en la localidad», desarrollándose con la «participación activa de los afiliados en la toma de decisiones», pues «las fórmulas generales (gobernabilidad, estabilidad institucional, oposición a la derecha) no pueden justificar, en ningún caso, la formalización de acuerdos».

Tenemos la impresión, sin embargo, de que en la Comunidad de Madrid se está procediendo a la inversa y a instancias de la dirección regional (pese a no haberse decidido en ningún órgano), hasta el punto de que las presiones ejercidas sobre las organizaciones locales para que haya acuerdos, cumpliendo formalmente los requisitos federales, están provocando rupturas, tensiones y hasta medidas disciplinarias en un número creciente de ellas.

Que «la decisión de iniciar el diálogo» no ha partido libre y espontáneamente de las organizaciones locales --sobre la base de necesidades o situación específica de cada localidad-- lo demuestra el hecho de que todos los pactos se están produciendo o al menos se han iniciado prácticamente a la vez, de manera global e indiscriminada, incluso donde las condiciones objetivas no lo aconsejarían en ningún caso (Alcalá, Galapagar...) o donde para nada hacen falta para el «gobierno de la izquierda», ni un PSOE con mayoría absoluta tiene el más mínimo interés en facilitar el desarrollo de nuestro programa (Fuenlabrada) --salvo que existan contrapartidas en otros ámbitos territoriales-- pasando por Ayuntamientos con situación económica catastrófica, en los que cualquier política de progreso chocará con lo imposible. Con dos años de legislatura a la espalda, el coste, sin embargo, lo pagaremos también «equitativamente» y «a dos», y es de lógica que al más débil (cuantitativamente) le toque la peor parte.

La utilización de los estatutos (expulsiones, reprobaciones, suspensiones de militancia, etc.) para eliminar la disidencia, se está haciendo además de forma «selectiva», parcial y sesgada, causando un daño sin precedentes y de consecuencias imprevisibles a las organizaciones. Por poner algún ejemplo, el asunto Tres Cantos viene a la presidencia regional al día siguiente de producirse (sin dar tiempo siquiera a que se reuniera el Consejo local) --y de manera similar el de Leganés-- mientras que conflictos gravísimos como el que lleva meses gestándose en San Sebastián de los Reyes, o el de Manzanares el Real, los conocemos por la prensa.

Creemos que de confirmarse lo anterior --desgraciadamente los hechos lo están haciendo-- no nos encontraríamos sólo ante una violación de las decisiones vinculantes del máximo órgano de IU, sino también ante una política de alianzas profundamente errónea, que subordina a una supuesta «unidad de la izquierda» las posiciones políticas de IU-CM y la estabilidad y la convivencia en sus organizaciones, hipotecando sus posibilidades en futuros comicios.

Tampoco se puede seguir manteniendo la ficción de que existen decisiones «autónomas» de las organizaciones locales, con algunos conflictos «caseros» sin mayor importancia --que se resuelven en la Comisión de Garantías-- porque, muy al contrario, la intervención regional es manifiesta, sin que exista un control por parte de los órganos.

Concluyendo: la gravedad de la situación requeriría un debate en los órganos, que proponemos se haga a la mayor brevedad posible.