El próximo martes 28 de abril seré juzgado por insumisión en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia. Me parece que no es muy necesario explicar de entrada, en este momento, lo que es la insumisión; y eso quizá sea, en sí mismo, una buena noticia.

A pesar de haberme declarado insumiso hace prácticamente cuatro años, el Fiscal ha optado por calificar mi caso por el flamante Código Penal, solicitando una condena de 8 años de inhabilitación absoluta y un año de multa que, dada mi disposición a no pagar, se conmutaría previsiblemente por 6 meses de prisión (e hipotética aplicación de libertad condicional).

Como en cualquier caso de desobediencia civil que se precie, pretendemos rodear el acto de desobediencia y afrontar la consiguiente persecución judicial no con una serie de alegaciones de carácter «personalizado», sino con una campaña pública colectiva de carácter antimilitarista que profundice en los contenidos básicos que la campaña de insumisión ha desarrollado en los últimos 9 años.

Y sin embargo, esta campaña, en mi caso, como en otros casos de juicios recientes por insumisión, se ve afectada hoy necesariamente por un dato muy preciso: el hecho de que la sociedad en general, y asimismo a quienes ahora me dirijo, se ve envuelta en una enorme campaña de intoxicación desplegada por el Gobierno, que insiste machaconamente en su voluntad de «solucionar» el «problema» de la insumisión mediante un pretendidamente rápido excarcelamiento de los insumisos presos (que, por otro lado, tampoco se está dando efectivamente, ya que no puede alcanzar a los insumisos que permanecen condenados por deserción en la Prisión Militar de Alcalá de Henares y a quienes están por juzgar en los próximos meses en Tribunales Militares), mientras se mantiene en la sombra la aplicación cada vez más extendida y sistemática de las penas de inhabilitación que están causando, de hecho, la expulsión de numerosas personas de su actividad profesional, una mayor complicación a la hora de acceder a la educación en igualdad de condiciones por la imposibilidad de recibir ayudas públicas, etc.

Muchos conciudadanos y conciudadanas tienden a considerar un mal menor la aplicación de las nuevas penas de inhabilitación a los insumisos, por comparación con las formas de represión carcelaria abusiva e inhumana que sucesivos gobiernos han venido practicando desde el mismo momento en que nuestra campaña de desobediencia civil comenzase.

Pero ya es hora de enfocar la cuestión en toda su dimensión hasta ahora en la sombra. No sé si conocereis que, de acuerdo con el artículo 40 del nuevo Código Penal, la pena de inhabilitación absoluta produce la privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tuviere el penado aunque fueren electivos.

Produce, además, la incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos, y la de ser elegido para cargo público, durante el tiempo de la condena. El párrafo 2 del art. 519 señala, además, que la inhabilitación incluirá la incapacidad para desempeñar cualquier empleo o cargo al servicio de cualesquiera de las Administraciones, Entidades o Empresas Públicas, o de sus Organismos autónomos, y para obtener subvenciones, becas o ayudas públicas de cualquier tipo.

El carácter de esta retorcida estrategia represiva aún no es suficientemente visible, a pesar de que numerosos colectivos, sectores sociales y especialistas se han pronunciado en contra del establecimiento de unas penas que suponen, de facto, una suerte de «muerte civil».

De acuerdo con José Antonio Estévez Araujo, Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Barcelona, el establecimiento de las penas de inhabilitación «tiene una lógica. Esa lógica se corresponde con la imagen que se pretende dar de los insumisos como personas insolidarias que se niegan a cumplir sus obligaciones con la sociedad. Como no están dispuestos a asumir sus cargas, el Estado les niega el pan y la sal. Actúa, de este modo, utilizando el criterio de la distinción entre «amigos» y «enemigos»: a quienes no son leales se les cierra la puerta del Estado. Esta lógica recuerda la del Berufsverbot alemán durante la década de los setenta: la expulsión de la Administración de aquellos funcionarios de cuya lealtad a la Constitución existieran dudas. [En la práctica, consistió en una estrategia oculta de persecución de aquellas personas sospechosas de simpatías izquierdistas o participantes en los movimientos sociales del momento, aplicada por un Estado que decidió militarizarse en una situación de crisis de legitimidad.]

«La sustitución de la pena de cárcel por la inhabilitación pretende eliminar la renuencia de los jueces a castigar a los insumisos. Se supone que los jueces no tendrán tanto reparo en inhabilitar a quienes se niegan a realizar la Prestación Social Sustitutoria como han mostrado tener en encarcelarlos. Se puede dar, así, la paradoja de que, a pesar de que el Código rebaje la gravedad de la pena, el castigo efectivamente impuesto a los insumisos resulte ser, en la práctica, mayor.»NOTA5_2

No sé si conoceréis, por otro lado, que el Gobierno actual ha multiplicado el gasto militar en todas sus dimensiones en unas proporciones desconocidas en años recientes.

Si alguien se desayunó el pasado domingo 1 de febrero con la lectura de una páginas tan poco subversivas como son las de El País Negocios (sección Empresas), posiblemente tendría la mala fortuna de atragantarse al conocer que `la industria española de Defensa está a punto de experimentar una fase de bonanza sin precedentes. A finales de marzo seguramente el Gobierno habrá desbloqueado tres grandes programas de armamento que supondrán en conjunto --y sin contar con otros proyectos-- una inversión de cerca de dos billones de pesetas a realizar en unos 10 años; un maná que revertirá principalmente sobre la industria de Defensa. «Es el mayor esfuerzo en armamento que recuerdo», explica el director de una empresa privada del sector, «no es que sea la edad de oro, pero casi». Los tres programas canalizarán hacia las empresas de armamento una suma de 1'4 billones de pesetas, algo así como 100.000 millones de pesetas al año, un flujo de dinero desusado teniendo en cuenta que la facturación total del sector armamentístico en los últimos años, incluida la exportación, no supera los 170.000 millones de pesetas. [...] La decisión del actual Gobierno de utilizar los programas de armamento para impulsar la industria fue adoptada pocas semana después de su llegada. [Pau] Guardans [Director General de Industria] argumenta que el actual Ejecutivo ha inaugurado, por así decir, un nuevo modelo, ya que «antes se compraba armamento extranjero a cambio de compensaciones (el caso del F-18), mientras que nosotros asociamos los grandes programas a una apuesta muy fuerte por la industria nacional a través de programas de inversión que permitan fabricar en España»'. Guardians añade: «La industria militar no es inútil, tiene el mismo componente de creación de riqueza que una carretera y genera valor añadido, empleo, divisas y tecnología, y es, por tanto, muy útil para el conjunto de la economía».

Si los fabricantes de armamento se frotan hoy las manos, algo huele a podrido por aquí cerca. La pregunta que surge a bocajarro es, naturalmente, y perdonadme la verdad de perogrullo, de qué tipo de «riqueza» y «valores» estamos hablando, para qué economías son beneficiosas según qué tipo de políticas. La decisión de sobredimensionar el gasto de Defensa por parte del actual Gobierno tiene lugar en una época donde asistimos a un ataque también sin precedentes a los derechos y valores colectivos duramente conquistados durante décadas de luchas sociales. Y se da la mano con toda una serie de medidas que van en línea recta por el reforzamiento de una concepción militarista de la Defensa, precisamente en este periodo de crisis de legitimidad de las instituciones militares y de un modelo de reclutamiento y de ejército que necesitan transicionar de forma urgente.

Puede que hayas pensado, en los últimos meses, que el horizonte de eliminación progresiva del reclutamiento forzoso a través del Servicio Militar y los planes de transición a un ejército profesional habrán de suponer, asimismo, el agotamiento de la insumisión y del movimiento antimilitarista. Si así ha sido, permíteme que, amistosamente, discrepe. Nuestro horizonte antimilitarista nunca ha sido la eliminación pura y simple del Servicio Militar ni la consecución subsiguiente de una tropa profesionalizada. Y sin embargo, podemos decir hoy con orgullo que el enorme trabajo colectivo que el antimilitarismo ha desarrollado durante estos largos años ha contribuído, sin duda, a la aceleración del proceso de transición del Ejército, y a que este proceso se debata hoy atenazado por una grave crisis de legitimidad social de lo militar. Como afirmó nuestro compañero, el insumiso Xabier Agirre Aramburu, al ser invitado en mayo del pasado año a declarar como «especialista» ante la Comisión Mixta Congreso-Senado encargada de tratar la transición al nuevo modelo de Fuerzas Armadas, `cuando en 1989 empezamos a presentarnos ante los Gobiernos Militares, expresando de manera pública, directa y noviolenta nuestra desobediencia, la mayoría de la gente pensaba que la abolición de la mili era inconcebible, una locura radical... [y sin embargo] ahora los insumisos y antimilitaristas podemos sentarnos y contemplar satisfechos el espectáculo del fin de la mili, y seguir con interés todas las dificultades que ustedes se están encontrando para hacer realidad esta medida, al mismo tiempo tan popular y tan difícil de realizar sin dañar el sistema militar, [porque incluso] el informe «Nuevo Modelo de Fuerzas Armadas» que inauguró las sesiones de esta Comisión [reconoce] que «existe una debilidad preocupante de la conciencia de defensa nacional en la sociedad española en su conjunto, que no percibe claramente su necesidad», [y] la solución que se apunta es «fomentar el sentido de la Defensa», «insistir en la difusión de la idea de que los Ejércitos son parte de la sociedad», «fomentar también la identificación entre el pueblo y los Ejércitos»'NOTA5_3

El horizonte antimilitarista ha sido en todo momento avanzar en la desmilitarización social, atrayendo sobre nuestra desobediencia pública y colectiva la atención de la comunidad para cuestionar en su raíz la concepción militarista de la defensa: las preguntas que siempre os hemos lanzado a vosotros y vosotras, con quienes formamos comunidad, son: ¿de qué tenemos que defendernos, quiénes han de ser los sujetos de la defensa, por qué medios? Nuestra propuesta siempre fue, con matices, la misma.

Frente a las prioridades de la defensa militarista (gasto militar, producción armamentista, fomento de principios como la jerarquización o la obediencia...): defensa de las prioridades del bienestar colectivo y de los valores de convivencia democráticamente sancionados; frente a la concepción militarista de un pretendido «enemigo» exterior y la sistemática búsqueda «demonizadora» de enemigos exteriores (del comunismo soviético durante la Guerra Fría al «integrismo islámico» o la amenaza de la inmigración en nuestros días): comprender que los «enemigos» del bienestar colectivo son las carencias sociales o la exportación del conflicto y de la explotación económica según el eje de desigualdad Norte-Sur, así como el sostenimiento de un estado de cosas desigualitario y de las violencias estructurales en el seno de nuestras propias sociedades; frente al Ejército como garante de los «principios» de la defensa militarista, cuyos contenidos y actividades se conciben y desarrollan por una élite de especialistas, bajo el secretismo más absoluto: «popularización» de la defensa y extensión del debate y la participación social acerca de cuáles son las necesidades y prioridades del bienestar colectivo.

Frente a la política armamentista y a la utilización de las violencias institucionales en la resolución de los conflictos: resolución noviolenta de los conflictos, fomentando, extendiendo y ampliando las formas diversas de diálogo en un número cada vez mayor de ámbitos sociales.

Propuesta de desmilitarización social, en definitiva, que hemos resumido en esta fórmula: defensas sociales frente a defensas militares. Hoy día, en un contexto en el que, efectivamente, muchos aspectos del modelo militar clásico han entrado en crisis y se encuentran en transición, proponemos que es el momento de radicalizar el cuestionamiento y extender el debate social colectivo acerca de qué modelo defensivo deseamos y necesitamos, en lugar de aceptar de manera plebiscitaria el modelo militarista renovado que está configurando una élite de «especialistas».

En un periodo de ataques a los derechos sociales y de recortes interesados en gastos sociales (cultura, educación, sanidad...), proponemos que es el momento de debatir, en la perspectiva de las defensas sociales, sobre cuáles son las prioridades «defensivas» de nuestra sociedad. En un momento histórico donde nuestras sociedades viven una grave crisis del modelo de democracia representativa por la pérdida de soberanía de los gobiernos y los parlamentos, así como por el enquistamiento y la parálisis de las formas institucionalizadas de participación política, se hace necesario trabajar por una concepción renovada de la ciudadanía activa y por la extensión de las formas de participación política a un número cada vez mayor de espacios sociales; en definitiva, por una radicalización de la democracia. El militarismo no contribuye a ello. El movimiento antimilitarista, por el contrario, ha constituído para nosotras y nosotros un espacio, un territorio donde experimentar formas imaginativas de organización colectiva y de interpelación al resto de la sociedad, donde hemos imaginado y desarrollado valores colectivos y desde donde hemos tendido puentes a otros movimientos y luchas democráticas del presente; un valioso espacio de socialización para un número enorme de personas cuya perspectiva era madurar en el seno de unos valores sociales e institucionales en gran medida paralizantes. La desobediencia civil al servicio militar obligatorio y a la prestación sustitutoria del mismo, apunto finalmente, ha sido el instrumento que muchas personas hemos encontrado para configurarnos en tanto que ciudadanos y ciudadanas activos y participativos, una poderosa herramienta de transformación social. Una defensa social frente a la agresión que nos supone la «defensa» militar y la extensión de la militarización difusa en nuestras sociedades.