Una lectura retrospectiva de las informaciones concernientes a Albania que han aparecido en la prensa últimamente me ha planteado una serie de cuestiones que me gustaría compartir con el resto de mis conciudadan@s y por eso me he animado a escribir estas líneas.

Referidas a las elecciones que tuvieron lugar en el país balcánico el día 29 de Junio he leído en varios editoriales expresiones del tipo «relativamente limpias», «se han celebrado con las `mínimas condiciones de seguridad' tuteladas por las Naciones Unidas y la OSCE», etc. También, y según los observadores de la OSCE, «se han desarrollado de una manera razonablemente ordenada, a pesar de algunos incidentes graves, y con una relativa alta participación». Sin embargo, en un artículo en La Vanguardia fechado tres días antes de las elecciones, se puede leer que «las listas de candidatos y electores de los 115 distritos electorales son defectuosas» y que «buen número de los miembros nombrados para los colegios electorales han rechazado asumir el mandato».

Tampoco me merecen mucha confianza las anteriores declaraciones de la OSCE, a la luz del dato de que «han sido desplazados 500 observadores internacionales que, en 250 grupos de observación, supervisarán la votación en más de 4000 colegios electorales». Si días antes de las elecciones el primer ministro albanés pedía a los partidos políticos que se abstuvieran de realizar mítines «en lugares públicos» por temor a atentados, ¿qué quiso decir Mark Smith, portavoz de la OSCE, el día 25 de junio, al declarar que «la situación está bajo control en la mayor parte del país, exceptuando unas pocas zonas»? ¿Tiene esto algo que ver con lo que denunció Brian Pridham, coordinador de la OSCE para las elecciones, al presentar su dimisión afirmando que «mis consideraciones morales y profesionales no me permiten continuar en el puesto... altos círculos de la OSCE están intentando ejercer influencia en los resultados de las elecciones...»?

Leo en un editorial de El País (titulado «Misión cumplida») que «ha llegado la hora de apoyar al país para que no pierda la estabilidad recuperada...». ¿A qué estabilidad se refiere? En el mismo periódico, el mismo día y, para más inri, en la misma hoja (por la otra cara), el titular de la noticia reza «una veintena de muertos en el primer día del nuevo Gobierno de Albania», para posteriormente informar de inestabilidad en Berat, Peshkopia, Gjirokaster, Saranda, ... es decir, al norte y al sur del país.

El día en que se constituyó el nuevo Parlamento, Gene Pollo, secretario general del Partido Democrático (PD) de Berisha, intentó leer una declaración de su partido en la que se decía «aceptamos las elecciones, pero no reconocemos la legitimidad de este Parlamento». Poco después, Leonard Demi, otro dirigente del PD señalaba, refiriéndose a la ausencia de los 27 diputados de su partido en la votación del nuevo presidente, que «lo que hacemos no tiene nada que ver con un boicot; es una protesta contra un parlamento de Kalashnikovs».

Mi desconcierto no hace sino aumentar al leer en el mismo editorial, unos párrafos más abajo, la siguiente descripción de la «estabilidad recuperada»: «...en un país en el que más de la mitad del territorio escapa al control de la policía regular, en el que dominan las redes de bandolerismo, en el que las armas están al alcance de cualquiera y en el que toda esta violencia provoca muertos a diario».

Mención aparte merecen las referencias a la intervención militar en Albania. Mi desconcierto se torna perplejidad al descubrir que dos semanas antes de las elecciones el contingente estaba formado por «5000 soldados». En un artículo en La Vanguardia del 28 de Junio se menciona a «unos 6000». Y sólo tres días después ya llegan a «unos 7000». ¿Se pretende así dar una mayor apariencia de «seguridad» y «fiabilidad» a las elecciones? El editorial anterior señala que la caótica situación albanesa «es un asunto que compete al nuevo Gobierno y no a la fuerza internacional...». Pero ¿por qué ahora no le compete y antes sí?

Añade unas líneas más abajo que «la misión de la fuerza internacional ha sido asegurar la llegada de la ayuda humanitaria y colaborar en la seguridad de las elecciones». También afirma que el contingente español ha realizado «dignamente» su cometido. Pero según leo en otro artículo, esa misma fuerza internacional se declaró incapaz de ayudar a la policía local de Vlora (que no contaba «con el personal y el armamento adecuado para hacer frente a las bandas provistas de armas ligeras y pesadas» y no podía asegurar unas `mínimas condiciones de seguridad' para celebrar las elecciones), pues la tarea «no forma parte del mandato aprobado por el Consejo de Seguridad».

Respecto al ejército español, se dice en un artículo de El País que durante el primer mes, en la zona ubicada bajo responsabilidad española, apenas se ha repartido el equivalente a dos camiones de ayuda humanitaria y que, según afirma la Revista Española de Defensa en su número del mes de mayo, continúa el contrabando de grandes cantidades de chatarra hacia Montenegro --y de maquinaria y equipos de elevado valor entre ella-- para conseguir más armamento y material.

Mi opinión como ciudadano de a pie es que la intervención militar en Albania no ha sido sino otra operación de «marketing» del ejército. Las potencias occidentales aparecen de esta manera como «salvadoras» en una situación en cuya génesis tienen mucha responsabilidad. Ellas han sido las que han apoyado a la élite política y económica que desangró al país balcánico con los bancos piramidales. Lo mismo que los Gobiernos no tuvieron en cuenta las verdaderas necesidades de la población civil albanesa a la hora de decidir la intervención militar, tampoco ahora las toman en consideración para poner fin a la misma. Una vez más (Bosnia, Somalia, Ruanda,...) la población civil es la víctima de los manejos de sus élites nacionales y los intereses varios de las potencias occidentales.