El 11 de marzo pasado el Parlamento Europeo aprobó por abrumadora mayoría una resolución en la que pedía a los Estados de la Unión Europea que no ratificaran el Acuerdo Multilateral de Inversiones en los términos en que actualmente está redactado. No obstante, es más que probable que las presiones de las poderosas instituciones financieras que están tras él consigan que los gobiernos lo aprueben: bastará con que concedan a éstos la posibilidad de introducir alguna cláusula que, aunque irrelevante en la práctica, les permita aparecer ante el público como triunfadores en la defensa de los derechos de sus pueblos.

El AMI es un tratado que, pactado en secreto dentro del marco de la OCDE, ha sido presentado para su aprobación a las instituciones gubernamentales competentes tratando igualmente de evitar toda publicidad. El objetivo del AMI es garantizar el margen de beneficios de multinacionales e inversores extranjeros en cualquier país del mundo. Así, de aprobarse, los Estados que, por ejemplo, adopten una nueva legislación laboral favorable a los intereses de los trabajadores, al afectar esto a los beneficios del capital invertido, se verán obligados a indemnizar económicamente a los inversores. De este modo, los gobiernos quedarían imposibilitados, entre otras cosas, para aumentar la progresividad fiscal, para incrementar el gasto público o para adoptar nuevas medidas de protección del medio ambiente.

Por todo ello, el Consejo Político Regional de IU pide al Gobierno de Cantabria que manifieste públicamente su rechazo al AMI e inste al Gobierno de la nación a que se oponga rotundamente en los foros internacionales a la aprobación de un tratado que se propone sacrificar los derechos y libertades de los pueblos para mayor gloria del capital financiero.