Ignacio Ardanaz Ruiz, antimilitarista procedente de Iruña, será juzgado en Consejo de Guerra por un tribunal militar hoy, día 22 de enero, en A Coruña, acusado de deserción. En el contexto de la nueva campaña de desobediencia civil impulsada por el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC), Ignacio Ardanaz se incorporó a filas el 19 de febrero de 1997, en el cuartel de Aizoain, lugar al que había sido destinado para realizar el servicio militar obligatorio. Dos días después, una vez adquirida la condición legal de militar, abandonó dicho cuartel, para presentarse el 6 de Marzo en el Gobierno Militar de Madrid ante el Juez decano militar, junto con otros cuatro antimilitaristas más. Su objetivo era hacer pública su desobediencia, declarándose insumisos en los cuarteles. Sin embargo, no fue en esta ocasión, sino después de presentarse otras dos veces, una en el Gobierno Militar de Iruña y otra en el propio cuartel de Aizoain, en el curso de sendas acciones noviolentas, cuando Ignacio fue detenido. Siendo puesto posteriormente en libertad provisional.

Esta intensificación de la represión tiene como objetivo «intentar frenar el crecimiento de las voces disidentes frente al proceso de profesionalización y reforzamiento del ejército, cuyo talón de Aquiles es, precisamente, el sano desafecto de la sociedad hacia lo militar. Así lo revelan las enormes cifras de objetores y de insumisos, el amplio apoyo social a éstos y a las nuevas formas de desobediencia como la insumisión en los cuarteles, y los problemas de contingente que ya está experimentando el ejército profesional».

Hasta el momento Elías Rozas Àlvarez, Ramiro Paz Correa (Pontevedra), y Plácido Ferrándiz Albert (Elx) son los únicos insumisos desertores juzgados y condenados, después de haber pasado previamente un período de dos meses de prisión preventiva. Actualmente se encuentran en la prisión militar de Alcalá de Henares cumpliendo penas de 2 años y 6 meses. A éstos hay que añadir los 100 insumisos que actualmente cumplen condena en todas las prisiones civiles del Estado.

Los que decidan seguir esta nueva línea estratégica deberán someterse, en apariencia, a la obligatoriedad del servicio militar y acudir al cuartel donde hayan sido destinados. Una vez adquirida la condición legal de militar, el antimilitarista abandonará definitivamente su unidad para presentarse públicamente como «insumiso en los cuarteles», asumiendo posteriormente las consecuencias legales que se deriven de su acción, comprendidas ahora dentro de la jurisdicción militar. Actualmente, éstas consisten en penas de prisión militar de entre 2 años y 4 meses, y 6 años, dictaminadas por tribunales militares en Consejos de Guerra.

Una prueba evidente de todo ello es que, mientras la Directriz Nacional de Defensa reconoce la ausencia de enemigos en las fronteras de los estados europeos, el Ministerio de Defensa quiere incrementar 500.000 millones el gasto anual de armamento, duplicando ampliamente el actual (ver cuadro adjunto). Es imposible explicar para qué necesita estos medios un «ejército humanitario», cuando el presupuesto militar en el año 1997 ascendía ya a 1,9 billones de pesetas.

Ni la llamada «amenaza» de los países del sur del Mediterráneo derivada, en todo caso, del abismo que separa sus condiciones de vida respecto de las de la UE; ni las misiones presuntamente humanitarias y de paz, motivadas principalmente por intereses estratégicos o, como en el caso español, por la necesidad de lavar la imagen de las FAS ante la opinión pública propia, justifican este proceso de construcción de una defensa más agresiva y contraria a las necesidades de la sociedad.

Para el MOC tal debate debe concluir con «la abolición del ejército y la superación del modelo militar de defensa, dando paso a una alternativa noviolenta basada en la defensa y ampliación de las conquistas sociales y en la participación del conjunto de la sociedad».

Algunas de estas personas y colectivos son Agustín García Calvo y Antonio Escohotado, filósofos y escritores; Xavi Pastor, director ejecutivo y fundador de Greenpeace España; Fernando Trueba, Juan Antonio Bardem, Juanma Bajo Ulloa y Montxo Armendáriz, cineastas; Ariadna Gil, Karra Elejalde y Àlex Angulo, actores; el grupo teatral El Tricicle; Javier Krahe, Lluís Llach y José Antonio Labordeta; cantautores; Bernardo Atxaga, escritor; Vicenç Fisas, experto en desarme de la UNESCO; Rafael Grasa, presidente de la federación de ONGes por el desarrollo; Pepe Beúnza, el primer objetor de conciencia en el Estado español; la Asociación Española de Escritores; la organización ecologista AEDENAT; SOS RACISMO; SODePAZ; Entrepueblos; Comité Ciudadano AntiSida; Justicia y Paz; CC.OO.; CGT; la organización pacifista internacional WRI-IRG (Internacional de Resistentes a la Guerra)...

Para el MOC, «la amplitud de la solidaridad hacia esta nueva herramienta de crítica al modelo militar de defensa demuestra que el rechazo hacia cualquier forma de ejército tiene cada vez más base social».