La intervención gubernamental iraquí en apoyo de la organización kurda Partido Democrático de Kurdistán, que dirige Masud Barzani, tras la ofensiva lanzada contra ella con apoyo iraní por la fuerza kurdo-iraquí rival de Jalad Talabani, la Unión Patriótica del Kurdistán, ha determinado nuevos ataques norteamericanos contra Irak en los primeros días de septiembre y, lo que será de consecuencias más graves, la decisión de Naciones Unidas de paralizar la puesta en marcha de la resolución 986, destinada a paliar parcialmente las graves consecuencias del embargo.

El 20 de mayo de 1996 el Secretariado General de Naciones Unidas (NNUU) y los representantes iraquíes, llegaban a un acuerdo para la aplicación de la resolución 986, conocida como `comida a cambio de petróleo'. El acuerdo establece que Irak exporte crudo por valor de 2.000 millones de dólares al semestre. De esa cantidad, sólo la mitad se dedicará a la compra de productos de primera necesidad (poco más de 30 pesetas al día por iraquí). Los otros 1.000 millones se destinarán al pago de indemnizaciones a Kuwait y al pago de las comisiones de las NNUU de verificación del desarme en Irak.

Desde la Campaña por el Levantamiento de las Sanciones a Irak hemos mostrado sólo una moderada satisfacción por el acuerdo entre Irak y el Consejo de Seguridad (CS) para la aplicación de la 986, al tiempo que la necesidad de redoblar los esfuerzos solidarios contra el embargo a Irak hasta su levantamiento total.

La 986 significa el reconocimiento por parte de NNUU de la insostenible situación derivada del régimen de sanciones aprobado en agosto de 1990 contra Irak. Sin embargo, su contenido económico es insuficiente (no cubre ni la mitad de las necesidades humanitarias del país), pudiendo por contra determinar un nuevo muro de silencio informativo sobre la situación en Irak, que favorezca la prolongación del embargo.

El origen de la resolución 986 se sitúa en la quiebra de la unanimidad que, entre los miembros permanentes del CS, se había mantenido hasta noviembre de 1993 desde el fin de la guerra. En ese momento, Irak aceptó la resolución 715, que prevé un mecanismo de control indefinido de la capacidad civil y militar iraquí sobre 183 centros industriales. Este sistema es ya operativo desde octubre de 1994, tal y como informó al CS Rolf Ekeus, presidente de la comisión de NNUU encargada del desarme iraquí.

La presentación del informe de Ekeus abrió el debate sobre el levantamiento parcial del embargo al país. Francia, China y Rusia, preocupados por la hegemonía norteamericana en la zona, plantearon entonces el establecimiento de un calendario para el levantamiento parcial del embargo. La cerrazón norteamericana y británica no lo permitió. La contundencia de los datos de las propias agencias de NNUU (por ejemplo el de la FAO de diciembre del 95, que da cuenta de 560.000 niños muertos; véase más abajo las conclusiones del Informe de la OMS de marzo de 1996) sobre el deterioro de la situación en Irak, agudizaron a lo largo de 1995 las divergencias en el interior del CS. Finalmente, en abril de 1996, el Comité de Derechos Humanos de NNUU condenó en Ginebra el embargo contra Irak.

Para hacer frente a tales desavenencias y frenar la denuncia internacional por los efectos de las sanciones, EEUU y Gran Bretaña promueven en abril de 1995 la resolución 986, cuyo contenido inicial suponía una nueva vuelta de tuerca en el secuestro de la soberanía iraquí y cuyo objetivo era `pasarle la pelota' al régimen iraquí, que quedaba entonces como responsable de la prolongación de los sufrimientos de su población.

EEUU ha intentado, primero, controlar las negociaciones entre el Secretariado General e Irak para la aplicación de la 986 (éste es uno de los motivos de la retirada del apoyo de EEUU a la candidatura de Brutos Ghali para un nuevo mandato como Secretario General), y, segundo, retrasar su puesta en marcha. La última excusa del Departamento de Estado norteamericano para impedir la aplicación de la 986 ha sido la denuncia de que el Plan de Distribución aprobado por el Secretariado General incluye la importación de ordenadores --para el Ministerio de Educación-- y repuestos para helicópteros de fumigación agrícola, de posible uso militar, según EEUU.

La mitad de las necesidades

Según el acuerdo, Irak está autorizado a vender 2.000 millones de dólares al semestre, lo que supone 700.000 barriles de crudo al día (b.d.) frente a los 3,5 millones b.d. que Irak exportaba antes del embargo. De esa cantidad, sólo la mitad se dedicará a la compra de productos de primera necesidad (medicinas, alimentos, productos agrarios y relativos al sistema de purificación de aguas).

La cantidad prevista es, a todas luces, insuficiente para cubrir las necesidades alimenticias y sanitarias del país, como hemos indicado, ni tan siquiera la mitad de las estimadas por las agencias de las NNUU. En su informe de diciembre la FAO calculaba en 2.200 millones de dólares la cantidad requerida por Irak sólo para mantener el actual sistema de racionamiento durante el presente año. En septiembre de 1994, el Gobierno iraquí ya se vio obligado a reducir la cartilla de distribución alimenticia en un 36% de su aporte calórico previo (1.130 calorías por persona al día), la mitad de la ingesta recomendada por la OMS y la tercera parte de la anterior al embargo (3.5000 calorías en 1989); la cartilla sólo cubre en leche la mitad de las necesidades del recién nacido, y sólo durante el primer año de vida.

La 986, por lo tanto, permitirá tan sólo aliviar muy discretamente la grave situación que padece la población iraquí.

Si bien el dinero proveniente de las ventas del crudo se ingresará en una cuenta (`secuestrada') de un banco que determinará el Secretariado General, el acuerdo establece que sean las autoridades iraquíes las que distribuyan los productos, siempre bajo estricto control de delegados de NNUU. Con ello, el CS ha reconocido la eficacia y universalidad del actual sistema oficial de racionamiento que, según las agencias de las NNUU y de las comisiones internacionales ha impedido que la catástrofe humanitaria que vive Irak sea aún mayor (excepto en el Kurdistán, bajo control multinacional). La pretensión norteamericana inicial era imponer a Irak una administración paralela que distribuyera los productos.

El resto de la cantidad prevista en la 986, otros 1.000 millones, se destinará al pago de indemnizaciones a Kuwait (el 35% de los 2.000 millones) y al pago de las comisiones de NNUU de verificación del desarme iraquí (si, dado el déficit de NNUU, no hay dinero para mantener otras operaciones internacionales, Irak paga su tutela internacional). Mientras al pueblo iraquí apenas se le mantiene al nivel de la mera supervivencia, la familia reinante en Kuwait recibirá unos ingresos suplementarios para sus cuentas particulares.

En la prolongación del embargo a Irak, como en su levantamiento parcial pesan los intereses compartidos de EEUU y de las monarquías árabes del Golfo. La cuota petrolífera iraquí previa a la guerra está siendo cubierta actualmente por Arabia Saudí (en un 75%) y Kuwait. Arabia Saudí ha duplicado su producción y sus beneficios, una ganancia suplementaria de 72 mil millones de dólares entre 1990 y 1995, que casi en su totalidad (55 mil millones) se ha destinado al pago de contratos con industrias de EEUU y al pago del despliegue norteamericano en la zona (5000 soldados en Arabia Saudí y otros 4000 en Kuwait, Bahrein y los Emiratos). Ni a Arabia Saudí ni a Kuwait, ni al complejo industrial militar les interesa el fin del embargo a Irak y su retorno al mercado petrolífero.

INFORME DE LA OMS

marzo de 1996: Conclusiones

«En un intento por probar el impacto de las sanciones de las Naciones Unidas en la calidad de vida de la población iraquí, los hechos que se mencionan a continuación deberían servir de recuerdo permanente al extraer conclusiones generales respecto al aspecto humanitario de las sanciones:

1. Las seis semanas de guerra en 1991 produjeron una destrucción, a gran escala y por igual, de las infraestructuras tanto militares como civiles. En general, puede decirse que la población civil se vio más afectada que la militar, ya que esta última ha estado más protegida contra las penalidades diarias, provocadas por las sanciones.

2. Las sanciones impuestas a Irak y las circunstancias relacionadas con ellas han provocado la imposibilidad de reparar sus infraestructuras y allí donde se ha intentado, no se han podido completar. Esto puede aplicarse a las instalaciones eléctricas, a las plantas purificadoras de agua y a las redes de transporte y comunicaciones. Esto ha afectado a la calidad de vida de gran parte de la población iraquí, especialmente a los estratos sociales con menos recursos económicos, que no tienen alternativas ni opciones para superarlo.

3. Irak es un país rico en petróleo que, antes de la guerra, dependía casi totalmente de la importación de dos bienes imprescindibles: alimentos y medicinas. Más del 70% de las necesidades de alimentos en Irak, antes de la guerra, eran importados. (...) La escasez de recursos financieros, a causa de las sanciones, ha impedido las importaciones de alimentos y medicinas necesarias.

4. Otros productos de la dieta diaria, especialmente productos de origen animal, como los lácteos, pollo y carne de vacuno, en los que el país era prácticamente autosuficiente, se venden ahora en el mercado libre a precios abusivos, que sólo son asequibles para la población de alto poder adquisitivo. El ciudadano medio iraquí depende del racionamiento de los alimentos, que le proporcionan un tercio de las necesidades calóricas mínimas. Irak tiene un organizado sistema de racionamiento que, hasta ahora, ha prevenido de una situación peor. Debido a su elevado precio, la mayoría de los niños no pueden consumir productos animales, que son necesarios como fuentes de proteínas.

5. La mayoría de la población ha padecido malnutrición durante estos años. Esta trágica situación tiene graves implicaciones en la salud de los habitantes y en su calidad de vida, que afecta no sólo a la generación actual, sino que repercutirá también en las futuras.

6. Los servicios sanitarios, que eran de gran calidad en los años anteriores a la guerra, se han visto deteriorados debido a la falta de recursos financieros y la escasez de infraestructuras adecuadas. Los informes recientes señalan un retroceso de 50 años en estos servicios. Enfermedades que se hallaban bajo control como la malaria, la fiebre tifoidea y el cólera, han rebrotado desde 1991, sin que se puedan adoptar las medidas apropiadas para evitarlo.

7. En lo referente al impacto de las sanciones en la población, cabe destacar: las severas restricciones económicas, la pobreza de su dieta, la elevada incidencia de enfermedades, la escasez de las medicinas más necesarias y, principalmente, los traumas psico-sociales de angustia y de falta de futuro que han influido negativamente en las relaciones sociales.

8. El impacto que esta situación ha provocado en la población infantil, merece atención especial. No sólo hay que tener en cuenta las tasas de mortalidad, sino los efectos que las condiciones de insalubridad provocan en el desarrollo de los niños. El trauma de la guerra y de las duras condiciones vividas a causa de las sanciones dejará una huella indeleble en la salud mental y en los patrones de conducta de estos niños. La población mundial debería mentalizarse sobre las condiciones traumáticas en las que están viviendo y las repercusiones que tendrán en su vida futura, si es que logran sobrevivir.»

CARTA DE RAMSEY CLARK A ROLF EKEUS

Estimado Sr. Ekeus[1]:

¿Cuántos niños pretende Usted que mueran mientras investiga «ingenios» que, según Usted, «todavía persisten» en Irak?

Durante este último medio año, cada dos meses[2] y como en años anteriores, Usted o su equipo han realizado alguna declaración varias semanas antes de que el Consejo de Seguridad estudie la continuidad de las sanciones contra Irak, sabiendo que serán utilizadas para prolongarlas. Véase, por ejemplo, su «Detalles horrendos sobre el armamento de destrucción masiva [encubierto] de Sadam Hussein» por Usted dirigido al Secretario de Estado de EEUU, Warren Christopher, antes de la Asamblea General de las NN.UU. de octubre de 1995.

Su conducta personal es el factor principal para vencer en el seno de NNUU y en la comunidad internacional la oposición al levantamiento de estas sanciones genocidas contra Irak. Repetidamente, Usted ha permitido que su trabajo y el de su equipo sea utilizado por EEUU para justificar el mantenimiento de las sanciones. Este engaño cruel e interminable de nuevas revelaciones cada dos meses debe terminar.

La consecuencia directa de sus afirmaciones, utilizadas para justificar la continuación de las sanciones contra Irak, es la muerte de cientos de miles de criaturas inocentes y desamparadas, niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas. En la actualidad, millones [de iraquíes] corren el riesgo de morir debido a la malnutrición y la gran mayoría de la población [del país] padece daños físicos irreparables a causa de las sanciones. El aumento general del Indice de Mortalidad Infantil causado por las sanciones es superior a cinco veces. Con el calor del verano y la condición debilitada del estado general de la población, el índice aumentará más debido a posibles epidemias incontrolables.

Ninguna dilación en el cumplimiento [por parte de Irak] de las condiciones de NNUU puede justificar el castigo colectivo de toda una nación, ni las muertes directas de bebés, niños, ancianos y enfermos. Sin duda, es Usted consciente de que ningún programa de armamento ni ninguna arma oculta pueden representar la amenaza para la vida que las sanciones infligen diariamente a Irak. Las sanciones matan cada semana a más personas que las que Irak, con todo su Ejército y su armamento podría haber ocasionado cuando su fuerza era máxima a los ejércitos y países que protagonizaron su agresión entre el 16 de enero y el 1 de marzo de 1991. Estas sanciones matan a los más vulnerables, a aquéllos a quienes todas las sociedades tienen el deber máximo de proteger.

Usted no está exento del deber humano de protestar contra estas sanciones mortíferas. Debido a su posición especial, tiene la obligación ineludible de declarar que nada que hubiera visto o que pudiera existir en Irak podría justificar la muerte y destrucción provocada por las sanciones, o ser comparable al riesgo para la vida que éstas suponen. Cualquier obligación debida a su posición oficial en NNUU no puede eximirle de su responsabilidad personal de ser cómplice en la comisión de crímenes contra la Humanidad. No hay ni puede existir ninguna legítima asociación entre el fin de la búsqueda de armamento, municiones y arsenales de destrucción masiva, de programas de investigación y desarrollo armamentístico, o de la planificación o adquisición de armas [por parte de Irak] que Usted realiza y el cese de unas sanciones que sofocan las vidas de los bebés.

Usted es totalmente consciente del miedo que provocan sus reiteradas afirmaciones de que Irak tiene o está desarrollando armas nucleares, biológicas y químicas. Usted sabe que el miedo está siendo utilizado para destruir al pueblo de Irak. Y Usted sabe que ese miedo carece de fundamento.

Sus aseveraciones acerca de su creencia en la existencia de armas prohibidas y terribles, y su silencio sobre la ausencia de cualquier conexión legítima entre las sanciones y la posible existencia de dichas armas le convierten en cómplice activo en el mantenimiento de las sanciones. Usted tiene el deber legal y moral de hablar claro para persuadir al Consejo de Seguridad de que no existe ninguna justificación válida para mantener dichas sanciones. Tanto usted como su equipo no deben permitirse nunca más ser una excusa para el encubrimiento de las muertes de seres inocentes.

Atentamente, Ramsey Clark[3]

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Director: Lorenzo Peña