Creo coincidir en las críticas al proyecto de ley del Estatuto de la función Pública con la izquierda en general: IU, Críticos de CCOO, CGT, CNT, Okupas y partidos extraparlamentarios marxistas. En el bando contrario, parece que se va a situar el bloque españolista conservador: PSOE, PDNI, PP. A grandes rasgos se va a repetir el mapa de la reforma laboral del 97. Se supone que, al igual que en aquella ocasión, el PSOE y NI apoyen el proyecto por haber sido consensuado con los sindicatos: UGT-CCOO. Si éstos por razones electorales se desmarcan, se les iría al garete el discurso con el que apoyaron la reforma laboral: autonomía y consenso sindical. Si las fuerzas sociales con las que se identifican han dicho que sí, ellos no podrían decir otra cosa. De tal forma, que la supuesta izquierda moderada cae en su propia trampa. Si vota a favor de este negativo estatuto se sitúa en el bando conservador y, si lo hace en contra, se contradice con su discurso de respeto y apoyo a la negociación sindical. Mas allá de las posiciones parlamentarias electoralistas, los siguientes puntos son los aspectos más negativos que encuentro y que seguro se complementarán con los que señalen otras personas y fuerzas sociales:
Art. 8)- No avanza en la figura del Empleado Público manteniendo el modelo actual de distinto régimen jurídico: Funcionarios - Laborales.
Art. 13)- Planificación de recursos humanos: Se podrá suspender la incorporación de personal externo derivada de ofertas de empleo, así como de procesos de movilidad.
Art. 15)- La selección de personal se podrá hacer en dos fases:
1) Convocatoria de pruebas sin determinar número de plazas, de donde se conformará una relación de aprobados que podrá tener vigencia durante tres años.
2) Durante tres años, podrán ser convocadas ofertas de empleo con número de plazas en las que opositarán los aprobados de la primera fase.
Art. 16)- Órganos de selección: La composición y funcionamiento de los tribunales no se regula en este estatuto, dejándolo para que lo desarrollen los estatutos autonómicos. Esto puede acarrear distintos modelos en el acceso a la administración. Es por ello que el Consejo de Estado (El País, 16 de junio) en su informe al gobierno critica la ley por lesionar la igualdad y la cohesión. Cuando tantos problemas está habiendo en los procesos de selección, este es un tema en el que los sindicatos deberían haber hecho mayor hincapié.
Art. 36)- Provisión de puestos: Podrán ser de libre designación los directivos y aquellos para los que así se establezca.
Puestos singularizados mediante concurso específico que podrán cesar a los tres años. Aumenta la discrecionalidad.
Art. 37)- Movilidad forzosa: La regularán las administraciones públicas.
Art. 38)- Movilidad entre administraciones: «Podrán establecerse». No dice: se establecerán. Por lo que no mandata, no regula ni orienta los procesos de movilidad entre las administraciones. Tampoco deja claro si se podrán realizar a petición de los empleados.
Art. 44)- Retribuciones: Trienios diferenciados para los distintos grupos y subgrupos. No unifica la antigüedad, que es una reivindicación histórica sindical
Dos complementos fijos: De Categoría y de Puesto.
Tres complementos variables:
1-De Actividad (peligrosidad, penosidad, etc).
2-De Productividad (subjetivo y aleatorio).
3-Gratificaciones (horas extras).
El complemento de productividad es subjetivo y aleatorio. Mantenerlo en las administraciones públicas es incentivar la discrecionalidad y el favoritismo.
Art.47)- Jornada de trabajo: 37 horas y media, máxima jornada general. Es una contradicción que el año en que los sindicatos más actividad están desarrollando en favor de las 35 horas, se firmen en el estatuto 37 y media.
Como hemos dicho, este proyecto de ley del Estatuto de la Función Pública, ha sido producto de la negociación entre el gobierno del PP y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF. Desde un sindicalismo de clase, criticamos el estatuto tanto en la forma (desarrollo de las negociaciones) como en el fondo (resultado final). Una vez más se ha negociado de espaldas a los empleados públicos, a los afiliados y a la sociedad. Entendemos que esta es una ley que no solo concierne al empleado público, sino que interesa a toda la población en general (asociaciones, sindicatos y partidos) pues va a conformar el modelo de administración futura. La administración pública del estado es el reflejo del grado de democratización de una sociedad. En veinte años no hemos sido capaces de democratizarla y por lo que se ve, tenemos pocas ganas de hacerlo. Pues este proyecto de ley no avanza en ello y se regodea en los mismos defectos que la han tenido negativamente politizada desde su existencia: época de Sagasta, Primo de Rivera, franquismo y democracia. El PSOE, en 14 años, no fue capaz de presentar al Parlamento un proyecto de ley y el que se va a presentar, del PP y sindicatos, es continuista y seguidista de lo que tenemos. Y siempre digo que: «Lo que tenemos es lo que nos merecemos».
A la población en general no le interesa una administración personalmente politizada, solo a determinados partidos y cúpulas sindicales afines. Aunque, cuando se pierde el poder, se critican las mismas irregularidades que se cometían cuando se estaba en él. La politización personal va en detrimento de la profesionalidad. Cuando esto ocurre, el ascenso y acceso no se produce respetando: igualdad, mérito y capacidad, sino por la afinidad política; lo que genera un ambiente de crispación, impotencia y dejadez laboral en las personas honradas que lo padecen. Mientras que trepas y caraduras (enchufismo, a veces sindical), mereciéndose menos, son los más ensalzados a través del complemento de productividad (subjetivo y aleatorio). Que nadie confunda: Politización personal con Politización democrática. No se aboga por una administración genéricamente despolitizada (cosa inexistente); el proyecto que nos gustaría apoyar, es el de una administración democráticamente politizada.
Porque la democratización de la administración es un proyecto político. Un proyecto de igualdad, con normas claras y controles reales sobre el poder. Como vemos, la personalización del poder siempre es negativa para el ciudadano común, ya sean primarias, listas abiertas o cualquier otro invento que se saquen de la manga. El poder personalizado en la administración, irremediablemente genera: corrupción, enchufismo, favoritismo y todo tipo de irregularidades. Si se supieran algunas de las cosas que pasan en las administraciones, el ciudadano común se llevaría las manos a la cabeza; a pesar de la dificultad, de que algo nos extrañe. En el programa de tv «Sucedió en Madrid» pudimos ver cómo un coche denunciado por su dueño por desaparición y buscado intensamente por la policía (Interpol, CIA y KGB), aparecía tres meses después en las dependencias de la grúa municipal con fecha de entrada de dos días después de efectuada la denuncia. También es conocido el fraude en la inspección de las gasolineras. Repito: La administración, como los partidos, como los sindicatos que tenemos, es lo que nos merecemos.
Los tres últimos grandes acuerdos firmados por UGT y CCOO: Acuerdo sobre pensiones, reforma laboral del 97 y estatuto de la función pública, han sido contrarios a los intereses de los asalariados. Por este camino no se debería seguir, por lo que invitamos, en especial a los afiliados de CCOO, a expresar las discrepancias en todos los foros donde podamos acceder.
No deberíamos hacer ascos a la fuerza social que de manera natural está surgiendo en torno a posiciones concretas: 35 horas por ley, horas extraordinarias, empresas de trabajo temporal, reforma laboral, privatizaciones, estatuto de la función pública. En estas posiciones reales y concretas nos encontramos gente con diferentes etiquetas: Okupas, marxistas, anarquistas, troskismo, cristianismo, por lo que deberíamos avanzar en la creación de un espacio organizativo que nos sirviera de punto de encuentro, análisis y respuesta a la involución conservadora y escasamente democrática, que desde los noventa se viene instalando en el Estado Español. Trabajar en este sentido, entiendo, es reforzar el campo de la izquierda en general y los matices pueden encontrar solución en el devenir de los acontecimientos concretos. No debemos temer a la mezcolanza, pues del debate y la contraposición de ideas realizadas desde la buena fe surge el camino por el que continuar la marcha.