• la Unión Europea (el PCE estuvo, en un momento, contra Maastricht, mas no contra la unión europea);
• la desmilitarización (el PCE sólo preconiza una reducción del ejército, no su abolición como hago yo);
• la legalidad republicana (cuya restauración pido yo, en tanto que el PCE sólo manifiesta su preferencia en general porque, en su día, España vuelva a ser una República, pero sin retirar su adhesión a la constitución de 1978 que yo repudio --aunque, por supuesto, acato);
• la denuncia de las fronteras impuestas a los pueblos del tercer mundo por las potencias colonialistas euro-americanas (lo cual se traduce en discrepancias con relación a temas como el conflicto entre Irak y Kuwait en 1990-91);
• la reivindicación de la experiencia de lo que fue o se llamó el socialismo real (el PCE se abstiene de defender los logros de aquella formación social y de señalar que, para su tiempo y en las circunstancias del momento, constituyó un enorme avance sólo gracias al cual fue posible arrancar a los capitalistas tantas concesiones hoy en peligro, ante el embate del neoliberalismo);
• una reivindicación mucho más enérgica de la guerra antifascista del pueblo español en 1936-39, o más exactamente: recordar y proclamar que el PCE actual es heredero y continuador del que constituyó el alma y el núcleo de la heroica resistencia de nuestro pueblo contra el fascismo y por la salvación de la República española.

• conceder a cada ser humano adulto la libertad de emigración a cualquier parte del Planeta;
• abogar por que, en el breve plazo de unas cuantas generaciones, se llegue a la República planetaria (meta que no se acerca sino que se aleja con la formación de macro-bloques como la unión europea);
• la confederación de los pueblos de lengua ibérica en el marco de una mancomunidad latina;
• el derecho a seguir trabajando voluntariamente pasados los 65 años de edad, siempre que se disfrute de suficiente salud para ello (y sin que tal derecho comporte la obligación de ejercerlo);
• el salario mínimo de 1.500 euros;
• la gratuidad del transporte público;
• las medidas contra el automóvil para mejorar la calidad de vida y frenar el deterioro del medio ambiente;
• la reclamación de un reconocimiento de los derechos animales --y, en particular, la abolición inmediata y total de la tauromaquia como objetivo prioritario.

Menos aún comparto la propuesta del PCE de un Estado federal para España. Las razones son las ocho siguientes.

1. En primer lugar --y según lo señalaron continuamente Marx y Engels (aunque no deseo que esta referencia sea vista como un argumento de autoridad)-- lo progresivo es la constitución de estados centralizados que coordinen, unifiquen, manejen aunada y cohesionadamente los recursos en amplios territorios estatales; a ese mismo punto de vista se atuvieron los bolcheviques con Lleñin, si bien luego --por las circunstancias particulares de Rusia (inmenso espacio que multiplicaba por 45 el exiguo territorio español)-- y tras el triunfo de la revolución de octubre, se percataron de que convenía cambiar de línea y adoptar (allí, en la inmensa Rusia) un sistema federal.
2. En segundo lugar, el federalismo fracasó en España, habiendo sido el mayor error de la fugaz primera República (1873), que acertadamente se abstuvo de repetir la segunda (1931-39), la cual adoptó un sistema más idóneo para España: el de un estado «integral», o sea unitario pero con una limitada y excepcional autonomía para algunas regiones con particularidades nacionales acusadas.
3. En tercer lugar, en el mundo de hoy hay que tender a una mayor cohesión solidaria, administrar los recursos desde centros con amplísimo radio de acción; caminamos hacia la República unitaria y centralizada del planeta Tierra; atomizar a los estados existentes, federalizándolos, es un paso en mala dirección, contra el sentido de la historia.
4. En cuarto lugar, si bien los adeptos del federalismo hablan de un estado `federal y solidario' --siendo digno de elogio que introduzcan al menos este último adjetivo--, hay que percatarse de que un estado, en la medida en que es solidario, no es federal, y en la medida en que es federal, no es solidario.
5. En quinto lugar, ya es inextricable (y tal vez irreparable, al menos durante varias generaciones) el desaguisado de las malhadadas autonomías regionales de esta segunda restauración borbónica; ya es perniciosa la enorme influencia que, gracias a tan peregrino sistema, han obtenido las burguesías secesionistas (representadas por los Pujol y los Arzálluz), así como la pululación de los irredentismos artificiales; la oligarquía que alardeaba de patriotismo españolista ha traicionado a su patria (en esto como en todo lo demás) para consolidar el régimen monárquico, favoreciendo todas esas tendencias disgregadoras centrífugas; pero el federalismo sería un remedio peor que la enfermedad, pues de hecho España ya es federal, y proclamarla nominalmente tal difícilmente serviría para otra cosa que para acentuar todavía más el quebrantamiento del principio de solidaridad.
6. En sexto lugar, planteo este dilema: o bien se trata de una batalla por una denominación, o bien quienes la lanzan nos deben una explicación clara de en qué facetas se incrementará la autonomía de las regiones españolas con la estructura federal que proponen. Si lo primero --o sea si se quiere denominar `federal' a un sistema que apenas incremente nada el ya de suyo amplísimo margen de autonomía regional actualmente existente en España, e.d. si sólo se cambia el nombre--, nada se habrá ganado ni perdido --salvo que es perder el haber dado una batalla por un nombre, lo cual comporta una dosis de abuso del ciudadano y del militante que han creído que se trataba de una batalla de significación sustancial. Si, por el contrario, se trata de ampliar el grado de autonomía regional, entonces ello es deplorable y ha de combatirse. Ya padecemos hoy una estructura autonómica que llega al extremo de que 6 regiones septentrionales (Galicia, Vasconia, Navarra, Aragón, Cataluña y Baleares) poseen un derecho civil propio --una legislación particular sobre familia, sucesiones, propiedad, contratos etc. El régimen de las autonomías ha reducido enormemente el grado de eficacia, imparcialidad y objetividad de la administración, su sometimiento a los principios de no-arbitrariedad y de solidaridad entre los españoles. Quienes quieren que se amplíe esa autonomía, deben decirnos en qué y para qué, así como de qué manera piensan evitar que con su reforma se deteriore todavía más el respeto a los mencionados principios.
7. En séptimo lugar, la alternativa genuinamente válida en España hoy es entre monarquía y república, no entre estado unitario y estado federal. Nuestro sistema político actual ya es, desgraciadamente, federal de hecho; hacerlo todavía más federal será agravar el mal. Mas, sea eso verdad o no, sea o no correcta mi oposición al régimen federal, lo que es seguro es que nada se ganará con una monarquía federal en vez de que sea --como lo es ahora-- nominalmente unitaria; mientras que sería un gran avance progresivo y beneficioso para España que se restaurase la República, fuera ésta federal o unitaria. Plantear entonces esa lucha por el federalismo es plantear un problema que no es el que corresponde a nuestras genuinas necesidades ni a ninguna escala razonable de prioridades políticas (aun en el supuesto de que efectivamente fuera deseable de suyo que un día España llegara a ser un estado federal o a tener denominación de tal --porque serlo, ya lo es de hecho).
8. En octavo y último lugar, rechazo el argumento de que el modo de luchar hoy por la República es luchar por un estado federal. No lo es porque resulta perfectamente posible una monarquía federal. Australia, Canadá y Bélgica son monarquías federales. Y es obvio que, aunque no hubiera ninguna, de suyo es posible una monarquía federal. Igual que, por otro lado, hay repúblicas unitarias. En verdad la mejor tradición republicana --y en los países latinos, desde la Revolución francesa, la más auténticamente republicana-- es la jacobina, que preconiza un estado unitario y centralista.

Tampoco comparto, ni poco ni mucho, la idea que se le ha ocurrido hace poco a la dirección del PCE de abogar por la autodeterminación de «todos» los que la pidan. Tiendo a considerar perniciosa cualquier demanda de autodeterminación que no sea la de un pueblo bajo yugo colonial. En el caso de España, lo artificial y escasamente fundado, histórica o étnicamente, de las pretensiones irredentistas hace dudar de la pertinencia y validez de las propuestas de autodeterminación. Mas no se alivia ni se resuelve el problema generalizando ese presunto derecho, abusiva e indiscriminadamente, para «todos». La autodeterminación es el derecho a la propiedad privada y exclusiva de un territorio por el conjunto de sus habitantes; aquello a lo que hay que tender es a la abolición de toda propiedad privada y de toda exclusión. Una vez instaurada la República terráquea, será absurdo amparar pretensiones reaccionarias de vuelta atrás, de ruptura de la unidad, de secesión o autodeterminación. Habrá de ser una unión perpetua e irrevocable. Y tampoco es razonable ni sensato ni progresivo colocar más obstáculos en el camino hacia la República planetaria fragmentando a los estados hoy existentes según líneas étnicas, incentivando reivindicaciones separatistas.

Finalmente, los bombardeos de la NATO contra Yugoslavia de marzo a mayo de 1999 y la ocupación de Kosovo abrieron un nuevo frente de lucha. Y en esa lucha la dirección del PCE tampoco adoptó la postura clara y firme que yo desearía: la de solidaridad, total y sin fisuras, con el partido comunista yugoslavo y con el pueblo mártir de Yugoslavia, víctima de la agresión, así como con cualquier gobierno que sufra los injustos ataques imperialistas. (En el caso del país balcánico tales ataques coaccionaron a los yugoslavos para que procedieran a un cambio de gobierno bajo la amenaza imperialista.) El PCE, en aras de su alianza con uno de los partidos de la oligarquía financiera y terrateniente en el poder, se ha abstenido de denunciar consecuente y desacomplejadamente las patrañas y las mentiras de la propaganda belicista de la NATO. En lugar de eso, medias tintas.

Mis convicciones y recomendaciones políticas para España coinciden en cambio con las que ha formulado la Plataforma de opinión «Por un Partido Verdaderamente Comunista» (Madrid, julio de 1999), que yo suscribí junto con varios militantes del Partido Comunista de de España en la provincia de Madrid. En el documento de esa Plataforma se exponen nuestros puntos de vista sobre la situación política en España y las tareas de los comunistas españoles.

Todo lo que acabo de enumerar puede dar la falsa impresión de que mi alineamiento --frente a las posiciones más o menos oficiales (en la medida en que las haya) de la dirección del PCE-- es coincidente con el de quienes enarbolan la bandera revolucionaria del marxismo-leninismo: el proyecto de un partido conspiratorio, que, pertrechado con una ideología revolucionaria y cohesionado por la misma, practicando en sus filas una disciplina férrea, rayana en la disciplina militar, esté fogueado y avezado en una lucha a muerte, y así prepare el asalto insurreccional contra el poder burgués para implantar la dictadura del proletariado.

No es así. Si bien defiendo, en efecto --como lo hace la citada Plataforma «Por un Partido Verdaderamente Comunista»--, mantener un vínculo (no dogmático) con la tradición ideológica del marxismo-leninismo (o sea, proclamar el legado de esa tradición como un patrimonio cultural irrenunciable de los comunistas en la actual época histórica), soy actualmente, a pesar de ello, un reformista desilusionado de las posibilidades de triunfo revolucionario. Creo que hoy sólo es practicable la vía de (mediante la lucha pacífica y --hasta donde quepa-- legal) ir arrancando concesiones a las clases dominantes acaudaladas para ampliar paulatinamente el (hoy exiguo) sector público y los hoy escasos elementos de regulación e intervención estatales que amparen a los débiles y de redistribución estatal con tendencia igualitaria. Como se verá estudiando cuidadosamente el documento de la citada Plataforma, no se propugna la lucha revolucionaria, la lucha por la toma del poder.

Mas mi reformismo no es un dogma. Admito que puedo estar equivocado. Para quienes creemos, o creíamos, en una posibilidad de evolución gradual y pacífica no presagian nada bueno la brutalidad de la violencia del imperialismo y la ruptura del pacto social que han supuesto la guerra contra Yugoslavia y, muchísimo más todavía, la sanguinaria recolonización de Mesopotamia. Estoy dispuesto a considerar, con mente abierta, hechos, datos y argumentos en contra de mi posición --en eso como en cualquier otro terreno.

Cabe puntualizar que mi posición sobre el marxismo es, en un sentido, de más adhesión que la oficial del PCE, y en otro sentido de menos adhesión: más, porque yo creo que hay que mantener el vínculo con la tradición del marxismo-leninismo (al paso que el PCE abandonó oficialmente el leninismo bajo la nefasta dirección de D. Santiago Carrillo); menos, porque yo creo que ha de tratarse de un vínculo que se limite a proclamar tal doctrina como un patrimonio cultural y como una fuente de inspiración, no de una profesión de fe, o sea no de una declaración de que esa doctrina es verdadera ni de ninguna obligación de que los militantes crean en su verdad. Así pues, mientras que, para el PCE, se trata de profesar doctrinalmente la teoría marxista, yo pienso que cada teoría --incluyendo la de Marx-- tiene a lo sumo un período corto de vigencia, pasado el cual el pensamiento --sin abandonar el legado de la tradición de que parte, sin dejar de estudiar ese legado ni de valorarlo debidamente-- ha de buscar otras orientaciones, otras sendas, otros paradigmas teoréticos (y, en mi modesta opinión, así ha sucedido con la teoría de Marx y Engels, frente a la cual juzgo como de más perenne valor el comunismo ético-jurídico).

A pesar de todas esas divergencias con los dirigentes del PCE, creo que también se deben tener en cuenta estos hechos:

1. en el PCE es donde hay, en España, más mujeres y hombres que anhelan una sociedad comunista;
2. el PCE fue la vanguardia combativa del pueblo español en la lucha contra el fascismo, y en la vida de las organizaciones, como en la de los individuos, el pasado cuenta (no sólo el presente, pues no es razonable juzgar a alguien sólo por su presente y no por su pasado, por su trayectoria, por sus méritos o deméritos adquiridos);
3. mientras el PCE no se disuelva ni abandone su nombre, persiste un pequeño resquicio de esperanza de que algún día rectifique sus errores; y
4. no existe --ni creo que sea hoy viable-- ninguna alternativa organizativa seria y atractiva para quienes tenemos ideas comunistas en España.

¿Por qué hay contradicción entre la federalidad y la solidaridad?

La federalidad significa dos cosas:

1. que las decisiones (o muchas decisiones) se tomen descentralizadamente, en los niveles regionales; y

2. que la autoridad central, de alguna manera, represente igualmente a esas regiones y no a la población del conjunto del territorio nacional como un todo. (Por eso los sistemas federales comportan siempre la existencia de una segunda cámara parlamentaria en la que las diversas regiones estén igualmente representadas, independientemente de la población).

   El segundo requisito es un medio para hacer respetar el principio de descentralización. Lo esencial es, pues, el primer requisito, la descentralización.

La descentralización acarrea que una amplia serie de decisiones importantes se tomen por las autoridades regionales, no por las centrales. Y eso es imposible a menos que exista una caja regional, un amplio fondo financiero-tributario que sea patrimonio exclusivo de las regiones.

En la medida en que haya reparto, o sea en que prevalezca el principio de solidaridad, habrá caja única. Y, en la medida en que haya caja única, no habrá cajas descentralizadas. Y, en la medida en que no haya cajas descentralizadas, no habrá descentralización.

Desde luego cabe que, habiendo cajas descentralizadas, que absorban la mayor parte de los recursos, haya, además, un fondo solidario de reserva, para repartir. ¡Vamos!, un sobrante, un caudal relicto. Mas, habiendo descentralización, y en tanto en cuanto la haya, los poderes periféricos tienen facultad de determinar ese caudal sobrante o relicto, de hinchar o adelgazar la hucha según les convenga, pasando eventualmente las facturas que tengan por conveniente.

Como pasa con tantas otras cosas, humanas o no humanas, se dan grados, que explican que muchas contradicciones sean verdaderas, existentes. Algo puede ser rojo y no-rojo, cálido y no-cálido, rico y no-rico; más lo uno, más lo otro o (excepcionalmente) por igual lo uno y lo otro.

Un sistema político puede ser solidario (y, por ende, centralizado) y descentralizado (y, en esa medida, no-solidario). Pero justamente: en tanto en cuanto sea lo uno, no es lo otro; y viceversa.

Imaginemos que un ayuntamiento se convierte en una federación de distritos, de suerte que cada distrito tenga su propio concejo distrital, con amplia autonomía, con igual representación en el consistorio municipal y, por consiguiente, con caja propia que englobe la mayor parte de los recursos recaudados en el distrito. Cada concejo distrital establecerá su propio presupuesto según las necesidades propias del distrito. Evidentemente los más ricos tendrán más, y los menos ricos menos.

Sí, podrá haber un fondo de reserva, un sobrante, que los distritos más opulentos cedan para mejoras en los más desfavorecidos; pero, dada la federalización del ayuntamiento, ello quedaría supeditado a los arreglos (o chanchullos) a que se llegue caso por caso, año por año, según las conveniencias dispares, y siempre dando preferencia al interés del distrito, no al de la colectividad municipal como un todo. Así, se ahondará el foso entre los distritos ricos y los pobres.

Pues eso mismo se aplica a los estados. Y por consiguiente, en la medida en que la constitución política de un estado se rige por el principio de solidaridad, el estado no es federal; en la medida en que es federal, no rige el principio de solidaridad.