por Lorenzo Peña
2012-01-15
Sumario
§1.-- En pos de mis datos personales
El miércoles 7 de abril de 2010 envié un mensaje de correo electrónico al AHN (Archivo Histórico Nacional) para averiguar las condiciones de acceso al expediente policial a mí referido proveniente de la antigua BPS (Brigada Político Social de la policía). Y es que los archivos del Ministerio de la Gobernación, según me habían informado, habían sido incorporados al AHN, dada su relevancia historiográfica, al paso que otros archivos viejos de la administración se hallaban en el Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares (si bien ese archivo, al parecer, tiene sus fondos parcialmente depositados en Salamanca).
Yo lo único que había pedido era saber cuándo y cómo podía acceder a esa documentación, añadiendo, eso sí, datos identificativos sobre el solicitante y el motivo de su interés: como antiguo militante del PCE y luego del PCEml, constaba de sobra la existencia de una ficha policial al respecto, aunque nunca hubiera sido detenido en España.
Ese mismo día 7, por la tarde, recibí una amable respuesta que iba mucho más lejos de lo solicitado. En ella me notificaba Dª Esperanza Adrados Villar, Jefa del Departamento de Referencias del AHN: «consultada la base de datos de expedientes policiales custodiados en este Archivo, no se han localizado referencias a su persona». Agregaba la sugerencia de que me dirigiera al Archivo Central del Ministerio del Interior.
Hícelo inmediatamente, el mismo día. Mi mensaje debió de pasar un proceso de registro, porque el lunes siguiente, 12 de abril, recibí un mensaje electrónico «en respuesta a su correo con Registro de Entrada 686 el día 12/4/10 por el que solicita búsqueda y acceso a documentos de los archivos del Ministerio del Interior». Notificaban las vías de presentación de la solicitud, debidamente motivada. Acompañábase un anejo con el formulario de solicitud.
Lo cumplimenté y lo envié por correo, como era una de las vías permitidas, a la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior -- Archivo General -- C/ Amador de los Ríos nº 7, Madrid.
Mi intención era incluir tal expediente en el texto de mi autobiografía Amarga juventud (Un ensayo de egohistoria), que estaba redactando por esos meses. En ella reelaboraba a fondo la que había escrito el año anterior, En minoría de a uno.
Al no haber recibido contestación alguna, di por denegada mi petición. Redacté mi ensayo y lo difundí electrónicamente el 1 de julio de 2010.
Unos meses después, mi antiguo amigo, compañero de estudios y camarada, Miguel Ángel Muñoz Moya, me ofreció gentilmente publicar el libro en papel, lo cual se realizó, conviniendo autor y editor un título más apropiado, que resultó un poco demasiado largo: ¡Abajo la oligarquía! ¡Muera el imperialismo yanqui! Anhelos y decepciones de un antifascista revolucionario.
El proceso editorial siguió su curso. El texto sufrió algunas modificaciones, particularmente incrementos debidos al descubrimiento de información adicional amablemente suministrada por algún lector de la versión telemática. Seguía sin recibirse contestación del Ministerio borbónico del Interior.
§2.-- Comunicación del expediente expurgado
El libro impreso se publica, pues, a comienzos de 2011. Varios meses después se recibe en mi domicilio una llamada telefónica de ese ministerio para aclarar qué tipo de documento se solicitaba. La pregunta era desconcertante porque la solicitud había aportado todas las precisiones pertinentes. Lo último que podía pensar yo es que el pretexto para no facilitar copia de la ficha policial fuera un desconocimiento del género de documentación requerida.
De nuevo transcurre un largo período de silencio administrativo. Sin embargo, insospechadamente, un día llega por correo un envío de ese ministerio regio, que contiene el conjunto de pliegos cuyos facsímiles, en PDF, constituyen el documento aquí comentado.
Viene encabezado lo que parece como un doble expediente por un oficio de remisión fechado en 28 de abril de 2011 (un año después de la solicitud) y firmado por la Secretaria General Técnica, Dª Mª Ángeles González García.
Las fotocopias se agrupan en dos colecciones: la una del expediente personal conservado en el archivo general del Departamento y la otra remitida por la dirección general de la policía y la guardia civil (cuerpo nacional de policía).
Es palmario que, según se me entrega, ese expediente está expurgado, constituyendo sólo una parte ínfima (y anodina) del auténtico, el cual, si sigue existiendo (como juzgo verosímil, casi seguro), permanece escondido, sin que se traslade copia del mismo al ciudadano al cual se refiere.
Únicamente figuran en el expediente así expurgado documentos banales, en los que se ha eliminado la motivación específicamente política de la ficha policial y de la Orden de Busca y Captura.
Los documentos fotocopiados son reiterativos, en parte ociosos, pero tienen un común denominador: explícitamente sólo aparece como motivo de persecución la condición del fichado como rebelde al cumplimiento de la conscripción militar, al no haber obedecido el llamado a filas. Ni una sola mención de la militancia en organizaciones políticas clandestinas. Eso significa que, como mínimo, nueve documentos de cada diez han sido eliminados u ocultados.
En particular, me consta que han sido sustraídos o eliminados del expediente los documentos siguientes:
§3.-- Sustracción de los documentos de motivación
Aunque indirectamente, la genuina motivación política asoma en algunos de los documentos. Como el lector podrá comprobar, se informa varias veces de una decisión oficial de no conceder al ciudadano en cuestión, Lorenzo PEÑA GONZALO, certificado de buena conducta ni pasaporte.
Más significativo es lo siguiente: al parecer, el autor de estas páginas fue declarado en rebeldía --y justamente por delito de rebeldía militar-- el 23 de agosto de 1967 por el comandante juez instructor.
A la Orden de Busca y Captura de 1967 vendrá a añadirse otra, mucho más contundente, de 16 de febrero de 1973 del Director General de Seguridad, transcrita en un oficio del Comisario General de Investigación Social (firma ilegible) --documento contenido en el expediente aquí comentado--. En ella se impone a la oficialía difundir la «busca y captura del matrimonio compuesto por LORENZO PEÑA GONZALO (a) `Miguelín', nacido en Alicante el 29-8-944, hijo de Lorenzo y de María Francisca y MARÍA TERESA ALONSO ÁLVAREZ, nacida el 31-12-943».
No se aduce motivo alguno de esa fulminante Orden de Busca y Captura. Es obvio que, si el Director General de Seguridad y el Comisario General de la Brigada de Investigación Social (nueva denominación de la BPS) lanzan esa perentoria conminación, es porque tienen alguna razón para hacerlo; tal razón sólo puede ser que el matrimonio capturable interesa a la DGS/BPS por un motivo político-social, puesto que esa brigada no se ocupa de nada más.
El alias de «Miguelín» es una deformación del nombre de guerra de Lorenzo Peña, «Miguel», exclusivamente empleado en su desempeño de miembro del comité ejecutivo del PCEml; familiarizóse, entre algunos militantes, como «Miguelín» para diferenciarlo del otro camarada Miguel --también del ejecutivo y a la sazón preso y condenado en España--, Ángel Campillo.
La utilización del alias en cuestión contiene, pues, una admisión --implícita pero absolutamente inequívoca-- de que se quiere capturar a Lorenzo Peña por ser miembro del comité ejecutivo del PCEml (o, más exactamente, por haberlo sido, como en seguida voy a precisar).
Por otro lado, es digno de mención que, según la citada Orden de Busca y Captura, mi mujer y yo formábamos un matrimonio, cuando a la sazón ambos éramos solteros según el tenor de sendos pasaportes. El mío, expedido en Lima en mayo de 1972, era --evidentemente-- del todo ignorado por la policía de Madrid. (Gracias a esos resquicios de descoordinación pudimos sobrevivir a la sañuda persecución fascista.) Sólo después de la introducción del matrimonio civil en la legislación española en 1981 pudimos obtener que se reconociera nuestro casamiento, efectuado en la alcaldía de Meudon el 19 de febrero de 1969, pero nulo según la normativa entonces vigente en España por no haber abjurado del catolicismo. (Ni entonces ni después he apostatado; jurídicamente soy católico por haber recibido el bautismo. Mi fe o falta de fe es asunto mío.)
Más significativo aún es que, en el momento en que se emite la Orden de Busca y Captura, el 16 de febrero de 1973, habían transcurrido 269 días desde el cese de nuestra común militancia en el PCEml, el jueves 25 de mayo de 1972.
Sólo caben conjeturas, dado el expurgo del expediente (o, mejor dicho, su ocultación por la autoridades borbónicas). La hipótesis más verosímil es que, habiéndoles llegado alguna noticia acerca de nuestra fuga, los esbirros franquistas imaginaron la eventualidad de que hubiéramos regresado clandestinamente a España; en tal supuesto, nuestra detención, seguida de las correspondientes torturas, les hacía esperar no sólo averiguaciones importantes para perseguir a unas organizaciones prohibidas, sino también una venganza adecuada contra dos enemigos de la tiranía.
§4.-- Fin de la persecución
Merece la pena señalar que hasta enero de 1983 no cesa la persecución de las autoridades borbónicas contra mí. Los militares deciden entonces dejar sin efecto la orden de busca y captura, en lo que de ellos depende. Yo, que acababa de cumplir mis 38 años de vida, solicité la aplicación de la amnistía --ya libre de la amenaza de tener que, violando mi adhesión a la enseña tricolor de la República Española, jurar la odiada bandera rojigualda.
Pero ¿cuándo se canceló la orden policial de busca y captura de febrero de 1973? No asoma nada en el expediente. Sólo cabe especular. Igual que sospechar qué castigo habían planeado para el autor de tantos panfletos y ensayos que desenmascaraban al régimen, a la oligarquía en el poder y a sus patrocinadores imperialistas.
§5.-- Personalidad de los autores de la Orden de Busca y Captura
¿Quiénes eran los emisores de la acuciante Orden de Busca y Captura de 1973? El Director General de Seguridad era el General Jurídico de Infantería Eduardo Blanco Rodríguez, excombatiente de la División Azul al servicio de Hitler (entonces con el grado de capitán). Tras desempeñarse durante muchos años como Jefe de Información de la DGS, asumió el cargo de Director General en 1965, conservándolo hasta ser destituido en 1974, a raíz de la occisión del almirante Luis Carrero Blanco, su gran protector.
El General Eduardo Blanco Rodríguez fue, durante un dilatado período, el principal organizador de los tormentos, las sevicias, la infiltración de agentes, las provocaciones, la falsificación y la manipulación de documentos. (Así en 1967-05-18 dirigía una carta a su amigo, el Ministro de Información y Turismo, D. Manuel Fraga Iribarne, proponiendo «una maniobra (como la que hicimos una vez con el Mundo Obrero pro-chino) incluyendo en los profusos panfletos ideológicos de Miguel Hernández que circulan en la Universidad estas culminaciones de inspiración bellaca del pobre autor». V. www.bne.es/es/Micrositios/Exposiciones/miguel_hernandez/ y Ministerio de Cultura: Archivo General de la Administración, Signatura: Fondo Ministerio de Información y turismo, Gabinete de enlace, caja 469.)
También coordinó con la policía de Salazar, la PIDE, el acoso a los demócratas portugueses. Está fuera de toda duda su estrechísima colaboración con los servicios secretos estadounidenses. Tras haber acogido y armado a los terroristas ultras de la OAS (opuestos a la descolonización francesa en Argelia), hábilmente convino con la policía del general De Gaulle desactivarlos a cambio de que en París se restringiera aún más el margen de libertad de los exiliados republicanos españoles.
Tras cesar en abril de 1974 como director general de seguridad, fue nombrado Director General de Promoción del Sahara, dentro del Ministerio de la Presidencia del Gobierno (a las órdenes, pues, de Carlos Arias Navarro, otro ex-director general de seguridad), para preparar una nueva situación política en ese territorio, habiéndose resignado el régimen de Madrid a la descolonización. Le incumbe una grave responsabilidad por la tragedia sajarahui. Cesa en ese cargo en diciembre de 1977. El 13 de marzo de 1978 comparece ante la comisión de asuntos exteriores del Congreso para exponer cuál había sido la política del Reino de España en esa descolonización; en su discurso alabó el trabajo del diputado socialista Menéndez del Valle Una descolonización tardía y en las respuestas elogió a D. Fernando Morán.
Hombre de cierta cultura y licenciado en leyes, de dicción elegante, no limitó su talento y su tesón al uso de la fuerza bruta, sino que también esgrimió la pluma al servicio de la oligarquía financiera y terrateniente y del imperialismo norteamericano. Así escribió, p.ej., el opúsculo Seguridad interior y seguridad exterior (Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1962) y el prólogo del libro Encrucijada en la nieve: Un servicio de Inteligencia desde la División Azul de Ramiro García de Ledesma (Granada: García Hispán Editor, 1996).
El General Eduardo Blanco Rodríguez vio recompensados sus méritos tanto por el Caudillo cuanto por su sucesor a título de rey (exaltado al trono en 1975-11-22): Encomienda de Gran Oficial de la Orden de África; Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica; Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas; Medalla de Oro al Mérito Policial; audiencia especial, con todos los honores, en el Palacio Real el 12 de octubre de 1977; además de otros agasajos. Tras su jubilación se radica en la isla de Ibiza, donde anda envuelto en pleitos y sufre una condena en 1997.
Si tal era la personalidad del originador de la Orden de Busca y Captura contra mí en 1973, el suscriptor de la misma era Vicente Reguengo González, Comisario General de la Brigada Político-Social --o Brigada de Investigación Social-- y Comisario General de Fronteras. Venía desempeñando ese cargo desde 1953 «con Jurisdicción en toda España, centraliz[ando] las actuaciones de tan importante rama de la función policial» (según noticia de La Vanguardia de Barcelona). Será destituido, también él, en 1974 por la muerte del almirante Carrero.
Escribió Quince años en Rusia: La cortina de hierro. Era asiduo colaborador de la PIDE salazarista, en cuya revista Investigação Criminal publica en 1956 el artículo «A delinquência no nosso tempo: Factores que mais têm contribuido para o seu desenvolvimento». Fue galardonado, entre otras distinciones, con la Medalla del Mérito Policial y con la Gran Cruz de la Orden el Mérito Civil.