En marzo de este año la Asociación Americana de Juristas dijo ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: «La política exterior del nuevo Gobierno de los Estados Unidos y la recesión económica en curso en dicho país confluyen para agravar diversos focos de tensión regionales que pueden desembocar en guerras abiertas (ya se sabe que la guerra es el recurso habitual de los Estados Unidos para superar sus crisis económicas) y en nuevos ataques contra el derecho a la libre determinación de los pueblos. Son los casos, entre otros, de la escalada en la guerra aérea contra Irak en asociación con el Gobierno británico, del respaldo a la política del gobierno israelí de ignorar las resoluciones de la ONU sobre la cuestión de Palestina, de la creciente actividad militar de la UÇK contra Serbia y Montenegro ante la pasividad cómplice de la OTAN-KFOR, del Plan Colombia y de la permanencia de fuerzas aeronavales de los Estados Unidos en la isla de Vieques».

Frente a los atentados terroristas cometidos en Estados Unidos el 11 de septiembre, la Asociación Americana de Juristas los condenó enérgicamente el 13 del mismo mes, al mismo tiempo que se pronunciaba por el respeto de la legalidad internacional, la búsqueda de una solución global a todas las formas de terrorismo, y alertaba contra una réplica militar indiscriminada que podía tener efectos devastadores para la población civil de todos los países implicados. El Gobierno estadounidense optó por la política del elefante herido y junto con su más fiel aliado, el Primer Ministro Tony Blair inició el domingo 7 de octubre ataques con misiles teleguiados contra Kabul y otras ciudades de Afganistán, que se repitieron los días siguientes, con el objetivo proclamado de acabar con sus ex ahijados: los talibanes y «liquidar» a su antiguo socio bin Laden.

El impresionante despliegue militar en la región que precedió a los ataques, es un importante paso más en la estrategia estadounidense de controlar militarmente todas las regiones del planeta, en particular aquéllas que corresponden a sus intereses geopolíticos y geoconómicos.

Hablando el 1º de octubre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en nombre los países de la Unión Europea y de otros países europeos, el representante de Bélgica ante las Naciones Unidas hizo un llamado al respeto de la legalidad y a encuadrar la política antiterrorista en el marco de las Naciones Unidas.

Este llamado y otros similares no han sido escuchados por el Gobierno de Estados Unidos, que ha actuado por su exclusiva cuenta y con total desprecio de la legalidad internacional.

En efecto:

1. La agresión militar contra Afganistán emprendida por los Estados Unidos y Gran Bretaña no está legitimada ni autorizada por resolución alguna del Consejo de Seguridad, ni por la Resolución 1373 del 28 de septiembre último, contrariamente a lo afirmado por Jacques Chirac y Kofi Annan, entre otros.

2. El derecho de legítima defensa, (artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas) que invocan las autoridades estadounidenses con el apoyo de algunos funcionarios de Gobiernos europeos, y que es ambiguamente mencionado en las Resoluciones del Consejo de Seguridad del 12 y 28 de septiembre últimos, no es aplicable al caso. Porque la legítima defensa consiste en tomar las medidas militares necesarias para hacer cesar una agresión en curso, «hasta tanto el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales» (art. 51). La agresión invocada (el ataque a las Torres gemelas el 11 de septiembre) ya cesó y no hay relación alguna de inmediatez temporal ni espacial --como debe existir para que haya realmente legítima defensa-- entre dicho ataque y la agresión lanzada contra Afganistán el 7 de octubre. Además, el Consejo de Seguridad, desde el dictado de la resolución 1373, estaría tomando las «medidas necesarias» de que habla el art. 51. Con lo que está claro que toda iniciativa unilateral posterior al 28 de septiembre es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y viola la misma Resolución 1373.

3. Existe un cuadro normativo específico de lucha contra el terrorismo, que consiste en 12 Convenios internacionales, desde el «Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de aeronaves», de 1963, hasta el «Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo», del 9 de diciembre de 1999, el que omite una definición clara y completa de terrorismo, pues la contenida en su artículo 2, incisos a) y b), es insuficiente. Dichos Convenios han sido ratificados por 83 Estados entre los que no figura Estados Unidos, que sólo los ha firmado. Por cierto que ninguno de estos Convenios prevé el ataque armado contra un país como medio de represión al terrorismo.

El ataque contra Afganistan es, pues, un caso flagrante de venganza privada, claramente violatorio del derecho internacional y por la forma de su realización, del derecho internacional humanitario contenido en los Convenios de Ginebra de 1949 y en sus Protocolos Adicionales de 1977.

En cuanto a la aplicación del «Convenio para la Represión de la Financiación del Terrorismo», es de señalar que un informe reciente de una Comisión parlamentaria francesa acusa a Gran Breataña, principal plaza financiera mundial, de «grave complacencia» respecto del lavado de dinero y afirma que Londres es un «lugar de inversión para las organizaciones terroristas». El diputado francés Montebourg ha invitado al Primer Ministro Blair «que predica por el mundo la lucha contra el terrorismo» a «poner orden en sus propias caballerizas» (AFP, Paris, 20011010)

Ciertos medios de comunicación, comienzan ya a hablar de la «precisión quirúrgica» de los ataques, que ya produjeron, en Kabul, la muerte de cuatro civiles miembros de una organización que se ocupa --por cuenta de la ONU-- de retirar las minas antipersonales sembradas en todo Afganistán, y la destrucción de su edificio. Los talibanes han denunciado 300 civiles víctimas de los bombardeos «quirúrgicos» que, como se sabe, durante la guerra del Golfo costaron la vida a 200.000 civiles.

No puede caber duda alguna que los ataques a Afganistán, destruido por veinte años de guerra y sometido a una dictadura implacable (instalada con la participación determinante de los Estados Unidos), desencadenarán en dicho país una catástrofe humanitaria de enorme envergadura, con su secuela de muertes, destrucciones y desplazamiento de enormes masas de refugiados.

Organizaciones humanitarias como Médicos Sin Fronteras y Médicos del Mundo han declarado que los víveres arrojados por Estados Unidos desde aviones carecen de eficacia, pues es muy improbable que lleguen a quienes realmente los necesitan y uno de ellos dijo que la finalidad de la operación es de propaganda para uso interno, a fin de que el pueblo estadounidense se convenza del «humanismo» de sus dirigentes.

Pero Bush ha dicho que este es sólo el comienzo y que las operaciones durarán largo tiempo, insinuando que otros países de la región entran en los planes militares de los Estados Unidos, sin hacerlo conocer ni a los Gobiernos de los países miembros de la OTAN, que fueron informados por teléfono una hora antes del comienzo de los ataques del domingo contra Afganistán.

El porvenir inmediato se anuncia sombrío, porque además del riesgo de una convulsión incontrolable en toda la región de Asia Central y Oriental, no hay que descartar represalias terroristas en cualquier parte del mundo.

En los países occidentales la gente común tiene miedo y el miedo conduce a la irracionalidad de ver en cada musulmán un terrorista que hay que neutralizar.

Ya se han producido numerosos atentados racistas en varias partes del mundo, particularmente en los Estados Unidos.

Las libertades democráticas ya han comenzado a sufrir (los movimientos sociales de protesta comienzan a ser asimilados a acciones terroristas e incluso en algunos países los Gobiernos acusan a partidos de oposición de estar vinculados a terroristas). Y la censura y la autocensura están a la orden del día.

El despliegue militar tiene un enorme costo económico, para regocijo del complejo militar-industrial de los Estados Unidos. El Gobierno de dicho país decidió hace unos días bajar los impuestos y como alguien tiene que pagar la guerra y los consiguientes beneficios de la industria bélica, pasará la factura a sus aliados, como hizo después de la guerra del Golfo. Y también hará pagar a todo el mundo, a través de los mecanismos financieros que le permiten succionar el producto del trabajo y el ahorro de todos los pueblos.

Dejando de lado el terrorismo económico, practicado bajo la hegemonía de los Estados Unidos y que produce millones de víctimas en todo el mundo, la Asociación Americana de Juristas reitera su condena al terrorismo «tradicional», no sólo por evidentes razones humanitarias, sino porque contribuye a crear situaciones como la actual y porque con independencia de la motivaciones invocados por los autores directos y promotores, sirve siempre, cualquiera sea su origen, a impedir, paralizar o desnaturalizar los movimientos populares.

Es oportuno recordar que los Estados Unidos y sus servicios de inteligencia son, desde hace muchos años, los principales promotores e instigadores de acciones terroristas en todo el mundo, desde el genocidio (Indonesia, 1965: 500.000 muertos), pasando por la formación de terroristas de Estado en la ex Escuela de las Américas --ahora denominada Instituto de Defensa para la Cooperación de la Seguridad Hemisférica--, hasta el asesinato de personalidades políticas de distintos países («Alleged assassination plots involving foreing leaders, An Interim Report», Comisión Church del Senado norteamericano, U.S. Government Printing Office, November 18, 1975), y los atentados con explosivos con un saldo de numerosas víctimas, como los que tuvieron lugar para desestabilizar a Italia en los decenios de 1970 y de 1980 con la participación de miembros de los servicios italianos de seguridad militar (SISMI) y de la CIA, según lo acreditado por los tribunales italianos.

Hay que incluir los actos terroristas contra Nicaragua, entre ellos el minado del puerto de Corinto (sentencia de la Corte Internacional de Justicia, 19860627) financiados con la venta de armas a Irán y con el tráfico de drogas (Informe de la Comisión Kerry del Senado estadounidense, publicado el 13 de abril de 1989 e «Irán-Contra Affair. Report of the Congressional Commitees. U.S. House of Representatives Select Committee, 100th Congress, 1st Session, Washington 1987») y los cometidos en Cuba desde hace decenios, que han producido millares de víctimas, muchos de cuyos autores siguen gozando de impunidad bajo la protección de los Estados Unidos.

Por todo ello, la Asociación Americana de Juristas:

1. Condena la agresión desatada por Estados Unidos y Gran Bretaña, con el apoyo de otros estados, contra Afganistán;

2. Reitera su condena total al terrorismo, incluidos los ataques militares indiscriminados contra la población civil;

3. Rechaza enérgicamente toda amalgama que se pretenda hacer entre el terrorismo y los movimientos de liberación, o con el derecho de los pueblos a rebelarse contra la injusticia y la opresión, consagrado en el Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos;

4. Exige de todos los Gobiernos la búsqueda de una solución global a la crisis actual mediante la cooperación en el seno y bajo la dirección de la Organización de Naciones Unidas»;

5. Invita a los juristas y a sus organizaciones a pronunciarse contra la guerra, el terrorismo, y los brotes de racismo y xenofobia, por el por el pleno respeto de la legalidad internacional y las libertades democráticas, incluida la libertad de información