La pregunta no se ha formulado por primera vez. La paz fue prometida desde la época de Vinicio Cerezo, después por el autogolpista y luego depuesto Jorge Serrano Elías; su reemplazante, Ramiro de León, reabrió, a su vez, nuevas esperanzas, pero éstas nunca fueron tan claras como las emanadas bajo la administración del presidente Alvaro Arzú.

La cuestión parece tan avanzada, que medios periodísticos y políticos guatemaltecos manejaron la fecha del 15 de septiembre de 1996, efemérides de la independencia, como el día tope para la firma del acuerdo total de paz duradera en el país del quetzal, pero septiembre se irá del almanaque y posiblemente los últimos meses de 1996, sin que las partes todavía estén listas para rubricar el documento pacificador.

No puede negarse la buena voluntad entre las tres partes involucradas en el proceso negociador: el gobierno, el ejército y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.

Pero al propio tiempo que se logran acuerdos sustantivos aparecen y cobran fuerza los sectores opuestos al proceso, entre ellos aquellos que apuestan por el retorno a un pasado que aún persiste y hace vivir un clima de inseguridad.

Son razones de seguridad las que justifican la decisión del presidente Arzú de mantener una guardia privada, con elementos israelíes, así como la de no ocupar la casa presidencial oficial, evadiendo así la custodia del Estado Mayor Presidencial, organismo del ejército que se encarga de «cuidar y controlar» al mandatario civil de turno. Pero estos son apenas detalles.

En el plano económico, el importante sector agroexportador ve con recelos y se siente amenazado por los acuerdos de paz, en tanto que en ellos se sientan las bases para reformar el secular sistema de explotación en los latifundios, donde hoy todavía es más negocio expoliar a un centenar de indígenas que introducir la mecanización.

Además, el clima creado por las propias negociaciones de paz y las tomas y mítines de la guerrilla en las grandes haciendas han alentado a las masas de trabajadores agrícolas indígenas a rebasar el miedo a la represión, y ello se manifiesta en las cada vez más frecuentes tomas de tierras.

En el terreno político, mientras tanto, la oposición al esfuerzo pacificador divide al Parlamento con la postura de intransigencia enarbolada por el Frente Republicano Guatemalteco, que liderea el ex jefe de facto Efraín Ríos Mont, uno de los propulsores, como en sus tiempos de gorilato, de una salida militar a toda costa del conflicto armado.

Por su lado, en la cúpula del ejército hay también reticencias que pueden complicar el devenir negociador. Ya las partes están tanteando el tema del futuro de la fuerza armada tras la firma de la paz, pero los uniformados se oponen a la reducción del ejército, y a la designación de un civil al frente del Ministerio de Defensa, entre otros puntos reclamados por la insurgencia y los sectores populares.

A pesar de estas diferencias, e incluso de la desconfianza en las propias filas rebeldes en el futuro cumplimiento de los acuerdos, el proceso pacificador guatemalteco ha avanzado más que nunca y en tiempo récord, pero aventurarse a ponerle una fecha límite es ignorar a aquellas fuerzas que se le oponen y que están todavía en condiciones de, con un golpe de fuerza, hacer retroceder todo el camino andado.

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Director: Lorenzo Peña