Legítima defensa es la respuesta inmediata, racional y ajustada a derecho, de quien es atacado en su integridad física y moral o en su propiedad. Si, una vez que he sido atracado en Madrid y sospecho que el asaltante se ha refugiado en una chabola del barrio de las Barranquillas, donde viven mil personas, me acerco un mes después allí y disparo sobre los residentes, amparándome en esa sospecha y en que éstos no cumplen mis órdenes de entregar al sospechoso porque lo digo yo, no parece que sea legítima defensa, sino venganza pura y dura. Con los atentados sucede igual. El “se busca, vivo o muerto” no es hacer justicia, sino acabar con el sospechoso. Que Zapatero lo apoye, siembra grandes dudas sobre su capacidad para distinguir de forma elemental entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto, entre el estado de derecho y la ley del más fuerte.

Además, nadie se ha parado a pensar que al hacer justicia el fin no justifica los medios. No puedo castigar al supuesto atracador si para ello he de asesinar a los habitantes de la Barranquilla. ¿Qué tiene que ver la caza de un hombre y menos aún la legítima defensa con arrasar un país entero? Incluso si consigo castigarle ¿habré logrado el triunfo de la justicia y de los derechos humanos? Pongamos que, en el mejor de los casos, se da muerte al sospechoso. ¿Qué habrán ganado los afganos? ¿Quién asegura que los que sobrevivan no buscarán a su vez venganza en un ciclo interminable?

Hay otra forma de hacer justicia que no sea causar un daño irreparable a la población. Escuchemos no sólo lo que dice “nuestro aliado”, pues como dice el filósofo, el hombre justo aprecia a sus amigos pero aprecia más a la verdad. ¿Por qué no se tiene en cuenta lo contestó Kabul a las exigencias de Washington? Que les presentaran primero las pruebas contra el supuesto responsable de los atentados. Decir que la razón está en este caso del lado de los talibanes no quiere decir en absoluto que se apoye el régimen totalitario de Kabul, sino que no se retuerza el derecho internacional hasta que coincida con nuestros intereses.

¿Por qué en lugar de buscar el apoyo militar de muchos países no se ha nombrado un tribunal penal internacional como máxima autoridad, a cuyas órdenes los Estados pongan sus recursos, el afgano incluido, para buscar la justicia posible, aunque no sea infinita? ¿Por qué se estira hasta lo inimaginable lo dictado por el Consejo de Seguridad para presentarlo como un sí a la campaña militar, si no lo dice en ningún momento? ¿Por qué se estira igualmente la Carta de la OTAN, pensada únicamente para defender a sus miembros en su propio territorio, pero no en Asia Central, máxime cuando ningún Estado de esa zona ha proclamado la guerra contra ellos? ¿Por qué esta guerra no tiene enemigo, territorio, duración, ni propósito definidos? Sus promotores buscan su propio interés aunque se presentan con el disfraz de defensores del orden internacional.

Pasemos al presidente del gobierno español. ¿No es más ajustado a derecho, además de menos servil y más responsable, ponerse a disposición de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, o de un Tribunal Penal Internacional y ofrecer sus recursos para contribuir a que se cumpla lo previsto ante las crisis en la Carta y la Declaración? ¿Acaso el aprecio por Estados Unidos ha de ser mayor que el aprecio por las instituciones de derecho internacional, especialmente cuando aquél las desprecia cuando le conviene y a pesar de que ha sido condenado por ello por el Tribunal de La Haya? ¿No se da cuenta el Sr. Aznar de que se está poniendo del lado de un Estado condenado por este Tribunal por violar el derecho internacional?

Sr. Aznar: usted está colaborando -y comprometiendo a España- en un crimen contra la humanidad. Es claro que esta guerra no está autorizada por las Naciones Unidas, ni siquiera estirando como un chicle la Resolución del Consejo de Seguridad 1373, de 28 de septiembre de 2001, sobre los atentados. Al contrario, esta Resolución reafirma por escrito ante el mundo entero “la necesidad de luchar con todos los medios, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”. Que el gobierno de España responda ante ésta y no ante el Sr. Bush es lo que los españoles amantes de la justicia y la paz esperamos de su presidente.

Sr. Aznar: ni la firma por parte de España de la Carta y de la Declaración, ni los acuerdos de España con la OTAN, exigen que nuestro país dé un sí incondicional a lo que dicen los estadounidenses, mientras que sí exigen el respeto al derecho internacional. Si Estados Unidos lo va a despreciar nuevamente con esta campaña, una más en su nutrida historia de intervenciones en el mundo con la excusa de luchar contra el comunismo, las drogas, el terrorismo, etc, como ya lo ha hecho y así se ha probado, no haga que España le acompañe en esa violación y ofrezca a las Naciones Unidas, pero a nadie más, nuestros recursos.

Es una maldita ironía que occidente acuse a los países musulmanes de intolerancia y de no respetar los derechos humanos, cuando en nombre de esos ideales se bombardea con bombas de fragmentación –prohibidas por convenios internacionales-, con misiles que yerran el blanco y matan inocentes –lo que se publicita como daños colaterales- y con algunas raciones de comida seca. Si los líderes occidentales creen que la democracia con sangre entra en el tercer mundo, lo único que van a conseguir es educar a una generación de hombres-bomba allí, que les recordará una y otra vez que la democracia entra con pan, mantequilla y planes de desarrollo sostenido. Los desheredados pueden ser ignorantes, fanáticos, atrasados y fácilmente “desechables”, pero no son tan incapaces como para que no sepan destruir rascacielos, ni tan idiotas como para abrazar la democracia que a ellos les mata mientras beneficia a los occidentales.

En cuanto a la opinión pública, la labor de propaganda de muchos medios de comunicación no permite a la mayoría de los españoles salir de su ignorancia y desidia al respecto. Abundan los prejuicios y la falta de pronunciamientos contra la guerra y la participación española, lo que se observa en la escasa participación en las manifestaciones en contra convocadas. Casi nadie ha sentido deseos de preguntar al gobierno por qué hemos de ayudar material y humanamente al país más rico del mundo, mientras regateamos esa ayuda a los más pobres ¿Acaso cree el pueblo español que la democracia y el progreso de las naciones van a venir de la mano de los B-1, los F-18 y los misiles inteligentes?

No se sabe qué llama más la atención: si el desconocimiento de las violaciones del derecho internacional cometidas por Estados Unidos, “adalid” de la democracia y los derechos humanos –como si Nicaragua, Panamá, Chile, Irán, Angola, Zaire, Indonesia y otros muchos no lo hubieran desmentido suficientemente-, o el ridículo de apoyar al gobierno en su deseo de satisfacer al poderoso y la vergüenza de contribuir, siquiera moralmente –y con el uso de las bases militares y del espacio aéreo- al aniquilamiento del país más pobre de la tierra. Pocas cosas hay más despreciables que un nuevo rico y una de ellas es ser un nuevo socio del club selecto de occidente, un cerril partidario del “nuevo orden internacional”, más estadounidense que los propios estadounidenses. ¿Vale hoy la vida de los afganos ese apoyo? ¿Valdrá mañana la de nuestros soldados si la crisis se extiende y nos embarcan en nuevos compromisos bélicos?