Treintaidós demandas electorales para el 27 de mayo
por Lorenzo Peña
Madrid. 2007-05-20

En otros escritos he propuesto un modelo de democracia justificativa, que --a diferencia del patrón vigente de democracia electiva (mal llamada `democracia representativa'), orientado desde la oferta (igual que la economía de mercado)-- sería un poder político en el cual la iniciativa viniera de la base, de los electores, o sea: un modelo orientado desde la demanda, en el cual los candidatos se decantarían respecto a las demandas de sus potenciales electores. (No se trata, sin embargo, de la brumosa idea a la que se suele aplicar el impreciso rótulo de `democracia participativa'.)

Expondré aquí 32 demandas para los candidatos que reclaman mi voto en las elecciones regionales y municipales del próximo domingo 27 de mayo de 2007. Tienen una semana para responder, si es que desean obtener mi sufragio.

Esas 32 reivindicaciones sólo constituyen un programa mínimo. Tendría muchísimas otras demandas que enunciar, que afectarían a otros campos de la actividad de las administraciones públicas de ámbito regional y municipal: lineamientos para la participación de las regiones en las conferencias de coordinación interterritorial y en el foro interregional de la Unión Europea; criterios para la concesión de licencias de uso del espacio público para fines militares u otros; eliminación de organismos autónomos de la administración --que empañan o impiden su sometimiento al derecho público y su responsabilidad ante el elector; reforma de los estatutos regionales para establecer sistemas electorales justos; otras iniciativas parlamentarias de los senadores de designación regional; normativa medioambiental (emisiones de anhídrido carbónico, protección de montes y costas, preservación del patrimonio histórico y de la memoria histórica, restricción de actividades insalubres, molestas o nocivas, etc); actividades asistenciales; fomento de las relaciones con los hermanos pueblos hispanoamericanos y otros pueblos a los que nos unen lazos geográficos e históricos; regulación de la enseñanza pública y privada; investigación y docencia universitaria; medidas para conseguir la veracidad de los medios de comunicación de titularidad pública; políticas de reindustrialización y fomento económico de iniciativa pública; y así sucesivamente.

Dejando todo eso de lado, me ciño, por esta vez, a las 32 solicitudes siguientes.

Sección 1ª.-- Libertad ciudadana

Las administraciones regionales y municipales harán cuanto esté en su mano para conseguir la libertad de circulación y de residencia de cada ser humano en sus respectivos territorios, sin restricción alguna, así como la libertad de cada habitante de ese territorio de radicarse en el lugar del Planeta Tierra que tenga por conveniente.
La policía no efectuará ya más controles de identidad discriminatorios, en los cuales tienen más probabilidades de ser molestados u hostigados los españoles o extranjeros de tez o coloración oscura. Se vedarán aquellos controles policiales de identidad que no estén proporcionalmente justificados por una razón genuina de necesidad securitaria debida a un riesgo real y concreto --el cual habrá de consignarse por escrito, caso por caso; en el expediente se harán constar los criterios de las actuaciones de control. Se sancionarán las extralimitaciones que puedan conllevar malestar o molestia para un sector de la población.
Las administraciones regionales y municipales harán cuanto esté en su mano para legalizar la eutanasia. Una proposición de ley en tal sentido será presentada en el Senado por los representantes regionales.
Se permitirá la libre difusión de hojas y folletos en la vía pública. Se habilitarán espacios públicos para los anuncios gratuitos de los habitantes. Una ley de libertad de expresión dará garantías para las posibilidades de libre comunicación de opiniones por parte de los individuos y grupos ajenos a las grandes formaciones y a los medios potentes. El espacio público radioeléctrico será repartido equitativamente para que no sea acaparado por los oligopolios.

Sección 2ª.-- Vivienda

Las administraciones regionales y municipales promoverán (y --en la medida de sus competencias constitucionales-- promulgarán) una legislación urbanística por la cual toda urbanización se emprenderá, en adelante, según la normativa liberal decimonónica vigente hasta que Franco la abolió con su ley del suelo de 1956 (que en lo esencial sigue vigente): la urbanización se efectuará siempre sobre terrenos expropiados a precio de suelo rústico y será monopolio de los municipios, de suerte que el 100% del suelo urbanizado se reservará a servicios públicos y a vivienda socialmente protegida.
Las administraciones regionales crearán empresas públicas de alojamiento que vayan acumulando un patrimonio de millones de viviendas, las cuales serán sacadas al alquiler a precios módicos, sin discriminación alguna en el acceso al inquilinato por razones de raza, edad, nacionalidad, sexo o cualquier otro circunstancia social.
Se establecerán recargos en la contribución a las viviendas inocupadas, las cuales --al cabo de un tiempo de permanecer vacías-- serán incorporadas al patrimonio de la empresa pública de alojamiento.
Un nuevo tributo gravará las residencias secundarias.
Las nuevas edificaciones urbanas tendrán un número mínimo de 11 plantas; en lo sucesivo, no habrá ni garajes ni piscinas particulares.
En todas las regiones y en todos los municipios de gran población habrá residencias públicas para mayores a precio módico, en las cuales el alojamiento sea de veras accesible a todas las personas de edad avanzada que lo deseen y necesiten.
La ley limitará los alquileres.
Las administraciones regionales y municipales promoverán el establecimiento de un IVA progresivo para las viviendas, de modo que los pisos más modestos disfruten de un tipo de gravamen rebajado, mientras que las casas de lujo soporten uno incrementado. Lo mismo se aplicará al impuesto de transmisiones patrimoniales.

Sección 3ª.-- Salud pública

La sanidad pública dará prioridad a los cuidados paliativos para aliviar el sufrimiento que acompaña al angustioso y dolorosísimo fin de la vida de millones de españoles.
Sin tener que someterse al dictado burocrático, los afiliados a la sanidad pública podrán elegir libremente, en cada caso, a qué centro de salud o servicio médico o quirúrgico acudirán.
Se eliminarán las políticas de privatización y mercantilización de los establecimientos de la sanidad pública. Su gestión y su funcionamiento se regirán estrictamente por el derecho administrativo y no por el derecho privado.
En cada una de las comunidades autónomas se abrirá un número suficiente de hospitales públicos de convalecencia, debidamente equipados para atender los servicios hospitalarios correspondientes --como análisis, seguimiento, terapias adecuadas y rehabilitación.

Sección 4ª.-- Transporte y medio ambiente

Se suprimirá el césped; las praderas existentes se convertirán en zonas de matorral autóctono. Se pondrá fin a los dispendios de agua para fines diversos de la agricultura y del consumo doméstico.
Será gratuito todo el transporte público urbano e interurbano de cercanías. Se podrá viajar con una maleta en los autobuses y tranvías.
Habrá un recargo progresivo en las tasas de circulación y de matriculación de vehículos en función del número de automóviles por familia así como otro recargo para coches lujosos o especialmente perjudiciales para el medio ambiente y el tráfico.
Se peatonalizarán los centros de las ciudades. Se ensancharán las aceras. Se desautorizará el aparcamiento en la vía pública salvo por razones de carga, descarga, servicio público o emergencia, salvo en pequeñas zonas de extrarradio.
Se promulgarán leyes contra el ruido para proteger el disfrute del derecho constitucional a la intimidad del hogar privado.

Sección 5ª.-- Moralización de la vida pública

Las administraciones regionales y municipales promoverán una ley de los derechos de las personas mayores, prohibiendo las discriminaciones por edad. Se pondrá fin a la jubilación obligatoria en función de la fecha de nacimiento.
Los sueldos de los concejales, diputados y altos dignatarios que resulten de elección popular se limitarán a un quíntuplo, bruto, del salario mínimo interprofesional. Se confiscará cualquier incremento patrimonial obtenido por un concejal o dignatario público durante el ejercicio de su mandato.
Las administraciones regionales y municipales harán cuanto esté en su mano por impedir las corridas de toros y demás festejos brutales, crueles y sanguinarios. La normativa regional y municipal prohibirá tales celebraciones en la medida en que se lo permita la legislación estatal. Los representantes de las regiones en el Senado presentarán una proposición de ley que ilegalice tales crueldades en toda España.
Se establecerá un impuesto progresivo de lujo sobre la adquisición y la utilización de bienes suntuarios cuyo disfrute está reservado a una minoría de la población.
Se gravarán disuasoriamente las ganancias de las empresas que se lucran con la ludopatía, que tantos estragos sociales provoca.
Se prohibirá la publicidad institucional.
Se suprimirán las compañías privadas de seguridad. La seguridad es un monopolio de los poderes públicos y de sus cuerpos de policía.
Se llevará a cabo una labor de reorganización, democratización y moralización de los cuerpos de policía. Los agentes serán sometidos a cursos de concienciación para que asuman los valores de la libertad, la justicia, la igualdad, la concordia, la convivencia y la fraternidad universal de los seres humanos y la alianza de civilizaciones.
En los establecimientos públicos se retirarán los retratos de individuos que ostenten cargos públicos. Sólo habrá símbolos impersonales de valores asumidos por la colectividad española.
Se someterán a auditoría los convenios entre las administraciones públicas y empresas monopolísticas extranjeras, como Microsoft. Se impulsará el uso de la informática libre en todos los establecimientos públicos.

Sección 6ª.-- Reforma del derecho de familia

En aquellas autonomías en las que existe una capacidad normativa propia en materias de derecho civil, se promoverá una reforma del derecho de familia que consista en que --a falta de capitulaciones matrimoniales-- el régimen económico conyugal supletorio será el de la comunidad total, la cual, además, --en caso de defunción-- podrá persistir (sin desencadenar sucesión hereditaria) cuando así lo desee el cónyuge supérstite (como una comunidad unimembre). Bajo tal régimen, el cónyuge que, unilaterlmente, opte posteriormente por la disolución de la comunidad conyugal, o que sea culpable de la misma, perderá, a favor del otro, la propiedad del 75% del haber común.