Hace unas semanas, en una reunión de la Organización de Estados Americanos, el representante de la República Dominicana se quejaba amargamente de que la deuda externa no permitía a su país una lucha eficaz contra la pobreza.

El 14 de marzo pasado, una reunión del Parlamento Latinoamericano cedía espacio para debatir el tema, y el 2 de Julio se reunían en Tegucigalpa cuatro de los países más pobres del continente para debatir el mismo punto y tratar de encontrar una solución para salir de las garras del monstruo indecapitable de la deuda externa.

Una semana más tarde se efectuó en Caracas otra reunión, bajo el título de La deuda externa y el fin del milenio, convocada esta vez por el Parlamento Latinoamericano y el Congreso venezolano.

Durante la década pasada, en el apogeo de la llamada «crisis de la deuda», los gobiernos latinoamericanos no fueron capaces de tomar la decisión política de concertar esfuerzos y asumir una posición unida que hubiese obligado a los acreedores a dar una solución al problema.

Después de la pasada crisis mexicana de 1994, se recurrió a diversos métodos para amortiguar el fardo de plomo sobre los hombros latinoamericanos y, con la implantación de la ola neoliberal, uno de los mecanismos a que se recurrió fue al de la conversión de la deuda en capital mediante la privatización de la industria nacional; los ferrocarriles, carreteras, los puertos y aeropuertos, los servicios y hasta parques han pasado a manos privadas.

Sin embargo, ya esa fuente está agotada. Ya no se puede volver a recurrir a las riquezas de cada país, que, entre otras cosas, no ha servido absolutamente de nada y solamente ha puesto tesoros nacionales en manos extranjeras y provocado enormes protestas en diversas naciones.

El diseño neoliberal que tienen actualmente las economías latinoamericanas se estableció, entre otras cosas, para pagar la deuda. Los acreedores presionan para ello buscando una vía agónica de pago y los gobiernos la asumen dejándose llevar por presiones y amenazas.

El crecimiento vertiginoso de la deuda en los años 70 se produjo por la vía de los créditos bancarios --ocasionó la crisis de los 80--, mientras en los 90 esta alza se caracteriza por la emisión de bonos y por la asimilación de los perversos depósitos a plazo corto (capitales golondrinas).

Hoy por hoy el continente debe a los poderosos de las finanzas 607.230 millones de dólares, el doble que hace una década, a pesar de que se decía haber encontrado «una salida» para un problema tan mayúsculo.

Si hace diez años los países latinoamericanos pagaban 53 000 millones de dólares anuales por concepto de servicios de la deuda, entre 1991 y 1996 la sangría por ese mismo motivo ha llegado a los 86 000 millones y se ha vuelto de nuevo equivalente al 30 por ciento del valor de las exportaciones.

Entre 1982 y 1996 se ha abonado por concepto de servicios la suma de 739.900 millones de dólares y la deuda se ha montado en la cifra ya citada de 607.230 millones, el doble que hace diez años.

Después de siglos de saqueos y de deudas superpagadas, ¿se puede decir que América Latina ha de seguir pagando?

Cada vez que un niño nace en el continente, debe a acreedores que no conocen ni sus padres la suma de 1.400 dólares.

Mientras el fenómeno aumenta como una gigantesca bola de nieve, el 39 por ciento de los hogares latinoamericanos vive bajo la línea de la pobreza y el 17 por ciento de ellos en la indigencia, para dar una suma total de 270 millones de seres sobreviviendo en esa precariedad.

Es una verdadera burla que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos hablen públicamente de la necesidad de luchar contra la pobreza y sean, al mismo tiempo, los máximos defensores del pago de una deuda que podría haber tenido solución desde la década pasada.

En un mensaje enviado a la conferencia efectuada hace unos días en Caracas, el Comandante en Jefe Fidel Castro señaló:

«A mediados de la pasada década propusimos que la anulación de esta deuda impagable era posible, sin provocar quebrantos al sistema financiero internacional, mediante la disminución del gasto militar, que alcanzaba entonces sumas gigantescas cada año y se justificaba con la llamada amenaza soviética. Aquella justificación desapareció, pero los países desarrollados siguen gastando 700.000 millones de dólares anuales en armas y soldados. Con solo un año de ese gasto militar podría anularse la deuda externa de América Latina. Con tres años alcanzaría para anular la deuda externa de todo el mundo subdesarrollado, que alcanza ya los 1,9 millones de millones de dólares.»

La deuda sigue siendo impagable por razones políticas, porque su enorme carga impide toda posibilidad sustancial de mejoría económica y social y también de estabilidad política. Pero es más, como él mismo dijo en ese mensaje:

«La deuda es impagable por su monto gigantesco. No es posible matemáticamente ninguna variante para su pago, como demostramos hace ya 12 años. Se continúan pagando precariamente los intereses, se contraen nuevas deudas para pagar deudas anteriores, se entregan a los acreedores los recursos imprescindibles para la solución de los problemas nacionales.»

Si uno fuera a creer solo en los discursos, llegaría a la conclusión de que los problemas del planeta se resolverían en un tiempo histórico breve.

Las andanadas verbales contra la desigualdad y la pobreza fueron de tal magnitud en la asamblea anual de 1997 del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que era como para pensar que por fin se ha creado conciencia de ello y que se van a tomar medidas urgentes y radicales contra la penosa situación en que viven miles de millones de personas.

En la inauguración de la asamblea, efectuada en Hong Kong, Michel Camdessus, director gerente del FMI, indicó que su organización insiste ahora con mayor fuerza en la distribución de los ingresos, los gastos militares improductivos en países con urgentes necesidades, el reparto de responsabilidades y la corrupción.

James Wolfensohn, presidente del BM, parecía incluso un predicador social al afirmar que la creciente brecha entre ricos y pobres era una bomba de tiempo que estallaría «en las caras de nuestros hijos» a menos que se hiciera un esfuerzo para reducir la miseria.

Wolfensohn hasta advirtió que 4 300 millones de personas subsisten con ingresos ínfimos, 100 millones pasan hambre todos los días y 150 millones nunca tienen la posibilidad de asistir a la escuela.

Como un paliativo, una curita a esos problemas, también salió a la luz durante la reunión un plan de condonación de la deuda externa de un grupo pequeño de los países más pobres, en cuya lista solamente había tres --Bolivia, Burkina Faso y Uganda-- y se esperaba la inclusión de tres más: Costa de Marfil, Guyana y Mozambique.

Pero la toma de conciencia se queda en el discurso solamente, porque aun este proyecto que favorecería a esas naciones tiene graves dificultades.

Según EFE, para este plan se requieren entre 6 000 y 8 500 millones de dólares (una cifra diminuta para los países desarrollados), sin embargo, en la misma reunión el ministro belga de Finanzas, Philippe Maystadt, se refirió a la falta de voluntad de los grandes acreedores para contribuir a los fondos que aliviarían la situación de este puñado de Estados.

Y las dificultades no solamente radican en acumular los recursos, porque los países que pueden estar incluidos en la condonación --ahora o en un futuro-- ya se están lamentando de que una rigurosa condicionalidad puede hacer fracasar la medida.

Según AFP, los posibles «beneficiarios» deberán poner en práctica más programas de ajuste dirigidos por el FMI y el BM durante tres años para ser declarados elegibles y esperar luego otros tres años para que un porcentaje variable de sus deudas sea perdonado.

Ese duro condicionamiento es contrario a los planteamientos hechos por el primer ministro chino, Li Peng, quien, al hablar allí de la cooperación y de la necesidad de atención a los países en desarrollo, recalcó que era necesario respetar el derecho que cada país tiene a seleccionar independientemente su sistema social y su propio camino de desarrollo adaptado a las características nacionales.

Hubo otra acusación, esta vez hecha por Antonio Casas González, gobernador del Banco Central de Venezuela y representante de un grupo de países subdesarrollados, respecto a que las donaciones de ayuda para el desarrollo cayeron el año pasado a su nivel histórico más bajo con referencia al porcentaje del producto interno bruto de los donantes.

Según el mismo BM, la ayuda oficial al desarrollo baja, pero el flujo de capital privado ya se estimaba en 245.000 millones de dólares.

Esa fue otra arista que se manejó en la reunión: la liberalización del flujo de capital. Es decir, dejar que circulen por el mundo todos los capitales sin restricciones, independientemente que una buena parte de ellos va a dedicarse únicamente a la especulación de corto plazo.

A su favor abogaron fuertemente el BM y el FMI. Está bien todo lo que sea dejar que el mercado y su salvajismo regulen ciegamente los procesos económicos con la menor intervención posible del Estado, olvidando precisamente que fue el flujo de capital especulativo el causante de la crisis mexicana de fines de 1994.

Después, en fin de cuentas, se puede llorar con lágrimas de cocodrilo y hacer como Wolfensohn, subrayar que los más pobres son las verdaderas víctimas de las turbulencias financieras.

Las contradicciones son evidentes. Se habla de pobreza y de desigualdad, pero se impulsa la implantación de las medidas neoliberales que han llevado precisamente a incrementar los niveles de inequidad que hay hoy en el mundo.

Camdessus mostraba temor a las realidades en su discurso cuando decía que lección que surgía de las crisis no era el riesgo de la globalización ni menos la satanización de los mercados, sino la necesidad de «seguir políticas sanas que produzcan confianza».

La realidad muestra que evidentemente no encaja el pretendido discurso social con la práctica capitalista salvaje.

No se trata de que el tema se haya apoderado de las páginas de la prensa y de los discursos de los políticos y economistas, sino de que este fenómeno se ha desatado como una tempestad que abarca a todo el planeta, independientemente de que se quiera o no mencionarlo.

La globalización, vamos a repetirlo, es un fenómeno objetivo, una etapa del capitalismo, durante la cual la velocidad de traslación del capital se multiplica en la misma medida en que los adelantos técnicos han mejorado las comunicaciones.

El asunto es viejo, porque la exportación de capital y la interrelación de las economías comenzó el siglo pasado, pero, nunca, como ahora, había encontrado un terreno más propicio con la existencia de las computadoras, el fax, los aviones a reacción y el enlace de las empresas por vía satélite y... la aplicación a escala universal de las políticas neoliberales.

Se trata, por tanto, de globalización neoliberal.

Como el neoliberalismo propugna la desregulación de todo, dejarlo todo al poder de las leyes del mercado y de la competencia, al final resulta que los más fuertes ganan más. Es decir, que los más débiles siempre tienen las de perder.

Entre 1950 y 1973 el ritmo de crecimiento del producto mundial fue del 5% anual; entre 1974 y 1980 lo hizo a razón del 3,5%; entre 1981 y 1990 fue del 3,3%, y en los años que van de esta década ha sido del 1,4 por ciento.

El mundo tiende a crear menos riqueza en esta etapa capitalista, pero las grandes transnacionales tienden a aumentar su poder y a acaparar, más de los recursos internacionales.

El resultado se ve en un despacho del pasado 15 de septiembre, cuando la agencia AFP trasmitía desee Ginebra, Suiza:

La globalización de la economía incrementa las desigualdades entre países ricos y pobres y en el interior de las naciones, constató en Ginebra la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas (CCDNU).

Es decir, que las desigualdades progresan al mismo ritmo en que se liberalizan los intercambios en el mundo, en la medida en que las leyes del mercado y la competencia se hacen más preponderantes.

Con un ritmo de desarrollo más lento, la economía mundial parece concentrar más el capital en menos manos. En Estados Unidos, Alemania, Japón o cualquier país desarrollado posiblemente se arguya que esos son los vaivenes del mercado.

En esta etapa, las finanzas han superado a la industria. El dinero procedente de la producción de bienes y servicios es menor al de la esfera financiera en 30 veces.

El informe de la CCDNU señalaba que el comercio de los activos es a menudo más lucrativo que la creación de riqueza mediante nuevas inversiones. El movimiento del capital se hace más parasitario.

Por cierto, esa conclusión del organismo de Naciones Unidas no es nueva. Hace unos cinco meses, concretamente el 9 de abril de 1997, la agencia EFE daba a conocer desde Sao Paulo, Brasil, un resultado similar:

Representantes de todos los gobiernos latinoamericanos, reunidos en Sao Paulo en un encuentro de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), reconocieron que el proceso de globalización económica agravó el problema social de la región.

Y el mismo despacho añadía: Ese proceso conlleva una marcada asimetría entre un rápido crecimiento de las expectativas de consumo, como resultado del creciente acceso a los medios de comunicación e información, y una incorporación al desarrollo limitada por un ritmo de crecimiento insuficiente, con una distribución más bien concentrada de sus beneficios.

Se señala que la región carece de logros significativos en la tarea de alcanzar mayor equidad y que ello afecta la sustentabilidad del desarrollo y dificulta el fortalecimiento de la integración social, amén de que se está generando un número de empleos menor que el necesario para absorber productivamente la fuerza de trabajo en expansión.

Por tanto, los éxitos macroeconómicos que se enarbolan en América Latina para justificar la aplicación del neoliberalismo como premisa para entrar en la globalización, no tienen fundamentos muy sólidos en el aspecto social.

¿Cómo hacer si el mismo informe reconoce que pese a las reformas económicas, pese a los ajustes, el número de pobres en Latinoamérica ascendió a 210 millones de personas en 1994?

La solución tal vez sería la que no están dispuestos a tomar los gobiernos latinoamericanos, atenazados por las enormes presiones ejercidas desde Estados Unidos y otras naciones desarrolladas directamente o a través del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial: buscar otras alternativas distintas al neoliberalismo.

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