Volver al portal de ESPAÑA ROJA
Volver al Nº 13 de
ESPAÑA ROJA
______________
______________
______________
Director: Lorenzo Peña
por Lorenzo Peña
En su mensaje para el año nuevo, pronunciado el viernes 29 de diciembre, el presidente del gobierno de Su Majestad, Dr. Rodríguez Zapatero, señalaba --entre los aspectos positivos de la marcha de nuestro país-- la ausencia de actuaciones terroristas recientes, indicando el papel que en ello incumbía al ofrecimiento gubernamental de una vía de diálogo; expresaba su esperanza de que, igual que estábamos ahora mejor que un año antes, dentro de un año estaríamos aún más cerca del fin de la violencia terrorista. En la mañana del día siguiente la ETA provocaba la explosión de una camioneta-bomba en el aparcamiento de una terminal de Barajas, matando a dos trabajadores ecuatorianos, Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio.
En cuanto se supo, se desencadenó una furiosa campaña de la reacción contra el Dr. Rodríguez Zapatero. Este artículo va a demostrar la total corrección de la política del presidente del gobierno en ese aspecto concreto --lo cual no es óbice para los desacuerdos del autor con la política del actual partido gobernante en más del 90 por ciento de los temas políticos que se debaten o deberían debatirse.
§1.-- El ofrecimiento del Presidente del gobierno
¿En qué consistía el proceso de paz? En que el gobierno presidido por el Dr. Rodríguez Zapatero había abierto --con el respaldo mayoritario del congreso de los diputados manifestado el 17 de mayo de 2005-- una vía de contactos en pos de un diálogo con la organización terrorista ETA para poner fin a la violencia, hallando un entendimiento que asegurase la paz de los hogares españoles.
Al proponer al congreso la aprobación de su plan de paz el 29 de junio de 2006, el Dr. Rodríguez Zapatero no ofreció a la ETA nada concreto (ni hubiera sido lícito ni razonable que lo hiciera, pues justamente se trata de emprender una negociación); mas --aunque con palabras veladas, envueltas en la vaguedad y rodeadas de cautelas jurídicas, según correspondía a la circunstancia-- dejó claro que, de concluir exitosamente el diálogo, se entablaría una consulta en la cual se expresaría la voluntad mayoritaria de la población de Vasconia y que de esa expresión no se haría caso omiso. (Sus palabras textuales fueron éstas: el Gobierno «respetará las decisiones que los ciudadanos vascos adopten libremente, respetando las normas y procedimientos legales, los métodos democráticos y los derechos y libertades de los ciudadanos en ausencia de todo tipo de violencia y coacción».) O sea, en otros términos, una autodeterminación, aunque sujeta a esas precauciones para salvaguardar el marco legal vigente, y a salvo de precisarse en su momento el tenor de la consulta, los umbrales de aceptación requeridos para cualquier modificación de la situación jurídica existente, las condiciones de ejercicio, los plazos y todo lo demás de esa índole, o sea todos los asuntos de detalle.
Al enunciar ese ofrecimiento --arriesgado, audaz y sumamente generoso--, el Dr. Rodríguez Zapatero no lo hizo invocando un principio jurídico que establezca un derecho a la autodeterminación. Ni existe ni debe existir ningún derecho de secesión de una parte integrante de un territorio estatal unificado desde hace milenios (aunque haya estado fragmentado entre tanto varias veces), máxime cuando ni siquiera se da una radical diferenciación cultural ni lingüística: la mayoría de la población de Vasconia sólo conoce el español, y los habitantes de la comunidad autónoma vasca que preponderantemente usan el vascuence o éuskaro constituyen menos de la cuarta parte.NOTA 1
La base para ese ofrecimiento del Dr. Rodríguez Zapatero es, exclusivamente, el valor de la paz, la prevalencia de ese valor, la busca de un consenso en el que se perfile alguna solución política que permita a los fanáticos separatistas deponer las armas salvando la cara.
Acogimos con total beneplácito esa iniciativa de paz, augurándole el mayor éxito, que sin duda merecía, para el bien de los españoles, incluidos los vascos, y para el prestigio moral del Estado español.
Ante cualquier conflicto, es preferible la vía dialogada (o sea, negociada, guste o no la palabra), en lugar de la vía de la confrontación. La paz es mejor que la guerra. Llegar a un acuerdo voluntario es mejor que vencer y aplastar al adversario. Y eso es así tanto si toda la razón la lleva una de las partes cuanto si la razón está distribuida y cada uno de los dos lados lleva en parte razón mas también en parte yerra.
§2.-- El transfondo del problema vasco
Quienes nos han leído saben que, en el tema vasco, nuestras posiciones son claras y firmes:
(Para el caso específico del problema catalán, nuestras propuestas son igualmente específicas, pero su exposición cae fuera de los límites de este artículo.)
Sin embargo, pensando que todo eso es racionalmente deseable, también sabemos que rara vez se impone lo más racional; y que es racional hacer concesiones a lo irracional. Es irracional aspirar (salvo como meta ideal) a demasiada racionalidad en las cosas humanas. La razón ha de pactar con la sinrazón; sólo puede prosperar, sólo puede ir llevando gradualmente a los hombres a mayores dosis de conducta lógica, si renuncia a pretender demasiado o demasiado pronto, si se resigna a coexistir con el disparate y con el absurdo.
Disparate y absurdo es esa ansia de un puñado de ilusos salidos del foralismo carlista, en el extremo final del siglo XIX, de desgajar a Vasconia del resto de España, a la cual pertenece geográficamente y, sin interrupción, ha pertenecido políticamente desde la prehistoria para acá.
Disparate y absurdo es el auge posterior de esa idea rocambolesca y peregrina. Disparate y absurdo que los herederos ideológicos de la superioridad de la «raza euskeriana» (S. Arana Goiri) sigan recibiendo los votos mayoritarios en esa región española. Disparate y absurdo que la asamblea de esa comunidad autónoma haya aprobado el «Plan Ibarretxe» (aunque por ligerísima mayoría, eso sí), un proyecto de secesión fáctica disimulada que haría añicos los dos milenios largos de co-pertenencia de los vascos y los demás españoles a la misma entidad política unitaria. Disparate y absurdo que tantos jóvenes hayan empeñado su vida y hayan perpetrado el crimen por ese repugnante ideal. Todo ello tiene muchas explicaciones, unas mejores, otras peores. Pero son hechos que ahí están.
No basta, pues, llevar razón. Igual que no basta vencer, sino que hay que convencer; menos aún basta vencer en las mentes de los que piensan lógicamente: hay que persuadir también a los demás. Y, cuando no se puede, hay que encontrar una vía de pacto, de entendimiento, un modus vivendi, porque la vida es un valor superior al de la propia razón.
De ahí que, sin renunciar a nuestra posición de principio, hayamos --a lo largo de años-- defendido (en minoría de a uno) soluciones que se nos han ocurrido (y que sometemos a otras mejor fundadas o más atractivas), como la de un plebiscito de separación en todos los pueblos de Vasconia, entre dos opciones: la permanencia en el Estado español o la secesión, en el entendido de que aquellos pueblos donde una mayoría calificada opte por el desgajamiento formarán un territorio político separado sobre el cual el Estado español cesaría de ejercer soberanía, independientemente de que haya o no contigüidad entre esos municipios o esas parroquias (podrían constituir un rosario de enclaves, como Llivia es un enclave español en Francia).
Sería un divorcio amigable (cuyos detalles, plazos y condiciones habrían, naturalmente, de convenirse de mutuo acuerdo). Eso sí, claro, quienes optaran por permanecer en España lo harían en condiciones de igualdad con los demás españoles y sin ningún privilegio. (Igual que, ante un pleito de divorcio, un cónyuge puede optar, bien por la disolución, bien por la conservación del vínculo matrimonial; mas no por su permanencia en condiciones de superioridad, desventajosas o humillantes para el otro.)
No esperábamos tener eco con nuestras propuestas; no lo hemos tenido. La vida discurre por cauces que no son los que diseñan los intelectuales (aunque éstos contribuyen también, como los demás, a la formación de las mentalidades y, así, a largo plazo a la marcha de los acontecimientos).
El viernes santo de 1998 los gobiernos inglés e irlandés llegaron a un acuerdo, que fue respaldado por casi todas las fuerzas nor-irlandesas (por todas salvo el partido democrático unionista), entre ellas el Sinn Féin (la sombrilla política del IRA), para un entendimiento pacífico. Muchos en España, en ese momento, lanzando las campanas al vuelo, reclamaron que aquí se siguiera el mismo camino. Advertimos entonces que el problema irlandés y el vasco son totalmente dispares, siendo escasísimo el parecido; por lo cual la aplicabilidad de una solución a uno de los dos casos no prefigura para nada qué solución pueda aplicarse al otro (como la salida a la guerra civil del Salvador no da pauta alguna para tratar el problema malayo en Tailandia).
Efectivamente la política interna española no sigue --ni tiene por qué seguir-- derroteros similares a los de otras latitudes; y, cuando lo hace, por imitación, el resultado suele ser malo.
§3.-- El contexto político de la negociación con ETA
Abrir una vía de diálogo con ETA no ha constituido una originalidad del Dr. Rodríguez Zapatero. Lo habían hecho antes todos sus predecesores en la Moncloa (con la excepción de D. Leopoldo Calvo Sotelo, tal vez, dada la brevedad de su primatura). Ni es nuevo que se anuncie en público esa apertura de diálogo (cuesta llamar a las cosas por su verdadero nombre, que es el de negociación).NOTA 2 D. José Mª Aznar lo hizo con estridencia propagandística en 1998 (y quien esto escribe estuvo totalmente de acuerdo con esa decisión, sin por ello compartir la visión del Sr. Aznar al calificar a la ETA de `movimiento de liberación nacional' --declaración radiada del 3 de noviembre de 1998).
Siempre que un gobierno español ha ofrecido una vía de diálogo (o sea, de negociación), ello es positivo, razonable y provechoso. Cualquier oferta así tiene que causar un ulterior deterioro de la credibilidad ideológica del terrorismo, una erosión de su base social y un incremento del prestigio de las instituciones políticas españolas.
Hay que partir de la situación existente en la transición, 1976-79:
Dado ese punto de partida, era aún más razonable de lo que lo hubiera sido en circunstancias normales buscar vías de diálogo, sobre todo justamente para desenmascarar el fanatismo y la intransigencia de los etarras y para elevar el prestigio y la autoridad moral de las instituciones estatales españolas.
Cada vez que esas instituciones han intentado acabar con el terrorismo de ETA acudiendo a la violencia paramilitar (batallón vasco-español y GAL), el fracaso ha sido estrepitoso, porque esa violencia permitía al movimiento etarra alegar que sus enemigos eran igual de salvajes; el descrédito del Estado redundaba en un número de nuevos adherentes a la causa terrorista, o de colaboradores de la misma.
Fracasada esa vía, quedan dos posibles. La una es la de limitarse a la mera represión legal. Esa vía tampoco ha sido coronada por el éxito. Veintiocho años después de la promulgación de la vigente constitución, la represión policial, judicial y penitenciaria no ha sido capaz de arrancar de cuajo esa plaga, a pesar de que, entre tanto, Francia abandonó su política inicial de tolerancia para jugar un papel decisivo en la represión de la banda.
Esos casi tres decenios de detenciones, sentencias y encarcelamientos de terroristas han contribuido al debilitamiento de esa organización, hoy mucho más aislada. Sin embargo, esa vía ha demostrado también sus límites. Aquello que no se ha conseguido en tres decenios ¿se conseguirá en cuatro o en cinco o en seis, aplicando la misma política? Puede que sí, aunque es imposible de probar; lo que sucede es que esa opción de atenerse meramente a la represión legal abre el horizonte de un período durante el cual continuarán, inevitablemente, las acciones terroristas, con su secuela de muertes, lesiones y pérdidas. Y de todos modos queda por demostrar que esa vía, por sí sola, vaya a ser coronada por el éxito.
§4.-- La preocupante deriva de la autonomía vasca
La estrategia antiterrorista de los sucesivos gobiernos españoles ha combinado la política de represión con la concesión de la autonomía vasca y con un incremento sucesivo de las competencias de las autoridades nacionalistas de Vitoria, a las que se ha posibilitado así emprender su camino lento hacia la secesión (hacia el «estado libre asociado», en la fórmula del canciller Ibarreche).
Varios resultados se han seguido de esa autonomización a ultranza (o foralización). Uno de ellos es el enconado enfrentamiento entre los nacionalistas del PNV (la vía lenta) y los radicales etarras (los impacientes): una buena parte de la violencia etarra se fue volcando contra figuras del nacionalismo moderado (aunque, contradictoriamente, siempre han subsistido vínculos entre ellos, pues son de la misma familia y persiguen los mismos fines).
Mas también ha habido otros efectos de esa re-foralización vasca. Los aranistas en el poder en Vitoria han impuesto una brutal política de desespañolización y euscaldunización forzosa, han discriminado a los no-vascos, han parado la inmigración a Vasconia de españoles de otras regiones y provocado una emigración en sentido inverso, aunque minoritaria. La situación así generada es injusta, porque convivimos en el mismo Estado pero sin disfrutar de condiciones de igualdad. (El caso de Vasconia es el más grave, aunque el desbarajuste provocado por las comunidades autónomas en general implica una quiebra del valor de la hermandad entre los españoles.)
Pienso que hubiera sido más justo ofrecer una secesión total a las comarcas o las aldeas que optaran por ella en vez de brindar en bandeja una separación disimulada y paulatina a toda la región vascongada, en la cual las lenguas y los dialectos vascuences eran hablados sólo por una pequeña minoría de la población, escaseando los individuos de ocho apellidos vascos (el célebre criterio de demarcación de Sabino Arana Goiri).
En cualquier caso, acertada o no, esa política está ahí, y ha sido proseguida sin interrupción por todos los gobiernos españoles desde 1978. ¿Ha fortalecido a la ETA? Eso puede debatirse, porque los efectos son diversos y contradictorios entre sí. De un lado, ha incrementado, poco a poco, la base de masas de un nacionalismo moderado, del cual vuelven a surgir brotes de radicalidad, susceptibles de incorporarse al movimiento intransigente y su ramillete de adláteres. Por otro lado ha permitido a muchas personas de inclinación nacionalista acomodarse a las instituciones y restarle crédito al radicalismo violento.
§5.-- Una vía de consenso: la consulta popular vinculante
Si no basta la mera represión legal y si la creciente autonomización regional no es un complemento suficiente (o incluso puede ser más perjudicial que beneficiosa), había que buscar algo más.
¿Qué será ese algo más? Buscar una solución (insatisfactoria) ampliamente aceptable para la mayoría de uno y otro bando. Y sólo se me ocurren dos soluciones así, que comparten ese rasgo de busca del consenso.
La primera variante consistiría en imponer autoritativamente desde el poder una consulta popular en términos que neutralicen la propaganda separatista --la cual siempre aduce que el pueblo vasco está oprimido porque no se le concede el derecho a la autodeterminación. Naturalmente nadie ha demostrado que tenga tal derecho (o que lo tenga el pueblo madrileño, o el de Lavapiés); mas no se trata de si lo tiene sino de si se le concede, o más exactamente: de si se le concede o no la autodeterminación, con o sin derecho.
Otorgar la autodeterminación, bajo una modalidad u otra, destruiría un arma ideológico-propagandística del terrorismo etarra. No se me oculta que esa medida por sí sola no haría nunca desistir al núcleo más recalcitrante y coriáceo del fanatismo nacionalista, para el cual ni la actual generación de euskaldunes tiene derecho a renunciar a su independencia ni lo han tenido las 60 ó 70 generaciones precedentes que han aceptado de buena gana su integración en la Hispania latino-romana, de la cual es una continuación la España (o Hespaña) actual, sino que los buenos euskaldunes tienen obligación de luchar por la soberanía del último pueblo aborigen de Europa.
Tampoco ignoro que, fueran cuales fuesen los términos de la consulta popular de autodeterminación, siempre habría descontentos, que clamarían que hubiera debido consultarse en términos diferentes --tal vez mejores, tal vez peores. Alegaríase igualmente que las condiciones de la consulta la habrían viciado; que la opción no era totalmente libre, o que habría habido engaño, o lo que se quisiera. Mas el hecho mismo de la consulta y su resultado constituirían un argumento de un peso muchísimo mayor que todos esos alegatos; desmoronaríase la moral de la inmensa mayoría de los adeptos de la organización terrorista y su racimo de asociaciones satélites. La ETA seguramente se escindiría. Y, aislada y arrinconada, el ala dura acabaría renunciando a la violencia o sería totalmente desmantelada.
Y ¿qué pasaría si la consulta arrojara un resultado favorable a la secesión? Podemos imaginar que fuera así en las tres provincias vascongadas, en una o en dos de ellas, o en algunas comarcas. Naturalmente, la consulta habría de precisar cuáles serían las consecuencias jurídicas de esos resultados, o al menos qué vía se emprendería --en función de los mismos-- para adoptar medidas prácticas de modificación de la situación legal existente. También habrían de establecerse umbrales requeridos de participación y de pronunciamiento mayoritario para que los resultados surtieran un efecto modificativo de la situación jurídica.
Desde hace años hemos venido abogando por esa solución (o alguna de esa índole). Creemos que hoy podría hacerse gracias a la autoridad moral del actual gobierno español (el primero no absolutamente enfeudado a la oligarquía desde 1939). Mas está claro que no se va a hacer porque lo proponga ESPAÑA ROJA.
§6.-- La vía del diálogo y la prevalencia del valor de la PAZ
La otra variante de la solución consensual es una vía de diálogo, la cual tiene una meta: producir, por la negociación, un acuerdo. Ese acuerdo será insatisfactorio, en parte, para cada uno de los dialogantes. Si no, sería una rendición incondicional, para lo cual el diálogo está de más.
La situación vasca y española de 2006 es una situación en que sería absurdo que la ETA pensara en una rendición incondicional del Estado español (ni siquiera si imagina poder continuar la lucha varios siglos más), pero tampoco es muy creíble que el Estado español pretenda la rendición incondicional de la ETA a corto plazo o su destrucción sin acudir a ninguna solución consensual.
Así pues, ofrecer un diálogo es manifestar que se está dispuesto a ceder en algo; que consiente uno en aceptar una solución parcialmente insatisfactoria.
Sin embargo, la vía de diálogo no se agota en la consecución de esa meta. No fracasa si, a la postre, no se produce el buscado entendimiento. El diálogo, medio para un fin, se transforma --como todo en la vida-- en un fin en sí mismo, en una baza política con su propia entidad.
Quien ofrece el diálogo manifiesta, ante la opinión pública, que no es un recalcitrante, que no es inflexible, sino que, en aras de la paz, está dispuesto a buscar un entendimiento que al menos permita salvar la cara al adversario, en lugar de pretender su total humillación, su aplastamiento, su aniquilación política. Y, al hacerlo, el diálogo realza el prestigio del político que lo ofrece y debilita a su adversario si éste lo rehúsa, coadyuvando, indirectamente, a la victoria del primero en el caso de que el entendimiento acabe siendo imposible.
La corrección de la política de mano tendida no depende, pues, de que la otra parte esté a la altura, de que sepa responder adecuadamente, de que también ella se esfuerce por hallar un punto de entendimiento, de que acepte negociar de buena fe. Ni siquiera depende necesariamente de que exista un «alto el fuego», ni, menos aún, de que haya pruebas de una voluntad definitiva de renuncia a la violencia (algo a lo que los terroristas no pueden comprometerse sin perder sus bazas negociadoras).
Si lo correcto de ofrecer una vía de diálogo dependiera de que la otra parte renunciara a ejercer chantaje, en ningún país sería válido nunca abrir una vía de diálogo para el fin de la violencia, dado que una vía así siempre implica que cada una de las partes está en posición de ejercer violencia, amenaza con hacerlo (o volverlo a hacer) y presiona y chantajea para obtener ganancias políticas.
Ni puede haber razonabilidad alguna en la tesis de que al terrorismo no ha de concedérsele ninguna ganancia política. De ser eso verdad, lo sería siempre; por lo tanto, una vez caracterizada la acción armada de un contendiente como terrorista, nunca se podría buscar una salida pacífica negociada; habrían estado mal los acuerdos de Evián de 1962 (independencia de Argelia), los arreglos pacíficos del Salvador, Guatemala, Níger, Malí, el Congo, Suráfrica, Angola, Mozambique, y así sucesivamente.
Es radicalmente errónea la tesis de que no se debe nunca ceder al chantaje de los violentos. Supongo que se basa en el principio de que ha de prevalecer el valor de la juridicidad (el imperio de la ley). Mas es un principio equivocado. La paz es más valiosa e importante que la juridicidad.
O tal vez se basa en el principio de igualdad: si se les concede a los violentos una ganancia política (p.ej. la impunidad por sus crímenes), entonces ello comporta un trato discriminatorio para con otros transgresores de la ley, que carecen de esa palanca de la violencia política para obtener trato de favor. Es verdad que hay una colisión de valores jurídicos. La contradicción no ha de ser negada. Mas hay que jerarquizar. Y ha de prevalecer el valor de la paz --la preservación de la vida y la integridad humanas.
O quizá se rechaza cualquier idea de pagar un precio político porque tal pago arruinaría el efecto preventivo de la justicia penal: si a la postre se salda una lucha terrorista con un acuerdo que comporte dosis de amnistía o benignidad, entonces dizque se estaría quebrantando y anulando la fuerza disuasoria del castigo jurídico. De nuevo hay que admitir la contradicción; pero la vida es contradictoria; y, en presencia de esa contradicción axiológica, hay que hacer prevalecer el valor de la paz.
No digo que la paz valga más que todos los otros valores juntos. En 1936-39, si el pueblo español se hubiera arrodillado ante el invasor italo-germano y sus agentes interiores, los sublevados fascistas, habría obtenido paz, aunque una paz sangrienta (como lo sería la de 1939-76) que hubiera sacrificado la honra, la justicia, la libertad, la imperio de la ley, la democracia, la República y la lealtad a los pueblos amigos. Fue, pues, una coyuntura excepcional en la que estuvo justificado el recurso a las armas para defender la legalidad constitucional republicana --si bien el gobierno legítimo del Dr. Negrín buscaría en 1938, lamentablemente sin éxito, una salida negociada (que fracasó por la intransigencia de Franco y sus tutores alemanes e italianos).
Una vez cada varios siglos surgen circunstancias excepcionales que determinan que una guerra (defensiva) sea justa. En cualesquiera otras circunstancias, prevalece el valor de la paz.
De hecho, fue la prevalencia del valor PAZ lo que justificó la transición española de 1976-79, porque el valor de la juridicidad hubiera exigido la restauración de la legalidad constitucional republicana y el castigo de los culpables de sublevación militar, de traición a la Patria y de crímenes contra la humanidad. Se pasó la esponja; se impusieron el tabú y el olvido. Aunque mucha de la obra deleznable de esa chapucera transición será rectificada (y censurada) por las generaciones venideras, así y todo hay algo en ella que sí era válido: que la paz pasa por encima incluso de la justicia. La transición fue mala, pero una nueva guerra civil hubiera sido aún peor.
§7.-- ¿Falta paz o falta libertad?
No tiene mucho sentido enzarzarse en la querella de palabras sobre si la violencia que se ha vivido en España en torno a la cuestión vasca durante los últimos decenios ha sido o no una guerra. Guerra, guerra, no, claro; pero una guerrita sí. No ha muerto un millón de personas (cifra redonda atribuida durante mucho tiempo a la sublevación franquista y sus resultados). Se habla de ochocientos y pico o sea un milésimo de las muertes causadas por Franco.NOTA 3 Bien, esos casi mil muertos son vidas humanas truncadas, y a ellos se añaden muchos tullidos, muchos agraviados, muchos perjudicados. El que se produzca esa violencia es falta de paz. Y el que cese sería un retorno a la paz.
El sector intransigente del movimiento de víctimas del terrorismo aduce que en Vasconia no hay falta de paz sino falta de libertad. Que lo que hay que reclamar no es la paz sino la libertad. Entiendo que quieren decir que, allí donde la vida y la integridad física están amenazadas por discrepar del nacionalismo o por denunciar a su ala violenta, el hombre no disfruta de libertad de expresión.
El alegato es erróneo. La principal amenaza de ETA va dirigida contra todos y cada uno, contra cualquiera, discrepe o no de las ideas de esa banda; no han faltado las víctimas que estaban próximas al extremismo aberchale. Lo que falta es paz. En esa falta de paz, ni siquiera es seguro que quienes denuncian las posturas y acciones etarras estén sistemáticamente más amenazados; en cualquier caso, y de ser así, eso sucede como un componente de la situación de violencia.NOTA 4 De todos modos, sólo cabe hablar de falta de libertad en un país o en un territorio cuando es el gobierno quien oprime o quien consiente esa opresión.
Soy poco optimista acerca del margen de libertades de que disfrutamos en el actual sistema; he criticado en varios ensayos la ausencia de libertad de asociación así como los excesivos límites y recortes de la libertad ideológica e incluso de la de expresión (el vigente código penal --aprobado por unanimidad de Sus Señorías y promulgado por el Trono-- castiga duramente la emisión de un amplio abanico de opiniones; de hecho mis propios escritos están auto-censurados para no violar esas prohibiciones jurídico-penales). Pero eso no tiene nada que ver con la presunta falta de libertad que sostiene ese sector intransigente.
Es, pues, erróneo objetar al proceso de paz paulatinamente abierto por el Dr. Rodríguez Zapatero (y bruscamente cerrado por ETA con el atentado del 30 de diciembre) que en España no hay guerra sino sólo una banda criminal. Que la guerra sea de baja intensidad no impide que sea una situación de no-paz; y el carácter criminal del adversario es un rasgo de cualquier guerra justa (porque sólo es justa si el enemigo hace la guerra injustamente, lo cual es un crimen).
Por último, sostengo que el valor de la paz es superior al de la libertad. Así lo reconocen implícitamente cuantas declaraciones de derechos enuncian como primero y máximo el derecho a la vida (lo cual no significa que sea un derecho absoluto). Muchos filósofos reconocieron el valor de la paz y no el de la libertad.NOTA 5 El ansia de paz es compartida por muchos que no están de acuerdo en la jerarquía de los demás valores: libertad, amor, fraternidad, igualdad, trabajo, justicia, juridicidad, proporcionalidad, seguridad, orden público, progreso, conocimiento, bienestar. Es un valor asumible por partidarios de regímenes políticos y sociales muy diversos y aun opuestos --capitalistas y comunistas, colectivistas e individualistas, monárquicos y republicanos, mercantilistas y planificados, totalitarios y democráticos. Y es que sin paz ningún otro valor sirve de nada.
§8.-- ¿Era claudicante la vía de diálogo del Dr. Rodríguez Zapatero?
A la política de mano tendida del Dr. Rodríguez Zapatero la han acusado erróneamente de claudicar ante ETA no sólo la reacción sino también, larvadamente, un sector del propio PSOE.
El atentado de Barajas no constituye ninguna refutación de esa política, la cual ha conseguido un triple éxito:
Adúcese por los adversarios del proceso de paz que éste ha reforzado a ETA. ¿Por qué mecanismos?
Tal vez quieren decir que, en el tiempo en que la ETA no perpetraba atentados, no gastaba su arsenal ni quemaba a sus combatientes, y así iba manteniendo su fuerza intacta, al paso que con cada atentado que hubiera cometido habría perdido algo.
Sea eso o no verdad, también hubieran perdido algo (y más) las víctimas; pero, sobre todo, con cada atentado la ETA gana en publicidad (siendo dudoso en qué medida ese efecto publicitario esté compensado por el descrédito y el odio que tales acciones generan), mientras que el transcurso de un lapso sin acciones armadas y sin muertes es un trecho de tiempo en el cual los violentos no se benefician de tal publicidad; cada semana en que se privan de esa publicidad es una semana en la cual algunos jóvenes que hubieran podido, descarriados, dejarse arrastrar a esa aventura entran en un camino vital de razón y normalidad que los va alejando de esa locura.
¿En qué otra cosa ha podido beneficiar la tregua al terrorismo? En una guerra, el alto-el-fuego puede favorecer al ejército que se está rearmando más y que mejor está maniobrando militarmente. Mas las instituciones del Estado español en ningún momento han cesado su labor (bien o mal llevada, ése es otro asunto) de desarticulación del aparato etarra, por lo cual el símil de la tregua militar es absolutamente erróneo.
La actuación de las fuerzas de seguridad españolas será ineficaz (con o sin proceso de paz), pero, siendo la que es y como es, no se ha interrumpido ni un momento. Prueba de ello proporciona el comunicado de ETA (al cual me referiré más abajo) publicado en Gara el 9 de enero de 2007, y que cito a continuación (tomo la cita de la página digital de Gara):
No entraré a discutir esas alegaciones de la banda terrorista; quien haya leído mis precedentes artículos sobre esta temática sabe que no considero antijurídica la prohibición de organizaciones directa o indirectamente instrumentalizadas por la subversión violenta. Desconozco qué base exista para algunos de los asertos que he citado; en tal o cual afirmación puedo estar de acuerdo (aunque no en las conclusiones que ilógicamente extraen los terroristas). Sea como fuere, esa furiosa andanada nos está diciendo algo verdadero y esencial: que a lo largo de los últimos meses han seguido reforzándose y actuando en Vasconia las fuerzas de seguridad del Estado, reprimiendo las conductas de preparación de hechos violentos o de colaboración directa o indirecta con los mismos. No ha habido ninguna moratoria del rearme de las fuerzas de policía.NOTA 6
La única atenuación (que ETA no quiere admitir) ha sido, precisamente, una actuación de la fiscalía más mesurada en la solicitud de penas, lo que entra cabalmente en los dispositivos de política criminal del derecho español, en el cual el fiscal toma sus decisiones básicamente con criterios de legalidad pero modulados en la cuantía de penas y en la voluntad de perseguir ciertos hechos según pautas de peligrosidad social (y, por ello, criterios de oportunidad). Esa atenuación de la persecución fiscal deja a salvo la decisión de los tribunales, que, si han pecado de algo, ha sido de severidad excesiva (por la razón que sea).
Aunque esa relativa mesura de la fiscalía hubiera acarreado, en tal o cual caso, una menor dureza de la pena impuesta por los tribunales, no hay prueba alguna de que quienes no se amedrentan por una pena de presidio de 20 años se vayan a asustar por una de 40 o de 200. Y es que hay un principio de marginalidad que usan los economistas (aunque no comparto su doctrina económica), el cual encierra una dosis de verdad: pasado un umbral, aumentar las recompensas o los castigos surte cada vez menos efecto y, al final, no surte ningún efecto.
§9.-- ¿Ha habido intransigencia en la política gubernamental?
Tampoco llevan razón, por el bando opuesto, quienes (en un alarde de indulgencia digna de mejor causa) reprochan al gobierno no haber tomado medidas conciliatorias hacia el entorno etarra. Así leo en un comunicado de Espacio Alternativo, EA --fechado el día 2006-12-31:
Esos tres alegatos carecen de fundamento. Veámoslos uno por uno.
No comparto la opinión de EA sobre la aplicación de ley de partidos al caso de Batasuna. Desearía yo una constitución en la que se reconociera la libertad de asociación (cosa que no hace la de 1978 --y no he oído que EA proponga una enmienda constitucional sobre el art. 22 de la constitución); pero, incluso en tal caso, los partidos políticos estarían sujetos a obligaciones especiales que no tienen por qué regir para todas las asociaciones privadas; y, además, si hay pruebas de que una asociación colabora sistemáticamente con una organización clandestina dedicada a delinquir, la autoridad judicial ha de estar habilitada para decretar su disolución.
De que tal sea el caso o no en lo tocante a Batasuna no tengo pruebas (aunque estoy convencido de que sí es el caso); mas lo debatible es una cuestión de hecho --complicidad de Batasuna con ETA, que ha sido durante decenios un secreto a voces; si eso es verdad, entonces (sea idóneo o no, en particular, el resorte concreto de la ley de partidos), muy malo tiene que ser aquel ordenamiento jurídico que no habilite mecanismo alguno para la disolución de una asociación legal instrumentalizada por otra delictiva.
En cualquier caso, el gobierno no ha prohibido que los partidos y grupos que lo deseen constituyan los foros que tengan por conveniente, dentro de la ley. Tales foros no sirven para nada salvo para embaucar; mas, aunque sí sirvieran para algo, ¡constitúyanse libremente y hagan su labor! --al tiempo que el gobierno hace la suya propia: gobernar y, si las circunstancias son propicias, dialogar para alcanzar la paz; una prerrogativa que sólo el gobierno puede ejercer, ya que un diálogo así tiene que estar prohibido a cualquier individuo o grupo privado, carentes de legitimidad institucional.
De manera general, no nos toca a nosotros decirle al gobierno qué hubiera debido ofrecer ni qué es lo que no debía ni podía aceptar, como tampoco hacerles recomendación alguna a los terroristas. De haberse llegado a un acuerdo, éste nos habría parecido bueno, fuera el que fuese, porque queremos la paz a cualquier precio (a cualquier precio viable y previsible, no a cualquier precio imaginable en abstracto).
§10.-- El atentado del sábado 30 de diciembre de 2006. Responsabilidades
El atentado etarra del 30 de diciembre ha truncado el proceso. Un agravante de ese crimen es su carácter alevoso y traicionero, pues por primera vez se perpetra sin previo aviso del finalización del alto-el-fuego, un alto-el-fuego que la ETA había proclamado permanente (expresión deliberadamente ambigua, pero engañosa, porque lo que se entendía es que iba a ser para siempre).
Mas no ha fracasado la política del presidente Rodríguez Zapatero. Al revés --y como ya lo he señalado--, gracias a ella se ha incrementado la autoridad moral del Estado español; ha mostrado que no es vengativo, ni fanático, que no rehúsa vías de diálogo ni rechaza de plano cualquier solución que no sea estrictamente conforme con el ordenamiento jurídico preexistente, sino que coloca por encima los valores del diálogo y de la paz.
Los terroristas se han desprestigiado más, al aparecer con su verdadera faz de intransigentes e irreductibles, dispuestos a derramar sangre con tal de no dar su brazo a torcer. La política del gobierno español ha sido un factor importante y válido, que hace más fácil vencer a la ETA, puesto que ella misma ha rechazado una vía dialogada en la que no habría ni vencedores ni vencidos.
Por otro lado, es otra absurda tormenta verbal la desatada por la reacción sobre si lo que procede es «suprimir» (slogan de D. Mariano Rajoy) o sólo «suspender» cualquier contacto con la ETA. (El Dr. Rodríguez Zapatero ha aclarado perfectamente, en días sucesivos, que lo que ha puesto el punto final al proceso ha sido el atentado, del cual la suspensión de contactos es una consecuencia.) Si se suspenden los contactos, no hay contactos. Son indiscernibles los efectos respectivos de suspender y de «suprimir» (curioso verbo en tal contexto). La diferencia no se refiere a lo que se haga o deje de hacerse durante la suspensión o supresión, porque es exactamente lo mismo (y en política y en la vida jurídica dos conductas indiscernibles prácticamente se consideran en realidad como una sola y misma conducta). No, la diferencia (que se insinúa) es que, si sólo hay suspensión, entonces el gobierno no se compromete en firme a que nunca más en el futuro vuelva a haber diálogo.
Ciertamente una tregua rota a traición no predispone a ninguna reanudación del diálogo en tiempo previsible (igual que si los terroristas hubieran matado o secuestrado a los negociadores). Mas es absurdo el compromiso que se exige al gobierno. Entre otras cosas porque el Dr. Rodríguez Zapatero no sabe si será jefe del gobierno el 1 de junio de 2008, ni puede comprometer la línea que seguiría un nuevo presidente del consejo de ministros (ya sabemos cómo actuó, defraudando todas las expectativas de propios y ajenos, el Sr Aznar en noviembre de 1998).
El gobierno no debe dejarse llevar por la emoción, sino gobernar por el bien de los españoles. Hoy por hoy no existe ninguna posibilidad de diálogo con la banda, ni nadie puede confiar en su palabra. Pero la vida y la política dan tumbos; a lo mejor, pasado un tiempo, se muda el equipo directivo de la banda armada; pueden suceder muchas cosas, y el gobierno no tiene base legal alguna para contraer un compromiso irrevocable de que, pase lo que pase, nunca volverá a ofrecer una vía de diálogo.
Aunque todo lo dicho en los párrafos precedentes me llevaría a darle un 10 a la política del Dr. Rodríguez Zapatero en este asunto, hay un apartado que la echa a perder: el funcionamiento del ministerio del interior. La incompetencia de su titular y --probablemente-- la mala voluntad (por usar un eufemismo) de buena parte de su personal arrojan sombras sobre el panorama. ¿Cómo es posible que el ministro del interior no supiera nada de lo que iba a suceder? Si lo sabía, ¿por qué no avisó al presidente del gobierno? Si no lo sabía, ¿qué mandos policiales le ocultaron la información? ¿Ninguno? O sea, ¿ninguna fuerza de vigilancia estatal tenía conocimiento alguno de lo que se tramaba? De ser así, ¿cuál es la relación coste/rendimiento en la financiación de ese departamento? Algo pasa, ¿no?
¿Ni tampoco sabía nada el espionaje de los países dizque aliados? ¿O sí lo sabían y lo callaron, para alentar el optimismo del presidente del gobierno y desacreditarlo?
Escuchamos el miércoles 3 de enero de 2007 cómo la BBC, órgano propagandístico del colonialismo inglés, tras entrevistar larga y complacientemente a un líder pro-etarra, sometía a un hostil interrogatorio a Diego López Garrido, el portavoz parlamentario socialista, reprochándole que el gobierno español no haya hecho más concesiones a los terroristas (no digo que las respuestas de López Garrido hayan sido brillantes, porque eso sería pedir peras al olmo).
La BBC suele tener buena información del MI5 --el servicio de inteligencia británico-- con el cual seguramente trabaja (aunque haya sus más y sus menos entre ellos). La BBC es diestra en el arte de acosar a alguien a la vez por los dos flancos (reprochar a un político al que se quiere desestabilizar --simultáneamente y como si fuera lo mismo-- hacer demasiadas concesiones y hacer demasiado pocas).
La participación del MI5 en todo esto, igual que en el 11 de marzo de 2004, es una hipótesis perfectamente verosímil, y que puede responder a la política de Blair-Bush hacia España. Para emitir esa conjetura basta atar cabos, sin necesidad de tener una mente calenturienta ni una exagerada manía conspiratoria.
Mas las deficiencias del ministerio del interior y de su personal no terminan ahí. No acaban el 29 de diciembre, sino que se prolongan en la mañana del 30. ¿Es verdad que la ETA había enviado 3 avisos, el primero con una hora larga de antelación? ¿No hubo tiempo en 60 minutos para tomar todas las medidas? Leo en un suelto en la prensa de ayer: «Según indicaron agencias de información el 30 de diciembre, el desalojo del parking se produjo a viva voz al no existir un sistema de megafonía.» ¿No se pudo siquiera emitir un mensaje de advertencia por la megafonía de los coches-patrulla policiales? Y, además, ¿cómo es que no había megafonía fija instalada en una terminal flamante como la T4 de Barajas? (Por cierto, ¿cómo es que a un pasajero se le hace la vida imposible por un frasco de suero para las lentillas o por una lima de uñas y, en cambio, una camioneta puede entrar en el aparcamiento y permanecer en él muchas horas con una tonelada de explosivos sin que ningún scanner detecte nada?)
En resumen, ¿qué medidas concretas se tomaron para salvar la vida de quienes pudieran hallarse en el aparcamiento? ¿O es que a ningún mando se le ocurrió que podía haber alguien? ¿O es que no importaba?
No vale objetar que eso mismo es lo que sostiene ETA en su comunicado (ya citado más arriba) que aparece en Gara el martes 2007-01-09. Si algo es verdad, lo sigue siendo aunque lo digan el diablo y todos los demonios. La ETA puede matar y mata, pero carece del poder de transformar lo verdadero en falso. Aunque lo diga ETA, es verdad.
Hay que distinguir en lo que dice el comunicado etarra dos alegaciones. La una es una proclamación de inocencia en la muerte de los dos ecuatorianos: «Afirmamos tajantemente que el objetivo de esta acción armada no era provocar víctimas mortales»; se llaman andana. La otra es que existe una presunta responsabilidad también de quien no puso todos los medios para evitar esas muertes. Lo primero es absolutamente falso. Lo segundo es verdad.
Es absolutamente falso que quien causa la muerte colocando un artefacto a sabiendas de que probablemente acarreará una o varias defunciones esté exonerado de culpa o de autoría del homicidio por el mero hecho de que otros no hayan puesto de su parte lo suficiente para impedir ese efecto; ni basta para eximir de la autoría de los homicidios a la ETA que ésta haya dado avisos que, si los receptores hubieran actuado como debían, hubieran podido tal vez evitar ese trágico resultado. Tal eximente es absolutamente falsa porque los avisos eran indirectos; nada podía asegurar que gracias a ellos se consiguiera impedir que hubiera víctimas mortales; eran enormes las probabilidades a parte ante de que fallara uno u otro eslabón de esa transmisión; por lo cual el delito perpetrado no ha sido imprudente, sino doloso (aunque, en lo tocante al resultado de muerte, sea dolo eventual, e.d. aquel en el que el reo actúa a sabiendas de que el resultado puede perfectamente producirse sin por ello arredrarse ni renunciar a la comisión del hecho).
Es total, sin paliativo alguno, la responsabilidad criminal de los cabecillas de ETA y de sus agentes comisionados, no sólo en la muerte dolosa de Carlos Palate y Diego Estacio, sino también en la comisión de un delito de estragos que ha implicado la puesta en peligro concreto de la vida de muchísimos otros seres humanos, que hubieran podido estar allí en un día de tanto trasiego. Ni siquiera cabe pensar en atenuante alguna (puesto que el aviso no es desistimiento). Mas esa culpabilidad etarra no elimina la responsabilidad (si ésta se prueba) de quienes no pusieron todos los medios para evitar el resultado.
No para ahí la cosa. Leo en una carta de lector publicada en el diario 20 Minutos del 4 de enero de 2007 (p. 4), firmada por E. Merchante:
Hasta que lo expliquen, las sospechas son válidas; cuanto más tiempo pase sin explicación, mayor fuerza de convicción (o al menos de persuasión) adquirirá el argumento de que el que calla otorga. El lector es suficientemente inteligente para que no haga falta añadir ni una palabra.
§11.-- Perspectivas
Después de lo sucedido ¿qué se puede hacer?
Las tres soluciones son erróneas. La primera lo es porque el pacto antiterrorista no sirve para nada. Un pacto es un convenio por el cual los contratantes pactan hacer algo, se comprometen a algo. ¿Qué acuerdan hacer los suscriptores de ese pacto antiterrorista? ¿Denunciar aquellos crímenes terroristas de que tengan noticia? Están obligados a ello por el código penal; es lícito suscribir un pacto para cumplir los mandamientos del código penal; pero es jurídicamente inútil. ¿Se comprometen a elogiar al gobierno en su política antiterrorista? No tienen que comprometerse a nada al respecto: tienen que criticar lo criticable y alabar lo loable. En resumen, el pacto antiterrorista es una cáscara vacía, un mero eslogan de propaganda, un vaho tranquilizador que no tranquiliza a nadie, un curalotodo que no cura nada.
No voy a dedicar ningún esfuerzo a refutar la solución pro-etarra. La interpretación más favorable de la misma sería la de la ceguera voluntaria; la más verosímil es la de un hecho más de embellecimiento del terrorismo.
La tercera solución es tan desacertada como la primera. De nuevo estamos ante una propuesta de pacto sin que se nos diga qué se va a pactar, a qué acciones u omisiones se van a comprometer los suscriptores de ese convenio. Nuevamente todo eso es palabrería, alharacas, sin genuina sustancia política. Pero, sobre todo, esas fuerzas políticas no tienen nada que hacer en la finalización de la violencia terrorista. Lo que puedan hacer sus miembros para contribuir a ella están obligados a hacerlo, con o sin pacto: denunciar los crímenes o delitos de cuya comisión tengan noticia previa y proclamar su rechazo a la violencia. Más no pueden hacer. Y eso que sí pueden hacer deben hacerlo sin tener que pactar nada a cambio.
Siendo erróneas esas tres soluciones, ¿cuál queda? Propongo una estrategia política en cinco puntos.
§12.-- Conclusión
Todo lo expuesto en este artículo no me lleva a ninguna conciliación con el actual gobierno en los muchos temas en los que discrepo de la política que sigue. En esos temas, seguiré dando caña. Pero hemos de ser justos reconociendo los méritos de los demás como queremos que reconozcan ellos los nuestros.
Madrid. 2007-01-12
[NOTA 1]
Así lo infiero de la lectura de varias fuentes, entre ellas: Euskararen Berripapera, ed. por la viceconsejería de política lingüística de la CAV; Miren Mateo y Xabier Aizpurúa, «Estudios sociolingüísticos de la Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco», [inv. 2002, www6.gencat.net/llengcat/noves/hm02hivern/internacional/miren3.htm]; Fernando Polanco, «Eusquera y castellano: ¿Conflicto lingüístico en el País Vasco?» [http://www.ub.es/filhis/culturele/euskara.html]). El segundo texto citado afirma: `las personas que se expresan habitualmente en euskera son minoría en todos los grupos de edad (casi nunca superan el 25%) [...] la incorporación de jóvenes bilingües obedece, básicamente, a la euskaldunización del sistema educativo, [por lo cual] sólo la tercera parte de los bilingües se expresan en euskera con mayor fluidez, destreza o facilidad que en castellano'. O sea, que de ese 25% de bilingües (puesto que monolingües euskaldunes no hay) sólo un tercio se expresa en alguna de las lenguas éuscaras mejor que en español. Es decir, que, a fin de cuentas, sólo un 8% de los vascos manejan el vascuence (o un vascuence) mejor que el español. El 8% de los dos millones de habitantes de la CAV son menos de 200.000 almas. Por mucho que se añadan los euscaldunes vasconavarros y unos pocos en Francia, el número difícilmente llegará al medio millón (si bien la págª de Wikipedia sobre el eusquera da una cifra de 700.000 individuos que tienen al vascuence como lengua materna, sin ofrecer ninguna referencia que avale ese cómputo), frente a los casi 400 millones que hablan español en el mundo. [El número de hispanohablantes no es fácil de precisar: en <es.wikipedia.org/wiki/Idioma_español> se da la cifra de 333 millones de hablantes nativos más 92 millones de personas que lo usan como lengua secundaria; según <www.tendencias21.net/El-espanol-ocupa-el-tercer-lugar-en-infraestructuras-de-conexion-a-Internet_a1195.html> hay 438,5 millones de hispanohablantes, de ellos 398 nativos; en http://www.cgcnet.org/nuestroidioma/hemeroteca/El espanol en el mundo.htm se citan estudios según los cuales el número de hablantes del español en el mundo ronda los 380 millones de personas.] Notemos que Miren Mateo y Xabier Aizpurúa demandan (op.cit.) lo siguiente: `urge la puesta en marcha de programas específicos que permitan a estos jóvenes bilingües reforzar su competencia lingüística adquirida en la escuela evitando así el riesgo de que, una vez fuera de ella, la pierdan'.
[NOTA 2]
En su artículo «El proceso de paz en el País Vasco» (http://www.pangea.org/unescopau/img/programas/procesos/06procesos016.pdf) Vicenç Fisas resume las conversaciones entre la ETA y los sucesivos gobiernos de Madrid: 1981-82 con la UCD; 1986-87 con el PSOE (con nuevos contactos exploratorios en 1990); 1998-99 con el partido popular (reanudándose los contactos entre enero de 2002 y mayo de 2003, también con el PP en la Moncloa).
[NOTA 3]
Vicenç Fisas (op.cit.) ofrece estos datos: desde su primer atentado mortal en 1968 hasta el último de 2004 ETA causó 817 víctimas mortales (478 militares y 339 civiles) y realizó 84 secuestros.
[NOTA 4]
¿Cuántos de los 819 homicidios dolosos perpetrados por ETA tienen como móvil el castigo a las opiniones o actuaciones políticas individuales de las víctimas de esos atentados? Varios, pero quizá no muchos, y seguramente no la mayoría. Desde luego la ETA amenaza nuestra libertad de vivir al atentar contra la paz.
[NOTA 5]
Así, Platón y Hobbes. Kant parece poner por encima de todo el valor de la libertad, puesto que sólo reconoce un derecho innato del hombre, la libertad (que en la práctica, no obstante, viene casi a reducir a la de expresión; sin embargo, era un firme pacifista --siendo dudoso que hubiera accedido a supeditar la paz a la libertad). La visión prevalente en la tradición filosófica parece haber sido la más razonable; podríamos aproximadamente enunciarla así: hay un grado de sujeción, o carencia de libertad (la servidumbre o esclavitud), tal que, para evitarlo o librarse de él, la guerra (de legítima defensa) es un mal menor --porque, alcanzado ese grado, además de la libertad, también están sacrificados otros valores: el bienestar, la calidad de vida, el conocimiento, la convivencia y, por supuesto, la justicia y la hermandad; pero, en no alcanzándose ese grado, resulta preponderante el valor de la paz. Tal es el punto de vista de quien esto escribe.
[NOTA 6]
Tomo los siguientes datos del diario Las Provincias de Valencia del 30 de noviembre de 2006: «Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de España y Francia han detenido en territorio español y francés a un total de 22 presuntos miembros de la organización terrorista ETA desde que hace ocho meses, el pasado 22 de marzo, la banda anunciara un alto el fuego permanente. A ellos se suman los tres arrestados en Francia. De ellos, diez fueron arrestados en España, concretamente en el País Vasco, y los doce restantes en Francia, en la gran mayoría de las ocasiones como fruto operaciones conjuntas entre ambos países. Las detenciones llevadas a cabo en estas siete operaciones han supuesto un duro golpe al aparato de extorsión de ETA, principalmente, con el arresto de 16 de sus supuestos integrantes [...] Además, desde la declaración de alto el fuego han sido detenidos otros tres supuestos miembros del `aparato logístico' de ETA, así como dos supuestos etarras relacionados con los `bonos' que utiliza la banda para el cobro del impuesto revolucionario y el presunto autor del asesinato de un funcionario de prisiones.» De otras fuentes extraigo la noticia de que la Audiencia Nacional juzgó a 200 etarras en 2006 y celebró un total de 101 juicios por terrorismo, según informó el Gabinete de Comunicación de la jurisdicción que tiene a su cargo los juicios por terrorismo. Los presos etarras --condenados y en prisión preventiva-- eran, a fines de 2006, casi 500, sin haberse beneficiado de ningún trato benigno (salvo los casos individuales por arrepentimiento y reinserción social). Para no dar gajes a la banda terrorista --y para cortarle de antemano cualesquiera resortes legales que pudiera utilizar--, el gobierno del Dr. Rodríguez Zapatero, la fiscalía y los jueces penitenciarios (cuya independencia del poder ejecutivo es escasa) se han abstenido de relajar la presión a lo largo de 2006; no se han concedido las medidas que el gobierno del PP había puesto en práctica en 1998-99. (Al parecer, el número de detenciones de presuntos etarras bajó de 122 individuos en 1998 a 31 individuos; entre el 17 de septiembre de 1998 y el 9 de marzo de 1999 no se practicó ni una sola detención por delitos de terrorismo. En el período de apaciguamiento buscado entonces por el Gobierno de D. José Mª Aznar, las autoridades españolas dieron su visto bueno para el impune retorno de 304 etarras huidos de la justicia española. 180 etarras fueron excarcelados; 85 fueron entonces trasladados a presidios en Vasconia y 50 a provincias limítrofes.)
[NOTA 7]
Gara, 2007-01-08.
[NOTA 8]
http://es.news.yahoo.com/13112006/185/cien-900-nuevos-agentes-cam-lucharan-inmigracion-ilegal.html. 13 de noviembre de 2006, 14h50: «Cien de los 900 nuevos agentes de la CAM lucharán contra la inmigración ilegal. Pérez Rubalcaba hizo este anuncio durante la presentación de los 900 nuevos agentes de Policía que se incorporaron hoy a la CAM, un acto al que asistieron también [...] la presidenta de la CAM, Esperanza Aguirre; el alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón [...] Durante su intervención, el titular de Interior explicó que estos cerca de cien agentes se encuadrarán en las citadas unidades de respuesta, dentro de la Comisaría General de Extranjería y Documentación y en el ámbito de la Comunidad de Madrid, para `cumplir y hacer cumplir la ley de Extranjería'. Pérez Rubalcaba defendió una inmigración `legal y ordenada' y abogó por combatir la inmigración clandestina y las mafias que la organizan. Agradeció a Esperanza Aguirre el esfuerzo que está realizando [...] [y celebró que en este año en Madrid se hayan] practicado un 4,6 por ciento más de detenciones.» O sea, objetivo prioritario de las fuerzas policiales bajo su mando en Madrid es la lucha contra los inmigrantes indocumentados. Dicho y hecho. No se ha impedido el atentado terrorista, pero miles de viandantes han sido incomodados e interpelados por ser morenos. Lo más escandaloso es que esa conducta no parece escandalizar a nadie, salvo al autor de estas líneas.
Volver al portal de ESPAÑA ROJA
______________
______________
______________
Director: Lorenzo Peña