Naciones Unidas envió allí al abogado senegalés Bacre Waly Nsiaye, relator para Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias, para que indague sobre el terreno acerca de las reiteradas acusaciones que existen respecto a la injusta aplicación de la pena de muerte en ese país.

Según declaró Nsiaye al periódico The New York Times, el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos otorga a los detenidos en estaciones de policía y prisiones más protección que la estipulada en la Constitución norteamericana.

Agregó que Estados Unidos es uno de los lugares en que más se utiliza la pena de muerte, a pesar de que, en su criterio, «ese castigo debería ser una medida excepcional, no un modo de combatir cualquier tipo de dificultades que tiene un país».

El periódico español El País denunció el primero de octubre que, aun cuando el enviado de la ONU recibió autorización para hacer su labor investigativa, no le habían sido concedidas las entrevistas que solicitó con la secretaria (ministra) de Justicia, Janet Reno, y otras altas autoridades norteamericanas.

Como recordó esa publicación, en su más reciente encuentro la Asociación de Abogados Estadounidenses hizo constar que allí la aplicación de la pena de muerte se ha convertido en un instrumento dirigido en lo esencial contra ciudadanos negros e hispanos.

Pero los ejemplos sobre las violaciones de los derechos humanos en ese país norteño se manifiestan, cada 24 horas, de otras muchas formas.

El viernes pasado una defensora de tales derechos, Beatriz Ledezma, denunció que medidas adoptadas por Estados Unidos para empujar el flujo migratorio desde México hacia zonas de muy difícil supervivencia ya han provocado este año la muerte de 78 personas.

Ledezma habló ante el Congreso Nacional de Migración, que tuvo lugar en la ciudad mexicana de Tijuana, donde explicó que 47 de las víctimas perecieron en las montañas, en el desierto o ahogadas, mientras que las demás fueron localizadas cuando agonizaban.

Un día después de formulada esa acusación, 542 personas fueron detenidas al realizar, junto a otras muchas, una nueva manifestación frente a la denominada Escuela de las Américas, que pertenece al ejército y está situada en el estado de Georgia.

Entre los presos figuraban sacerdotes y monjas, que portaban documentos con 100 000 firmas a favor del cierre de esa institución, que ha recibido como alumnos a militares latinoamericanos caracterizados por su brutal violación de los derechos humanos.

El día de esa manifestación, 16 de noviembre, señaló el octavo aniversario del asesinato en El Salvador de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres, hecho en el que estuvieron involucrados 19 oficiales que se habían entrenado en la Escuela de las Américas, donde, entre otras cosas, se redactaron folletos que instruían sobre cómo torturar.

Casi a la misma hora que tenían lugar los acontecimientos antes referidos en Georgia, el periódico The New York Times hizo un comentario sobre los drásticos recortes aplicados por el gobierno estadounidense a los fondos destinados a niños minusválidos.

Según el Times las autoridades suspendieron de manera «inapropiada» los subsidios para niños pobres, como un efecto de la ley que el Congreso aprobó en 1996 para restringir la ayuda económica en los casos de minusvalía física o psíquica.

El gobierno de Washington suprimió un 60 por ciento de la asistencia que se prestaba y rechazó 225.000 nuevas solicitudes que se formularon a favor de infantes que padecen varias incapacidades, incluidos retraso mental, diabetes, parálisis mental y SIDA.

¿Tienen los gobernantes norteamericanos aunque sea una pizca de moral para hablar sobre el tema de los derechos humanos en este mundo? Que le pregunten esto al abogado senegalés Bacre Waly Nsiaye, que tantos horrores ha visto en la aplicación de la pena de muerte en ese país.

Que se le pregunte a los sacerdotes y monjas detenidos el domingo frente a la Escuela de las Américas si tal moral existe, o a los familiares de los que este año perdieron la vida un poco más allá de la frontera México-Estados Unidos por las medidas adoptadas allí a sangre fría para conducir a sus familiares a la muerte. Habría que preguntarles a tantos.

Entonces cuando Washington, como ahora, pretende juzgar a Cuba en la Comisión Tres de la Asamblea General de la ONU, a nombre de los derechos humanos, no sé si existe más cinismo por su parte que lastimosa doblez entre quienes se presten a secundar esa cada vez más desprestigiada maquinación.