Reguladora de la jornada laboral . . . . . . 14480

Por el señor secretario segundo (Ríos Martínez) se procede a la lectura del documento en el que se detallan las razones que aconsejan, a juicio de los firmantes de la iniciativa, la tramitación y aprobación por la Cámara de la proposición de ley.En turno a  favor de la toma en consideración de la iniciativa popular interviene el señor Anguita González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera):

Señorías, se reanuda la sesión.

Entramos en el punto X del orden del día, toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular, con la toma en consideración de la iniciativa reguladora de la jornada laboral. En primer lugar, por parte del señor secretario se va a dar lectura del documento en el que se detallan las razones que aconsejan, a juicio de los firmantes de la iniciativa, la tramitación y aprobación por la Cámara de la proposición de ley. Señor Ríos.

El señor SECRETARIO SEGUNDO (Ríos Martínez):

En tercer lugar, construir un modelo de sociedad democrático e igualitario. Todas las políticas que se vienen realizando con el pretexto de la globalización y de la competitividad tienden a degradar el modelo social, mercantilizar la fuerza del trabajo y reducir el de por sí débil modelo de Estado social. Con esas u otras medidas lo que se busca es provocar inseguridad y miedo en las mayorías que den más poder a los de arriba. Avanzar en la ley de 35 horas es un instrumento importante para avanzar hacia el pleno empleo y, con ello, profundizar en un modelo de sociedad más justo y hacia unos derechos sociales entendidos como derechos imprescindibles de ciudadanía.

En cuarto lugar, repartir todos los trabajos. El tipo de sociedad que genera un sistema social basado en la precariedad y en la exclusión favorece la discriminación de la mujer y consolida el modelo patriarcal. Impulsar la ley de 35 horas es avanzar en un reparto real del trabajo que modifique las relaciones entre producción y reproducción, que replantee radicalmente las relaciones entre trabajo doméstico y trabajo asalariado.

En quinto lugar, avanzar hacia un modelo social y ecológicamente sostenible, es decir, un modelo de producción y consumo de bajo impacto ambiental. Conseguir las 35 horas significa imponer criterios sociales, es decir, elecciones conscientes de la sociedad que son imprescindibles para impedir la lógica depredadora del mercado capitalista. Sostenibilidad ecológica y cuestión social de los de abajo encontrarán así una alianza nueva y mucho más profunda.

En sexto lugar, conquistar una democracia participativa. La aportación fundamental del movimiento obrero y de los nuevos movimientos sociales y de la izquierda social y política ha sido la de unificar la lucha social por la emancipación de los trabajadores y extender la democracia entendida como autogobierno de las poblaciones. Conseguir la ley de 35 horas es volver a situar en el centro de la democracia la cuestión social y, con ello, impedir que siga avanzando un modelo oligárquico que margine a las mayorías sociales de la política. En este sentido, la reivindicación de una ley que reduzca la jornada laboral a 35 horas semanales es una batalla contra el paro, contra la pobreza y la exclusión social, pero también una batalla por un modelo de sociedad democrática igualitaria, ecológicamente sostenible; es decir, un modelo de producción y consumo de bajo impacto ambiental y por una nueva relación entre géneros, por la profundización y extensión de la democracia política; en síntesis, por una opción de civilización.

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera):

Muchas gracias, señor Ríos. ¿Turno a favor de la toma en consideración? (Pausa.) Por el Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra don Julio Anguita.

El señor ANGUITA GONZÁLEZ:

Señor presidente, escasísimas señorías presentes en el hemiciclo (Rumores.), cuando se viene aquí a defender una proposición de ley o una iniciativa parlamentaria en nombre de un grupo parlamentario pueden suceder avatares horarios que dejen el hemiciclo vacío. Pero cuando se viene aquí a defender una iniciativa legislativa popular que constituye la representación y la fijación de un debate europeo y español y que tiene detrás más de setecientas cincuenta mil firmas de españoles y españolas, la ausencia de miembros del Gobierno es una auténtica verg&udiaer;enza; y otras ausencias también, señorías. Porque este parlamentario no va a defender una iniciativa de su grupo; trae aquí la defensa de algo que ha costado sacrificio, esfuerzos y sobre todo la presencia, a través de sus firmas, de tres cuartos de millón de ciudadanos y ciudadanas. Vaya, por tanto, el agradecimiento a los militantes y a las personas que firmaron y que hicieron posible que esta iniciativa legislativa popular esté aquí. Vaya también el reconocimiento a los miembros de la comisión promotora: la Unión Sindical Obrera, la Confederación General del Trabajo, los sindicatos de trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, el sector crítico de Comisiones Obreras, la Plataforma antiMaastrich, la Confederación de Asociaciones de Vecinos de España y, naturalmente, Izquierda Unida; y, junto a ellos, el apoyo y la ayuda de los militantes y directivos de otras organizaciones ligadas a movimientos cristianos de base y a colectivos alternativos.

Apoyamos, y por eso estamos consumiendo este turno a favor, esta iniciativa legislativa popular que contempla y pide la reducción de la jornada laboral a treinta y cinco horas semanales, sin reducción salarial y en cómputo semanal. ¿Es algo nuevo la reducción de la jornada laboral? ¿Es algo ex novo? ¿Lo traemos aquí para ver qué puede ocurrir? ¿Traemos aquí un problema que esté desconectado de la realidad? Una breve historia situaría esta cuestión en el día de hoy. Ya en 1848 Marx saludaba que se hubiese conseguido la jornada de diez horas diarias. En 1890 tiene lugar la primera convocatoria del 1 de mayo para la lucha por conseguir las ocho horas diarias. En 1945 lord Keynes ya planteaba que la solución definitiva era menos trabajo. En 1962 la Organización Internacional del Trabajo recomendaba las cuarenta horas y, en 1975, el Consejo de Ministros de la entonces Comunidad Económica Europea proponía las cuarenta horas. Es en 1981 en Gran Bretaña donde se consigue treinta y nueve horas en la industria de la maquinaria; en 1982, en Francia, la ley de las treinta y nueve horas; y el año pasado, la primera ley de las treinta y cinco horas, que ha permitido crear ciento veinticinco mil puestos de trabajo fijos —y no en precario— y la perspectiva de setecientos mil puestos fijos. En 1983-1986 en Holanda se consiguen las treinta y ocho horas, la Volkswagen alemana una jornada de 28,8 horas y en Finlandia los dos turnos de seis horas. (Rumores.) Y sigo la cronología porque también estaba contemplada en mi intervención. Sugiero a los señores diputados que tengan paciencia, que este portavoz siempre suele hacer justicia a todo el mundo, cosa que no sucede al revés.

En el año 1983, siendo ministro don Joaquín Almunia, interviene a favor de la ley de las cuarenta horas el que hoy es presidente de la Junta de Andalucía, señor Chaves. Tiene un debate con don Fernando Suárez, que era diputado en aquellas filas, y hay un argumento importantísimo que yo suscribo: cuando el señor Chaves dice que la jornada de cuarenta horas o todo cambio en la jornada se tiene que hacer primero por ley. Por tanto, en el año 1983 se fija con claridad la Ley de la reducción de la jornada a cuarenta horas y, además, la obligatoriedad del descanso anual de treinta días, sin que pueda ser sustituido por cualquier otro incentivo. En junio del año 1995, en el Parlamento Europeo se aprueba la petición y la demanda de que se reduzca la jornada laboral para conseguir de esta manera paliar el alto nivel de desempleo. Y ya es en 1995 cuando el primer ministro del Gobierno socialista de Francia, que fue el señor Rocard, plantea una serie de medidas para la reducción de la jornada: la jubilación progresiva, las horas extraordinarias, la reducción del tiempo semanal y —algo importante que servirá para el final de mi intervención— el reclamo que hace Rocard de la utopía. He aquí un breve repaso pero queda algo por mencionar. Es en 1993 cuando Izquierda Unida propone la reducción de la jornada laboral a 35 horas. Para este portavoz es un consuelo y también una especie de gratificación a través de la pequeña historia cómo aquellas risas, aquellas críticas acerbas se han transformado en un apoyo siquiera a la formulación de las 35 horas, independientemente de los distintos contenidos. Fuimos, después de 1983, la primera fuerza política que se atrevió a plantear esta cuestión. Y bien, después de ello el sindicato de UGT lo aprobó en su congreso por ley, otros sindicatos han hablado de la necesidad de que se aborde la reducción de la jornada laboral, y dentro de este clamor y de la iniciativa legislativa popular que hacen los miembros de la comisión promotora son, por tanto, todavía más de destacar las ausencias en este hemiciclo. No estamos ante un debate normal, ante un debate corriente.

Las consecuencias de la ciencia y la técnica aplicadas a la producción. En los últimos 120 años la productividad ha sido superior a los ingresos salariales. Toda una reflexión. Desde mediados de los años setenta los costes laborales unitarios y reales se han reducido en España y en Europa en un 18 por ciento, y los salarios han crecido en un 18 por ciento menos que la productividad. Un ejemplo de la locomotora económica europea. En Alemania, entre 1955 y 1960, cien mil millones de marcos invertidos en bienes de equipo industriales creaban dos millones de empleos, la misma cantidad invertida entre 1960 y 1965 creaba cuatrocientos mil empleos. Hay margen, por tanto, para reducir la jornada a 35 horas, un 12,5 por ciento, sin que haya que tocar los salarios; queda todavía beneficio por causa de la productividad. Con datos del Instituto Nacional de Estadística y en concreto de la contabilidad nacional de España, lo que producían 100 trabajadores en 1983 lo producen 81 en 1998. Las consecuencias están clarísimas: si se hubiese aplicado la reducción de la jornada laboral a la productividad, esos productos tenían que hacerse hoy en una jornada laboral de 31 horas y 24 minutos de 1998. El aumento de la productividad y la ausencia de reducciones equivalentes de la jornada laboral explica la inversión en la relación entre rentas salariales y rentas del capital que ha ocurrido entre 1977 y 1998. Así, en 1977 las rentas del capital eran el 44,9 por ciento y las rentas del trabajo el 55,1 por ciento; en 1998 las rentas del capital han sido el 53,8 por ciento y las rentas del trabajo el 46,2 por ciento. Por tanto, hay margen para reducir, como he dicho antes, la jornada laboral.

La segunda línea que refuerza nuestra argumentación es la apuesta por la sociedad del pleno empleo. Señorías, como después voy a explicar, en nombre del empleo se acometen grandes propuestas y se hacen también grandes felonías con los trabajadores. El empleo para los hombres y las mujeres —supongo que aquí habrá unanimidad— es un derecho humano reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, y no me negarán SS.SS. que está contenido de manera expresa, taxativa, rotunda, vinculante e imperativa en los artículos 35 y 40 de la Constitución española. Hasta ahora, el discurso oficial venía manteniendo que para que hubiese creación de empleo bastaba con el crecimiento sostenido de la economía; crecimiento sostenido era la consigna porque se decía que con él era posible la creación de puestos de trabajo. Izquierda Unida siempre mantenía reservas —no está de acuerdo con el concepto crecimiento sostenido y sí con el de desarrollo sostenible— y venía diciendo que el crecimiento sostenido tenía unos límites: recursos limitados de la naturaleza, impactos medioambientales, cultura consumista imposible de predicar para los 6.000 millones de habitantes del planeta, etcétera. Pero ha ocurrido algo más de los límites que marcan la finitud de los recursos naturales. Entre 1973 y 1993, la tasa media del crecimiento del producto nacional bruto de los países de la OCDE fue del 2,5 por ciento anual y el desempleo se triplicó al pasar del 3 por ciento a mediados de 1970 al 10 por ciento en 1992. En España, entre 1970 y 1992 el producto interior bruto creció en un 96 por ciento y el empleo estuvo estancado.  Pues bien, ¿qué ha pasado? Algo que es el despertar de un sueño que era imposible: que hemos llegado a una situación en la que el crecimiento sostenido ya no implica creación de empleo. En el informe sobre desarrollo humano de 1993 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se hace esa afirmación que ya no hay economista que la desmienta: se ha llegado a una situación en la cual el crecimiento económico no permite la creación de empleo. Pero hay algo más que afecta al Gobierno. En un reciente informe del Foro Económico Mundial se dice: reducir empleo para aumentar la productividad y la competitividad ha sido el recurso de numerosas economías, incluida la española. Pues bien, ¿cómo se resuelve la salida a este problema? El discurso oficial mantenía que era necesario crecimiento sostenido para crear puestos de trabajo. La realidad, que es tozuda, dice: ya con crecimiento sostenido no se crean puestos de trabajo. ¿Cuál es la salida? Creación de empleo en precario, que es en la que estamos. Cuando el presidente del Gobierno plantea el pleno empleo para el año 2003 está planteando simplemente la plena precariedad, porque no hay otra salida dentro de esa propia lógica. Tenemos así esa tasa de paro, tenemos ese índice de precariedad en torno al 40 por ciento y la rotación y la temporalidad de los contratos. ¿Cómo se ha resuelto la contradicción? Cada vez que se dice que aumenta el empleo va aumentando el número de empleos en precario. Si SS.SS. tienen presente que la tasa de precariedad roza el 40 por ciento, permítanme que les lea simplemente una radiografía de la realidad, de lo que entiende el Gobierno y la política conservadora por el pleno empleo. El número de contratos temporales por cada empleo temporal ha aumentado de cinco a seis en un período de tres años. En ese mismo período han aumentado al 24,3 por ciento los contratos de duración igual o inferior a un mes; han aumentado del 15,7 por ciento al 18,2 por ciento los de hasta tres meses; han descendido del 18,2 por ciento al 15,7 por ciento los de tres a seis meses; han descendido del 2,4 al 1,7 los de seis a doce meses y han desaparecido prácticamente los de un año o más. Esa es la explicación del llamado pleno empleo.

Pues bien, la proposición que hoy viene aquí intenta ser un mecanismo no absoluto ni excluyente, pero sí un mecanismo importante para abordar la propuesta que nosotros compartimos: sociedad de pleno empleo, pero, a continuación, añadiéndole con solemnidad estable, tal y como manda la Constitución en sus artículos 35 y 40.

El señor ANGUITA GONZÁLEZ: Voy terminando.

La tercera línea, la consecución de una sociedad en plenitud de derechos sociales. Izquierda Unida ha mantenido en esta tribuna muchas veces que hay tres desarrollos del concepto seguridad: el militar, el policial y el civil. Una sociedad segura es aquella que tiene satisfechos sus derechos constitucionales. Por tanto, al hablar de esta propuesta estamos intentando desarrollar el concepto de seguridad, tal como lo entiende la izquierda. Y de la misma manera que no hay democracia sin libertad, tampoco la hay sin igualdad y sin justicia social. Entendemos que esta iniciativa legislativa popular ayuda a eso, en la medida en que tiene tres marcos de actuación que son simultáneos, pero que en primera instancia parten de la ley, caso de aprobarse. El primero es el marco legal, por tanto, lo que se pueda acordar en esta Cámara; el segundo es la concertación, que no la negamos, que es el paso subsiguiente a la hora de poner en marcha los mecanismos que esta ley pueda ir aprobando; y el tercero es la incentivación necesaria para que esto se ponga en marcha. Por tanto, son tres círculos de actuación: el mecanismo legal, la concertación social y la incentivación.

Esto nos lleva a un debate, caso de aprobarse esta ley, que se tiene que suscitar en la sociedad española. En primer lugar, el debate acerca del salario directo, la inflación, la productividad, los precios, la capacidad adquisitiva; en segundo lugar, el debate sobre el salario indirecto, cuestión clave y fundamental en una nueva situación, educación y cultura, la sanidad, el ocio creador, las atenciones sociales, el transporte público, la calidad de vida, el medio ambiente; y, en tercer lugar, el salario diferido y la protección social plena, pensiones y jubilaciones, seguro de desempleo mientras se consigue el pleno empleo estable y renta básica mínima. Y bien, a partir de ahí, la propia ley va desarrollando en su exposición de motivos esto que nosotros estamos explicando de manera sucinta, pero hay dos afirmaciones que quiero subrayar en esta Cámara. La primera es cuando dice: no queremos seguir condenados por más tiempo a elegir entre paro o precariedad. Efectivamente, hay que optar, basta ya de palabras. Pleno empleo no es pleno empleo en precario y, por tanto, no podemos crear aquí ni en la sociedad debates sobre el paro o la precariedad. La segunda, la reducción de la jornada laboral, debe ser acompañada de otras medidas que paso a comentar sucintamente en la recta final de mi intervención.

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera):

Ruego que lo haga con mucha brevedad, señor Anguita, porque ha superado con creces su tiempo.

El señor ANGUITA GONZÁLEZ:

Sí, señor presidente.

Primero, supresión de las horas extraordinarias: 90 millones de horas extraordinarias en las grandes empresas, sin contar las que se hacen en las pymes y las que hacen los trabajadores autónomos, del orden del 3,5 millones de trabajadores. Y un ejemplo más: 20 millones de horas extraordinarias en el año 1998 en la banca. Prohibición de las empresas de trabajo temporal; el adelanto de la edad de jubilación a los 60 años a medio plazo; la penalización de los contratos temporales; la inversión pública en proyectos sociales de medio ambiente y en aquellos trabajos que pueden ir acompañados de una política dirigida a la atención social, papel fundamental del sector público, tal y como aprobó el Parlamento Europeo en la mencionada sesión de junio de 1965. Y a esas medidas añadiríamos algunas más también sucintamente: supresión paulatina del pluriempleo; las incompatibilidades y las dedicaciones exclusivas; el papel fundamental de la aplicación de la ley; la quinta semana de vacaciones; el contrato de relevo o de solidaridad; la jubilación parcial y el plan de adaptación del colectivo de jubilado a la nueva realidad bajo la forma de trabajos socialmente útiles; reducción de los abanicos salariales; modificación de las relaciones laborales, especialmente en el caso de las retribuciones no sujetas a convenio colectivo, hoy de actualidad con el caso de las stock options; el estudio sobre la implantación de la jornada continuada; afloramiento de la economía sumergida y modificación del régimen actual de las empleadas de hogar; caminar hacia la consideración, dentro de la economía, del papel económico y social que cumple el trabajo doméstico e ir acabando con la división sexual del trabajo. Y, por último, el fondo de inversión obligatoria. Planteaba yo que el tercer círculo era la incentivación. Ya basta de dar dinero a las empresas, dinero que da el Gobierno, dinero que dan los Gobiernos de las comunidades a cambio de nada. Basta ya de esos 300.000 millones de pesetas que se detraen a los trabajadores para pagar el seguro de desempleo y para que los empresarios paguen su cuota a la Seguridad Social. Por tanto, hagamos que con el excedente se cree el fondo de inversión obligatoria, que estén las centrales sindicales, que lo puedan administrar, que se cree nuevo trabajo y a partir de ahí podemos hablar con los empresarios sobre gasto social. El articulado de la ley va desarrollando estas cuestiones.

Y, por último, la cuarta razón que quiero señalar con énfasis es caminando hacia la utopía. Señorías, entre fines y medios tiene que haber una adecuación. No se puede llegar al concepto genuino y auténtico de pleno empleo creando puestos de trabajo en precario. Por tanto, si queremos llegar a una sociedad de pleno empleo estable, que es lo que realmente tiene el concepto, tendremos que empezar con medidas que paulatinamente vayan llegando a ese fin.